Documento LTM9.650.022

Jurisprudencia

TEXTO

Rol Interno : O-8-2017 Rol Unico : 17-4-0011871-K
Tribunal : Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte


Pozo Almonte, nueve de agosto de dos mil diecisiete.
 VISTOS Y OIDOS:
PRIMERO: Que en el Tribunal del Trabajo de la comuna de Pozo Almonte y ante la Jueza Titular Isabel Peña Cifuentes, se llevó a efecto juicio oral correspondiente a los autos RIT O-8-2017, RUC 17-4-0011871-K, en contra de la demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, Rut N° 83.017.500-8, representada legalmente por su Alcalde don RICHARD ALFONSO GODOY AGUIRRE, cédula de identidad N° 13.425.330-4, ambos domiciliados en Balmaceda N° 276 Comuna de Pozo Almonte, producto de una demanda laboral por despido injustificado, nulidad del despido, declaración de relación laboral y cobro de Prestaciones, interpuesto por don JUAN FELIPE TOLEDO LAZO, chileno, cédula de identidad N° 18.441.917-3, domiciliado en Pasaje Iris N° 250 Comuna de Pozo Almonte.
SEGUNDO: Los antecedentes expresados en la demanda son los siguientes:
Ingreso a prestar servicios, bajo vínculo de subordinación y dependencia para la demandada, en la realidad de los hechos según los términos dispuestos por el artículo 7 del Código del Trabajo, a partir del 1 de mes de marzo del año 2013, labores de vigilante las que desempeño para el empleador, sin reclamos, ni amonestaciones de ningún tipo, cumplió sus funciones con esmero, responsabilidad y cortesía hasta el momento del despido injustificado, del cual fue víctima el día 20 de diciembre del año 2016. En el mes de agosto del año 2014 el empleador dispone que la contratación debiera ser bajo un contrato de honorarios y/o prestación de servicios, informalidad laboral en la que se desempeñó desde el mes de agosto del año 2014 y hasta el día del despido, esto es, el día 20 de diciembre del año 2016.
Que el tiempo durante el cual la relación laboral fue encubierta bajo la figura de un contrato a honorarios, realizo funciones administrativas como secretario de la Directora de Desarrollo Comunitario, y posteriormente como administrativo en la Oficina Municipal de Deportes de la 1 Municipalidad de Pozo Almonte.
Agrega que sin perjuicio que en el papel se escrituro un contrato bajo la supuesta figura de un contrato en base a honorarios, en los hechos siempre se desempeñó bajo vinculo de subordinación y dependencia y en particular durante la vigencia de los denominados contrato a honorarios o de prestación de servicios bajo el poder de mando de la Dirección de Desarrollo Comunitario, y en su oportunidad bajo el encargado de la Oficina de Deportes, sin perjuicio de ello igualmente sus funciones debían ser certificadas en su oportunidad por la directora de DIDECO, o en su caso por el Secretario Municipal, para el pago de sus remuneraciones. No obstante los contratos a honorarios o de prestación de servicios, que se le impusieron por la demandada, cuya vigencia anual impuesta es hasta el día 31 de diciembre del año respectivo, pero en la realidad dichos servicios configuran una efectiva relación laboral de plazo indefinido sujeta a un vínculo de subordinación y dependencia.
Agrega que las labores y funciones realizadas durante la vigencia de la relación jurídica, fueron de carácter permanente e indispensable para el Municipio de Pozo Almonte. Desde el inicio y hasta el término del vínculo estuvo sujeto al cumplimiento de una jornada de trabajo claramente establecida, y sometido al poder de mando de mis superiores jerárquicos, a su vez, al deber de obediencia en el desempeño de sus funciones.
A su vez, se hace presente que la demandada en distintas etapas durante la vigencia de la relación laboral encomendó trabajo extraordinario, principalmente aquellos que dicen relación con la Festividad de la Virgen de la Tirana, Fiestas Patrias, Navidad entre otros, actividades en las que por cierto adquiere aplicación práctica la cláusula "Prestar apoyo a la Secretaria Municipal o de quien le subrogue, y prestar apoyo para atender otras necesidades inherentes a las funciones municipales".
Expresa además que en cuanto a la vigencia de la relación laboral, debe entenderse que era de duración indefinida, debido a los reiterados y sucesivos contratos firmados por la demandada y el actor, que eran encubiertos y alejados de la realidad, bajo la denominación de "Contrato de Prestación de Servicios, Contratos a Honorarios, u otra similar", la conclusión al respecto debe ser solo una, que las partes se vincularon a través de un contrato de trabajo de carácter indefinido, por aplicación del Principio de la Primacía de la Realidad, Principio Pro Operario, y por ser esta la interpretación más favorable al trabajador.
Agrega que en cuanto a la jornada laboral, siempre fue realizada en la misma forma que para los funcionarios de la planta municipal, esto es, 44 horas semanales las que se cumplían de 08:30 horas a 17:18 horas de Lunes a Viernes, debiendo registrar su asistencia en el sistema de control biométrico (Reloj Control), todo sin perjuicio de la obligación de realizar trabajo extraordinario después de la jornada ordinaria, e incluso en días Sábado y festivos según lo dispusiera la autoridad edilicia.
En cuanto a la subordinación y dependencia, según su contrato el último año y en la realidad de los hechos quedo a cargo de la Jefatura de Secretaria Municipal, o bien de quien le subrogue, sin perjuicio de ello en la practica la subordinación y dependencia se reflejaba en el hecho de haber quedado obligado a realizar funciones para las distintas necesidades municipales, y de obedecer órdenes e instrucciones de las distintas jefaturas, direcciones municipales y como es obvio del propio Alcalde, según la necesidad del servicio.
El hecho del control, subordinación y dependencia también se ve reflejado en que cada vez que debía tramitar el pago de su remuneración, existía la obligación que su pago fuese previamente certificado por el Secretario Municipal, superior directo quien indicaba que el demandante había cumplido satisfactoriamente las tareas encomendadas, una vez cumplido con el citado tramite se podía dar curso al pago de su remuneración, sin perjuicio de que en su oportunidad tal certificación fue realizada por la Directora de DIDECO.
Además hace presente que en la realidad de los hechos siempre se ejercieron funciones municipales en el ámbito administrativo, sin perjuicio del trabajo en terreno cuando era requerido, pero siempre en el contexto del ámbito de las distintas funciones propias de la Municipalidad, cuestión fácilmente comprobable, ya que los propios contratos suscritos con la demandada plantean el cumplimiento de funciones municipales en términos tales como "Administrativo en Oficina de Deportes, Administrativos DIDECO, apoyo en actividades municipales, apoyo a jefatura directa y estar a disposición para atender las necesidades inherentes a las funciones municipales, etc". Así las cosas nunca existió una función o cometido especifico, muy por el contrario siempre tuvo que estar a disposición para el cumplimiento de las distintas necesidades planteadas por las funciones municipales, sus unidades entendiendo por tales a departamentos, jefaturas y direcciones en el contexto administrativo y en terreno, por lo cual las funciones siempre fueron habituales y necesarias para los fines y funciones municipales.
Que con fecha 20 de diciembre del año 2016, mientras se encontraba realizando funciones en la Municipalidad de Pozo Almonte, se le hace entrega de una carta que pese a su contenido corresponde a despido, que no cumplió con las formalidades establecidas en los incisos 5, 6, 7 del artículo 162 del Código del Trabajo, ni señalo con exactitud y claridad los hechos ni las causales, por las cuales me despiden.
En relación a la carta de despido de fecha 20 de diciembre el año 2016, la demandada comunica al actor, su decisión de poner término al contrato celebrado entre las partes, argumentando la cláusula cuarta del referido instrumento, indicando claramente que los servicios solo serán prestados hasta el día 20 de diciembre. Lo descrito trae como consecuencia lógica que la separación de funciones del actor, a su juicio sería injustificada, sino que además, carente de causal legal, considerando especialmente para ello que el fundamento invocado por la demandada se ampara en una realidad contractual y normativa que es inaplicable a la convención existente entre el demandante y la Municipalidad demandada, convención que en la realidad de los hechos corresponde a un contrato de trabajo, así las cosas, desde el momento de la desvinculación la demandada no dio cumplimiento a ninguna de las obligaciones contenidas en el artículo 162 del Código del Trabajo, siendo por tanto el despido carente de causa legal, e injustificado para todos los efectos laborales.
Continua señalando que a la fecha del despido y su separación de funciones dispuesta por el ex empleador I. Municipalidad de Pozo Almonte, esto es, el día 20 de diciembre del año 2016, la demandada no había enterado las respectivas cotizaciones de previsión social durante todo el periodo en que se mantuvo vigente la relación laboral, causando un perjuicio considerable al actor desde el punto de vista previsional, haciendo procedente en la especie la Nulidad del Despido y su respectiva sanción, esto es, que el despido no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo o relación laboral, debiendo ser condenada la demandada al pago de las remuneraciones que se devenguen entre la fecha del despido y hasta su respectiva convalidación.
Por lo que en definitiva solicita al tribunal lo siguiente:
1.- Que se declare la existencia de la Relación Laboral entre las partes, desde el día 1 de marzo de 2013 y hasta el día 20 de diciembre del año 2016.
2.- Que, el despido del actor con fecha 20 de diciembre del año 2016 es injustificado y carente de causa legal.
