Document LTM16,225,824

Jurisprudencia

Title: CONFLICTO DE COMPETENCIA - Entre Juzgados Civiles Municipales de distinto distrito judicial, para conocer de proceso ejecutivo para el cobro de sumas de dinero.
Date: 12/08/2019
Number filed: 11001-02-03-000-2019-01988-00
Number: AC3220-2019
Origin: Corte Suprema de Justicia
Type of Resolution: AUTO
Petition: SALA DE CASACIÓN CIVIL
Reporting Judge: ARIEL SALAZAR RAMIREZ
Country: Colombia


SUMMARY

ASUNTO:
Resuelve la Corte conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Tercero Civil Municipal de Ibagué y Décimo de la misma especialidad y categoría de Bogotá, para conocer de proceso ejecutivo por el cobro de sumas de dinero. El primero de los funcionarios rechazó la demanda, aduciendo que en el documento base del recaudo el demandado no determinó en que ciudad estaba ubicada la dirección de su domicilio, pero si se indicaba, que se obligaba al pago en la Capital de la República. El segundo de los juzgadores declinó del conocimiento, bajo el argumento, que el actor había escogido aquella ciudad para adelantar la ejecución por el ser el sitio de domicilio del convocado. La Sala, resolvió que el competente para conocer del asunto es el juez de la ciudad de Bogotá, territorio escogido por el actor en razón al domicilio del demandado, sin que deba tenerse encuentra el lugar de cumplimiento de la obligación.

TITULACION:
CONFLICTO DE COMPETENCIA - Entre Juzgados Civiles Municipales de distinto distrito judicial, para conocer de proceso ejecutivo para el cobro de sumas de dinero.

FUERO CONCURRENTE - En los procesos originados en un negocio jurídico que involucra títulos ejecutivos, la ley brinda la posibilidad de formular la demanda en el lugar del domicilio del demandado o en el sitio donde deba satisfacerse la obligación. Aplicación de los numerales 1 y 3 del artículo 28 del Código General del Proceso. Reiterado en auto de 13 de julio de 2016.

FACTOR TERRITORAL - Elegido por el demandante al radicar la acción en el territorio donde la parte convocada tiene su domicilio, elección que no incumbe con el lugar de cumplimiento de la obligación.

CONSIDERACIONES:

1. Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, el superior funcional común a ambos es esta Sala de la Corte, por lo que es la competente para dirimirlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.

2. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante».

A su vez, el numeral 3º de la referida disposición preceptúa: «En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (Subrayado fuera del texto).

De la inteligencia de la anterior disposición se deduce, sin mayores dificultades, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos está asignada al juez del domicilio del demandado. Sin embargo, tratándose de los procesos a que da lugar una obligación contractual o que involucre títulos ejecutivos, entre ellos como una especie los títulos valores, específicamente, es competente el juez del lugar de su cumplimiento.

3. Al respecto cabe señalar, que si bien no se puede confundir la noción de «título ejecutivo con título valor», pues se trata de documentos que conceptualmente se encuentran regidos por principios y características jurídicas que los diferencian e individualizan, lo cierto es que tal como lo ha señalado esta Corporación, «todo título valor puede ser título ejecutivo pero no todo título ejecutivo es un título valor. A mayor abundancia, los títulos valores en nuestra legislación son de carácter taxativo, verbi gratia, sólo los así calificados por la ley son tenidos como tales. (CSJ AC, 1º Abr. 2008, Rad. 2008-00011-00)

En efecto, los títulos valores son bienes mercantiles que al tenor del artículo 619 del Código de Comercio constituyen documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, por lo que es un documento formal y especial que legitima al tenedor, conforme con la ley de circulación del respectivo instrumento para exigirlo en el tráfico jurídico y a perseguir su cobro por vía ejecutiva mediante la denominada acción cambiaria (artículo 780 y ss. C. Comercio), con independencia de la relación o negocio jurídico causal que le dio origen.

Además, la regla general de la negociabilidad o circulación de los cartulares según sea al portador, a la orden o nominativo y la presunción de autenticidad de su contenido y firmas, permiten individualizarlo de otro tipo de documentos (artículo 793 ejusdem) y constatar que se rige por un régimen normativo especial que no se aplica a los demás títulos ejecutivos.

