Document LTM16,225,719

Jurisprudencia

Title: Sentencia: electorales. 5095-E1-2019. Tribunal Supremo de Elecciones
Date: 09/08/2019
Number: 5095-E1-2019
Origin: Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica
Type of Resolution: Resolución electorales
Country: Costa Rica


TEXT

N.° 5095-E1-2019.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las nueve horas treinta minutos del ocho de agosto de dos mil diecinueve.
Recurso de amparo electoral interpuesto por la señora Krisey Chaves Ledezma, cédula de identidad n.° 7-0155-0121, contra el Tribunal de Elecciones Internas del partido Unidad Social Cristiana.
RESULTANDO
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de este Tribunal el 31 de julio de 2019, la señora Krisey Chaves Ledezma, cédula de identidad n.° 7-0155-0121, interpuso recurso de amparo electoral contra el Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del partido Unidad Social Cristiana (PUSC) (folios 1 a 4).
2.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Esquivel Faerron; y,
CONSIDERANDO
I.- Sobre el objeto del recurso. La señora Chaves Ledezma reclama, en esencia, que el TEI del PUSC no notificó adecuadamente el plazo fijado para la inscripción de precandidaturas a cargos municipales de elección popular del cantón Santa Ana que se habilitó como etapa previa a que la Asamblea General de esa agrupación se pronunciara sobre el particular, en virtud de que solo se había inscrito, en la fase de nominación cantonal, una papeleta y que, además, el órgano local no había logrado quórum para sesionar. Sobre ese punto, se alega que dicha información no fue publicada en el sitio web oficial del partido político.
Adicionalmente, se aduce que resulta improcedente que la citada Asamblea General haya ratificado al único candidato inscrito por la referida circunscripción en razón de que la asamblea cantonal, como se indicó, nunca sesionó para realizar las nominaciones.
II.- Sobre el fondo. El recurso de amparo electoral es un derecho fundamental y un mecanismo para la tutela efectiva de los derechos y libertades de contenido político electoral. Su objeto, según lo señala el Código Electoral, está constituido por toda acción u omisión, incluso, contra simple actuación material que viole o amenace violar cualquiera de esos derechos (artículo 225). La pertinencia de este remedio jurisdiccional está condicionada por el hecho de que su pretensión se destine a tutelar los derechos fundamentales y libertades de la citada naturaleza, ya sea combatiendo las amenazas que se ciernan sobre ellos o corrigiendo las lesiones que efectivamente se hayan producido.
En el escrito presentado, los reclamos de la gestionante se dirigen, por un lado, a señalar presuntas incorrecciones en la notificación del plazo para presentar precandidaturas ante la Asamblea General, y, por otro, a cuestionar la competencia de ese órgano para designar precandidaturas que no han sido nominadas por la respectiva asamblea cantonal (no se pudieron constituir por falta de quórum). No obstante, como se indicará de seguido, ambos argumentos se refieren a situaciones de mera legalidad que no tienen la entidad suficiente como para acreditar una afectación a las prerrogativas ciudadanas que son tuteladas por medio de este instituto.
       Sin perjuicio de lo anterior, debe hacerse notar, en relación con la presunta falta en la que incurrió el PUSC al no comunicar adecuadamente la información relativa al plazo para presentar las candidaturas por el cantón Santa Ana ante la Asamblea General, que este Tribunal estima que, contrario a lo señalado por la amparada, la agrupación política sí comunicó la información en el mismo acto en el que se convocó a la sesión celebrada el 28 de julio de 2019. Esa convocatoria fue debidamente publicada en el sitio web del PUSC el 17 de esos mes y año (folio 113). En efecto, en esa misma publicación se puede apreciar, bajo la nota del punto n.° 3, una advertencia expresa que indica que el plazo para presentar precandidaturas en los casos de los cantones en los que se hubiera inscrito una única papeleta (como ocurrió en el cantón Santa Ana) vencía el 22 de julio de 2019. De igual forma, tampoco lleva razón la recurrente al sostener que se le debía notificar personalmente esa información, debido a que la única exigencia prevista a nivel estatutario consiste en publicar el respectivo acto de convocatoria en el sitio web oficial del partido político (ordinal 76 del Estatuto del PUSC), quedando a plena discreción de la agrupación política la comunicación -de ese acto- por otros medios distintos al señalado.
       Debe insistirse, en todo caso, que las eventuales incorrecciones que se hubieren suscitado en el proceso de convocatoria a un órgano partidario para la elección de autoridades internas y nominación de candidatos para puestos de nivel nacional y cantonal, por regla de principio no implican -por sí mismas- una lesión a las prerrogativas fundamentales de los candidatos que tenían un interés en participar de la respectiva sesión; por el contrario, tales cuestionamientos se refieren, como se dijo, a asuntos de mera legalidad que corresponden ser reclamados en una acción de nulidad, como proceso contencioso-electoral idóneo para determinar la legitimidad o no de las actuaciones de los órganos partidarios en esas dinámicas de elección. Precisamente, en la resolución n.° 1887-E1-2010 de las 14:00 del 18 de marzo de 2010, este Pleno señaló:
"El presunto quebrantamiento de disposiciones estatutarias y reglamentarias y la eventual existencia de vicios en el proceso de convocatorias, que son los hechos acusados por los recurrentes, no entrañan, en sí mismo, violación o amenaza de un derecho fundamental. Se trata de reproches de mera legalidad que, conforme a la jurisprudencia electoral, impiden su conocimiento a través del amparo electoral (ver, entre otras, resoluciones n.° 2960-E-2004 y n.° 3128-E-2004 de las 14:25 horas del 8 de diciembre del 2004). Por esta razón, procede rechazar respecto de este extremo el recurso interpuesto”
       Por otro lado, en cuanto a la supuesta incompetencia de las Asambleas Nacional y General para ratificar nóminas que no pudieron ser votadas por la respectiva asamblea cantonal ante la falta de quórum, se debe aclarar que este Tribunal ha indicado, de manera expresa, que corresponde a la Asamblea Nacional avocarse la selección de esos candidatos en los casos en que, por razones imputables al órgano local (como lo es, precisamente, la falta de quórum), el proceso de nominación no puede llevarse a cabo. Concretamente, en la resolución n.° 5607-E8-2015 de las 14:50 horas del 24 de setiembre de 2015, esta Magistratura señaló:
En ese orden de ideas, es criterio de esta Magistratura que una omisión atribuible a las asambleas u órganos consultivos cantonales en la definición de las candidaturas a cargos de elección popular de carácter municipal representa una circunstancia habilitante para que la asamblea de mayor rango se avoque esa competencia y, en consecuencia, de su seno surjan las designaciones no realizadas por tales instancias inferiores […] las asambleas superiores partidarias son competentes para sustituir a las asambleas u órganos consultivos cantonales en la designación de los candidatos a los cargos municipales de elección popular cuando tales órganos inferiores no han procedido con esas postulaciones en razón de faltas u omisiones imputables, con exclusividad, a ellas mismas”.
       En este caso, al no haberse sesionado por motivos asociados al quórum del órgano se da una circunstancia habilitante para que la Asamblea Nacional del PUSC eligiera a quienes representarían a la agrupación en las nóminas de precandidatos. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que este Pleno, en la resolución n.° 4808-E8-2019 de las 15:50 horas del 24 de julio del año en curso, aclaró que las nóminas que cumplieran con los requisitos de inscripción para ser consideradas por el órgano cantonal, pero que no pudieron recibir votación ante la falta de quórum para que esa instancia sesionara, tienen una prioridad para ser consideradas, en una primera ronda, por la Asamblea Superior, instancia que puede votar en favor de esas nóminas o rechazarlas, en cuyo caso (el del rechazo) se abriría la elección a otros militantes, en los términos que fueron definidos, entre otras, en la citada sentencia n.°  5607-E8-2015.
       Por ello, este Tribunal tampoco denota, sobre este extremo, una transgresión a un derecho fundamental de carácter político-electoral: el supuesto actuar incorrecto que se reprocha a las Asambleas Nacional y General del PUSC no es tal sino, más bien, el ejercicio de sus atribuciones legales. No obstante ello, en la medida en que los cuestionamientos de la amparada sobre este punto versan, en esencia, sobre un supuesto ejercicio incorrecto de las competencias atribuidas legal y estatutariamente a un órgano partidario, tales argumentos, en realidad, se refieren a asuntos de mera legalidad que, por sí mismos, no tienen la capacidad de violar prerrogativas fundamentales de naturaleza electoral y, por ello, no pueden ser atendidos por medio del amparo electoral.
       Por último, debe tomarse en consideración que, si bien la normativa interna de las agrupaciones políticas le confiere a los gestores de las papeletas -por esa sola condición y en el marco de sus procesos electorales internos- la facultad de actuar en el nombre de los integrantes de la respectiva nómina, lo cierto es que esa capacidad no es suficiente para accionar ante la Jurisdicción Electoral, de acuerdo con las reglas específicas que, en esta sede, existen sobre la legitimación (ver, entre otras, la resolución de este Tribunal n.° 3866-E1-2013). Así, en el caso del recurso de amparo electoral, aquella está reservada al titular del derecho vulnerado o a quien pudiese gestionar expresamente en favor de aquél.
       Por los motivos expuestos, lo procedente es rechazar la gestión de amparo interpuesta, como en efecto se dispone.
Se rechaza el recurso de amparo electoral interpuesto. Notifíquese a la señora Chaves Ledezma.-
Luis Antonio Sobrado González
Eugenia María Zamora Chavarría                         Max Alberto Esquivel Faerron
Luis Diego Brenes Villalobos                                  Hugo Ernesto Picado León
Exp. n.º 267-2018
ACT.RBS/smz.-