3.- Que, el despido con fecha 20 de diciembre del año 2016 se declara nulo en conformidad a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo.
4.- Que, se condena a la demandada al pago de las siguientes indemnizaciones y prestaciones:
4.1.- La suma de $ 533.333 (Quinientos treinta y tres mil quinientos treinta y tres pesos), por indemnización sustitutiva de aviso previo.
4.2.- La suma de $ 2.133.332 (Dos millones ciento treinta y tres mil trecientos treinta y dos pesos), por indemnización por 03 años de servicios y fracción superior a 06 meses según lo dispuesto en el artículo 163 incisos 1° Y 2° del Código del Trabajo.
4.3.- La suma de $ 1.066.666 (un millón sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos), por incremento legal del 50 en conformidad al artículo 168 letra b) del Código del Trabajo.
4.4.- La suma de $ 340.177 (trescientos cuarenta mil ciento setenta y siete pesos pesos), por feriado proporcional pendiente.
4.5.- Las remuneraciones que se devenguen desde la fecha del despido nulo, esto es, desde el día 20 de diciembre del año 2016 a la fecha de presentación de la demanda, y a las que se deberán adicionar todas aquellas remuneraciones que se devenguen hasta la fecha de convalidación del despido.
4.6.- Los intereses y reajustes hasta la fecha efectiva del pago y costas de la causa, de conformidad al artículo 63 y 173 del Código del Trabajo.
4.7.- Que se Oficie a AFP MODELO, FONASA, y AFC S.A., con el objeto que inicien el respectivo cobro previsional que le compete a cada una de las citadas instituciones.
4.6.- Que la demandada deberá pagar los intereses y reajustes hasta la fecha efectiva del pago y costas de la causa, de conformidad al artículo 63 y 173 del Código del Trabajo.
TERCERO: La parte demandada interpone excepción de incompetencia absoluta, de caducidad y contesta la demanda, solicitando el rechazo en todas sus partes con expresa condenación en costas.
Funda su excepción de incompetencia en que la celebración de un contrato privado, como lo es un contrato de prestación de servicios a honorarios, no reviste la figura de un contrato de trabajo, lo que dice relación que le son aplicables las normas de dicho cuerpo legal, lo que en la especie no se puede hacer efectiva, de modo subsidiario, ciertas reglas del Código del Trabajo a los funcionarios de un servicios público en defecto de las disposiciones estatutarias a que ellos estén sometidos, así como lo indica el artículo 1 ° del código del trabajo, que remite la reglamentación de las Relaciones que el ordenamiento jurídico a dictado al efecto, esto es, la Ley 18.883, sobre el Estatuto Administrativo de Municipalidades. Para mayor abundamiento lo que indica el inciso Segundo del artículo mencionado, dice relación que las municipalidades son organismos descentralizados de la administración del estado, no se rigen jamás en sus relaciones jurídicas con sus funcionarios de planta o contrata y su personal a honorarios, por las normas del Código del Trabajo, por lo que solicita que el tribunal se acoja la excepción y se declare incompetente para conocer de la acción, con costas.
Además interpone la acción de caducidad de la acción. Funda en que se encuentra caduca la acción de despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones e indemnización de perjuicios, interpuesta por la contraria, como consecuencia directa de haber transcurrido su oportunidad procesal, para poder accionar, en razón de lo señalado en el cuerpo del escrito.
A su vez contesta la demanda expresando que niega en forma expresa todos los hechos contenidos en la demanda a excepción de aquellos que sean expresamente reconocidos en esta presentación.
1.- Niega que el señor Juan Felipe Toledo Lazo, tenga una relación de carácter laboral con la demandada.
2.- Niega adeudar cotizaciones previsionales.
3.- Niega la existencia y deuda de todas y cada una de las pretensiones económicas e indemnizaciones pretendidas por el actor.
Que en consideración a que el artículo 172 del Código del Trabajo, se opone a lo señalado por el actor, en el sentido de que para efecto de última remuneración, asciende a la suma de $533.333, ya que según se desprende de los hechos relatados por su parte, no existe relación laboral alguna, niega a su vez, que entre las partes exista un concepto de remuneración, en los términos descritos en el artículo 172 del Código del Trabajo. Por tal motivo y niega el monto expuesto por el demandante, agregando que entre las partes no existe remuneración alguna, ni monto que haga sus veces. No obstante lo anterior, en el caso que el tribunal considere que existe relación laboral, el monto sujeto a base de cálculo, sólo asciende a la suma de $489.999.- en razón que según se desprende de las boletas de honorario que mensualmente emitía el   demandante, la diferencia de 54.444.- correspondía a conceptos de impuestos legales, situación que dicta mucho del concepto legal establecía en el artículo 172 del Código del Trabajo.-
Agrega que es necesario tener presente que, sin que ello importe una aceptación de los hechos reconoce que:
Es efectivo que el demandante de autos, fue contratado bajo la figura del código del trabajo desde marzo del 2013, para desempeñarse como vigilante. Pero desde el mes de agosto del año 2014, su relación contractual fue modificada con acuerdo de las partes, poniendo término a su relación laboral y celebrando un contrato de prestación de servicios, para ejecutar las laboral que en los propios contratos se determinaban, pero no es efectivo que esta función se haya desarrollado bajo la figura de subordinación y dependencia o que esta se haya ejercido escondiendo una relación laboral.
Por tanto solicita sea rechazada en todas su partes la demanda en razón a los fundamentos formulados, con expresa condena en costas.
CUARTO: En la audiencia preparatoria realizada con fecha 12 de abril de 2017, se estableció el objeto del juicio y los hechos a probar en los siguientes términos:
a) Objeto del juicio: Determinar la procedencia o improcedencia del despido injustificado, indebido o improcedente, la nulidad del despido, el cobro de las prestaciones adeudadas en los términos exigidos por la demandante.
b) Los hechos a probar fueron los siguientes:
1.- Existencia del vínculo laboral existente entre las partes, naturaleza del mismo, clausulas y estipulaciones del o los contratos vigentes entre las partes.
2.- Naturaleza de las actividades realmente realizadas por la parte demandante para la empleadora; causal de término del vínculo jurídico que une a las partes sea este laboral, en tal caso, causal invocada, y si es civil el motivo para efectos de determinar si efectivamente es procedente un procedimiento laboral.
3.- Respecto al monto de las remuneraciones determinar si existe remuneración y el monto de esta que efectivamente se adeudare en caso de ser efectivo lo anterior.
4.- En caso de existir vínculo laboral efectividad de haberse pagado las respectivas cotizaciones previsionales en la forma establecida por el artículo 162 del CT y en consecuencia determinar la nulidad del despido.
5.- Procedencia de las prestaciones e indemnizaciones solicitadas, en los términos del libelo y la base de cálculo misma.
QUINTO: Durante la audiencia de juicio desarrollada con fecha 24 de julio de 2017, las partes rindieron la siguiente prueba:
PRUEBA DEMANDANTE:
a) DOCUMENTAL:
1.- Copia fotostática de Acta de Comparendo de Conciliación de fecha 03 de marzo de 2.017 ante la Inspección del Trabajo de Pozo Almonte.
2.- Set de 3 fotografías en las cuales se puede observar al demandante trabajando para la demandada y otras más.
3.- Planilla de remuneraciones de personal código del trabajo correspondientes al mes de marzo de 2.013 a diciembre 2.013, documentos obtenidos desde la página web, sección transparencia activa de la 1. Municipalidad de Pozo Almonte.
4.- Planilla de remuneraciones personal código del trabajo correspondientes al mes de enero de 2.014 a junio 2.014, documentos obtenidos desde la página web, sección transparencia activa de la IMPA.
b) DECLARACIÓN DE PARTE: Don JUAN DANILO ROJAS DELGADO, cédula de identidad N° 15.684.257-5 Administrador Municipal, quien exhortado a decir verdad, en síntesis expresa, que conoce a las partes del juicio, no sabe a qué se dedica actualmente el señor Toledo. Entiende que el actor trabajo para la Municipalidad de Pozo Almonte, desde el año 2013, agrega que el actor inicio en la Municipalidad con un contrato de Código del Trabajo y después paso por otro tipo de contratos, que fue el último de honorarios. Cuando trabajó de Código del trabajo, le parece que debiese haber trabajado de guardia. Desconoce los años que trabajó a honorarios don Felipe. Reconoce que firmo la notificación de despido. Le parece al testigo que el actor era administrativo de DIDECO. No está seguro, ya que son 380 funcionarios. Agrega que la superior del actor era la directora de DIDECO, ella era su jefe. Si es administrativo debía tener un horario de trabajo, desde las 8:30 horas, hasta las 5:18 horas. Agrega que el actor tenía derecho a días administrativos. Agrega el actor que el trabajador a honorarios es un prestador de servicios y corresponde labores específicas. Señala que otros funcionarios hacen distintas labores.
Agrega que el actor trabajo para la municipalidad hasta diciembre de 2016 y dejó de trabajar para la municipalidad, por la reestructuración. Se le termino la contratación que era anual. Hasta el 31 de diciembre de 2016. No sabe desde cuándo comenzó a trabajar. La nueva administración llego el día 6 de diciembre de 2016. Agrega que fue desvinculado por reestructuraciones. El jefe directo del actor era la directora de DIDECO. Cuando dejo de prestar servicios, no se contrató a nadie en su lugar.
El declarante no conoció al actor.
Agrega el declarante que se le informó que ya no seguía trabajando por medio de una carta certificada, la cual tuvo problemas con el domicilio, porque el actor cambio su domicilio.
C.- TESTIMONIAL:

1. SYLVIA ALEJANDRA TAGLE CASTILLO, chilena, soltera, trabajadora dependiente, RUT N° 13.674.793-2, domiciliada en Santa Teresa N°775, Comuna de Pozo Almonte, quien legalmente juramentada, en síntesis expresa que conoce al actor desde el año 2010, agrega que lo conoció porque era pareja de su hermana y después el año 2013, coincidieron para trabajar en la Municipalidad. Agrega que el actor comenzó a prestar servicios para la Municipalidad en marzo de 2013, la testigo ya estaba trabajando, porque ella entró en enero de 2013, ese año el actor era guardia de seguridad, agrega que el actor tiene que haber tenido contrata, que el actor presto servicio para la Municipalidad hasta diciembre de 2016. Agrega que el actor estuvo como guardia, después como ayudante de mecánico, con don Juan Sanmartín, después se pasó a DIDECO a cargo de Jarella Daponte y con Cristian Maraboli en la oficina de deportes. Agrega que durante el año 2016, en la oficina de deportes el actor estaba a cargo con Cristian Maraboli de todas las actividades deportivas, plaza ciudadana, boxeo, carreras, cicletadas. Agrega la testigo que ella trabajaba en relaciones públicas de la misma municipalidad y cada vez que tenía eventos grandes se les pedía apoyo a quien quisiera hacer horas extras y siempre estaba el actor apoyando las actividades. Pegando telas, trabajaba como guardia, etc. Son actividades que están dentro de la programación de la Municipalidad. La orden venia del Alcalde, se hacían reuniones periódicas con todos los jefes de departamentos y el jefe directo los autorizaba a todos. En el caso del actor y la testigo era el Secretario Municipal. Expresa la testigo además que la Municipalidad tenía actividades programadas; la fiesta de la Tirana, la navidad, fiestas patrias, día de la madre, del padre, del niño, etc. Esta eran horas extras. Expresa que el actor partió como guardia de Código del Trabajo y le cambiaron el contrato cuando pasó a DIDECO.

El actor tenía un horario de trabajo   desde las 8:30 horas hasta las 17:18 horas, lo que le consta porque ella también fue guardia de seguridad. Si el actor faltaba al trabajo o si llegaba tarde a trabajar había una sanción, se le hacía un descuento por atraso y al tercer atraso podía ser causal de despido. Lo sabe porque se lo decía a ellos. Expresa que el actor tenía derecho a 6 días de permisos administrativos, feriados legales, 15 días de vacaciones. Agrega que en este momento hay otra persona a cargo del trabajo que desarrollaba el actor. Que desde el año 2013 hasta el año 2016, el actor no dejó de prestar servicios para la Municipalidad. Agrega que el actor ya estaba prestando servicio a honorarios, cuando firmo el finiquito. Ya lo habían trasladado a DIDECO. Agrega que el actor no trabajó como técnico para la Municipalidad. Dice que sabe que hay una diferencia entre contrato de Código del Trabajo y contrato a honorarios, con código le pagaban las cotizaciones, salud, la asociación, como honorarios no tienen derecha a nada de eso.

Contrainterrogada.

Al momento de cambiar de contrato el actor no le hace mención de ello a la testigo. No sabe si recibió finiquito. Agrega la testigo que cree que el actor no sabía las diferencias entre Código del Trabajo y honorarios.

