Documento LTM6.170.110

Jurisprudencia

RESUMEN

Se plantea demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante que tiene por objeto la condena de los dos demandados como administradores únicos que lo fueron de manera sucesiva de la mercantil deudora de la demandante por impago de facturas por suministros y de las costas procesales derivadas del juicio ordinario donde se reclamó a la mercantil deudora el importe de lo adeudado, es intereses y costas de la ejecución judicial de la sentencia condenatoria. Y ello bien por no haber promovido la convocatoria de la Junta para acordar la disolución de la sociedad al concurrir varias causas legales, bien al haber causado un daño a la actora por la cesación de hecho de la actividad social sin seguir el procedimiento legal de disolución y liquidación.
La sentencia de primera estima la demanda frente a uno de los demandados acogiendo únicamente la acción de responsabilidad por deudas, y la rechaza respecto al otro por considerar que el crédito a favor de la actora nació en la fecha de la sentencia firme que condenó a la mercantil que administró al pago de la deuda, posterior a su cese como administrador.
Apelada la sentencia tanto por la actora como por los dos demandados analiza las únicas cuestiones controvertidas.
La primera, cuándo nace la obligación a cargo de la sociedad deudora. Respecto de los que se señala que caben varias opciones: i) cuando se perfecciona el negocio jurídico; ii) cuando es exigible la obligación en el caso de que se haya aplazado su pago; y iii) cuando se haya dictado Sentencia judicial en la que declare la existencia de la deuda.
Atendiendo a que la finalidad perseguida en el art. 367.1 TRLSC es que el administrador social no genere nuevas obligaciones después de concurrir la causa de disolución consistente en la infracapitalización lo que agravaría aún más su situación patrimonial, la sala se decanta por la primera de las soluciones propuestas, esto es, cuando se contrae la deuda, atendiendo en este caso a la fecha de las facturas.
Y no así a la fecha de la sentencia que declara la existencia de la deuda y condena su pago a la mercantil, por no tenerla resolución eficacia constitutiva de la obligación sino declarativa de su existencia; y porque la seguridad jurídica impide tomar como referencia la fecha de la sentencia, pues se dejaría en manos de la parte acreedora la delimitación del ámbito de aplicación del régimen de responsabilidad solidaria consagrado en la legislación societaria, pues le bastaría con demandar a la sociedad tras la concurrencia de la causa de disolución para extender el ámbito de la responsabilidad de los administradores.
La segunda viene referida al momento en que surge la obligación a cargo del administrador social. Se tiene en cuenta que el art. 367.1 TRLSC anuda esta responsabilidad a la conducta pasiva del administrador porque incumple "la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución". En consecuencia, cuando el administrador social, siendo consciente de que concurre una causa de disolución, incumple la obligación de promover la convocatoria de la Junta dirigida a disolver la sociedad, responde de las deudas sociales contraídas después de acaecer la causa de disolución. Y se considera que si un administrador social cesa en su cargo antes de nacer la deuda no puede exigírsele responsabilidad alguna ex art. 367.1 TR LSC respecto de las deudas posteriores a su cese (STS 8 junio de 2016).
Y, por el contrario, si es nombrado el administrador social y, en virtud del deber de diligencia (art. 225 TRLRSC), debe de conocer que ya concurría una causa de disolución legal, a él le es exigible el deber de promover la convocatoria de la Junta para acordar la disolución social. Y, de no cumplir con esa obligación, responderá ex art. 367 TRLSC, aunque la deuda se haya contraído antes de haber sido nombrado como administrador.

ENCABEZAMIENTO

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 36-M13/17
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 578/15
JUZGADO DE LO MERCANTIL ALICANTE-1

SENTENCIA NÚM. 261/2017

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco-José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Sección especializada en los asuntos de lo mercantil, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 578/15, sobre responsabilidad de administradores sociales, seguidos en el Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de Alicante, de los que conoce en grado de apelación en virtud de sendos recursos entablados, de un lado, por la parte actora, XXX, S.A., representada por la Procuradora Doña Icíar Zamora Hernaiz, con la dirección del Letrado Don Isaac Trapote Fernández; de otro lado, la parte codemandada, Don DAVID, representada por la Procuradora Doña María del Carmen Baeza Ripoll, con la dirección del Letrado Don Francisco Javier Climent González, designados del turno de oficio al haber reconocido a la parte el derecho a la asistencia jurídica gratuita y; de otro lado, la parte codemandada, Don EMILIO, representada por el Procurador Don Alejandro Merolla Onceja, con la dirección del Letrado Don José Vicente Puchol Oliver, designados del turno de oficio al haber reconocido a la parte el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 578/15 del Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de Alicante se dictó Sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que con estimación íntegra de la demanda presentada por la Procuradora doña Iciar Zamora Hernaiz, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil XXX, S.A., contra don EMILIO, debo condenar y condeno a don EMILIO a que pague a la entidad mercantil XXX, S.A. las cantidades de 73.229,29 euros (principal) más todas aquellas cuantías que se devenguen, en concepto de intereses y costas procesales contra la entidad mercantil YYY, S.L., en el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales nº 90/2014, tramitado en el Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Barcelona, así como las posibles costas que pudiesen derivar de su ejecución. Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, don EMILIO.

Que con desestimación íntegra de la demanda presentada por la Procuradora doña Iciar Zamora Hernáiz, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil XXX, S.A., contra don DAVID, debo absolver y absuelvo a don DAVID de la totalidad de los pedimentos contenidos en la demanda. Todo ello sin expresa imposición de costas procesales, debiendo cada parte sufragar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpusieron sendos recursos de apelación por cada una de las partes y, tras tenerlos por interpuestos, se dio traslado a las demás, habiendo presentado la actora un escrito de oposición frente a los recursos de las dos demandadas y, el demandado DAVID escrito de oposición frente al recurso interpuesto por la parte actora.
Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 36-M13/17.
Se acordó sobre la admisión de los documentos aportados con el recurso de apelación interpuesto por Don EMILIO, el cual fue declarado en rebeldía en la instancia y; se acordó unir una copia de una Sentencia aportada por esa misma parte a los efectos meramente ilustrativos.
Se señaló la deliberación, votación y fallo el día de la fecha, en el que ha tenido lugar.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García-Chamón Cervera.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda que inicia este proceso tiene por objeto una pretensión de condena frente a Don DAVID, en su condición de Administrador único de la mercantil YYY, S.L. en el período comprendido entre el día 27 de mayo de 2010 hasta que renunció a su cargo el día 21 de junio de 2013 y, frente a Don EMILIO, en su condición de Administrador único de la misma mercantil a partir del día 21 de junio de 2013, al adeudar la referida mercantil a la actora la suma de 73.229,29.- euros que se desglosan en i) 60.218,01.- euros en concepto de distintos suministros cuyas respectivas facturas impagadas están fechadas en el período comprendido entre noviembre de 2011 y julio de 2012 y en ii) 13.011,28.- euros en concepto de costas procesales derivadas del Juicio Ordinario 1223/12 donde se reclamó a la mercantil deudora el importe de lo adeudado; más los intereses y costas que se devenguen en la Ejecución de Titulo Judicial 90/14 seguida en el Juzgado de Primera Instancia número 34 de Barcelona, bien por no haber promovido la convocatoria de la Junta para acordar la disolución de la sociedad al concurrir varias causas legales, bien al haber causado un daño a la actora por la cesación de hecho de la actividad social sin seguir el procedimiento legal de disolución y liquidación.
La Sentencia de instancia i) estimó la demanda frente a Don EMILIO al acoger únicamente la acción de responsabilidad por deudas imponiendo a este codemandado las costas causadas a la actora en la instancia; ii) desestimó la demanda frente a Don DAVID al considerar que el crédito a favor de la actora nació el día 5 de noviembre de 2013, fecha de la Sentencia firme que condenó a la mercantil YYY, S.L. al pago de la deuda, con posterioridad al cese de aquél como Administrador, pero no impuso las costas a ninguna de las partes al concurrir serias dudas.
Frente a la misma se han alzado las tres partes: 1) la actora impugna la fecha de nacimiento del crédito porque debe estarse a la fecha de la prestación del servicio y, no la fecha de la Sentencia, lo que llevará consigo la condena de Don DAVID, el cual era Administrador de la mercantil en ese momento; 2) el codemandado Don DAVID impugna el pronunciamiento sobre las costas al considerar que procede imponerlas a la parte actora en virtud del principio del vencimiento; 3) el codemandado Don EMILIO, el cual permaneció en rebeldía en la instancia, alega la improcedencia de su condena porque fue nombrado Administrador único de la mercantil demandada después del nacimiento del crédito a favor de la actora.
SEGUNDO.- Con carácter previo a la resolución de los recursos hemos de dejar sentado: i) la desestimación de la acción individual de responsabilidad por daños ex artículos 236 y 241 TRLSC ha devenido firme en esta alzada al no haber sido impugnada por la actora, parte perjudicada por este pronunciamiento; ii) ninguno de los recurrentes ha cuestionado que concurriera la causa de disolución acogida en la Sentencia de instancia, esto es, la prevista en el artículo 363.1.e) TRLSC: "Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social" y que ésta haya acaecido con anterioridad a las deudas.
Dos son las cuestiones controvertidas en esta alzada: en primer lugar, cuándo nace la obligación de la mercantil deudora, YYY, S.L.; en segundo lugar, cuándo surge la responsabilidad solidaria de los Administradores sociales ex artículo 367.1 TRLSC.
Respecto de la primera de las cuestiones apuntadas caben varias opciones sobre el nacimiento de la obligación a cargo de la sociedad: i) cuando se perfecciona el negocio jurídico, en nuestro caso, los sucesivos arrendamientos de materiales para encofrado entregados; ii) cuando es exigible la obligación en el caso de que se haya aplazado su pago; iii) cuando se haya dictado Sentencia judicial en la que declare la existencia de la deuda.
Atendiendo a que la finalidad perseguida en el artículo 367.1 TRLSC es que el administrador social no genere nuevas obligaciones después de concurrir la causa de disolución consistente en la infracapitalización lo que agravaría aun más su situación patrimonial, habrá que estar a la primera de las soluciones propuestas, esto es, cuando se contrae la deuda. En nuestro caso, al tratarse de entregas sucesivas de material para encofrado en régimen de arrendamiento habrá que estar a las facturas respectivas que todas ellas están datadas en el período comprendido entre el día 9 de noviembre de 2011 y el día 31 de julio de 2012

Descartamos que haya que estar a la fecha de la Sentencia que declaró la existencia de la deuda y condenó a la mercantil YYY, S.L. a su pago que fue dictada el día 5 de noviembre de 2013 por las siguientes razones: 1) la referida Sentencia no tiene eficacia constitutiva de la obligación sino declarativa de su existencia; 2) la seguridad jurídica impide tomar como referencia la fecha de Sentencia, pues se dejaría en manos de la parte acreedora la delimitación del ámbito de aplicación del régimen de responsabilidad solidaria consagrado en la legislación societaria, pues le bastaría con demandar a la sociedad tras la concurrencia de la causa de disolución para extender el ámbito de la responsabilidad de los administradores.
La segunda cuestión controvertida viene referida al momento en que surge la obligación a cargo del Administrador social. El artículo 367.1 TR LSC anuda esta responsabilidad a la conducta pasiva del Administrador porque incumple "la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución."

En consecuencia, cuando un Administrador social, siendo consciente de que concurre una causa de disolución, incumple la obligación de promover la convocatoria de la Junta dirigida a disolver la sociedad, responderá de las deudas sociales contraídas después de acaecer la causa de disolución.
Si un Administrador social cesa en su cargo antes de nacer la deuda no puede exigírsele responsabilidad alguna ex artículo 367.1 TR LSC respecto de las deudas posteriores a su cese (STS 8 de junio de 2016).
Por el contrario, si un Administrador social es nombrado y, en virtud del deber de diligencia (artículo 225 TRLRSC), debe de conocer que ya concurría una causa de disolución legal, a él le es exigible el deber de promover la convocatoria de la Junta para acordar la disolución social y, de no cumplir con esa obligación, responderá ex artículo 367 TRLSC aunque la deuda se haya contraído antes de haber sido nombrado como Administrador.
TERCERO.- Con lo dicho hasta ahora podemos entrar a resolver cada uno de los recursos:

En primer lugar, estimamos el recurso de apelación deducido por la actora porque la deuda fue contraída por la sociedad, no cuando fue declarada en la Sentencia de fecha 5 de noviembre de 2013 sino cuando se expidieron las respectivas facturas por las entregas de material de encofrado y, en ese momento era Administrador Don DAVID por lo que revocaremos la Sentencia de instancia en el sentido de incluir a este Administrador como deudor responsable solidario con la mercantil al haber incumplido la obligación de promover la convocatoria de la Junta con el objeto de disolver la sociedad.
En segundo lugar, desestimamos el recurso de apelación deducido por el codemandado Don DAVID porque, una vez acogido el recurso de la parte actora, deben imponérsele también a él las costas causadas en la instancia en virtud del principio de vencimiento objetivo reconocido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En tercer lugar, desestimamos el recurso de apelación deducido por el otro codemandado, Don EMILIO, porque en él concurren también todos los presupuestos para exigir la responsabilidad prevista en el artículo 367.1 TRLSC.
CUARTO.- No procede efectuar pronunciamiento alguno en esta alzada respecto del recurso de apelación deducido por la parte actora al haber sido estimado según prevé el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La desestimación de los recursos de apelación deducidos por las dos demandadas lleva consigo la imposición a cada uno de ellas de las costas causadas en esta alzada originadas por sus respectivos recursos según disponen los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
QUINTO.- Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación por la parte actora al haberse estimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
No procede efectuar pronunciamiento alguno sobre el destino de los depósitos de las partes demandadas porque no los constituyeron al estar exentos de esta obligación al habérseles reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLO

FALLAMOS: Con estimación del recurso de apelación deducido por la parte actora y con desestimación de los recursos de apelación deducidos por cada una de las dos demandadas contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución y, en su lugar, con estimación de la demanda promovida por la Procuradora Doña Iciar Zamora Arnaiz, en nombre y representación de XXX, S.A., contra Don DAVID y contra Don EMILIO, debemos de condenar y condenamos a los demandados a pagar a la actora la suma de SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (73.229,29.- euros) más todas aquellas cuantías que se devenguen en concepto de intereses y costas procesales contra la mercantil YYY, S.L. en el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales nº 90/14 tramitado en el Juzgado de Primera Instancia número 34 de Barcelona, así como las posibles costas que puedan derivar de su ejecución, con expresa imposición a los demandados de las costas causadas en la instancia; imponiendo a los demandados también las costas causadas en esta alzada originadas por sus respectivos recursos y sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada originadas por el recurso interpuesto por la parte actora y, acordando la devolución del depósito constituido por la actora para la interposición de su recurso.
Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales junto con los documentos aportados por la actora al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.
La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER en el caso de que legalmente proceda, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.
Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-