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Jurisprudence

Title: Apelación 019624-2019|Contratos|CONFIRMAR LA SENTENCIA N° 116-2021-03°JETPL-MSNP, CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2021, CORRIENTE DE FOJAS 127 A 148, QUE RESUELVE: 1.FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA; EN CONSECUENCIA: DECLARÓ LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL A PLAZO INDETERMINADO ENTRE LAS PARTES DESDE EL 1 DE JULIO DE 1999 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2005, POR DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS CIVILES Y MODALES.2.ORDENARON A LA DEMANDADA AL PAGO DE S/. 58,161.77 (CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 77/100 SOLES), A FAVOR DE LA DEMANDANTE POR LOS CONCEPTOS AMPARADOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.3.AUTORIZARON A LA DEMANDADA A EFECTUAR LAS RETENCIONES DE LEY QUE CORRESPONDAN.
Fields: Laboral
Date: 19/11/2021
File number: 19624-2019-0
Number: 19624-2019
Origin: Corte Superior de Justicia - Lima
Type of Matter: Contratos
Type of Resolution: Sentencia de vista
Tipo proceso: Ordinario
Class: Apelación
Voces: Poder judicial, Desnaturalizacion de contratos de locacion de servicios e invalidez de contratos c, Irma alicia miller trujillo
Petition: 2° SALA LABORAL
Reporting Judge: BARBOZA LUDEÑA
Country: Peru



SUMMARY

CONFIRMAR LA SENTENCIA N° 116-2021-03°JETPL-MSNP, CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2021, CORRIENTE DE FOJAS 127 A 148, QUE RESUELVE: 1.FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA; EN CONSECUENCIA: DECLARÓ LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL A PLAZO INDETERMINADO ENTRE LAS PARTES DESDE EL 1 DE JULIO DE 1999 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2005, POR DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS CIVILES Y MODALES.2.ORDENARON A LA DEMANDADA AL PAGO DE S/. 58,161.77 (CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 77/100 SOLES), A FAVOR DE LA DEMANDANTE POR LOS CONCEPTOS AMPARADOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.3.AUTORIZARON A LA DEMANDADA A EFECTUAR LAS RETENCIONES DE LEY QUE CORRESPONDAN.

HEADING

VISTOS:

En Audiencia Pública de fecha 17 de noviembre del año en curso, dejándose constancia de la inasistencia de las partes; e interviniendo como Juez Superior ponente, el señor Barboza Ludeña.

ASUNTO:

Es materia de apelación: La Sentencia N° 116-2021-03°JETPL-MSNP, contenida en la R esolución S/N , de fecha 22 de abril de 2021, corriente de fojas 127 a 148, que RESUELVE:

  1. FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia: DECLARÓ la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado entre las partes desde el 1 de julio de 1999 al 30 de setiembre de 2005, por desnaturalización de contratos civiles y modales.
  • ORDENO a la demandada al pago de S/. 58,161.77 (CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 77/100 SOLES) a favor de la demandante por los conceptos amparados en la presente resolución.
  • AUTORIZÓ a la demandada a efectuar las retenciones de ley que correspondan.
  • ORDENÓ a la demandada el pago de intereses legales que será liquidado en ejecución de sentencia.
  • ORDENÓ a la demandada el pago de costos del proceso, el cual será liquidado en ejecución de sentencia.
  • EXIMIÓ a la demandada del pago de costas del proceso.


  • AGRAVIOS:

    El demandado mediante su recurso de fecha 05 de mayo del 2021, inserto de fojas 151 a 179, interpone apelación, expresando los siguientes agravios:

    1. La recurrida afecta el derecho al debido proceso y la debida motivación de resoluciones judiciales, pues existe motivación aparente efectuada por la instancia de mérito, ya que se sirve de las figuras jurídicas mencionadas, las que son plenamente válidas en el actual proceso laboral, empero a fin de favorecer notoriamente a la parte demandante y evitar un mayor estudio del caso concreto; sumado a ello, respecto a la congruencia procesal, el cual es el principio normativo que exige la identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el Juez en la sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes; por lo que, consideran que la sentencia apelada, carece de la observancia de dichas exigencias, lo que acarrea la nulidad del acto procesal.
    ii) No se ha sustentado la decisión de declarar la desnaturalización de los contratos de locación de servicios, en merito a algún medio probatorio idóneo que demuestre que en la realidad de los hechos la demandante ha estado sujeto a subordinación, limitándose a inferir hechos a partir del servicio prestado, así como no se ha identificado si se está ante una causal de simulación o fraude, resultando inconsistente lo resuelto; en cuanto a la presunción de laboralidad esta no implica una ausencia de probanza por parte del trabajador sino de facilitarle dicha actividad.

    iii) En cuanto a la desnaturalización de los contratos para servicio específico, el Juzgado ha determinado sin mayor sustento fáctico, lógico ni jurídico que los mismos se encuentran desnaturalizados, pues sostiene que no se ha tenido en consideración que se ha cumplido con la exigencia de escrituralidad y señalar la causa objetiva de la contratación, no pudiendo contratar a plazo indeterminado sin haber ganado concurso público, por lo que era necesario contratar al demandante de manera temporal a fin de que no se perjudique la misión del poder judicial.

    iv) Sobre el reconocimiento de vínculo laboral a plazo indeterminado, no se ha tenido en cuenta que para reconocerle dicha condición es requisito que gane un concurso público de méritos, conforme a lo dispuesto por la Ley 28175 - Ley Marco del Empleo Público, concordante con las normas internas que señala para el ascenso, por lo que al no encontrarse acreditado el ingreso de la demandante por concurso público de méritos la recurrida debe ser revocada y declarar infundada la demanda, revocando el pago de beneficios sociales por desnaturalización de los contratos de locación de servicios, por cuanto, el A quo no ha tenido en cuenta que en atención a las constancia de pago y los contratos adjuntos a autos, la demandante se encontraba bajo las exigencias previstas en el artículo 1764 del Código Civil, por lo que, es ilegal que pretenda el pago de supuesto beneficios sociales que son propios del régimen laboral de la actividad privada.

    v) Respecto al reconocimiento de la naturaleza remunerativa del bono por función jurisdiccional y su incidencia en los beneficios pretendidos, expresa que no se ha tenido en cuenta las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional que ha determinado el carácter no remunerativo ni pensionable del bono por función jurisdiccional; por lo tanto en atención al mandato de orden constitucional, los demás órganos jurisdiccionales necesariamente deben interpretar y aplicar los reglamentos que regulan el otorgamiento de este bono conforme al criterio que ha vertido el TC, vale decir señalar que el bono por función jurisdiccional no tiene naturaleza remunerativa.

    vi) El Juez de Primera Instancia, no ha tenido en consideración que el bono por función jurisdiccional, al no tener carácter remunerativo, no ha sido tomado en cuenta para efectuar los descuentos, por los siguientes conceptos; días de falta, minutos de tardanza, minutos de permiso personal y otros, por el período peticionado en el proceso, por lo que, en el supuesto negado que se considere la naturaleza remunerativa del bono, sería congruente que se tome en cuenta ello, para reducir algún monto que se reconozca en la sentencia a favor de la demandante.