Por su parte, como ya se indicó, el título ejecutivo es aquél que reúne los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso, para su cobro, esto es, un documento proveniente del deudor o de su causante en donde conste una obligación clara, expresa y exigible, en el que no se requiere la concurrencia de las características antes enunciadas de un título valor, tales como su legitimación o la autonomía; además, puede contener o no obligaciones puras o simples o sujetas a condición y tiene formas diversas de negociación como la cesión (artículo 1959 y ss. del Código Civil).

En se orden, un título valor es un título ejecutivo, porque proviene de un deudor y contiene una obligación clara, expresa y exigible, pero no todo título ejecutivo es un título valor.

De ahí, que en este tipo de asuntos en donde se incluya un instrumento cambiario el legislador, no asignó una competencia privativa al juez del domicilio del demandado, sino que fijó un criterio opcional para que el actor escoja si presenta su demanda ante aquél o el del lugar del cumplimiento de la obligación.

4. El caso sub-judice, versa sobre el cobro de la obligación contenida en un pagaré, por lo que es ostensible que concurren los dos fueros antes señalados. De manera que la parte actora estaba legalmente facultada para presentar su demanda ante cualquiera de los jueces mencionados en los referidos numerales 1º y 3º del Código General del Proceso.

A ese respecto, se advierte que en la demanda, en el acápite atinente a la competencia se indicó que se fijaba en virtud del lugar «del domicilio del demandado». De lo que se desprende que el accionante en uso de la facultad que le otorga la ley, eligió la primera opción.

Así que si el demandante escogió la ciudad de Ibagué, Tolima, para presentar el libelo demandatorio y señaló que dicho lugar era el domicilio del ejecutado; tanto en el encabezado del escrito, como en la parte de notificaciones, era claro que escogió el factor territorial, y por tanto, el juez a quien correspondió el conocimiento del proceso en un comienzo no podía desprenderse del mismo, porque en él se radicó la competencia en virtud de la aludida regla, sin que importara el lugar del cumplimiento de la obligación.

5. Por consiguiente, se declarará que el competente para conocer del asunto es el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, Tolima, de lo cual se dará aviso al juzgador que planteó el conflicto objeto de este pronunciamiento y al demandante.

HEADING

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AC3220-2019
Radicación n.° 11001-02-03-000-2019-01988-00
Bogotá, D. C., doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Decimo Civil Municipal de Bogotá y Tercero Civil Municipal de Ibagué (Tolima).

FACTS

ANTECEDENTES
1. El Banco de Occidente S.A., formuló demanda ejecutiva de menor cuantía contra Juan Guillermo Burbano Rojas, con el fin de obtener el pago de las sumas de dinero contenidas en un pagaré. [Folio 1, c.1]
2. En el libelo se indicó que la competencia se radicaba en los jueces de Ibagué Tolima, por ser el domicilio del demandado.
3. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, que mediante auto de 23 de mayo de 2019, rechazó de plano la demanda, tras aducir que « (…) en el pagare el demandado no determinó en que ciudad estaba ubicada la dirección por él indicada. (…) Por el contrario si se revisa detenidamente el titulo valor se observa que en el mismo se estableció que el demandado se obligó a pagar en las oficinas de la entidad bancaria de la ciudad de Bogotá», por lo cual trasladó el proceso a los Juzgados Civiles Municipales de la Capital. [Folio 13, c. 1]
4. Al ser resignada la actuación, su tramitación competió al Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá, que en proveído del 11 de junio de estas calendas, suscitó el presente conflicto con sustento en que a pesar de que el sitio para cumplirse la obligación era aquella Ciudad; a elección del ejecutante, el libelo se presentó en Ibagué, por ser el domicilio del extremo pasivo. [Folio 17, c.1]