2. MARCELA MAMANI VILCA, chilena, soltera, RUT N° 16.593.828-3, domiciliada en Manuel Rodríguez N° 504, Ciudad y Comuna de Pozo Almonte, quien legalmente juramentada, en síntesis expresa, que conoce a las partes del juicio, sabe que actualmente el demandante está trabajando, pero no sabe en qué, el demandante trabajaba en la municipalidad de Pozo Almonte. Agrega la testigo que conoce al demandante desde el año 2013, junio de ese año, porque ella trabajaba en remuneraciones de la municipalidad y el demandante trabajaba por Código del Trabajo, lo que sabe porque a ella le correspondía entregarle las remuneraciones de sueldo. Expresa que el año 2013 el actor comenzó a trabajar en la municipalidad. Él estaba como guardia o como vigilante en la Municipalidad. Sabe que el actor trabajó hasta diciembre del año 2016. Agrega que el actor prestó servicios el año 2014 y 2015. Se desempeñaba como guardia en primera instancia, luego trabajaba como ayudante de mecánico. Después trabajó en las dependencias de DIDECO año 2015 y parte 2016, y finalmente término en la oficina de deportes prestando servicios el año 2016. Agrega que nunca tuvo una interrupción dentro de su contrato. En el año 2016, el actor estaba como apoyo administrativo en el área de deportes, sin embargo le tocaba también participar en las diferentes actividades del área municipal. Por ejemplo él concurría a la Tirana con la testigo y otras personas a trabajar cumplimiento otras funciones, como también para navidad, año nuevo, el día del niño. Expresa que también lo vio haciendo trabajo de carpintería, arreglando estantes, muebles, cosas como esas. Expresa que el actor cumplía un horario de trabajo, desde las 8:30 horas, hasta las 5:18 horas. Generalmente sobrepasaba el horario que tenía de acuerdo a su contrato, lo que le consta porque ella también trabajaba en la Municipalidad y también tenía ese horario, sin embargo a él lo veía fuera de horario trabajando, como los fines de semana. Participando en actividades deportivas durante el año 2016, en la actividad de la piscina, en la actividad de boxeo, en talleres de zumba. El actor era parte de la oficina de deportes, lo veía sacando fotos, armando el escenario, apoyo logístico, sacando firmas, etc. Todos los años se hacía una actividad con piscina, en la época estival. El actor participó en dos actividades, la testigo dice que lo vio participar, ya que trabajaron en conjunto. Si el actor faltaba al trabajo o si llegaba tarde a trabajar había una sanción, se le hacía un descuento por atraso o descuento por no ir a trabajar el día. Tenía derecho a permisos administrativos, feriados legales, días compensatorios. Lo que sabe la testigo porque ella trabajo en el área de personal y participaba en la confección de los contratos. Agrega que el actor obedecía órdenes de su jefe directo y después del jefe del área de la dirección a donde pertenecía. Por ejemplo cuando estaba en deportes, recibía órdenes de su jefatura directa, Cristian Maraboli, y también del Secretario Municipal. Y cuando estaba en DIDECO recibía órdenes directamente de la directora. Su relación con la Municipalidad fue contínua en el tiempo. Cuando el actor pasó de ser Código del Trabajo a contrata, no dejo de trabajar, siempre estuvo trabajando. En el caso de que el actor faltara se sacaba a otra persona. En este momento hay otra persona en el cargo del señor Toledo. No sabe el motivo por el cual fue despedido. Agrega que el actor no trabajó como técnico para la Municipalidad.

Contrainterrogada.

Dice que conoce al actor desde año 2013, y agrega que ella misma, (la testigo) presto servicios para la I. Municipalidad de Pozo Almonte desde el año 2013. Actualmente también demando a la I. Municipalidad de Pozo Almonte. Agrega que no era amiga del actor, solamente tenían una relación laboral. Agrega que respecto del contrato de Código del Trabajo que tenía el actor, era a plazo fijo y no sabe si recibió finiquito. No recuerda específicamente la fecha en que el actor cambio contrato. Agrega la testigo que ella trabajo en el área de personal desde enero de 2014, hasta septiembre de ese mismo año. Agrega que la gente no lee el contrato antes de firmarlo, lo que le consta porque el procedimiento es burocrático. Todos saben las personas que van a seguir para el próximo año, por lo tanto en enero no se firma el contrato, a mediados de enero donde la entidad jurídica aprueba el contrato, pero las personas ya están trabajando. Eso le consta porque para hacerse el pago tiene que estar el contrato, y como están tan encima y todos quieren el pago a finales de enero, entonces lo que hacen es firmar el contrato, sin haberlo leído. Los contratos se firmaban en la oficina de partes, durante los años, 2014, 2015 y 2016. Agrega que en una oportunidad el actor consultó, porque no entendía lo que era ser honorario. La testigo le explico al actor, que en la práctica honorarios requería que el testigo entregara su boleta.

D.- EXHIBICION DE DOCUMENTOS:

1.- Los contratos de trabajo y a honorarios, sus respectivos anexos en caso de existir y suscritos por el demandante con la demandada a partir del mes de agosto del año 2.014 y hasta la fecha del despido, y de sus respectivos Decretos Alcaldicios que los aprueban.

2.- Registros de asistencia del demandante desde agosto de 2.014 y hasta el 20 de diciembre del año 2.016.

3.- Informes originales de gestión realizados por el demandante desde el mes de agosto del año 2.014 y hasta el 20 de diciembre del año 2.016.

4.- Exhibición de Decretos de Pago de la Municipalidad de Pozo Almonte en relación al demandante para los periodos comprendidos entre el mes de agosto del año 2.014 y hasta el 20 de diciembre del año 2016.

5.- Las boletas de honorarios emitidas por el demandante y entregadas a la municipalidad para tramitar el pago de sus remuneraciones.

E) OFICIOS:

Oficio de la Inspección comunal del Trabajo de Pozo Almonte.
PRUEBA DEMANDADA:
a) DOCUMENTAL:
1.- Notificación de término de contrato de prestación de servicios de fecha 29 de diciembre de 2016.
2.- Oficio N° 307 con fecha 02 de marzo de 2017, enviando a la Inspección del Trabajo de la comuna de Pozo Almonte, indicando que declare su incompetencia en cuando a la citación a audiencia de conciliación.
 

b) TESTIMONIAL:

1.- CRISTOBAL CABAÑAS ARAYA cedula de identidad N° 15.672.494-7, quien legalmente juramentado en síntesis expresa, que trabajó antes en la Municipalidad como concejal desde el día 6 de diciembre de 2012, hasta 6 de diciembre de 2016 y actualmente trabaja como encargado de personal de la Municipalidad de Pozo Almonte. Que conoce al demandante en el período del alcalde anterior del municipio, agrega que lo conoció personalmente cuando llego, se lo presentaron. Agrega que el actor al momento de salir de la Municipalidad tenía la calidad de prestador de servicios a honorario de la Municipalidad. Agrega que el actor no se le acerco a preguntarle por el tipo de contrato que tenía con la municipalidad. Expresa que no sabe si el actor presentó algún reclamo a alguna entidad pública por su contrato, lo que sabe porque están sus antecedentes en las carpetas del Municipio. No tiene conocimiento que la demandante haya presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo de la Provincia del Tamarugal, ni ante el ente fiscalizador de la Contraloría Regional durante el año 2016.

Agrega que las personas leen su contrato. Si la persona tiene dudas, o reclamos hace la mención y ellos le dicen que hable con su jefe directo. Agrega que a los prestadores de servicio se les explica el contrato. Agrega que los contratos de prestación de servicio tiene un horario. Expresa el testigo que comenzó a trabajar la primera quincena de enero del año 2017.

Continua señalando que al actor el año 2016 estaba trabajando en DIDECO, y lo vio en varias funciones, estuvo un tiempo trabajando de guardia, el primer año que llego al Municipio el año 2013, termino de común acuerdo ese contrato y cambio a funciones de ayudante de mecánico y de ahí paso a trabajar a DIDECO.

En cuanto a los contratos señala que durante 2013 el actor tuvo contrato de trabajo. Agrega que varias veces vio al actor fuera del horario de trabajo. Siempre en actividades relacionadas con DIDECO. Agrega que el actor tenía derecho a días administrativos y feriados legales. Lo que le consta porque en su contrato de prestador de servicio está estipulado. Agrega que el señor Felipe Toledo tenía jefe y obedecía órdenes del Alcalde. Y en cada unidad en que se desempeñaba siempre había un jefe. Expresa que cuando tenía contrato de Código del Trabajo le pagaban cotizaciones, y cuando tenía honorarios no le pagaban. Expresa además que la diferencia entre un contrato de Código del Trabajo y un a honorarios es el pago de cotizaciones previsionales del primero y no del segundo. Las funciones que realizaba el actor, las realizan otras personas el día de hoy y son parte del funcionamiento.
2.- SANDRA VICENCIO CAVIERES, cédula de identidad N° 10.497.576-3, Administrativa, quien legalmente juramentada en síntesis expresa, que trabaja en la Municipalidad de Pozo Almonte desde hace casi 8 años y se desempeña actualmente en la oficina de personal, desde hace un año. Que ubica al demandante, porque trabajaba en la Municipalidad. Agrega que el actor era honorario el año 2016. Cuando un prestador de servicio va a firmar su contrato lo lee, se le da el tiempo y luego de ello firma. Si alguien no está de acuerdo con una clausula, se le manda a que hable con la persona correspondiente. En el caso del actor nunca hizo alguna observación a su contrato. Tiene que emitir boletas de honorarios mensualmente para el cobro de sus honorario, junto con la copia del contrato. Tenía acceso todos los meses al contrato. Agrega que ella no sabe que el actor hubiere presentado un reclamo, que el actor trabajaba en deporte. No sabe lo que hacía. Que tenía horario de trabajo desde las 8:30 horas hasta las 5:18 horas. Si llegaba tarde o falta se sanciona con descuenta, los años anteriores, pero no así desde este año. Continúa señalando que él hacía horas extraordinarias. Agrega que en la actualidad no sabe si alguien cumple las actividades que realizaba el actor.

3.- YOCELYN MANQUE TAPIA cedula de identidad N° 17.965.993-K, administrativa, quien legalmente juramentada en síntesis expresa, que trabaja en la Municipalidad de Pozo Almonte desde hace 6 años. Que conoce al demandante desde el año 2013. Sabe que durante el 2016, el actor tenía contrato de prestador de servicio hasta el 31 de diciembre de 2016. La testigo trabajaba en el depto. de finanzas y a mediados de abril se cambió a oficina de personal. Expresa que los prestadores de servicio firman los contratos luego de leerlos. Agrega que el actor no dejo reclamos. Que el actor emitía boletas de honorarios mensualmente. Agrega que los prestadores de servicio cumplen horario desde las 8:30 horas hasta las 5:18 horas, porque así está establecido en el contrato. Sabe que el actor marcaba reloj biométrico. Si faltaba o llegaba tarde, se le descontaban. Sabe que el actor el año 2016, era administrativo en el departamento de deportes. Hacia documentación, certificaba las compras, etc. Sabe que realizaba horas extraordinarias. El actor tenía un jefe, la secretaria municipal. No se le pagaban cotizaciones municipales. El actor tenía derecho a días administrativos. Expresa que la diferencia entre un contrato de Código del Trabajo y un honorario, es el pago de cotizaciones previsionales. Agrega que dejo de prestar servicio el actor el año pasado. Agrega que no son indispensables las labores que desarrollaba el actor, ya que las puede hacer otra persona.

c) DECLARACION DE PARTE: JUAN TOLEDO LAZO, chileno, soltero, RUT N° 18.441.917-3, domiciliado en Pasaje Iris N° 250 Comuna de Pozo Almonte, quien exhortado a decir verdad, en síntesis declara que ingresó a la Municipalidad de Pozo Almonte en marzo de 2013, como guardia de seguridad, con contrato del Código del Trabajo, luego trabajó como mecánico y por octubre de 2014, lo pasaron a honorarios. Agrega que recibió finiquito cuando lo pasaron a honorarios y firmo el correspondiente finiquito. Agrega que no puso objeción al finiquito porque necesitaba trabajar. Expresa que realmente no sabía lo que era el contrato a honorarios. Le explicaron pero no entendió. Preguntó en recursos humanos, en personal, a Marcela Mamani. Agrega que no leyó el contrato. Y lo firmo. Esto fue así el año 2014, el año 2015 y 2016 también firmó contrato. No presentó observaciones porque necesitaba trabajar. Agrega que emitía mes a mes las boletas de honorarios porque si no las emitía no le pagaban. Agrega que hacia sus declaraciones de renta, que recibía las devoluciones de impuesto, directamente en su cuenta Rut. Agrega que cuando firmó finiquito no le pagaron años de servicio.

Expresa que dejó de trabajar el año 2016, y agrega que no dieron los motivos por los cuales dejo de trabajar. No le llego nada. Agrega que dijeron que le habían mandado una carta, pero jamás le llegó. Agrega que se cambió de domicilio hace un mes. Agrega que trabajo hasta el 20 de diciembre de 2016. Tiempo en que estaba con vacaciones, que habían comenzado como el 12 de diciembre de 2016. Lo llamo la secretaria del Alcalde. Tenía que volver a trabajar el 30 de diciembre de 2016, de la oficina de personal, la señora Sandra le dijo que estaba despedido. Agrega que vivía en 21 de mayo 230, que es el domicilio del contrato. Agrega que dijo que estaba viviendo ahí.
OBSERVACIONES A LA PRUEBA
Ambas partes proceden a realizar observaciones a la prueba.
CONSIDERANDO:
SEXTO: Con el objeto de resolver adecuadamente la presente causa, se debe considerar la normativa legal vigente que regula la relación contractual entre el actor y la parte demandada. Ello, para resolver la excepción de incompetencia interpuesta, de caducidad y el fondo de la acción deducida. Así, es indispensable en primer término hacer referencia a la norma general que regula las relaciones de laborales en nuestro país, es decir el Código del Trabajo y luego vincular dicha normativa legal con las leyes especiales que rigen al actor, quien se encontraba vinculado a la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, esto es, la Ley 18.834, Sobre Estatuto Administrativo y la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
SEPTIMO: El artículo 1 del Código del Trabajo, inciso primero prescribe: ¿Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este Código y sus leyes complementarias¿, esta es la regla general en materia laboral, en tanto el inciso segundo señala una norma de excepción, al disponer: ¿Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado, o aquellas en que tenga aporte, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial¿.
Es por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1 del Código del Trabajo, que será necesario analizar también lo dispuesto de la Ley N° 18.834 Estatuto Administrativo. El cual en el artículo 11 señala ¿Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales. Del mismo modo se podrá contratar sobre la base de honorarios a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera. Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no le serán aplicables las disposiciones de este Estatuto¿. En el mismo sentido se expresa el artículo 4 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. ¿Artículo 4°.- Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.
Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.
Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto¿.
OCTAVO: Considerando la normativa legal transcrita, necesario será analizar en los hechos, la relación que vinculaba a las partes de la presente causa conforme lo establecido en el punto de prueba número 1, esto es, existencia del vínculo laboral existente entre las partes, naturaleza del mismo, clausulas y estipulaciones del o los contratos vigentes entre las partes, y la primer parte del punto dos de prueba, esto es, naturaleza de las actividades realmente realizadas por la parte demandante para la empleadora.
La demandante para acreditar lo señalado en su acción, en el sentido que prestó servicios personales para la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, bajo dependencia y subordinación desde el día 1 de marzo del año 2013 hasta el día 20 de diciembre del año 2016, rindió prueba documental consistente en Set de 3 fotografías en las cuales se puede observar al demandante trabajando para la demandada; Planilla de remuneraciones de personal código del trabajo correspondientes al mes de marzo de 2.013 a diciembre 2.013, documentos obtenidos desde la página web, sección transparencia activa de la 1. Municipalidad de Pozo Almonte: Planilla de remuneraciones personal código del trabajo correspondientes al mes de enero de 2.014 a junio 2.014, documentos obtenidos desde la página web, sección transparencia activa de la IMPA y como exhibición de documentos   contratos de trabajo y a honorarios, suscritos por el demandante con la demandada a partir del mes de agosto del año 2.014 y hasta la fecha del despido, y de sus respectivos Decretos Alcaldicios que los aprueban. Y registros de asistencia del demandante desde agosto de 2.014 y hasta el 20 de diciembre del año 2.016, las boletas de honorarios emitidas por el demandante y entregadas a la municipalidad para tramitar el pago de sus remuneraciones. Luego, concordante con la documental, rinde prueba confesional consistente en la declaración de parte de Juan Danilo Rojas Delgado y testimonial consistente en las declaraciones de Sylvia Alejandra Tagle Castillo y Marcela Mamani Vilca, quien son contestes y dan razón de sus dichos, prueba que además es plenamente concordante con la prueba rendida por la demandada, la que permite establecer en forma precisa y fehaciente, el vínculo de subordinación y dependencia entre el actor y la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, así se desprende claramente de la testimonial rendida tanto por la demandante, pero especialmente por la demandada, consistente en las declaraciones de don Cristóbal Cabañas Araya quien expresa, que al actor el año 2016 estaba trabajando en DIDECO, y lo vio en varias funciones, estuvo un tiempo trabajando de guardia, el primer año que llego al municipio, el año 2013, termino de común acuerdo ese contrato y cambio a funciones de ayudante de mecánico y de ahí paso a trabajar a DIDECO. En cuanto a los contratos señala que durante 2013 el actor tuvo contrato de trabajo. Agrega que varias veces vio al actor fuera del horario de trabajo. Siempre en actividades relacionadas con DIDECO. Agrega que el actor tenía derecho a días administrativos y feriados legales. Lo que le consta porque en su contrato de prestador de servicio está estipulado. Agrega que el señor Felipe Toledo tenía jefe y obedecía órdenes del alcalde. Y en cada unidad en que se desempeñaba siempre había un jefe. Agrega que cuando tenía contrato de Código del Trabajo le pagaban cotizaciones, y cuando tenía honorarios no le pagaban.

En el mismo sentido es fundamental la declaración de Yocelyn Manque Tapia administrativa, quien expresa que conoce al demandante desde el año 2013. Sabe que durante el 2016, el actor tenía contrato de prestador de servicio hasta el 31 de diciembre de 2016. La testigo trabajaba en el depto. de finanzas y a mediados de abril se cambió a oficina de personal. Expresa que los prestadores de servicio firman los contratos luego de leerlos. Agrega que el actor no dejo reclamos. Que el actor emitía boletas de honorarios mensualmente. Agrega que los prestadores de servicio cumplen horario de desde las 8:30 horas, hasta las 5:18 horas, porque así está establecido en el contrato. Sabe que el actor marcaba reloj biométrico. Si faltaba o llegaba tarde, se le descontaban. Sabe que el actor el año 2016, era administrativo en el departamento de deportes. Hacia documentación, certificaba las compras, etc. Sabe que realizaba horas extraordinarias. El actor tenía un jefe, la secretaria municipal. No se le pagaban cotizaciones municipales. El actor tenía derecho a días administrativos. Expresa que la diferencia entre un contrato de Código del Trabajo y un a honorarios es el pago de cotizaciones previsionales.
Por tanto, con la prueba rendida en juicos, ha quedado suficientemente acreditada la relación laboral entre las partes del presente juicio, ya que existen elementos que son reconocidos por ambas partes, a través de los elementos probatorios, cuales son:
1.- Que existió relación entre Juan Toledo Lazo con la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, desde el 1 de marzo del año 2013 hasta el día 20 de diciembre del año 2016, en forma ininterrumpida.
2.- Que don Juan Toledo Lazo, dependía para la realización de sus labores del jefe de cada unidad en que se desempeñaba y que finalmente estaba a cargo del Alcalde. Y se encontraba subordinado a la directora de DIDECO, ella era su jefe, tal como señala el representante de la demandada en su declaración de parte.
3.- Que don Juan Toledo Lazo, faltaba un día a su trabajo en el Municipio, se le descontaba del sueldo, es decir, tenía obligación de cumplir una jornada de trabajo diaria. Y además se le reconocieron, días administrativos y feriado legal, como señala el testigo de la demandada, jefe de personal de la Municipalidad señor Cabañas, y fue ratificado por los testigos del actor.
4.- Que en el ejercicio de sus funciones de trabajador, realizadas por el demandante, no hay ninguna diferencia entre las actividades que realizaba el demandante para la municipalidad entre el periodo que estuvo contratado por Código del Trabajo y el periodo en que estuvo a contrata, salvo el pago de las cotizaciones previsionales y la emisión de la boleta pago el pago.
En consecuencia, es aplicable al presente caso, la presunción del artículo 8 del referido cuerpo legal, tal como se señaló, ¿Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo¿.
En cuanto a lo señalado por la demandada, la magistrado que resuelve considera que no es posible acoger la teoría de la demandada, de que el actor prestaba servicios bajo una relación contractual de carácter civil como la establecida en el artículo 4 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, ya que, como ya se señaló, con la prueba rendida, ha quedado suficientemente acreditado que, la vinculación entre las partes en el presente caso, no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por esta disposición para la celebración de un contrato a honorarios. Considerando que el demandante no es profesional, técnico ni experto en ningún área, tal como se estableció con la prueba documental, confesional y testimonial rendida. Pero además las labores que realizaba no fueron nunca accidentales, sino que fueron habituales, lo que se acredita precisamente en que se mantuvo por más de tres años, en forma ininterrumpida, laborando para la demandada.
Finalmente el hecho de que el actor tuviera conocimiento de que los contratos que firmaba eran a honorario y no de trabajo, no le resta valides a lo acreditado en cuanto a la relación laboral que la ligó con la demandada, porque precisamente previniendo esta situación es que el Código del Trabajo reguló normas en protección del trabajador, que dan aplicación al principio de la primacía de la realidad y el principio indubio pro operario. Pero especialmente porque el artículo 9 de la normativa legal laboral establece que el contrato de trabajo es consensual, y con ello la formalidad de la escrituración y demás requisitos del contrato, son obligatorios para el empleador, y no perjudica, su ausencia o la escrituración de un contrato distinto, al trabajador. Y en cuanto al finiquito del trabajador, este no fue rendido como prueba, en consecuencia no existe a su respecto fecha cierta de su suscripción, ni de las estipulaciones en él contenidas, por tanto, no es posible darle el poder liberatorio de obligaciones laborales que pretende la demandada.
Con lo razonado previamente, en el sentido de haberse acreditado la relación laboral entre las partes, menester será rechazar totalmente la excepción de incompetencia interpuesta, por cuanto la relación entre las partes se ampara plenamente por la normas del Código del Trabajo y no por lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18.883.-
En cuanto a la excepción de caducidad de la acción, considerando que con fecha 27 de febrero del 2017, el demandante presento reclamo administrativo ante la inspección del trabajo y la acción fue interpuesta ante este tribunal con fecha 4 de marzo del 2017, tal como quedó acreditado con la copia de Acta de Comparendo de Conciliación de fecha 03 de marzo de 2.017 ante la Inspección del Trabajo de Pozo Almonte, es decir, la demanda se interpuso días desde la separación de funciones del trabajador y conforme lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, el cual establece que, en caso de presentarse reclamo ante la inspección del trabajo, el plazo para presentar la acción se suspende, no pudiendo extenderse por un plazo superior a 90, tal como ha ocurrido en el presente caso, menester será rechazar también la excepción de caducidad.
 En consecuencia, habiéndose rechazado la excepciones interpuestas y haciéndose acreditado la relación laboral, es de carga del empleador probar la causal de término del contrato y las formalidades del mismo, además del pago de las prestaciones demandadas.
NOVENO: Con lo analizado en el considerando anterior, son probados en la presente causa que el día 1 de marzo del año 2013, el demandante fue contratado por la demandada con contrato de trabajo, que en una fecha no determinada exactamente firmo un finiquito, cláusulas que no constan, ya que no fue rendido como prueba durante el juicio. También quedo suficientemente acreditado, tanto por la prueba documental, testimonial y exhibición de documentos, además de la declaración de las partes, que el actor continuó prestando servicios para la demandada en forma ininterrumpida desde marzo de 2013, durante los años 2014, 2015 y 2016. Desde el año 2014, el empleador dispone que la contratación debiera ser bajo un contrato de honorarios y/o prestación de servicios, relación contractual que duró hasta el día 20 de diciembre del año 2016. En consecuencia, la relación contractual que ligó a las partes se mantuvo vigente en forma ininterrumpida por un período superior a tres años, en virtud de contrato de trabajo y luego desde finales del año 2014, a honorarios, antecedentes que permiten dar por suficientemente acreditado que entre las partes del juicio efectivamente existido relación laboral regulada por el Código del Trabajo, ello por dos fundamentos esenciales.
Primero por lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, los cuales disponen lo siguiente; artículo 7, ¿Contrato individual de Trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste, a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios, una remuneración determinada¿. Y a su vez el artículo 8 prescribe ¿Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo¿.
En consecuencia, analizada la prueba rendida durante el juicio, conforme a las reglas de la sana crítica, es posible concluir que ha quedado suficientemente acreditado que la relación existente entre el actor y la demandada cumple con los requisitos del artículo 7 del Código del Trabajo, ya que tal como expresan los testigos de la propia demandada Cristóbal Cabañas Araya, y Yocelyn Manque Tapia, la única diferencia que ellos pudieron detectar entre el contrato a regido por el código del trabajo y el contrato a honorarios fue que en este último se dejó de pagar las cotizaciones y que el actor debía comenzar a emitir boletas de honorarios, y en consecuencia, aun cuando se hubieren celebrado varios contratos, algunos como contratos de trabajo y otros con una denominación distinta al contrato de trabajo, la realidad de los hechos permite dar lugar a la presunción del artículo 8 del referido cuerpo legal, en el sentido de que tanto en lo referente al cumplimiento de horarios, permisos, actividades a realizar y en cuanto a la subordinación y dependencias, las relación contractual entre el actor y la demandada se mantuvo en las mismas condiciones en forma ininterrumpida desde el año 2013 hasta el año 2016.-
En segundo lugar, porque así ha sido resuelto, por la excelentísima Corte Suprema, reiteradamente, en fallos de unificación de jurisprudencia, uno de los últimos, correspondiente a la causa rol 35.145-2016, de fecha 4 de enero de 2017, expresa en su considerando noveno, primeros dos párrafos (atingentes a esta causa) lo siguiente: ¿Noveno: Que, en consecuencia, y para los efectos de la unificación de jurisprudencia requerida, se reitera lo sostenido en las sentencias antes citadas (roles N° 11.584- 2015 y 8.002-2015), en el sentido que la interpretación que se estima acertada es la que le da vigencia a las normas del Código del Trabajo respecto de las personas contratadas por la Administración del Estado que, aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula la entidad contratante ¿en este caso la Junta Nacional de Jardines Infantiles¿ prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del ramo y no en los términos del Derecho Civil.

En el presente caso se trata de un profesional que si bien aparece contratado a honorarios para un proyecto concreto, se desempeñó en condiciones que no son compatibles con una prestación de servicios conforme a las modalidades previstas para el tipo de contrato en referencia, lo que se refleja en circunstancias de hecho que la legislación regula en el Código del Trabajo. Orienta especialmente la decisión de esta Corte el hecho que el desempeño profesional a honorarios no es acorde a una prestación de servicios como la descrita, esto es, bajo subordinación y dependencia, con obligación de asistencia diaria, cumpliendo horario, y realizando toda otra actividad necesaria para el buen funcionamiento dentro del marco normativo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles¿.

Y a su vez, el considerando décimo del referido fallo, aclara la interpretación que debe darse en caso como los que son objeto del presente juicio al disponer:

¿Décimo: Que, en consecuencia, la acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en relación, en este caso, con el artículo 11 de la Ley N° 18.834 y artículos 7 y 8 del primer texto legal citado, está dada por la vigencia de dicho Código del Trabajo para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie un servicio público, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del ramo. En otros términos, corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece ¿para el caso- el artículo 11 de la Ley N° 18.834, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, y que se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente¿.

En el mismo sentido han resuelto otros fallos de la misma Excelentísima Corte Suprema, los cuales se transcriben en sus considerados pertinentes, a modo de ilustración jurisprudencial:

a) Causa Rol de la Corte Suprema 7.091-2.015, unificación de jurisprudencia, sentencia de veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Expresa su considerando 7° que ¿si una persona se incorpora a la dotación de una municipalidad bajo la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos ya señalados en el motivo anterior, que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico, esto es, a través de la verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, porque dicho código constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna;¿

b) Causa Rol de la Corte Suprema 23.647-2.014, unificación de jurisprudencia, sentencia de seis de agosto de dos mil quince. Contrato a honorarios por el Servicio de la Vivienda y Urbanismo, SERVIU, conforme al artículo 11 de la Ley 18.834. Dice su fundamento 10° que ¿la acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo, en relación, en este caso, con el artículo 11° de la Ley N° 18.834, está dada por la vigencia de dicho Código del Trabajo para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie un Servicio Público, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del Ramo.¿
DÉCIMO: Conforme lo razonado en el considerando anterior, en el sentido de que la relación entre las parte fue de carácter contractual laboral entre el desde el 1 de marzo del año 2013 hasta el día 20 de diciembre del año 2016, es necesario analizar la segunda parte del punto de prueba N° 2, a saber; causal de término del vínculo jurídico que une a las partes sea este laboral, en tal caso, causal invocada, y si es civil el motivo para efectos de determinar si efectivamente es procedente un procedimiento laboral.
Como ya se estableció que la relación contractual entre las partes, es de naturaleza laboral, en estos términos deberá ser analizada.
A este respecto la prueba rendida por la demandada da cuenta de que no se cumplió con las formalidades del despido, ya que así lo expresan sus propios testigos y la prueba documental rendida, especialmente el documento denominado ¿No renovación de servicio a honorarios¿, el cual tiene fecha 29 de diciembre de 2016. Tanto lo señalado en el documento, como la fecha de expiración, dan cuenta y sirven de plena prueba en orden a que carece de los requisitos establecidos en el artículo 162 del Código del Trabajo, para ser considerada como carta de aviso de despido. Ya que fue expedida 9 días después del despido del trabajador y sin expresión de causal legal para el mismo.
Por tanto, en el presente caso, es necesario dar lugar a lo preceptuado en el artículo 454 del Código del Trabajo, en el sentido de que el empleador debe acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido.
En consecuencia no habiéndose acreditado una causal legal de término de las establecidas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, deberá necesariamente acogerse la acción de despido injustificado, tal como se señalará en lo resolutivo del presente fallo.
UNDECIMO: En cuanto a la acción de nulidad de despido, producto de que el demandado no pagó la cotizaciones previsionales del actor, se rechazará, por cuanto es la presente sentencia la que ha establecido la existencia de la relación laboral entre las partes, de modo tal que, mal puede exigirse al empleador el cumplimiento del pago de las cotizaciones previsionales del trabajador, si bien es exigible a la demandada las formalidades del despido, por lo razonado en el considerando anterior, no puede ser agravada dicha sanción por no pagar las cotizaciones al actor, ya que el empleador no le realizó descuento alguno en los pagos de su remuneración mensual para pago de cotizaciones, por tanto, tampoco estaba obligado a enterar el monto de las cotizaciones en la entidad previsional. En consecuencia, se rechazará esta acción y la sanción que se condice con la misma.
DUODÉCIMO: En cuanto al pago de las sumas solicitada por el actor, se analizará en primer lugar el monto de la última remuneración devengada, que corresponde al punto 3, de los hechos a probar, monto de las remuneraciones determinar si existe remuneración y el monto de esta que efectivamente se adeudare en caso de ser efectivo lo anterior
Con la prueba rendida por ambas partes, contratos y boletas, ha quedado suficientemente acreditado que la última remuneración del actor corresponde a la suma de $533.333 (Quinientos treinta y tres mil quinientos treinta y tres pesos), conforme lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo.
Con respecto a lo señalado por la demandada en el sentido de que no corresponde fijar este monto, por cuanto se establecería como pago de servicio, debe estarse a lo resuelto en los considerandos noveno y décimo, en cuanto a las cláusulas del contrato, ya que corresponde dar aplicación, en este punto, a la sanción del artículo 9 del Código del Trabajo, para el empleador que no escrituró el contrato laboral, la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato las que declare el trabajador, ello en relación con los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal.
Ellos además considerando el certificado emitido por el Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, en que se certifica que no fueron encontrados algunos documentos que se solicitó sean exhibidos por la demandada, bajo apercibimiento, entre los cuales se encuentran decretos de pago, boletas de honorarios emitidas por el actor e informes de gestión del mismo. Por tanto, considerando que las últimas boletas emitidas por el actor, que fueron exhibidas y que corresponden a los meses de junio, septiembre y noviembre todas del año 2016, todas por un monto de 533.333 (Quinientos treinta y tres mil quinientos treinta y tres pesos), sin contar las horas extras, aparecen como la suma que corresponde a la remuneración que efectivamente percibía el actor, monto que no ha logrado ser desvirtuada por la prueba rendida por la demandada.
DECIMO TERCERO: En cuanto al punto de prueba, correspondiente a procedencia de las prestaciones demandada. Esto es, feriado proporcional e indemnización, es necesario señalar que habiéndose establecido que el despido ha sido injustificado, tal como fue razonado en el considerando décimo del presente fallo y no habiendo acreditado el empleador con la prueba rendida en el juicio, el pago de la prestación e indemnizaciones demandadas, es procedente acoger la acción en cuanto a ordena que la demandada realice el pago de los conceptos demandado como prestaciones, en este caso, conforme lo decretado en el considerando décimo se ordena el pago de las indemnizaciones consistentes en a) Indemnización por falta del aviso sustitutivo equivalente a la suma de $533.333, ello conforme lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo; b) Indemnización por 3 años de servicios y fracción superior a 06 meses a la suma de $2.133.332, ello considerando lo dispuesto en lo artículo 163 del Código del Trabajo; c) Recargo del 50% de las indemnizaciones por años de servicio, equivalente a la suma de $1.066.666, dando aplicación a los dispuesto en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo; d) La suma de $ 340.177 (trescientos cuarenta mil ciento setenta y siete pesos pesos), por feriado proporcional pendiente.-
Sumas que deberán pagarse con los reajustes establecidos en el artículo 173 del Código del Trabajo.

DECIMO CUARTO: Dándose los presupuestos legales del artículo 459 N° 7 del Código del Trabajo, no se condena en costas a la parte demandada, por no haber sido totalmente vencida y por tener motivo plausible para litigar.
En consecuencia, conforme a lo razonado precedentemente, y visto lo dispuesto en los artículos conforme lo dispuesto en los artículos 1, 5 inciso 2°, 7, 8, 9, 63, 159, 160, 161, 162, 163, 168, 172,173, 415, 420, 425, 432, 446, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, todas disposiciones del Código del Trabajo; Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y Ley N° 18.834 Estatuto Administrativo; SE RESUELVE: 
I.- Que, SE RECHAZA la excepción de incompetencia interpuesta, atendido que se acreditó que la relación entre las partes se ampara plenamente por la normas del Código del Trabajo y no por lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18.883.-
II.- Que, SE RECHAZA la excepción de caducidad interpuesta, atendido que se acreditó que la acción se interpuso dentro de plazo conforme lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo.
III.- Que, SE ACOGE la demanda de existencia de relación laboral, interpuesta por don   Juan Toledo Lazo, ya individualizado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, declarándose en consecuencia, que la relación contractual entre don   Juan Toledo Lazo y la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, es de carácter laboral, la cual se inició el día 1 de marzo de 2013 y concluyó el día 20 de diciembre del año 2016.
IV.- Que, SE ACOGE la demanda de despido injustificado, interpuesta por don Juan Toledo Lazo, ya individualizada, en contra de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, declarándose en consecuencia que el contrato de trabajo entre las partes terminó con fecha 20 de diciembre del año 2016. Por haberse declarado la relación laboral entre las partes y que el despido ha sido injustificado, SE CONDENA a la demandada, Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, quien deberá pagar al actor los siguientes conceptos:
a) Indemnización por falta del aviso sustitutivo equivalente a la suma de $533.333 (Quinientos treinta y tres mil quinientos treinta y tres pesos).
b) Indemnización por 3 años de servicios y fracción superior a 06 meses equivalente a la suma de $2.133.332 (Dos millones ciento treinta y tres mil trecientos treinta y dos pesos).
c) Recargo del 50% de las indemnizaciones por años de servicio, equivalente a la suma de $1.066.666 (un millón sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos).
d) La suma de $340.177 (trescientos cuarenta mil ciento setenta y siete pesos pesos), por feriado proporcional pendiente.

e) Que las sumas adeudadas deberán pagar con reajustes e intereses conforme lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.-
V.- Que, SE RECHAZA la demanda de nulidad de despido, interpuesta por don Juan Toledo Lazo, ya individualizada, en contra de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, por los fundamentos expresados en la parte considerativa del presente fallo, específicamente considerando undécimo.

VI.- Que NO SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada, por no haber sido totalmente vencida y por tener motivo plausible para litigar.

Devuélvanse los antecedentes y documentos incorporados a la audiencia a quien los presento.

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.

 R.U.C. N° 17-4-0011871-K

 R.I.T. N° O-8-2017

 
Dictada por doña ISABEL PEÑA CIFUENTES Jueza Titular del Juzgado Laboral de Pozo Almonte.-