    vii) Respecto a las asignaciones excepcionales otorgados por el Decreto Supremo N° 045-2003-EF, Decreto Supremo N° 016-2004-EF. Decreto de Urgencia N° 017-2006-EF, Ley N° 29142 (Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2008) y el Decreto Supremo N° 002-2016-EF; señala que las fuentes normativas que crearon las referidas asignaciones excepcionales dispusieron de modo uniforme su carácter no remunerativo; ya que su otorgamiento se fundamenta en las liberalidades del empleador; siendo concedidas como un acto de apoyo económico siendo otorgadas de manera excepcional por lo que no tiene carácter remunerativo ni naturaleza pensionable no siendo base de cálculo para ningún tipo de beneficio; así como la parte demandante no ha aportado medios probatorios que permitan determinar la naturaleza remunerativa, exigencia prevista en la ley procesal del trabajo.

    viii) El Juzgador no advierte que el artículo 77° de nuestra Carta Magna prescribe que "El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización mientras que el artículo 78° de dicho cuerpo constitucional establece que "(...) El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado En ese contexto, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, prevé que: "Las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de la Ley General, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad".

    ix) Que, conforme se verifica en sus argumentos, no correspondería los pagos demandados por la parte accionante, por lo que, tampoco generaría intereses legales ni financieros al respecto, siendo así devendría en infundado lo solicitado.

    x) En relación a los costos procesales señala que no se ha tomado en cuenta que forma parte de una entidad del Estado, que se encuentra sujeta a un presupuesto anual, por tanto, los costos y costas procesales deben desestimarse, más aún si el Poder Judicial en aplicación supletoria del artículo 413° del Código Procesal Civil se encuentra exento de su condena; no observándose el principio de razonabilidad para determinar el pago de los costos del proceso, ya que no ha mostrado una actitud de mala fe o temeridad contraria al ordenamiento jurídico, pues el Poder Judicial se vio imperativamente sujo al cumplimiento de las normas que han citado a lo largo de su escrito de apelación.

    FACTS

    CONSIDERANDO:

    PRIMERO: Del recurso de apelación

    1.1. De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.

    1. 2. Los principios, dispositivo y de congruencia procesal, que rigen el recurso de apelación, significa que este órgano superior revisor, al resolver la apelación, deberá pronunciarse sólo sobre aquellas alegaciones (pretensiones o agravios) invocados por el impugnante en su recurso, estando impedido de modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista apelación o adhesión de la otra parte.

    SEGUNDO: Delimitación de pretensiones

    2.1. De autos, conforme al escrito de demanda y el Acta de Audiencia de Conciliación que obra de fojas 124 a 126, se desprende que las pretensiones materia de juicio son las siguientes:

    - Determinar si corresponde declararse la desnaturalización de los contratos de locación de servicios por uno indeterminado entre el período 01/07/1999 hasta el 30/09/2004 y como consecuencia por la inaplicación de la primacía de la realidad y se declare la desnaturalización de contratos se pague los beneficios no pagados por estar como SNP.

    - Determinar si corresponde la desnaturalización de contrato de plazo fijo por uno de carácter indeterminado por el período 01/10/1999 al 30/09/2005 por la aplicación de la primacía de la realidad y se ordene el reintegro del bono por función jurisdiccional en su condición de secretaria de su juzgado por dicho período.

    - Determinar si corresponde el reintegro del bono por función jurisdiccional por aplicación de la demandada de acción popular por el período marzo del 2008 hasta noviembre de 2011 en estricta aplicación de la Resolución Administrativa N° 305-2011 en carácter retroactivo de dicha resolución.

    - Determinar si corresponde se declare el carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales otorgadas a los trabajadores y como consecuencia el reintegro del pago de gratificaciones de fiestas patrias y de navidad y CTS.

    - Intereses legales y costos del proceso.

    2.2. La demandante fundamenta su pretensión refiriendo que: "entre el 1 de julio al 30 de setiembre de 1999 suscribió contratos de locación de servicios; sin embargo, en aplicación del principio de primacía de realidad, se trató de un vínculo de naturaleza laboral. A partir del 1 de octubre de 1999 suscribió contratos modales hasta el 30 de setiembre de 2005, teniendo la calidad de indeterminada desde el 31 de octubre de 2005 al 31 de julio de 2016, fecha en que cesó. Asimismo, que el bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales tienen carácter remunerativo, por lo que, deben forman parte de la remuneración computable para el cálculo de los beneficios sociales."

    2.3. Por su parte la demandada, contestada la demanda indicando que: "en modo alguno se ha cumplido con acreditar la subordinación alegada, que el contrato modal establece expresamente la causa objetiva de contratación y que el bono jurisdiccional y asignaciones excepcionales no tienen carácter remunerativo."

    2.4. Con la sentencia, se declaró fundada en parte la demanda y es apelada únicamente por la parte demandada, por lo que, al no haber interpuesto la actora recurso impugnatorio alguno, se colige su conformidad con lo resuelto, así como con los montos amparados; en ese sentido, este Colegiado emitirá pronunciamiento únicamente en función a los agravios expuestos por el apelante, conforme a los fundamentos que se pasan a exponer.

    TERCERO: Análisis del agravio i) referido a la pretensión impugnatoria nulificante

    3.1. Es importante precisar que, existe contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, cuando en el desarrollo del proceso no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales.

    3. 2. Conforme lo ha precisado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, el principio de motivación de las resoluciones judiciales contenido en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú, garantiza que los Jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenecen, deben expresar el proceso lógico que les ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; en ese sentido, habrá motivación siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y resuelto y que por sí misma exprese una justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa. Este principio materializa la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que exige, entre otros requisitos, que toda resolución sea razonada, motivada y fundada en derecho, ya que la omisión de éstos conduce a la arbitrariedad del pronunciamiento.

    3. 3. Resulta pertinente señalar que la incongruencia en las resoluciones se presenta de las siguientes maneras: a) En relación a la pretensión principal.-Cuando se aprecia una disfunción en el manejo de las pretensiones pues el juez les da un tratamiento inadecuado a los elementos objetivos y subjetivos de la pretensión procesal, al petitorio y a la causa petendi, así como a los elementos subjetivos- demandante y demandado-; b) Fáctica.- Conocida como incongruencia de los hechos o del material fáctico, la cual tiene lugar cuando el juez se parta de los hechos y de los medios probatorios propuestos; c) Relacionados a los puntos controvertidos establecidos en el proceso.- Cuando el juez omite pronunciarse sobre los mismos o simplemente pronunciarse parcialmente sobre los mismos 1.

    3. 4. De otro lado es menester precisar que el artículo 197º del Código Procesal Civil, señala que todos los medios probatorios deben ser valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada; en tal sentido, deben ser estudiadas en sus elementos comunes, en sus conexiones directas e indirectas, no pueden tomarse en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su conjunto; es decir, deben integrarse coherentemente para así alcanzar su verdadero valor demostrativo, permitiendo que las decisiones que se emitan en un proceso sean adecuadamente motivadas mediante una derivación razonada de los valores, normas y circunstancias del desarrollo del caso concreto.

    3. 5. Del examen del mérito de los actuados es de precisar, que el Juez de la causa ha emitido pronunciamiento respecto a lo pretendido, de conformidad al artículo 31° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Ley N° 29497; por lo que, la sentencia se ha emitido de forma lógica y con conexidad entre los hechos probados. Asimismo, lo decidido se ha basado en la normativa aplicable al presente proceso; por lo que, concluye que la recurrida ha sido expedida con observancia del debido proceso.

    3. 6. Además, debe tenerse en consideración que no todo, ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, dado que el Juez Superior puede integrar la resolución recurrida cuando se haya omitido pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio; no obstante, de la revisión de la sentencia apelada , se aprecia que se ha cumplido con resolver todas las cuestiones materia de las pretensiones contenidas en la demanda; expresándose además los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes, de manera congruente, de los cuales este Colegiado no necesariamente puede dar su conformidad pero que ello, no invalida ni acarrea la nulidad de la sentencia; por lo que, se concluye que la sentencia venida en grado, no vulnera los principios procesales como el debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y congruencia procesal y debida motivación. En consecuencia, se desestima como agravio el primer alegato del demandado.

    CUARTO: Del agravio ii) de la parte demandada sobre la desnaturalización de los contratos de locación de servicios

    4.1. Sobre este extremo, la parte recurrente cuestiona la supuesta valoración realizada por la A quo respecto a la acreditación de elementos del contrato de trabajo, señalando que no existe medio probatorio idóneo que demuestre que en la realidad de los hechos la demandante ha estado sujeto a subordinación, así como no se ha identificado si se está ante una causal de simulación o fraude. Al respecto, cabe señalar que a fin de resolver la presente causa, resulta pertinente mencionar, que el contrato de locación de servicios es una forma de vinculación contractual, regulado por el Código Civil de 1764, mediante el cual el locador de servicios, sin encontrarse subordinado, se obliga al comitente a prestar servicios mediante un plazo determinado, a cambio de una contraprestación económica; así, existe un consenso en la doctrina por el cual el contrato de locación de servicios es una herramienta jurídica que permite la contratación de servicios personales en un régimen de autonomía y no de subordinación, lo que implicará que el locador principalmente no se encontrará obligado a concurrir al local del comitente, no estará obligado a observar una jornada así como un horario para la prestación de servicios, etc. 2.

    4.2. En la configuración legal del contrato de locación de servicios, la propia doctrina refiere que tal contrato podrá encuadrarse en cualquier prestación de servicios de carácter independiente, en cuanto, la misma conllevará a la evasión (como consecuencia) de la legislación laboral en cada caso en concreto 3 . Por ello, el artículo 1764° del Código Civil prescribe que: "El locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución".

    4.3. Sin embargo, en lo que respecta al contrato de trabajo regulado en el Texto Único Ordinario del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral previsto en el Decreto Legislativo N° 003-97-TR 4 , la doctrina laboralista ha definido que la misma es un acuerdo de voluntades por el cual una de las partes (trabajador) se compromete a prestar personalmente sus servicios en relación de subordinación a favor de la otra llamada empleador, quien a su vez está obligado a pagar a favor de aquél una remuneración por los servicios prestados; en tal sentido, resultará claro colegir que el contrato de trabajo es una relación jurídica específica por el cual una persona se obliga a trabajar por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra o a estar simplemente a sus órdenes, recibiendo como compensación una retribución en dinero 5, o, en otras palabras, un convenio elevado a protección fundamental, según el cual, un trabajador bajo dependencia se coloca a disposición de uno o más empleadores a cambio de una retribución, elevada, también, a idéntica protección fundamental 6.

    4.4. Por ello, ya es de pleno conocimiento que los elementos constitutivos de esta clase de contrato serán: a) la prestación personal de servicios, b) la remuneración, y, c) la subordinación; en consecuencia, los cuales serán constitutivos y necesarios y por cuanto la falta de uno de ellos daría lugar a una relación jurídica diferente a la que es materia de protección de la presente disciplina jurídica, con tal fin, en reiterada jurisprudencia, tales como en las sentencias recaídas en los Expediente N° 01846-2005-PA/TC, N° 3012-2 004-AA/TC, N° 8332004-AA/TC, N° 1944-2002-AA/TC y N° 0833-2004-AA/TC se ha precisado que ante la concurrencia de los tres elementos mencionados, estaríamos indefectiblemente en presencia de una relación laboral.

    4.5. Sin embargo, en virtud a la Nueva Ley Procesal de Trabajo Ley N° 27497, para demostrar la relación laboral no se requiere de la concurrencia de los tres elementos, porque el artículo 23.3 establece: "Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario 7.

    4.6. En el presente caso, la demandada no ha negado la prestación de servicios por el período de del 01 de julio al 30 de setiembre de 1999, como Técnico Judicial, indicando que la misma se realizó bajo un contrato de locación de servicios, que de ningún modo implicaron la existencia de un supuesto "vínculo laboral del régimen privado"; dicha prestación de servicios se encuentra acreditada con el contrato de locación de servicios que obra a fojas 21, apreciándose en el referido contrato, de la cláusula cuarta que: "El Locador, no podrá transferir, ceder, total ni parcialmente las obligaciones derivadas del presente contrato debiendo ejecutar directamente los servicios pactados."; en consecuencia, está acreditado que la actora prestó servicios en forma personal a favor de la demandada, dentro de un horario de trabajo, cargo que en modo alguno podía ser delegado a un tercero, y por tanto se encontraba bajo subordinación, ya que su labor tenía que ser supervisada o controlada por un jefe inmediato por la propia naturaleza de sus funciones, pues no causa convicción la teoría del caso de la demandada que las labores que realizaba la demandante no se encontraban sujeta a fiscalización, por cuanto dicho cargo desempeñado forma parte de las funciones propias de la estructura orgánica de la emplazada.

    4.7. Por consiguiente, percibió una remuneración mensual, por el cargo y labores desarrolladas como Técnico Judicial, lo cual queda corroborado con lo establecido en la cláusula Tercera, al establecerse que: "Honorarios: Ambas partes acuerdan que los honorarios a pagarse como consecuencia del presente contrato asciende a la suma total de S/.2,100.00 (DOS MIL CIEN CON 00/100 NUEVOS SOLES), previos los descuentos de ley correspondiente; importe que se cancelará previa presentación del documento de Conformidad de Servicio que extenderá el funcionario del Poder Judicial solicitante del servicio.", quedando acreditado con ello, el elemento remuneración.

    4.8. En cuanto al elemento de subordinación, el cual constituye uno de los elementos más importantes del contrato de trabajo, requisito primordial que determina si las labores efectuadas fueron de naturaleza laboral o civil, en tanto en una relación laboral el empleador tiene facultades para normar reglamentariamente las labores y sancionar disciplinariamente, estando facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo conforme lo establece el artículo 9° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR;9; el mismo, que se concluye estuvo inmerso dentro de las funciones realizadas por la demandante, toda vez que ésta ejerció el cargo de Técnico Judicial y como tal un cargo de carácter permanente dentro de las actividades principales que presta la demandada, lo que conlleva a concluir que los contratos de Locación de Servicios suscritos desde del 01 de julio al 30 de setiembre de 1999, son de naturaleza laboral y no civil, por haberse desnaturalizado, lo cual en la realidad encubrió la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, bajo el régimen de la actividad privada regulada por el Decreto Legislativo 728 por dicho periodo, conforme así ha sido determinado por el Juez de Primera instancia, desestimándose de esta manera el presente agravio.

    QUINTO: Análisis de los agravios iii) y iv) referidos a la desnaturalización de los contratos modales y reconocimiento a un contrato de trabajo a plazo indeterminado:

    5.1. Con relación al agravio indicado, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR en su artículo 63° regula la modalidad de contrato para obra determinada o servicio específico precisando: "( ...) que son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración será la que resulte necesaria. En este tipo de contratos podrá celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la contratación.". Con relación a este tema el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N°0804-2008-PA/TC, de 26 de marzo de 2009 en su fundamento 6 precisa: "(...) existen dos casos en los cuales se puede verificar la simulación o el fraude a las normas laborales: a) Cuando la causa, objeto y/o naturaleza de los servicios que se requieren contratar corresponden a actividades ordinarias y permanentes; y, b) Cuando, para eludir el cumplimiento de las normas laborales que obligarían a la contratación por tiempo indeterminado, el empleador aparenta o simula condiciones que exige la ley para la suscripción de contratos de trabajo sujetos a modalidad.

    5.2. Si bien es cierto que, a fojas 23 obra el contrato modal por servicio específico, suscritos desde el 01 de octubre de 1999, el mismo que se extendió hasta el 30 de setiembre de 2005; también lo es, que mediante la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 301-2005-P/PJ, obrante de fojas 25 a 30, se aprecia que se le reconoce a la actora que, desde el 01 de octubre de 2005 hasta la actualidad, el vínculo es bajo un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Sin embargo, conforme se ha determinado en los considerandos precedentes, a la demandante se la ha reconocido un contrato de trabajo a tiempo indeterminado y como tal, sujeto al Decreto Legislativo N° 728, es decir, determinándose que en este periodo el actor fue contratado bajo la modalidad del régimen laboral privado a plazo indeterminado, con derechos y beneficios inherentes a dicho régimen, contenidos en su esfera jurídica; consecuentemente el periodo de contratación mediante contratos modales para servicio específico, por el período del 01 de octubre de 1999 al 30 de setiembre de 2005 devienen en inválidos, en aplicación de los principios de continuidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales establecidos en el artículo 26 de la Constitución Política del Estado y que han sido reconocidos en la sentencia de primera instancia. Motivo por el cual, se desestiman los presentes agravios.

    5.3. Respecto al ingreso a la carrera administrativa, se debe considerar que si bien el artículo 5° de la Ley N° 28175 que determina: "el acceso al empleo público mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades"; también lo es que, con el reconocimiento de la relación laboral que vincula a las partes no se está disponiendo el acceso de la demandante a un empleo público, pues ésta ya se encontraba laborando a mérito de haber sido contratada ocultando la verdadera naturaleza de la relación laboral que los une, lo cual fue reconocido posteriormente incluso por la propia demandada; es así, que el objeto del proceso es determinar que la relación habida entre las partes es una de naturaleza laboral indeterminada en aplicación de las disposiciones legales que amparan la pretensión de la demandante que se citan en la resolución de primera instancia; a lo cual cabe agregar que por Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 301-2005-P/PJ, de fecha 12 de agosto de 2005 (fojas 25/30), procedió a reconocer a la actora como trabajadora con contrato a plazo indeterminado, incorporándola a la carrera pública.

    SEXTO: Análisis del v) y vi) agravios referidos al carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional

    6.1. Los agravios están referidos a que se analice los supuestos determinados del carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales, al respecto, cabe señalar que la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado de 1993 estipula: "Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú", disposición concordante con lo dispuesto en el artículo 24° de la Constitución, que prescribe "El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente , que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual"; de manera que estas disposiciones deben de interpretarse de acuerdo con los Tratados de Derechos Humanos, ratificados por el Perú. (Énfasis y subrayado es agregado).

    6.2. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 13282 de 09 de diciembre de 1959, establece en su artículo 23° que: " (...) 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social".

    6.3. Igualmente, el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por el Perú por Decreto Ley Nº 22129 de 28 de marzo de 1978, en su artículo 7° precisa: " Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie ; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual".

    6.4. Así como el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor" de 1951, ratificado por el Perú mediante Decreto Legislativo N° 13284 del 01 de febrero de 1960, establece en su artículo 1°: "A efectos del presente Convenio: a) el término << remuneración >> comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo , y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directo o indirectamente, al trabajador, en concepto de empleo de este último ". Es decir, la remuneración es considerada desde una perspectiva totalizadora en el que se incluirán todos los conceptos que perciba el trabajador como consecuencia de laborar para el empleador 8.

    6.5. Dentro de este contexto, el Tribunal Constitucional ha señalado que el contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración comprende: i) el acceso, en tanto nadie está obligado a prestar servicios sin retribución; ii) no privación arbitraria, como reflejo del acceso, en tanto ningún empleador puede dejar de otorgar la remuneración sin causa justificada; iii) prioritario, en tanto que su pago es preferente frente a las demás obligaciones del empleador, de cara a su naturaleza alimentaria y su relación con el derecho a la vida y el principio-derecho a la igualdad y la dignidad; iv) Equidad, al no ser posible la discriminación en el pago de la remuneración, y v) suficiencia, por constituir el quantum mínimo que garantiza al trabajador y a su familia su bienestar 9.

    6.6. A lo cual, se debe agregar que conforme a la doctrina, las características de la remuneración son: a) carácter alimenticio, se desprende del hecho que por estar dedicado el trabajador en forma personal a cumplir con sus labores a favor del empleador, no puede desarrollar otras actividades que le permitan satisfacer las necesidades de subsistencia de él y de su familia, debiendo atender dichas necesidades con la remuneración que percibe; b) carácter dinerario, implica que la remuneración debe ser pagada en dinero, pues, esta le permite al trabajador y su familia adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades, en cuanto al pago en especie, si bien es cierto, la ley lo permite consideramos posible aceptar que solo una parte de la remuneración sea abonada en especie, pues, un criterio en contrario solo favorecería el abuso del empleador; y c) carácter de independencia del riesgo de la empresa, significa que las pérdidas que sufra la empresa como consecuencia de la naturaleza aleatoria de la actividad económica no pueden perjudicar las remuneraciones de los trabajadores, pues, el empleador es el único responsable de la explotación del negocio.

    6.7. Todo lo cual, tiene como correlato lo dicho en el II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral (acuerdo 4.2) se acordó por unanimidad " El Bono por función jurisdiccional y el Bono por función fiscal tienen naturaleza remunerativa , y como tal, son computables para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios, además de tener carácter de conceptos pensionables , específicamente para el caso de los jueces y fiscales". (El subrayado es nuestro). O sea, la naturaleza remunerativa del monto que percibe el trabajador no se limita solo al marco del principio de legalidad y la disposición que la contiene, sino al marco de las normas convencionales y constitucionales, ello para ejercer el control de arbitrariedad al que recurre el empleador para desconocer los derechos laborales que luego subyacen de la misma.

    6.8. En ese sentido, se tiene el artículo 6° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece " Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios , en dinero o en especie , cualquiera sea la forma o denominación que tenga , siempre que sean de su libre disposición "; mientras que el artículo 7° de la misma ley precisa que "No constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en los Artículos 19 y 20 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650" .

    6.9. Por lo que, se tiene que un concepto tiene naturaleza remunerativa si: 1) Constituye una contraprestación (retribución) por el empleo del trabajador; 2) Importa una ventaja patrimonial para el trabajador, dado que incrementa su patrimonio o impide su reducción; 3) Es de libre disponibilidad del trabajador, quien no sustenta el destino o uso asignado; 4) No debe estar excluido legalmente. Como lo dispone el artículo 9 del Decreto Supremo N° 001-97-TR- del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios - que dispone que "Son remuneración computable la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se incluye en este concepto el valor de la alimentación principal cuando es proporcionada en especie por el empleador y se excluyen los conceptos contemplados en los artículos 19 y 20".

    6.10. En ese sentido, respecto a la exclusión legal, de los conceptos regulados en los artículos 19° y 20° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, tienen como características que son eventuales en su percepción o no incrementan el patrimonio del trabajador o son conceptos que constituyen una condición necesaria para la prestación del servicio. Estas características especiales de tales conceptos hacen que sea razonable su exclusión de la vis atractiva de la remuneración.

    6.11. Ello es particularmente importante, porque nuestro país ha adoptado la forma de un Estado Social de Derecho, que deriva de la interpretación de los artículos 43° y 45° de la Constitución Política del Estado, en consecuencia, el ejercicio del poder constituido se efectúa "Con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen". En ese sentido, todas las instituciones públicas e incluso el Poder Legislativo, sujeta el ejercicio de sus potestades a las limitaciones que prevé la Constitución. En esa línea, debe observarse el principio-derecho a la igualdad y no discriminación contemplada en el inciso 2) del artículo 2° de la Constitución y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por el Perú 10. Respecto a este derecho el Tribunal Constitucional ha señalado:

    " [...] La igualdad como derecho fundamental  está consagrada por el artículo 2º de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: << (...) toda persona tiene derecho (...) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole >> . Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación .

    Constitucionalmente , el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley . La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma ; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales , y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.     

    Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado social y democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable . La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables" 11 (énfasis agregado). 

    6.12. De otro lado, se aprecia en los artículos 19° y 20° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650 - Ley de Compensación por Tiempo de Servicios 12 detalla la naturaleza de los conceptos que no tienen carácter remunerativo para los trabajadores del sector privado. Estos conceptos excluidos tienen la característica de que atienden a ciertas particularidades que hacen razonable su exclusión. En efecto, los conceptos anotados o bien son eventuales en su percepción (incisos a, b y g) o no comporta una ventaja patrimonial para el trabajador (inciso c, e, i) o constituye una condición necesaria para la prestación del servicio (inciso j, artículo 20°) o su percepción está condicionada (inciso b, f) o está delimitada para el consumo del trabajador y su familia (inciso h). Entonces, se aprecia la aplicación del principio de razonabilidad para la exclusión de los conceptos percibidos del carácter remunerativo.

    6.13. En consecuencia, desde la perspectiva de la faceta de igualdad en la ley del derecho fundamental a la igualdad, los conceptos percibidos por los trabajadores del Estado a los cuales se le excluye su carácter remunerativo deben observar también el principio de razonabilidad, porque de lo contrario es ceder paso a la arbitrariedad lo cual está sancionada por la Constitución conforme a la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 03167-2010-PA/TC. En efecto, el Tribunal señala:

    " 11. En este sentido, la razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado a la justicia y está en la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho . Se expresa como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de las facultades discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en ese contexto respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. Como lo ha sostenido este Colegiado, esto "implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos" (Cfr. Exp. Nº 0006-2003-AI/TC) .

    12. Al reconocerse en los artículos 3º y 43º de la Constitución Política del Perú el Estado Social y Democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta . Este principio tiene un doble significado: (i) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión . Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo (Cfr. Exp. Nº 0090-2004-AA/TC)".

    6.14. Entonces, en la definición de los conceptos no remunerativos de los trabajadores estatales, también debe observarse el principio de razonabilidad y el derecho a la igualdad y no discriminación, considerada desde su faceta de igualdad en la ley. Desde esa perspectiva, para que la exclusión legal del carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional sea acorde con la Constitución debe contar con sustento razonable. En esa perspectiva, según los Reglamentos que regulan su otorgamiento, esta Bonificación se otorga de manera mensual por la prestación de servicios e inclusive en periodos vacacionales, salvo las excepciones de licencias con goce de haber, lo que denota su carácter contraprestativo; en tanto constituye el otorgamiento de montos dinerarios, representa una ventaja patrimonial; es de libre disposición de quien lo percibe, pues no está condicionada a la sustentación de su destino o uso.

    6.15. Si bien, el Bono por Función Jurisdiccional fue creado mediante Ley Nº 26553, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 1996, que en su Décima Primera Disposición Transitoria y Final señaló: "Exceptúese al Poder Judicial de lo dispuesto en el Artículo 24 de la presente Ley, la percepción por tasas, aranceles y multas judiciales a que se contraen las Resoluciones Administrativas Nºs. 002-92- CE/PJ y 015-95-CE/PJ, las establecidas en los Artículos 26 y 51 del Decreto Supremo Nº 003-80-TR y toda otra multa creada por Ley que ingrese al Tesoro Público por concepto de actuación judicial. Tienen la misma condición los productos de remate de los denominados Cuerpos del Delito, el valor de los Depósitos Judiciales no retirados conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil, el monto de las cauciones no sujetas a devolución, el arancel por legalización de Libros de Contabilidad y los demás que las leyes y otras normas le asignen. La distribución de los Ingresos arriba mencionados, se hará de la siguiente manera: Hasta 70% Como bonificaciones por función jurisdiccional, para Magistrados activos hasta el nivel de Vocal Superior, Auxiliares Jurisdiccionales activos y Personal Administrativo activo. No tiene carácter pensionable. No menos 20% Para gastos de funcionamiento (Bienes y servicios). No menos 10% para gastos de infraestructura." (Sic).

    6.16. Con base en dicha normativa, se emitieron las Resoluciones Administrativas del Titular del Pliego del Poder Judicial reglamentando el otorgamiento de la Bonificación por Función Jurisdiccional, siendo estas, las Resoluciones Administrativas N°s. 209-96-SE-TP-CME-PJ, 381-96-SE-TP-CME-PJ, 431-96-SE-TP-CME-PJ, 099-97-SE-TP-CME-PJ, 193-99-SE-TP-CME-PJ, 056-2008-P/PJ y 305-2011-P/PJ vigente a la fecha. Estas Resoluciones Administrativas, en el mismo sentido que la Ley Nº 26553, han establecido el carácter "no pensionable y por ende no remunerativo" de la Bonificación por Función Jurisdiccional. 13.

    6.17. No obstante, cabe destacar que la Casación N° 5384-2011-LIMA, estableció el carácter remunerativo del Bono por Función Jurisdiccional, expresando como sustento el artículo 146° de la Constitución Política del Estado, que reconoce la obligación del Estado de garantizar a los Magistrados una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía; concordante con los instrumentos internacionales como las Resoluciones Nº 40/32, de fecha 29.NOV.1985 y N° 40/146, de fecha 13.DIC.1985, emitidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la norma de desarrollo constitucional contenida en el artículo 186°, numeral 5) del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial y numeral 11) del artículo 35° de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial; en cuya virtud invocó la aplicación del principio de jerarquía normativa; es decir, la observancia preferente de la norma constitucional citada y las demás normas que forman parte del bloque de constitucionalidad, desvirtuando las normas con rango de ley que establecieron expresamente el carácter no remunerativo del Bono Jurisdiccional y, en tal virtud, concluyeron estableciendo su carácter remunerativo.

    6.18. Si bien es cierto, que el análisis precedente se realizó respecto a la situación de los Magistrados, lo cual supondría un tratamiento especial y excepcional; también es cierto que en el caso de los Auxiliares Jurisdiccionales, también cabe realizar una análisis similar en relación al principio de jerarquía normativa; evaluando si dicha regulación es compatible con la regulación contenida en Constitución Política del Estado y en el Convenio de la OIT N° 100, que forma parte del bloque de constitucionalidad por tratarse de una norma internacional en materia de derechos humanos y aprobada por el Estado Peruano. Dicho Convenio, estipula que el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último; es decir, una contraprestación a la prestación efectiva de sus servicios.

    6.19. Por lo que, la regulación normativa contenida en la Décima Primera Disposición Transitoria de la Ley N° 26553 y las Resoluciones Administrativas emitidas por la demandada para regular el otorgamiento del Bono Jurisdiccional, resultarían incompatibles con dicho precepto, dado que, pese a constituir una contraprestación a servicios efectivos, no se le reconoce su naturaleza remunerativa; incompatibilidad que debe ser resuelta con aplicación del principio de supremacía de constitución y jerarquía normativa contenidos en el artículo 51° de la Constitución, que señala que: " La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente.". Y en virtud a dicho precepto, debe preferirse la aplicación del Convenio N° 100 de la OIT integrante del bloque y jerarquía de constitucionalidad.

    6.20. El Bono por Función Jurisdiccional, fue otorgado bajo las mismas características, tanto para Magistrados como para los Auxiliares Jurisdiccionales y el personal administrativo, con la única diferencia en sus importes; por tanto, no cabe establecer un tratamiento desigual en torno a sus efectos entre dichos beneficiarios. Vale decir que constituiría vulneración al derecho a la igualdad que el órgano jurisdiccional estableciera tratamiento diferenciado en torno a la naturaleza remunerativa o no del Bono por Función Jurisdiccional en función a las personas y no a la naturaleza de las cosas; en tal sentido, habiéndose reconocido dicho carácter remunerativo a favor de los Magistrados en atención a normas y principios de rango constitucional, que también concurren en éste caso respecto de los Auxiliares Jurisdiccionales y personal administrativo, merecen un tratamiento similar e igualitario.

    6.21. A mayor abundamiento, cabe señalar que la Bonificación por Función Jurisdiccional fue percibida por la actora por prestar servicios en favor de la demandada, siendo de su libre disponibilidad y constituye una ventaja patrimonial, " entonces aquellos montos complementarios que cumplan tal función deberán reputarse como conceptos remunerativos " 14, en el entendido que tal bonificación tiene como objeto entre otros el estimular o compensar aquellas desventajas económicas que representa la remuneración básica otorgada. Si bien es cierto, que la demandada invoca la prevalencia y la aplicación del principio de legalidad y equilibrio presupuestal, dichos principios no son absolutos, más aún si ellas entran en colisión con el principio de protección suprema a la dignidad de la persona humana; la cual, para su subsistencia y vida digna, requiere de una remuneración digna y suficiente; en tal virtud, considerando que los conceptos demandados y contrastados con la periodicidad en que el trabajador jurisdiccional percibe el bono por esta función, en forma permanente y mensual y además es de libre disponibilidad, debe concluirse que dicho concepto reviste carácter remunerativo; en aplicación del principio de ponderación, otorgándole mayor prevalencia al principio de dignidad de la persona respecto a su remuneración.

    6.22. Cabe agregar, en cuanto a los pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional en diversas sentencias sobre el carácter no pensionable ni remunerativo del concepto de bono por función jurisdiccional, como la emitida en el expediente N° 4710-2009-PC/TC, de fecha 27 de mayo de 2010, entre otras, no constituyen precedente vinculante de obligatorio cumplimiento para todos los operadores del derecho, conforme así lo señala el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional según el cual estableció según la temporalidad del caso sublitis: «Las sentencias del Tribunal Constitucional adquieren la autoridad de cosa juzgada y constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo». Tanto más, si del contexto de las referidas sentencias el Tribunal Constitucional solo realiza interpretaciones literales de la norma y no desde la óptica sistemática y principista para determinar la naturaleza remunerativa.

    6. 23. Siendo así, de acuerdo a la Constitución del Estado se debe hacer una interpretación de derechos con reconocimiento constitucional, es decir, que se debe optimizar y aplicar el principio pro homine que consiste en buscar la tendencia de la interpretación más favorable y no la restricción de derechos; por tanto no resulta constitucional ni se justifica que en vía de interpretación sistemática se pretenda afectar un derecho reconocido, conceptos que son percibidos por la accionante según se desprende de la constancia de pago de haberes y descuentos (fojas 31/62); correspondiendo desestimar los presentes agravios formulados y confirmar este extremo de la recurrida.

    6. 24. Respecto al agravio, referido a que el Juez de Primera Instancia, no ha tenido en consideración que el bono por función jurisdiccional, al no tener carácter remunerativo, no ha sido tomado en cuenta para efectuar los descuentos, por los siguientes conceptos; días de falta, minutos de tardanza, minutos de permiso personal y otros, por el período peticionado en el proceso; al respecto, cabe precisar que según se desprende de las constancias de pago de remuneraciones, que corren obrante de fojas 31 a 62, la demandada procedió a realizar descuentos que refiere en el presente agravio; además de ello, de las indicadas constancias de pago, se aprecia que los descuentos se realizaban en función de los minutos de tardanza, del día de falta, exceso de tiempo en refrigerio o licencia otorgada y no en función a la remuneración otorgada; por lo que, no corresponde realizar descuentos adicionales a los ya realizados. En ese sentido, el presente agravio merece desestimarse.

    SÉPTIMO: Análisis del vii) agravio, referido a la naturaleza remunerativa de las asignaciones excepcionales

    7.1. Respecto al carácter remunerativo de las Asignaciones Excepcionales es menester indicar, que si bien estas fueron otorgadas mediante las siguientes normas: el Decreto Supremo 045-2003-EF, el Decreto Supremo 016-2004-EF, el Decreto de Urgencia 017-2006, la Ley 29142 y el Decreto Supremo 002-2016-EF, contemplaron el otorgamiento de bonos por las sumas de S/. 100.00, S/. 120.00 (más S/. 200.00 exclusivamente a favor de los Técnicos Judiciales del Poder Judicial), S/. 100.00, S/. 100.00 y S/. 400.00, respectivamente, estableciendo expresamente que no tenían naturaleza remunerativa, ni constituían base de cálculo para el pago de beneficios sociales; también es cierto, que al igual que el bono por función jurisdiccional- desarrollado precedentemente-, las referidas asignaciones fueron percibidas por la demandante de forma mensual y permanente, sin condicionamiento alguno en lo concerniente a su gasto, por lo que se constituían en conceptos de libre disponibilidad del trabajador, teniendo, las mismas características que el bono jurisdiccional.

    7.2. En ese sentido, se observa que la remuneración comprende el íntegro de lo percibido por los servicios prestados, en dinero o especie, en forma permanente (con regularidad), en tanto constituya una ventaja patrimonial sea de libre disposición del trabajador y que sirvan para el cálculo de aportes y contribuciones a la seguridad social, así como para derechos o beneficios de naturaleza laboral como por ejemplo la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y vacaciones. La Ley determina los conceptos económicos otorgados al trabajador que no se consideran remuneración conforme a lo estipulado en el artículo 7° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

    7.3. Asimismo, en las conclusiones del Pleno Jurisdiccional Laboral Procesal Laboral 2019, llevada a cabo en ciudad de Tacna los días 23 y 24 de 2019 en el Tema 3 se acordó: "Las asignaciones jurisdiccionales excepcionales otorgadas mediante Decretos Supremos N° 045-2003-EF, N° 016-2004, N° 002- 20016-EF, Decreto de Urgencia N° 017-2006 y Ley N° 29142, tienen naturaleza remunerativa, y por tanto, tienen incidencia en el pago de beneficios sociales."; por lo que, estos conceptos también revisten carácter remunerativo; en ese sentido, dada la naturaleza remunerativa del Bono por Función Jurisdiccional y de las Asignaciones reclamadas por la actora, corresponde también reconocer la incidencia de los referidos conceptos sobre el cálculo de las gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios, tal como ha resuelto el A quo; motivo por el cual, corresponde desestimarse el agravio invocado en este extremo.

    OCTAVO: Análisis del viii) agravio referido a la prevalencia y la aplicación del principio de legalidad y equilibrio presupuestal.

    8.1. Al respecto, es menester señalar, que si bien los artículos 77° y 78° de la Constitución Política forman parte de las disposiciones con relación al Régimen Presupuestal y su correcta asignación; debemos tener en cuenta que el pago de las obligaciones que emergen de una relación laboral, tales como los beneficios laborales, no son obligaciones adicionales, sino que deben ser presupuestadas pues son propias de la relación laboral y revisten carácter prioritario o preferencial conforme con lo establecido por el artículo 24, segunda parte, de la Constitución Política del Perú y se basan en su naturaleza alimentaria y según lo considerado en reiteradas casaciones de la Corte Suprema de la República, como la Casación Laboral Nº 20159-2017 Moquegua; por lo que también prevalecen sobre cualquier restricción de naturaleza presupuestal, las que no pueden oponerse a su pago.

    8.2. Aunado a lo anterior, en relación a las remuneraciones, la Constitución Política del Perú, en su artículo 23° señala que "Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador."; en tanto que en su artículo 24° prevé que: "El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual."; y finalmente en su artículo 26°, precisa que: "En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1) Igualdad de oportunidades sin discriminación; 2) Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; y 3) Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma". En ese sentido, las aplicaciones de principios invocados por la demandada no son absolutos, más aún si ellas entran en colisión con los principios antes referidos, por consiguiente, no resulta amparable como agravio este extremo alegado.

    NOVENO: Análisis del ix) agravio, referido a los intereses legales

    9.1. El pago de Intereses legales está regulado según al artículo 1° del Decreto Ley N° 25920 "a partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable". Asimismo, el artículo 3° del referido Decreto, precisa: "El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de aquél en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, Judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún daño". En ese sentido, corresponde que la demandada efectúe el pago de los intereses legales a favor de la demandante en ejecución de sentencia, por ende, se desestima el agravio.

    DÉCIMO: Análisis del x) agravio, referido a los costos del proceso

    10.1. Con relación a los costos procesales, cabe indicar que de conformidad al artículo 412° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, la imposición de la condena de costos no requiere ser demandado y es de cargo de la parte vencida. En el presente caso, siendo la parte demandada la vencida, corresponde el pago de costos, de conformidad a la Séptima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, que establece que en los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos.

    10.2. De otro lado, si bien el artículo 47° de la Constitución Política del Perú establece que el Estado está exonerado del pago de los gastos judiciales, así también el artículo 413° del Código Procesal Civil establece que están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales y de acuerdo a lo establecido en el inciso g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no es menos cierto que la norma especial como es la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, establece que el Estado puede ser condenado al pago de costos, en tanto que al no haber otorgado la emplazada el derecho demandado, la demandante ha tenido que interponer el presente proceso para que se le reconozcan sus derechos, lo que le ha generado un perjuicio económico.

    10.3. Así, en el fundamento 5 de la resolución recaía en el Expediente N° 00052-2010-PA/TC refirió: "Que teniendo presentes las razones esgrimidas por el Juzgado y la Sala, este Tribunal considera que los criterios utilizados para determinar el monto de los honorarios han sido incompletos, pues para ello no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la participación de los abogados , sino que también deben tenerse presente otros criterios relevantes, tales como: a) el éxito obtenido y su trascendencia , b) la novedad o dificultad de la cuestión debatida , y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o constantes" (subrayado es agregado). De otro lado la CASACIÓN LABORAL N° 15493-2014- CAJAMARCA - ha dejado precisado jurisprudencialmente que: "SUMILLA La exoneración prevista en el artículo 47° de la Constitución Política del Perú solo comprende las costas del proceso, pues, cuando esta norma constitucional se refiere a los gastos judiciales, está haciendo referencia a los que prevé el artículo 410" del Código Procesal Civil.". Por todo ello la condena de costos será liquidada en ejecución de sentencia, desestimando así, el presente agravio formulado. No existen otros agravios que absolver, asimismo considerando que la demandante no apeló la sentencia, ni se han cuestionado el otorgamiento del bono y reintegro de bono por función jurisdiccional otorgado, se confirman los extremos no impugnados.

    CONSIDERATIONS

    Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el inciso a) del artículo 4.2° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, e impartiendo justicia, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.

    RESUELVE:

    CONFIRMAR la Sentencia N° 116-2021-03°JETPL-MSNP, contenida en la R esolución S/N , de fecha 22 de abril de 2021, corriente de fojas 127 a 148, que RESUELVE:

    1. FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia: DECLARÓ la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado entre las partes desde el 1 de julio de 1999 al 30 de setiembre de 2005, por desnaturalización de contratos civiles y modales.
  • ORDENARON a la demandada al pago de S/. 58,161.77 (CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 77/100 SOLES), a favor de la demandante por los conceptos amparados en la presente resolución.
  • AUTORIZARON a la demandada a efectuar las retenciones de ley que correspondan.
  • ORDENARON a la demandada el pago de intereses legales que será liquidado en ejecución de sentencia.
  • ORDENARON a la demandada el pago de costos del proceso, el cual será liquidado en ejecución de sentencia.
  • EXIMIERON a la demandada del pago de costas del proceso.
  • En los seguidos por IRMA ALICIA MILLER TRUJILLO contra el PODER JUDICIAL, sobre reintegro de beneficios sociales por incidencia de Bonificación por Función Jurisdiccional y otros; y los DEVOLVIERON al Tercer Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima. NOTIFIQUESE a las partes en sus Casillas Electrónicas. -

    1 HURTADO REYES, Martín. La Incongruencia en el Proceso Civil. - el autor analiza la aplicación del principio de congruencia, los alcances y casos en que se puede presentar la incongruencia en el proceso civil.

    2 CORNEJO VARGAS CARLOS, "Algunas consideraciones sobre la contratación laboral", Revista Derecho y Sociedad - Asociación Civil, N° 37, Pág. N° 138 - 150.

    3 SANGUINETI RAYMOND WILFREDO, "Locación de Servicios y Contrato de Trabajo: Balance y perspectivas de reforma tras quince años de vigencia del Código Civil", publicado como estudio introductorio a la segunda edición del libro "El contrato de locación de servicios", Lima, Gaceta Jurídica, 2000, Pág. N° 13-31.

    4 El artículo 4° del Texto Único Ordinario del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral previsto en el Decreto Legislativo N° 003-97-TR prevé en forma expresa que "En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece. También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna".

    5 DE FERRARI FRANCISCO, "Derecho del Trabajo", Segunda Edición, Volumen II, Edit. Depalma, Buenos Aires, 1969, Pág. 73.

    6 GOMES VALDEZ FRANCISCO, "El Contrato de Trabajo", Parte General, Tomo I, Edit. San Marcos, Pág. N° 109.

    7 Criterios desarrollados en forma clara y expresa por el Tribunal Constitucional a través de los expedientes N° 833-2004-AA/TC y N° 1944-2002-AA/TC. 9

    8 Cfr. STC 0020-2012-PI/TC, fundamento 14.

    9 Cfr. STC 0020-2012-PI/TC, fundamento 16.

    10 Artículos 1° y 2° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos; Inciso 2 del artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

    11 Cfr. STC 00009-2007-PI/TC, fundamento 20.

    12 TUO del Decreto Legislativo N° 650 - Ley de Compensación por Tiempo de Servicios: Artículo 19.- No se consideran remuneraciones computables las siguientes: a) Gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto a la bonificación por cierre de pliego; b) Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa; c) El costo o valor de las condiciones de trabajo; d) La canasta de Navidad o similares; m) El valor del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo traslado. Se incluye en este concepto el monto fijo que el empleador otorgue por pacto individual o convención colectiva, siempre que cumpla con los requisitos antes mencionados; f) La asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada; g) Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquéllas de semejante naturaleza. Igualmente, las asignaciones que se abonen con motivo de determinadas festividades siempre que sean consecuencia de una negociación colectiva; h) Los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores, de su propia producción, en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia; i) Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador; j) La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de servicios, las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto de acuerdo a su ley correspondiente, o cuando se derive de mandato legal.

    Artículo 20.- Tampoco se incluirá en la remuneración computable la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de los servicios, o cuando se derive de mandato legal.

    13 El artículo segundo de la Resolución Administrativa N°193-99-SE-TP-CME-PJ, establece que la Bonificación por Función Jurisdiccional no tiene carácter pensionable y se afectará, a la fuente de Recursos Directamente Recaudados del Poder Judicial; del mismo modo el artículo cuarto de la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 191-2006-P/PJ señala que la Bonificación por Función Jurisdiccional no tiene carácter pensionable; el artículo nueve del Reglamento para el otorgamiento de la Bonificación por Función Jurisdiccional dado por la Resolución Administrativa N° 056-2008-P/PJ, modificada por Resolución Administrativa N° 196-2011-P/PJ, estableció que la Bonificación por Función Jurisdiccional, otorgada bajo las modalidades establecidas en los numerales 1) y 2) del artículo 4° del presente Reglamento, no tiene carácter remunerativo ni pensionable.

    14 Chávez Núñez, Frida y otros. "Jurisprudencia Laboral para el abogado litigante". Gaceta Jurídica S.A. 1º Era Edición. Lima, 2011, p.101

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    PROPERTIES

    DATOS DE LA RESOLUCIÓN:
    Fecha de la Resolución 19/11/2021
    Tipo de Resolución Sentencia de Vista
    Fallo de la Resolución Confirmaron
    Jueces URBANO MENACHO, CARDENAS ALVARADO, BURGOS ZAVALETA, FUENTES LOBATO, BARBOZA LUDEÑA
    *** Ponente BARBOZA LUDEÑA
    *** Dirimente
    Sumilla CONFIRMAR LA SENTENCIA N° 116-2021-03°JETPL-MSNP, CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2021, CORRIENTE DE FOJAS 127 A 148, QUE RESUELVE: 1. FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA; EN CONSECUENCIA: DECLARÓ LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL A PLAZO INDETERMINADO ENTRE LAS PARTES DESDE EL 1 DE JULIO DE 1999 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2005, POR DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS CIVILES Y MODALES. 2. ORDENARON A LA DEMANDADA AL PAGO DE S/. 58,161.77 (CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 77/100 SOLES), A FAVOR DE LA DEMANDANTE POR LOS CONCEPTOS AMPARADOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 3. AUTORIZARON A LA DEMANDADA A EFECTUAR LAS RETENCIONES DE LEY QUE CORRESPONDAN.
    Palabras Clave PODER JUDICIAL , DESNATURALIZACION DE CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS E INVALIDEZ DE CONTRATOS C, IRMA ALICIA MILLER TRUJILLO
    DATOS DEL PROCESO:
    Especialidad Laboral
    Organo Jurisdiccional 2° SALA LABORAL
    Recurso Apelación
    Materia/Titulo Contratos
    Proceso Ordinario
    DATOS DE PROCEDENCIA:
    Distrito Judicial de Procedencia Lima
    Distrito
    Instancia
    Organo Jurisdiccional de procedencia
    Expediente de Procedencia 19624-2019-0
    Tipo de Resolución
    Fecha de Resolución de Procedencia 19/11/2021
    Fallo

    ACTOR

    URBANO MENACHO, CARDENAS ALVARADO, BURGOS ZAVALETA, FUENTES LOBATO, BARBOZA LUDEÑA