CONSIDERATIONS

CONSIDERACIONES
1. Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, el superior funcional común a ambos es esta Sala de la Corte, por lo que es la competente para dirimirlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.
2. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante».
A su vez, el numeral 3º de la referida disposición preceptúa: «En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (Subrayado fuera del texto).
De la inteligencia de la anterior disposición se deduce, sin mayores dificultades, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos está asignada al juez del domicilio del demandado. Sin embargo, tratándose de los procesos a que da lugar una obligación contractual o que involucre títulos ejecutivos, entre ellos como una especie los títulos valores, específicamente, es competente el juez del lugar de su cumplimiento.
3. Al respecto cabe señalar, que si bien no se puede confundir la noción de «título ejecutivo con título valor», pues se trata de documentos que conceptualmente se encuentran regidos por principios y características jurídicas que los diferencian e individualizan, lo cierto es que tal como lo ha señalado esta Corporación, «todo título valor puede ser título ejecutivo pero no todo título ejecutivo es un título valor. A mayor abundancia, los títulos valores en nuestra legislación son de carácter taxativo, verbi gratia, sólo los así calificados por la ley son tenidos como tales. (CSJ AC, 1º Abr. 2008, Rad. 2008-00011-00)
En efecto, los títulos valores son bienes mercantiles que al tenor del artículo 619 del Código de Comercio constituyen documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, por lo que es un documento formal y especial que legitima al tenedor, conforme con la ley de circulación del respectivo instrumento para exigirlo en el tráfico jurídico y a perseguir su cobro por vía ejecutiva mediante la denominada acción cambiaria (artículo 780 y ss. C. Comercio), con independencia de la relación o negocio jurídico causal que le dio origen.
Además, la regla general de la negociabilidad o circulación de los cartulares según sea al portador, a la orden o nominativo y la presunción de autenticidad de su contenido y firmas, permiten individualizarlo de otro tipo de documentos (artículo 793 ejusdem) y constatar que se rige por un régimen normativo especial que no se aplica a los demás títulos ejecutivos.
Por su parte, como ya se indicó, el título ejecutivo es aquél que reúne los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso, para su cobro, esto es, un documento proveniente del deudor o de su causante en donde conste una obligación clara, expresa y exigible, en el que no se requiere la concurrencia de las características antes enunciadas de un título valor, tales como su legitimación o la autonomía; además, puede contener o no obligaciones puras o simples o sujetas a condición y tiene formas diversas de negociación como la cesión (artículo 1959 y ss. del Código Civil).
En se orden, un título valor es un título ejecutivo, porque proviene de un deudor y contiene una obligación clara, expresa y exigible, pero no todo título ejecutivo es un título valor.
De ahí, que en este tipo de asuntos en donde se incluya un instrumento cambiario el legislador, no asignó una competencia privativa al juez del domicilio del demandado, sino que fijó un criterio opcional para que el actor escoja si presenta su demanda ante aquél o el del lugar del cumplimiento de la obligación.
4. El caso sub-judice, versa sobre el cobro de la obligación contenida en un pagaré, por lo que es ostensible que concurren los dos fueros antes señalados. De manera que la parte actora estaba legalmente facultada para presentar su demanda ante cualquiera de los jueces mencionados en los referidos numerales 1º y 3º del Código General del Proceso.
A ese respecto, se advierte que en la demanda, en el acápite atinente a la competencia se indicó que se fijaba en virtud del lugar «del domicilio del demandado». De lo que se desprende que el accionante en uso de la facultad que le otorga la ley, eligió la primera opción.
Así que si el demandante escogió la ciudad de Ibagué, Tolima, para presentar el libelo demandatorio y señaló que dicho lugar era el domicilio del ejecutado; tanto en el encabezado del escrito, como en la parte de notificaciones, era claro que escogió el factor territorial, y por tanto, el juez a quien correspondió el conocimiento del proceso en un comienzo no podía desprenderse del mismo, porque en él se radicó la competencia en virtud de la aludida regla, sin que importara el lugar del cumplimiento de la obligación.
5. Por consiguiente, se declarará que el competente para conocer del asunto es el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, Tolima, de lo cual se dará aviso al juzgador que planteó el conflicto objeto de este pronunciamiento y al demandante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

DECISION

PRIMERO: Declarar que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, Tolima, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia.
SEGUNDO: Remitir el expediente al mencionado despacho judicial para que continúe con el trámite del asunto.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Décimo Civil Municipal Bogotá y al demandante.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado