Document LTM23,944,515

Jurisprudence

Title: Apelación 008965-2017|Pago de Beneficios Sociales|1.CORREGIR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, EN EL EXTREMO DE LA LIQUIDACIÓN POR CONCEPTO DE GRATIFICACIONES, DEBIENDO SER EL MONTO CORRECTO LA SUMA DE S/55,636.72 SOLES.2.REVOCAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, EN EL EXTREMO QUE INFUNDADA LA PRETENSIÓN DE PARTICIPACIÓN POR UTILIDADES; REFORMANDOSE DECLARARON FUNDADA EN PARTE LA MISMA.3.CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR PASIVA FORMULADA POR LAS CODEMANDADAS FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A.C. Y GRUPO ANDEX S.A.C. 4.CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA FORMULADA POR LAS CODEMANDADAS COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C., FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A.C. Y GRUPO ANDEX S.A.C. 5.CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, QUEDECLARA FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA; EN LO DEMÁS QUE CONTIENE 6.DECLARAR LA EXISTENCIA ENTRE LAS PARTES DE UN CONTRATO LABORAL DE NATURALEZA DE NATURALEZA INDETERMINADA, DESDE EL 07 DE ENERO DE 2003 HASTA EL 08 DE MARZO DE 2017, DENTRO DE LO PREVISTO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO D
Fields: Laboral
Date: 19/11/2021
File number: 8965-2017-0
Number: 8965-2017
Origin: Corte Superior de Justicia - Lima
Type of Matter: Pago de beneficios sociales
Type of Resolution: Sentencia de vista
Tipo proceso: Ordinario
Class: Apelación
Voces: Corregir la sentencia, Notificar a las partes, Revocar sentencia
Petition: 4° SALA LABORAL PERMANENTE
Reporting Judge: HUERTA RODRIGUEZ
Country: Peru



SUMMARY

1.CORREGIR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, EN EL EXTREMO DE LA LIQUIDACIÓN POR CONCEPTO DE GRATIFICACIONES, DEBIENDO SER EL MONTO CORRECTO LA SUMA DE S/55,636.72 SOLES.2.REVOCAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, EN EL EXTREMO QUE INFUNDADA LA PRETENSIÓN DE PARTICIPACIÓN POR UTILIDADES; REFORMANDOSE DECLARARON FUNDADA EN PARTE LA MISMA.3.CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR PASIVA FORMULADA POR LAS CODEMANDADAS FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A.C. Y GRUPO ANDEX S.A.C. 4.CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA FORMULADA POR LAS CODEMANDADAS COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C., FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A.C. Y GRUPO ANDEX S.A.C. 5.CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, QUEDECLARA FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA; EN LO DEMÁS QUE CONTIENE 6.DECLARAR LA EXISTENCIA ENTRE LAS PARTES DE UN CONTRATO LABORAL DE NATURALEZA DE NATURALEZA INDETERMINADA, DESDE EL 07 DE ENERO DE 2003 HASTA EL 08 DE MARZO DE 2017, DENTRO DE LO PREVISTO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO D

HEADING

VISTOS:

En audiencia de vista de la causa de fecha 17 de noviembre de 2021. Interviene como ponente el juez superior Hugo Arnaldo Huerta Rodríguez.

ASUNTO:

Mediante la resolución número dieciocho que contiene la sentencia Nro. 163-2020-39° JETPL de fecha 18 de setiembre de 2020, la juez del Trigésimo Noveno Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima resuelve lo siguiente:

« 1.- INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva formulada por las codemandadas FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A.C. y GRUPO ANDEX S.A.C.

2.- INFUNDADA la excepción de prescripción extintiva deducida por las codemandadas COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C., FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A.C. y GRUPO ANDEXS.A.C.

3.- FUNDADA EN PARTE la demanda, obrante de fojas 611 a 774, subsanada de fojas 819 a 835, interpuesta por JESSICA YANNINA ACUÑA DÍAZ contra COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A.C. y GRUPO ANDEX S.A.C.; en consecuencia: se determina la existencia entre las partes de UN CONTRATO LABORAL DE NATURALEZA DE NATURALEZA INDETERMINADA, desde el siete de enero de dos mil tres hasta el ocho de marzo de dos mil diecisiete, dentro de lo previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, su reglamento y normas afines.

4.- ORDENO a las codemandadas paguen solidariamente a favor de la demandante la suma de S/. 204,321.48 (DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 48/100 SOLES por concepto de pago y reintegro de remuneración y beneficios sociales, conforme se ha detallado en la presente resolución; asimismo, el monto de S/. 33,521.91 (TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 91/100 SOLES) por concepto de reintegro de indemnización por despido arbitrario; más intereses legales, financieros, costas y costos del proceso, los que se liquidaran en ejecución de sentencia.

5.- ORDENO a la codemandada COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C. otorgue a la accionante el certificado de trabajo conforme lo indicado en la parte considerativa de la presente resolución.

6.-INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene.

La citada sentencia fue impugnada por la parte demandante mediante escrito de fecha 25 de setiembre de 2020, por la codemandada Grupo Andex S.A.C. conforme se advierte del escrito de fecha 28 de setiembre de 2020, por la codemandada Comercial Andina Industrial S.A.C.mediante escrito de fecha 28 de setiembre de 2020 y por la parte codemandada Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.Cmediante escrito de fecha 28 de setiembre de 2020. Dichos recursos de apelaciones fueron concedidos mediante resolución número diecinueve de fecha 30 de setiembre de 2020 y mediante resolución número veintiuno de fecha 02 de febrero de 2021.

AGRAVIOS :

La parte demandante fundamenta su recurso de apelación en los siguientes términos:

  1. El concepto de utilidades ha sido denegado aplicando para ello un concepto que se considera fuera del alcance de la norma sustantiva, puesto que lo resuelto por el juzgado hace revertir la carga de la prueba en contra de la actora, al peticionar que se tiene que probar algo; por el contrario, las codemandadas conociendo el alcance de lo pretendido prefirieron incumplir la exhibición solicitada y en lugar se sancionar el incumplimiento, se premia declarando infundado dicho extremo.
  • Respecto de la asignación familiar, el juzgado declara infundado, precisando que no se ha acreditado la existencia de un menor bajo responsabilidad, situación que resulta de los medios de prueba que se han presentado.
  • De los medios probatorios JC y JO del escrito de demanda (constituido por boletas de pago), se podrá dar cuenta que la actora percibió utilidades en los años 2010 y 2011, dejando constancia que en los demás años siempre se generó utilidades, pero estas eran calculadas en documento aparte de las boletas y que al no tenerlas se ofrecieron con exhibiciones; por lo que la pretensión no debió ser desestimada.
  • El juzgado no ha merituadomedios de prueba que demuestran con fehaciencia la percepción de utilidades, bajo esa premisa, resulta incompatible resolver en contra de lo pretendido, porque debe fundar lo que sucede en la realidad; sin embargo, la juez lejos de castigar la inconducta, traducida en la no presentación (exhibición), los premia declarando infundada la demanda en ese extremo.
  • Sobre la asignación familiar, indica que el empleador conocía que la actora contaba con niñas menores de edad durante toda la permanencia laboral desde el 2003 al 2017, tan así que en planilla le pagaron dicho concepto (prueba 1MJ), de la boleta de febrero de 2017 y boleta de mayo de 2009 (prueba IT), de las constancias escolares (anexo 1.V), así como del medio de prueba CD; por lo que de la sola revisión de dichos medios de prueba, quedademostrado que la empresa tenía pleno conocimiento de la existencia de hijas menores de edad.


  • La parte codemandada Grupo Andex S.A.C. fundamenta su recurso de apelación en los siguientes términos:

    1. En la resolución impugnada existe una deficiencia, en cuanto a la motivación de resoluciones judiciales, puesto de que en la sentencia solamente contiene valoración y análisis de los argumentos de defensa de la parte actora; sin embargo, no se pronuncia sobre los argumentos planteados, específicamente sobre que la accionante trabajó de forma independiente para distintas empresas que son de competencia del Grupo Andex.
  • En la resolución impugnada existe una clara inexistencia de motivación al momento de desestimar los puntos señalados en la contestación de demanda, donde se resalta la figura de abogada independiente de la actora, la cual cuenta con una cartera de clientes que incluso la mayoría son de competencia directa de la empresa.
  • Se debe tomar en cuenta que con anterioridad se emitió una sentencia de vista, a través de la cual se declaró nula la sentencia de primera instancia, en la cual se señaló: «[...] la A quo solicitó a la SUNAT el levantamiento del secreto tributario de la actora, en el cual se observa que ésta giraba recibos por honorarios no solo por las demandadas sino para otras empresas como MOLINOS Y COMPAÑÍA S.A., PROCAMPO S.A., SUNNY VALLEY SAC Y INGENIERIA DE CYCLONES S.A.C., documento que no ha sido valorado por la A quo y tampoco ha tenido en cuenta que la accionante se desempeñaba como Abogada de las empresas demandadas»; por lo que se quiere dejar constancia que a la juez se le hizo la recomendación de que se valoren todos los documentos tales como los recibos por honorarios emitidos a otras empresas; no obstante, el juzgado hizo caso omiso a dicha recomendación de la Sala Superior, por lo tanto es evidente la afectación al derecho de motivar resoluciones judiciales.
  • El juzgado ha transgredido el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, por lo tanto, deberá declararse nula la resolución impugnada para efectos de que retorne al inferior jerárquico y se vuelva a sentenciar.
  • Sobre la afectación al derecho de la prueba, el juzgado al momento de emitir la resolución impugnada efectúa un análisis de las pruebas limitado y sesgado, porque solamente toma en cuenta los medios de prueba aportados por la demandante. Aunado a ello, la Sala Superior deberá tomar en cuenta los argumentos contenidos entre las páginas 18 a 22 de la sentencia, puesto que en los mismos la intención fue declarar fundada la demanda sin revisar los argumentos que presentó el grupo Andex.
  • Se debe tener en consideración que los servicios prestados a terceras empresas que son de la competencia de Grupo Andex no han sido negados por la demandante, es más los mismos han sido reconocidos por esta parte durante el interrogatorio que se le practicó, por lo que es evidente que resulta una declaración asimilada.
  • Sobre la naturaleza autónoma e independiente de los servicios que prestó la actora, refiere que la prestación de servicios fue efectuada inicialmente como abogada externa, porque lo hacía para distintas empresas que incluso pertenecen al mismo rubro de Grupo Andex y son competencia directa.
  • Desde el año 2004 al 2016 la actora ha prestado servicios para el Grupo Andex de forma discontinua y al mismo tiempo prestaba servicios para otras empresas. Todos los argumentos y medios de prueba no han sido valorados por el juzgado; e incluso en el literal e) del escrito de contestación se presentó el CV de la accionante donde se señala que prestó servicios para el estudio Acuña Díaz Conejo & Asociados, para el cual atendía a distintos clientes que son de competencia de la empresa, mostrando así la independencia y autonomía.
  • La inexistencia de una relación laboral durante los años 2004 al 2016, se demuestra con otro indicio y se trata que durante ese período la actora prestaba servicios de forma independiente como abogada, y las hijas de la demandante estudiaban en la ciudad de Arequipa en el Colegio Prescott, conforme se acredita con los certificados de estudios que obran anexo 1W.
  • Sobre los actos propios que denotan la mala fe de la actora, señala que esta parte sabía que su situación como abogada independiente no le permitía ser una trabajadora dependiente de la empresa durante los años 2004 al 2009, puesto que sabía que para ocupar un cargo permanente debía dejar de ser autónoma e independiente; no obstante, hoy en día viene a pretender ilegalmente que sí había una relación laboral.
  • La demandante durante el período que va del 2003 al 2016 prestó servicios para distintas empresas, tales como Procampo S.A., Inversiones Esdes E.T., Molinos y Cía. S.A., SQM S.A., entre otras y para su representada, lo cual era permitido debido a que para el Grupo Andex no importaba que la actora preste servicios para la corporación de forma dependiente y exclusiva porque no se encontraba sujeta a una relación laboral, sino a una relación de naturaleza civil e independiente.
  • Sobre el extremo que dispone el reintegro de los pagos efectuados por las empresas Comercial Andina Industrial S.A.C. y Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C., refiere que el juzgado ha efectuado un análisis equivocado en cuanto a este extremo, puesto de que no ha tomado en cuenta que ambas empresas fueron constituidas en distintas épocas y se dedican a distintos rubros.
  • El juzgado lejos de tomar en cuenta o analizar los argumentos, declarafundada la responsabilidad solidaria entre las empresas Fertilizantes y Semillas, Comercial Andina y Grupo Andex, como si tuviesen el mismo giro o la misma fecha de constitución; por lo que se considera que se ha cometido un error al tomar en cuenta los pagos efectuados a la actora por dichas empresas y que fueron hechos en virtud de servicios que prestó esta parte como locadora.


  • La parte codemandada Comercial Andina Industrial S.A.C. fundamenta su recurso de apelación en los siguientes términos:

    1. En la resolución impugnada existe una deficiencia, en cuanto a la motivación de resoluciones judiciales, puesto de que en la sentencia solamente contiene valoración y análisis de los argumentos de defensa de la parte actora; sin embargo, no se pronuncia sobre los argumentos planteados, específicamente sobre que la accionante trabajó de forma independiente para distintas empresas que son de competencia de Comercial Andina.
  • En la resolución impugnada existe una clara inexistencia de motivación al momento de desestimar los puntos señalados en la contestación de demanda, donde se resalta la figura de abogada independiente de la actora, la cual cuenta con una cartera de clientes que incluso la mayoría son de competencia directa de la empresa.
  • Se debe tomar en cuenta que con anterioridad se emitió una sentencia de vista, a través de la cual se declaró nula la sentencia de primera instancia, en la cual se señaló: «[...] la A quo solicitó a la SUNAT el levantamiento del secreto tributario de la actora, en el cual se observa que ésta giraba recibos por honorarios no solo por las demandadas sino para otras empresas como MOLINOS Y COMPAÑÍA S.A., PROCAMPO S.A., SUNNY VALLEY SAC Y INGENIERIA DE CYCLONES S.A.C., documento que no ha sido valorado por la A quo y tampoco ha tenido en cuenta que la accionante se desempeñaba como Abogada de las empresas demandadas»; por lo que se quiere dejar constancia que a la juez se le hizo la recomendación de que se valoren todos los documentos tales como los recibos por honorarios emitidos a otras empresas; no obstante, el juzgado hizo caso omiso a dicha recomendación de la Sala Superior, por lo tanto es evidente la afectación al derecho de motivar resoluciones judiciales.
  • El juzgado ha transgredido el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, por lo tanto, deberá declararse nula la resolución impugnada para efectos de que retorne al inferior jerárquico y se vuelva a sentenciar.
  • Sobre la afectación al derecho de la prueba, el juzgado al momento de emitir la resolución impugnada efectúa un análisis de las pruebas limitado y sesgado, porque solamente toma en cuenta los medios de prueba aportados por la demandante. Aunado a ello, la Sala Superior deberá tomar en cuenta los argumentos contenidos entre las páginas 18 a 22 de la sentencia, puesto que en los mismosse efectúa un análisis limitado de los medios de prueba de la parte demandante.
  • Se debe tener en consideración que los servicios prestados a terceras empresas que son de la competencia de Comercial Andina no han sido negados por la demandante, es más los mismos han sido reconocidos por esta parte durante el interrogatorio que se le practicó, por lo que es evidente que resulta una declaración asimilada.
  • Sobre la naturaleza autónoma e independiente de los servicios que prestó la actora, refiere que la prestación de servicios fue efectuada inicialmente como abogada externa, porque lo hacía para distintas empresas que incluso pertenecen al mismo rubro de Comercial y son competencia directa.
  • Desde el 7 de enero de 2003 al 4 de mayo de 2009 la actora ha prestado servicios para Comercial Andina de forma discontinua y al mismo tiempo prestaba servicios para otras empresas. Todos los argumentos y medios de prueba no han sido valorados por el juzgado; e incluso en el anexo 1-D del escrito de contestación se presentó el CV de la accionante donde se señala que prestó servicios para el estudio Acuña Díaz Conejo & Asociados, para el cual atendía a distintos clientes que son de competencia de la empresa, mostrando así la independencia y autonomía.
  • La inexistencia de una relación laboral durante los años 2003 al 2009, se demuestra con otro indicio y se trata que durante ese período la actora prestaba servicios de forma independiente como abogada, y las hijas de la demandante estudiaban en la ciudad de Arequipa en el Colegio Prescott, conforme se acredita con los certificados de estudios que obran anexo 1-V y 1-W del escrito de contestación.
  • Sobre los actos propios que denotan la mala fe de la actora, señala que esta parte sabía que su situación como abogada independiente no le permitía ser una trabajadora dependiente de la empresa durante los años 2003 al 2009, puesto que sabía que para ocupar un cargo permanente debía dejar ser autónoma e independiente; no obstante, hoy en día viene a pretender ilegalmente que sí había una relación laboral.
  • La demandante durante el período que va del 2003 al 2009 prestó servicios para distintas empresas, tales como Procampo S.A., Inversiones Esdes E.T., Molinos y Cía. S.A., SQM S.A.y para su representada, lo cual era permitido debido a que para Comercial Andina no importaba que la actora preste servicios para la corporación de forma dependiente y exclusiva porque no se encontraba sujeta a una relación laboral, sino a una relación de naturaleza civil e independiente.
  • Sobre el error en la motivación del extremo que resuelve la prescripción extintiva, señala que se dedujo la excepción en vista que durante el 2008 no se pudieron verificar el pago o prestaciones de servicios en beneficio de Comercial Andina; sin embargo, el juzgado declara infundada la excepción, pero ello resulta contradictorio, puesto que el juzgado reconoce que en el año 2008 no se llevaron a cabo servicios a favor de Comercial Andina.
  • Sobre el extremo que dispone el reintegro de los pagos efectuados por las empresas Grupo Andex S.A.C. y Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C., refiere que el juzgado ha efectuado un análisis equivocado en cuanto a este extremo, puesto de que no ha tomado en cuenta que ambas empresas fueron constituidas en distintas épocas y se dedican a distintos rubros.
  • El juzgado lejos de tomar en cuenta o analizar los argumentos, declara fundada la responsabilidad solidaria entre las empresas Fertilizantes y Semillas, Grupo Andex y Comercial Andina, como si tuviesen el mismo giro o la misma fecha de constitución; por lo que se considera que se ha cometido un error al tomar en cuenta los pagos efectuados a la actora por dichas empresas y que fueron hechos en virtud de servicios que prestó esta parte como locadora.


  • La parte codemandada Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C. fundamenta su recurso de apelación en los siguientes términos:

    1. La empresa Fertilizantes recién se constituyó a finales de 2006 y recién tuvo actividad a mediados de 2008 (conforme se demostró con las declaraciones del PDT exhibidas en audiencia de juzgamiento), y posteriormente, se tomó los servicios de la actora como abogada externa, así en un primer momento brindó servicio de mayo de 2008 a mayo de 2009, y pasado más de cuatro (4) años se volvió a necesitar los servicios de una abogada para cobranza, es así que se retomó lo servicios desde enero de 2014 a febrero de 2017.
  • La jueza no ha justificado porqué se incluye a Fertilizantes, inclusive por períodos que no existió, al iniciar sus actividades en 2008, por lo que vincular excede a la lógica jurídica que toda sentencia debe prevalecer.
  • La jueza no ha reparado en observar que tanto la fecha de inicio (2003) y la fecha de cese (marzo 2017) reclamada por la actora no vincula ni tiene relación con Fertilizantes; por lo que en esos períodos no existe relación jurídica material entre la demandante y Fertilizantes, por ende, tampoco existe relación jurídica procesal; por lo que solicita se declare fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva por los siguientes período: desde el 07 de enero de 2003 al 30 de abril de 2008; del 01 de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2013; del 01 de marzo de 2017 al 08 de marzo de 2017.
  • Sobre la excepción de prescripción extintiva, refiere que el período materia de prescripción es tan solo la primera relación contractual, es decir, de mayo de 2008 a mayo de 2009, pero la demanda se formuló en el 2017, por tanto, es evidente que para Fertilizantes ya prescribió período de reclamación.
  • Nunca existió continuidad en los servicios de la actora como abogada en Fertilizantes; por lo que se debe considera que sí existe un período de prescripción extintiva, en consecuencia, la excepción formulada debe ser revocada y declarada fundada en todos sus extremos.
  • La juez vulneró el debido proceso y debida motivación de las resoluciones judiciales, pues nunca demostró la vinculación laboral de la demandante con Fertilizantes, al no demostrarse la subordinación, algún poder de dirección con la actora o que haya recibido orden por Fertilizantes; por el contrario, se demostró solo cobro de honorarios cuando brindó servicios independientes en Fertilizantes, los cuales finalizaron en febrero de 2017, siendo imposible que se le haya despedido el 08 de marzo de 2017.
  • No existe regulación legal que establezca sumatoria de honorarios con remuneraciones de empresas distintas (más aún cuando la juez en el período de honorario no ha explicado los elementos de contrato de trabajo), así pues, una cosa es que la co-demandadas pertenezcan a un grupo empresarial y otra que se puedan sumar ingresos (la juez no motiva cual es la base legal para establecer ello).
  • La solidaridad en el pago no implica que se deba sumar montos, así pues, la solidaridad implica que el acreedor pueda reclamar a cualquiera de las obligadas indistintamente para que responda por el pago, pero nunca ha significado que se deban acumular montos.
  • La juez vulnera el debido proceso y la debida motivación de resoluciones judiciales, pues para la vinculación empresarial ha citado una norma aplicable a la MYPE; sin embargo, ninguna de las codemandadas es una MYPE, debido a que al hacer alusión al Decreto Supremo N° 008-2008-TR se refiere exclusivamente para la micro y pequeña empresa, por ende, todo lo previsto en el Reglamento de la MYPE no es vinculante a ninguna de las empresas demandadas.
  • La juez ha vulnerado el principio de congruencia, pues no ha considerado la teoría de los actos propios que determina la mala fe de la actora, debido a que los contratos de locación que suscribió, la emisión de recibos por honorarios y todo su actuar lo hizo con conocimiento de causa, por tanto, ahora no debe desentenderse y por el contrario hacerse responsable de sus propios actos.
  • La juez ha vulnerado el derecho al debido proceso y a la debida motivación de resoluciones judiciales, dado que realmente no se encuentra acreditado la existencia de fraude laboral en el grupo empresarial y por ende no es aplicable la solidaridad.
  • FACTS

    CONSIDERANDO :

          1. Mediante el recurso de apelación lo que se pretende es que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, conforme lo dispone el artículo 364 del Código Procesal Civil. Son las partes las que delimitan la impugnación y es el juez quien debe emitir sentencia dentro de dichos límites. De este modo, son los agravios los que circunscriben el ámbito exclusivo sobre el cual debe pronunciarse este órgano jurisdiccional.
        1. Antes de emitir pronunciamiento de fondo del asunto, cabe precisar que las excepciones son medios de defensa de forma, destinados a denunciar por ante el juzgador que la demanda, que a su vez contiene el petitorio, como efecto jurídico de la pretensión o exigencia de reclamo, no observa plenamente, bien los requisitos de forma a efectos de establecer una relación procesal válida, o los requisitos de fondo a fin de que el juzgador pueda emitir una sentencia de mérito.


    Sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva

          1. A este respecto, nose debe confundir la legitimidad para obrar o legitimatio ad causamcon la titularidad misma del derecho material de quien interpone una demanda para reclamar tutela de sus derechos y la posición del demandado con quien igualmente es parte de la relación jurídicamente material. Conforme lo señala Devis Echandía:«[...] no es una condición ni presupuesto de la acción, porque no la condiciona ni limita en ningún sentido, ni su falta impide su válido y eficaz ejercicio. Si lo fuera, no podría ejercitar la acción quien no estuviera legitimado en la causa, y como esto por regla general sólo se conoce cuando se dicta la sentencia, se tendría el absurdo y contradictorio resultado de que aparecería que el demandante no tiene acción sino después que ella ha producido todos sus efectos jurídicos [...]»1.

          1. Por su parte, Alvarado Vellososeñala que mediante la excepción de falta de legitimidad para obrar, se denuncia que, «[...] el actor no es la persona que debe demandar a base de la pretensión hecha valer en la demanda, o que el propio excepcionante no es la persona que debe responder a dicha pretensión»2. Cabe precisar que la comprobación al inicio del proceso de la coincidencia de la relación jurídica procesal con la relación de derecho sustantivo no es condición ni presupuesto de la acción, pues la legitimidad para obrar o legitimatio ad causam supone la identidad entre las personas integrantes de la relación jurídica sustantiva y las partes que conforman la relación jurídica procesal, lo que no es equivalente a la titularidad efectiva del derecho, en tanto ello se determinará con el pronunciamiento de fondo.
        1. En el caso de autos, se aprecia que la parte demandante pretende, entre otros, el reconocimiento de la relación laboral, y como consecuencia de ello el pago de beneficios sociales y participación de utilidades. Además, que laaccionante solicita que las codemandadas asuman solidariamente el pago de sus beneficios sociales. Ahora bien, la responsabilidad que pueda corresponderle en el derecho discutido es materia de pronunciamiento de fondo y no en el contexto de la excepción propuesta, motivo por el cual el fundamento de la a quo para declarar infundada la excepción se encuentra arreglada a ley. En consecuencia, se desestima el trigésimo tercer, trigésimo cuarto y trigésimo quintoagravio formulados en este extremo por la codemandada Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C.


    Sobre la excepción de prescripción extintiva

          1. Tal como se ha establecido en la Casación Laboral Nro. 6763-2017MOQUEGUA de 28 de marzo de 2018,«la Prescripción Extintiva puede definirse como el efecto que produce el transcurso del tiempo sobre los hechos o actos jurídicos, extinguiendo la acción para exigir el cumplimiento de los mismos por no haber sido ejercida por su titular en el plazo de ley. En el Derecho del Trabajo procesalmente la Prescripción constituye un medio de defensa (excepción) que el empleador propone contra la demanda de pago de determinados derechos laborales en razón de haber transcurrido el tiempo fijado por ley como prescriptorio de las acciones derivadas de derechos generados a consecuencia de una relación laboral».
        1. Para el caso de aquellos derechos que nacen de la relación laboral, el indicado pronunciamiento jurisdiccional establece que «al igual que en el Derecho Civil, la prescripción tiene su fundamento en la seguridad jurídica, pues, como bien lo dice el autor paraguayo Frescura y Candia3 'La prescripción liberatoria responde a exigencias de orden público y seguridad social. Las relaciones jurídicas de base económica, lejos de ser perpetuas, tienen límites predeterminados por la ley, con sujeción al principio de que el acreedor debe mostrarse diligente en el ejercicio de su derecho y el deudor no puede quedar supeditado al mismo per vitam. La prescripción como institución de orden público ha sido creado para dar estabilidad y firmeza a las relaciones jurídico económicas, disipar las incertidumbres del pasado y poner fin a la permanente posibilidad de litigio que apareja la indecisión de los derechos. Es también la utilidad social, por cuanto sirve para consolidar situaciones de hecho. En efecto, ante la negligencia demostrada por el acreedor al no actuar cuando su derecho estaba abierto, la ley declara abandonada y extinguida la acción que pudo haber sido instaurado y, consecuentemente, libera al deudor'».

        1. Mediante Ley Nro. 26513 publicada en el diario Oficial «El Peruano» el 28 de julio de 1995 y luego regulada por la Primera de las Disposiciones Complementarias, Transitorias y Derogatorias del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nro. 728, aprobado por Decreto Supremo Nro. 003-97-TR, en materia laboral se reguló la prescripción extintiva de las acciones derivadas de una relación laboral. Esta disposición fue derogada por la Ley Nro. 27022, publicada en el diario Oficial «El Peruano» el 23 de diciembre de 1998, la que estableció que las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los dos (2) años contados a partir del día siguiente en que se extingue el vínculo laboral. Esta última disposición fue derogada por la Ley Nro. 27321, publicada en el diario Oficial «El Peruano» el 22 de julio de 2000, que establece que las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los cuatro (4) años contados desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laboral.
        1. La codemandada Comercial Andina Industrial S.A.C. cuestiona este extremo, por considerar que existe un error en la motivación al existir un pronunciamiento contradictorio, puesto que el juzgado reconoce que en el año 2008 no se llevaron servicios a favor de su representada por la demandante; sin embargo, declara infundada la excepción planteada.
        1. Por su parte, la codemandada Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C. refiere que el período materia de prescripción es tan sola la primera relación contractual, es decir, de mayo de 2008 a mayo de 2009, y al presentarse la demanda en el 2017, es evidente que para su representada ya prescribió el período de reclamación.
        1. Ahora bien, en el caso de autos, se aprecia que la parte demandante peticiona, entre otros, el reconocimiento de la relación laboral por el período comprendido desde el 07 de enero de 2003 al 03 de mayo de 2009, y como consecuencia de ello, el pago de beneficios sociales y participación de utilidades, así como el reconocimiento y reintegro de remuneraciones y como consecuencia de ello, el reintegro de beneficios sociales y pago correcto de la indemnización por despido arbitrario desde el 04 de mayo de 2009 al 08 de marzo de 2017.
        1. En ese sentido, la parte demandante señala en su escrito postulatorio que tuvo una relación laboral con las codemandadas por el período comprendido e ininterrumpido desde el 07 de enero de 2003 al 08 de marzo de 2017,para lo cual precisaque las codemandadas pertenecen a un grupo económico, hecho que además no ha sido negado por las codemandadas. Siendo ello así, este Colegiado comparte lo determinado por la juez de la causa, en este extremo, al dilucidar que existe una prestación continúa de servicios de la parte demandante; lo cual no significa el reconocimiento de una relación laboral, debido a que dicho análisis corresponde a un pronunciamiento de fondo. Por tales motivos, se desestima el trigésimo agravio deducido por la codemandada Comercial Andina Industrial S.A.C. y el trigésimo sexto y trigésimo sétimo agravio deducido por la codemandada Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C.


    Sobre el pronunciamiento de fondo

          1. En relación con la vinculación económica, en principio resulta adecuado traer a este lugar el concepto y la noción de lo que se comprende por grupo económico. Desde el punto de vista de la doctrina, Luis Miguel CAMPS RUIZ nos dice: «... cada día es más normal [...] que una única empresa, con una sola dirección real, se articule a través de diversas sociedades o entidades con personalidad jurídica diferenciada: en tal caso nos encontramos ante lo que la doctrina laborista ha solido denominar 'grupos de sociedades' o 'grupos de empresas', 'grupos de empresarios' o 'grupos de empresa'...».
        1. Según este autor español, el grupo de empresas es una unidad empresarial resultante de la articulación funcional de diversas sociedades jurídicamente independientes y autónomas a través de un común sometimiento a una dirección económica ejercida por otra sociedad o persona individual. De este modo precisa CAMPS RUIZ que son sus notas definitorias: la carencia de personalidad y capacidad jurídica de la unidad, la independencia y autonomía jurídica, que no económica, de las sociedades integrantes del grupo, pero, sobre todo su vertebración a través de la dirección unitaria ejercida por la sociedad dominante.
        1. Sin embargo, según el mismo autor, la existencia de vínculos asociativos de grupo es condición necesaria pero no suficiente para la responsabilidad delmismo, exige por ello elementos adicionales demostrativos de un fraude o abuso de derecho por parte del grupo para aceptar tal responsabilidad4.

        1. En el ámbito nacional, en cuanto a la legislación laboral nacional no existe norma que regule el tema del denominado grupo de empresas; sin embargo, pueden encontrarse algunas definiciones en otras áreas del derecho, verbigracia, en el artículo 8 de la Resolución SBS Nro. 445-2000 "Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico", modificada por Resolución S.B.S Nro. 5780-2015, de 24 de setiembre de 2015, el mismo que entiende «[...] por grupo económico al conjunto de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, conformado al menos por dos personas jurídicas, cuando algunas de ellas ejerce control sobre la o las demás, o cuando el control sobre las personas jurídicas corresponde a una o varias personas naturales que conforman una unidad de decisión [...]».
        1. Asimismo, el artículo 7 de la Resolución CONASEV Nro. 0090-2005 publicado el 28 de diciembre de 2005 define al grupo económico, como el conjunto de personas jurídicas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas al control de una misma persona natural o de un mismo conjunto de personas naturales.
        1. Deeste modo, si bien no hay norma jurídica laboral que regula esta figura en nuestro derecho nacional; sin embargo,en punto a la determinación de responsabilidad solidaria por existencia de un grupo de empresa y vinculación económica y administrativa entre las codemandadas, la posición de la Corte Suprema a través del Pleno Jurisdiccional Laboral de 2008, ha dejado establecido en relación con la solidaridad en las obligaciones laborales, lo siguiente: «Existe solidaridad en las obligaciones laborales no solamente cuando se configuran los supuestos previstos en el artículo 1183º del Código Civil sino, además, en los casos en los que exista vinculación económica, grupo de empresas o se evidencie la existencia de fraude con el objeto de burlar los derechos laborales de los trabajadores».
        1. A partir de esta de esta postura adoptada por los magistrados de segunda instancia de la especialidad laboral, se puede asumir que basta que un trabajador labore para un empleador que forma parte de un grupo económico para que opere la obligación solidaria de sus conformante frente a los derechos de aquél.
        1. Ahora bien, en la Casación Laboral Nro. 1162-2013 JUNIN de 30 de setiembre de 2013, así como en la Casación Laboral Nro. 4573-2013 JUNIN de 02 de diciembre de 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, establece en los casos de transmisión de empresas que «para que una transmisión empresarial resulta válida y conforme [a] los principios laborales y constitucionales, es requisito que la misma no contenga intrínsecamente un fraude para los derechos de los trabajadores involucrados».Con lo cual se advierte que en el caso de transmisión de empresas es necesario la presencia del elemento de fraude, que coincide con la doctrina antes invocada, cuando en el caso de grupos de empresas o vinculación económica también se sostiene que, para imputar la responsabilidad al grupo, se requiere elementos adicionales demostrativos de un fraude o abuso de derecho por parte del grupo para aceptar tal responsabilidad. Por tanto, resulta necesario delimitar los alcances de estos dos conceptos: el fraude a la ley y el abuso de derecho.
        1. Rafael FERNÁNDEZ IRUZUBIETA5 señala que se presentan hasta tres supuestos de conductas defraudatorias de la ley como son «a) Incumplimiento puro y simple de la ley, llevado a cabo, en general, por omisión. Esto es lo que podríamos llamar fraude en sentido genérico, b) Incumplimiento de la ley debido a una conducta simulada externa que disimula o disfraza la realidad jurídica que daría lugar a la aplicación de la norma eludida. Esto sería fraude en sentido concreto o propio y c) Incumplimiento de la ley debida mediante una conducta externa formalmente atemperada a otra norma que oculta o disimula la elusión de aquélla. Esta modalidad es la que constituiría el fraude en sentido jurídico estricto». Así pues, debe tenerse en cuenta que la defraudación a la ley importa una defraudación al ordenamiento jurídico de una Nación.
        1. Pero, conviene precisar un elemento adicional que tiene relación estrecha con lo que es materia de controversia: si es necesario que concurra la voluntad y el daño o perjuicio en el fraude a la ley. Siguiendo la doctrina española en relación con la concurrencia o no de la voluntad o la intención defraudatoria del autor del acto, Federico de CASTRO Y BRAVO, citado por Fernández Iruzubieta6, sostiene: «no es necesario que la persona que realice el acto en fraude tenga, ni menos que se demuestre su intención de infringir la Ley. La teoría contraria (subjetiva) se aferra a la idea de engaño, que se une generalmente con la palabra fraude. Pero contra ella hay las siguientes razones decisivas: a) que el fin único de la doctrina del fraude es la defensa del cumplimiento de las leyes, no la represión del concierto o intención maliciosa, de que se encargan otras instituciones; b) que la malicia en el fraude de la ley solo puede afirmarse ( si no, sería mero ejercicio de la libre actividad de la persona) cuando haya un previo deber de respetar la ley; pero entonces, ¿por qué se ha de defender la organización jurídica contra el ataque intencionado y no contra el del ignorante?; c) la dificultad casi insuperable de probar la intención fraudulenta y la insuficiencia e inexactitud de hablar de una intención 'no seria'».

        1. Del mismo modo, Jorge MOSSET ITURRASPE7, cuando aborda la configuración del fraude a la ley señala que se presentan dos corrientes: la noción subjetiva y la noción objetiva. En relación con la primera noción señala: «Para una importante corriente doctrinal, que reconoce históricamente la influencia del cristianismo, la noción de fraude se integra con un elemento o requisito subjetivo: el móvil o intención de eludir la ley -la frau-. Sin el acuerdo fraudatorio, celebrado para exteriorizar el propósito de escapar a la aplicación de la norma prohibitiva no se entiende configurado, para quienes así piensan, el negocio en fraude de la ley». En relación con la segunda de las nociones, sostiene: «Para otra corriente, que juzgamos mayoritaria en el derecho moderno, la intención es intrascendente a la existencia o no de la violación. Es derecho es violado objetivamente o no lo es. La sola intención es insuficiente si no existe violación objetiva; y si ésta se da, de nada vale que las partes hayan creído actuar conforme a derecho, que esté ausente todo móvil defraudatorio».
        1. De otro lado, respecto a la libertad de las codemandadas de organizarse en el marco de la ley y la Constitución, conviene recordar lo establecido por la Constitución en relación propiamente al ejercicio de la libertad de empresa. Así ha señalado en el expediente Nro. 7320-2005-PA/TC LIMA: «Consagrado por el artículo 59° de la Constitución, el derecho a la libertad de empresa se define como la facultad de poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de servicios para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. La libertad de empresa tiene como marco una actuación económica autodeterminativa, lo cual implica que el modelo económico social de mercado será el fundamento de su actuación y, simultáneamente, le impondrá límites a su accionar. Consecuentemente, dicha libertad debe ser ejercida con sujeción a la ley -siendo sus limitaciones básicas aquellas que derivan de la seguridad, la higiene, la moralidad o la preservación del medio ambiente-, y su ejercicio deberá respetar los diversos derechos de carácter socio-económico que la Constitución reconoce».En tal sentido, el pago de los beneficios sociales de los trabajadores, se integra a tales derechos previstos en el Capítulo II De los derechos sociales y económicos de la Constitución peruana.
        1. En ese orden de ideas, de la revisión de los actuados y conforme a lo señalado en la audiencia de vista de la causa de fecha 17 de noviembre de 2021, las codemandadas Comercial Andina Industrial S.A.C., Grupo Andex S.A.C. y Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C., entre las mismas existe una vinculación económica, hecho que no ha sido cuestionado ni negado a lo largo del proceso. Por tanto, las codemandadas deben asumir la obligación solidaria en el pago del beneficio social que se determine en esta instancia.
        1. Respecto al reconocimiento de una relación laboral, previamente, corresponde determinar si la sentencia venida en grado se encuentra acorde a Ley, para ello resulta pertinente verificar a la luz del principio de primacía de la realidad, si en el caso que nos ocupa corresponde determinar si el vínculo contractual habido entre las partes desde el 07 de enero de 2003 al 03 de mayo de 2009, deben ser considerados como un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada.
        1. Como señala Guillermo CABANELLAS: «Muchas veces se trata de dar a un trabajador subordinado la apariencia de un trabajador autónomo. Esta situación es tan frecuente que obliga a los tribunales a determinar no que el conjunto sea simulado, y sí simplemente a establecer la verdadera naturaleza de la prestación. En esta forma, las disposiciones de código Civil sobre simulación de contratos se borran para penetrar en el contrato realidad; esto es, en la ejecución de la prestación de un trabajo, deduciendo de ello sus caracteres esenciales para llegar a la determinación de la naturaleza del vínculo que liga a las partes. Para simular un contrato de locación de obra o servicio que oculta un verdadero contrato de trabajo se utilizan diversos recursos: En todos los casos debe tratarse, como hemos dicho, de llegar al contrato realidad a la efectiva prestación, al orden de las relaciones habidas entre las partes, para determinar la auténtica naturaleza jurídica del acto cumplido» [Cita de Guillermo CABANELLAS hecha por Américo PLÁ RODRÍGUEZ en su clásica obra «Los Principios del Derecho del Trabajo», 3era Edición actualizada, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1998, pág. 324.].
        1. Asimismo, el Tribunal Constitucional peruano en la sentencia recaída en el expediente Nro. 991-2000-AA/TC SANTA8 ha señalado lo siguiente: «El principio de primacía de la realidad es un elemento implícito en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución del Trabajo, que ha visto este como un deber y un derecho, base del bienestar social, y medio de la realización de la persona (artículo 22°) y, además, como un objeto de atención prioritaria del estado (artículo 23°). Dicho de otro modo, el tratamiento constitucional de una relación laboral impone que sea enfocado precisamente en estos términos». Además, agrega el Alto Tribunal9 en la sentencia recaída en el expediente Nro. 2132-2003-AA/TC PIURA que: «[...] así como en el principio de primacía de la realidad, según el cual, en caso de discordia entre lo que ocurriese en la práctica y lo que apareciera de los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a los que sucede y se aprecia en los hechos».
        1. En este orden, lo que corresponde analizar en este caso es si en la relación jurídica habida entre las partes, lo que ha existido es una relación de naturaleza civil; o si, por el contrario, lo que realmente ha existido es una relación de naturaleza laboral, lo que constituye uno de los fundamentos centrales de la demanda. Para ello, es necesario aplicar el referido principio de primacía de la realidad, al caso de autos.


    Prestación personal de servicios

          1. En primer lugar, es necesario precisar que el numeral 23.2 del artículo 23 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nro. 29497, establece que «Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario». Es decir, en el nuevo modelo procesal laboral, al demandante, se le asigna solamente la carga de acreditar la prestación personal de servicios, correspondiéndole por tanto a la demandada probar lo contrario, esto es, probar que no existió tal prestación personal.
        1. Así, pues, resulta necesario revisar la valoración efectuada por la juzgadora de los medios probatorios ofrecidos en autos a efectos de establecer si el accionante ha cumplido con acreditar la existencia de la prestación personal de servicios en favor de las codemandadas.
        1. Este elemento esencial del contrato de trabajo se traduce en el hecho de que el servicio será dado en forma personal y directa solo por el trabajador como persona natural. Al respecto, resulta ilustrativa la definición que nos brinda sobre este elemento el autor nacional Wilfredo Sanguineti, citado por Jorge Toyama, cuando señala lo siguiente: «[...] es la obligación del trabajador de poner a disposición del empleador su propia actividad laborativa (operae) la cual es inseparable de su personalidad, y no un resultado de su aplicación (opus) que se independice de la misma».Y completa la idea el mismo Toyama señalando:«Es decir, la prestación de servicios que fluye de un contrato de trabajo es personal -'intuito personae' y no puede ser delegada a un tercero [...] Los servicios que presta el trabajador son directos y concretos, no cumpliendo la posibilidad de efectuar delegaciones o ayuda de terceros -salvo el caso del trabajo familiar. Este requisito, como hemos anotado, no es exigible al contrato de servicios no personales»[TOYAMA, Jorge. «El principio de primacía de la realidad en las sentencias del Tribunal Constitucional». En: Estudios de la Jurisprudencia Constitucional en Materia Laboral y Previsional. Academia de la Magistratura, octubre de 2004, pp. 36.]



    Presencia de los otros elementos esenciales del contrato de trabajo

          1. No obstante, que de acuerdo al nuevo sistema normativo procesal laboral, la carga de la prueba establecida en el citado numeral 23.2 del artículo 23 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nro. 29497, le impone ala parte accionante solo la acreditación de la prestación personal de servicios; sin embargo, este Colegiadoconsidera adecuado analizar adicionalmente si en dicha relación se han presentado los demás elementos esenciales del contrato de trabajo: la subordinación y la remuneración. A este propósito es necesario antes fijar los márgenes conceptuales de estos elementos.
        1. En cuanto a la subordinación está claramente prevista en el artículo 9 del Decreto Supremo Nro. 003-97-TR, entendiéndose por ella que «el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador».
        1. Mientras que la remuneración viene a constituir, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto Supremo Nro. 003-97-TR, para todo efecto legal, el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición. El Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) considera «salario» la «remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado a deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar».


    Análisis de las pruebas aportadas al proceso

          1. En el presente caso, revisados los actuados, se aprecia el Oficio Nro. 0224-2018-SUNAT/7E7400 de fecha 15 de enero de 2018, en el cual se registra la información de rentas de cuarta categoría de la parte demandante, donde sedenota la prestación de servicios de manera continua e ininterrumpida para las codemandadas Comercial Andina Industrial S.A.C., Grupo Andex S.A.C. y Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C., por el período comprendido del 07 de enero de 2003 al 03 de mayo de 2009.
        1. En ese sentido, del medio probatorio antes referido se advierte que en forma indubitable hubo una prestación de servicios personal por parte de la demandante a favor de lascodemandadas.
        1. En lo concerniente al elemento de subordinación, cabe indicar que dada la naturaleza de las labores de la demandante, esto es, como abogada para el grupo económico a las cuales pertenecen las codemandadas, se colige que dichas labores estuvieron sujetas a subordinación y supervisión, esto es, las emplazadas ejercían una actividad de dirección y fiscalización sobre las prestaciones efectuadas por la accionante; debiendo precisarse que si bien el poder de subordinación otorga al empleador las facultades de dirección, fiscalización y disciplinarias, también lo es que para verificar dicho poder, como elemento esencial del contrato de trabajo, no es necesario que el empleador ejerza en los hechos las tres facultades que éste le confiere, sino que basta con apreciarse solo una de ellas para determinar la existencia de una relación laboral.
        1. Ahora bien, las codemandadas niegan que hayan ejercido sobre la parte demandante su poder de subordinación, en tanto que solo han estado vinculadas con la accionante mediante una relación de naturaleza civil; sin embargo, de las pruebas aportadas en el proceso, las cuales han sido debidamente merituadas por la juez de la causa, demuestran lo contrario, por lo que a modo de ejemplificar se procede a resaltar los siguientes medios probatorios:

    1. Correo electrónico de fecha 02 de mayo de 2006, en el cual se solicita a la demandante revise un caso de solicitud de crédito.
  • Correo electrónico de fecha 16 de agosto de 2006, en el cual la Gerencia Genera del Grupo Andina comunica a todo el personal, entre ellos a la actora, sobre el trabajador del mes y la bonificación respectiva.
  • Correo electrónico de fecha 21 de febrero de 2007, en el cual se le comunica a la demandante las provisiones de cobranza dudosa del Grupo Andex S.A.C., con copia a la subgerente general.
  • Correo electrónico de fecha 08 de setiembre de 2008, en el cual la demandante comunica lo siguiente: «Cumplo en informarle que hoy entregue a Piero la tasa que se pago para solicitar su certificado, asimismo la solicitud para realizar dicho tramite. En la fecha, le solicitome sirva dispensar de la asistencia a Andina, el día de mañana, por encontrarme delicada de salud» [énfasis agregado].
  • Correo electrónico de fecha 30 de setiembre de 2008, en el cual la subgerente general le comunica a la actora, «en relación a la documentación tu eres la persona indicada para conseguirlos, en relación a los pagos deberíamos tener un aproximado que nos debería alcanzar el asesor con un cronograma de desembolsos para poder presupuestarlos [...]».
  • Correo electrónico de fecha 13 de octubre de 2008, en el cual se le comunica a la accionante, sobre el estado de cobranza de los clientes de la zona Cañete.
  • Correo electrónico de fecha 09 de febrero de 2009, en el cual la subgerente general le comunica a la actora, sobre la cobranza de clientes de Andex y se le solicita: «De acuerdo hay que tener la documentación necesaria para poder efectuar la provisión».
        1. En ese orden, lascodemandadas en el decurso del proceso no han logrado acreditar que dichas labores se hayan efectuado de forma independiente e insubordinada.
        1. En efecto, lascodemandadas no han acreditado con documento fehaciente e idóneo que las labores que prestó la demandante fueron realizadas por un tercero. Por tanto, se infiere que dichas labores fueron realizadas por la actora de forma personal e intransferible para lascodemandadas, tanto más si existe un reconocimiento parcial de derechos laborales (fojas 366), en el cual se aprecia que se dispuso el goce vacacional de la demandante. De lo que además se colige que dicho tratamiento no corresponde en modo alguno a un locador de servicios; por el contrario, a un trabajador con prestaciones subordinadas.
        1. En ese contexto, al haber la accionante cumplido con la carga de la prueba que le impone el numeral 23.2 del artículo 23 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nro. 29497; en consecuencia, se concluye que en la relación jurídica civil habida entre las partes durante el período comprendido del 07 de enero de 2003 al 03 de mayo de 2009, estuvo presente el elemento esencial del contrato de trabajo: la prestación personal de servicios de la demandante en favor de lascodemandadas. Asimismo, queda acreditado que en la relación habida entre las partes estuvo definitivamente presente el elemento de la subordinación, ello en razón a la condición laboral de la demandante, quien prestó servicios como abogada, bajo la supervisión y órdenes de lascodemandadas.
        1. Al estar presentes los dos primeros elementos del contrato de trabajo, la prestación personal de servicios y la subordinación, los montos pactados en los recibos por honorarios, acreditados con el Oficio Nro. 0224-2018-SUNAT/7E7400 de fecha 15 de enero de 2018,no podían sino tratarse de pagos por los servicios prestados a título de remuneración; y dada la forma en que se entregó este ingreso, se asimila más bien a un pago fijo, que es intrínseco a un salario o sueldo.
        1. En consecuencia, en la relación habida entre las partes, se presentaron los tres elementos esenciales del contrato de trabajo. Por ello, se tiene por cierto que la accionante laboró para las codemandadas, bajo un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada del 07 de enero de 2003 al 08 de marzo de 2017, al amparo del régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo Nro. 728.
        1. De otro lado, las codemandadas Grupo Andex S.A.C. y Comercial Andina Industrial S.A.C. alegan en su recurso de apelación que no importaba que la parte demandante preste servicios para la corporación de forma dependiente y exclusiva porque no se encontraba sujeta a una relación laboral, sino a una relación de naturaleza civil e independiente, que incluso le permitía prestar servicios para distintas empresas, tales como Procampo S.A., Inversiones Esdes E.T., Molinos y Cía. S.A., SQM S.A; sin embargo, cabe resaltar que en modo alguno las codemandadas han acreditado que la parte accionante tenía una vinculación contractual de exclusividad; más aún si luego de la prestación de servicios de naturaleza civil -ahora reconocida como de naturaleza laboral-, se le incorporó a la accionante en planillas de trabajadores de la codemandada Comercial Andina Industrial S.A.C., e incluso la propia demandante en la audiencia de vista de la causa10 afirmó que la empresa Inversiones Esdel, es copropietaria con la codemandadaComercial Andina Industrial S.A.C; hecho no cuestionado ni negado por esta parte en la referida audiencia.

    CONSIDERATIONS

    Por tales razones, corresponde desestimar del décimo primer al décimo octavo agraviodeducido por la codemandada Grupo Andex S.A.C. y del vigésimo cuarto al trigésimo segundo agraviodeducido por la codemandada Comercial Andina Industrial S.A.C., así como el trigésimo octavo, trigésimo noveno y cuadragésimo agravio deducido por la codemandada Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C.
        1. Respecto al primer y tercer agravio deducido por la demandante, debemos señalar que el artículo 29° de la Constitución Política del Estado establece que el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.
        1. Por su parte el Decreto Legislativo Nro. 892 conjuntamente interpretado con el Decreto Legislativo Nro. 677, que desarrolla la referida norma constitucional, regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Así, prevé la participación de los trabajadores mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos; que dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de días laborados por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador; y, b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio.
        1. De acuerdo con el Decreto Legislativo Nro. 892, el porcentaje de las utilidades que debe repartir la empresa depende del tipo de actividades que ésta desarrolle. Los porcentajes son los siguientes: Empresas Pesqueras 10%, Empresas de Telecomunicaciones 10%, Empresas Industriales 10%, Empresas Mineras 8%, Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes 8%, Empresas que realizan otras actividades 5%. Asimismo, de conformidad con el artículo 4° del dispositivo en referencia, «La participación en las utilidades a que se refiere el artículo 2° del presente Decreto se calculará sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios anterioresde acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta».
        1. En ese contexto, conviene señalar que la carga de la prueba en materia laboral se encuentra tipificada en el artículo 23° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo - Ley Nro. 29497, en los siguientes términos:



    «23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.

    23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.

    23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de:

    a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal.

    b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido.

    c) La existencia del daño alegado.

    23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de:

    a) El pago, el cumplimiento de las normas legales , el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad...» [énfasis nuestro].

          1. Este Superior Tribunal no comparte las razones por las cuales la juez de la causa desestimó la pretensión de pago de utilidades, toda vez que era la parte empleadora la que tenía el deber de acreditar sus afirmaciones respecto al número de trabajadores con que cuenta, a efectos de determinar si está o no obligada a distribuir utilidades y de haber dado cumplimiento a las normas legales que impusieron el pago de la participación de utilidades a sus trabajadores.
        1. En ese sentido, si bien en autos tampoco la parte demandante ha cumplido con presentar las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta que corresponden a los ejercicios peticionados, este Superior Tribunal considera que los mismos deben ser calculados razonablemente tomando como referencia la remuneración mínima vital de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada para los años en que debió gozarse de dicho pago, según la siguiente liquidación:



    UTILIDADES
    AÑO MES - AÑO RMV VIGENTE
      PAGO MES DE PAGO
    2003 Mar-04 460.00
    2004 Mar-05 460.00
    2005 Abr-06 500.00
    2006 Abr-07 500.00
    2007 Mar-08 550.00
    2008 Abr-09 550.00
    TOTAL 3,020.00


          1. En atención a la liquidación que antecede las codemandadas deberán pagar de forma solidaria a la demandante la suma de S/3,020.00 soles, por concepto de participación por utilidades, más intereses legales. Por tales motivos, se estiman parcialmente los agravios deducidos en estos extremos.
        1. Respecto alsegundo y cuarto agravio deducido por la demandante, la Ley Nro. 25129, Ley que dispone que los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10 % del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar, señala en su artículo 1 que: «A partir de la vigencia de la presente Ley, los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de Asignación Familiar»; así también el artículo 4 del Decreto Supremo Nro. 035-90-TR, señala que «El cálculo para el pago de la asignación familiar se efectuará aplicando el 10% a que se refiere el Artículo 1 de la Ley sobre el Ingreso Mínimo Legal vigente en la oportunidad que corresponda percibir el beneficio».
        1. De otro lado, el artículo 11 del Decreto Supremo Nro. 035-90-TR dispone que: «El derecho al pago de la asignación familiar establecida por la Ley, rige a partir de la vigencia de la misma, encontrándose obligado el trabajador a acreditar la existencia del hijo o hijos que tuviere».En referencia a ello es de señalarse que este beneficio se encuentra regulado por la Ley Nro. 25129 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nro. 035-90-TR, estableciendo ésta última norma que para la exigibilidad del beneficio es necesaria la acreditación ante el empleador de la existencia de hijos menores a cargo.
        1. En relación a ello, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Cas. Lab. Nro. 4802-2012 LA LIBERTAD de fecha 21 de enero de 2013, ha establecido criterios relevantes respecto a la asignación familiar al prescribir en su segundo considerando: «[...] nada obsta para el trabajador pueda acreditar su carga familiar en el proceso laboral, que no se podría acoger a una interpretación restrictiva de la norma [...] y la Casación Laboral N° 2630-2009-Huara se estableció que se debe reconocer el derecho de asignación familiar como un mínimo necesario de carácter imperativo, que lo único que debe acreditar el trabajador es que durante la vigencia del período laboral tuvo carga familiar [...]».
        1. En esa misma línea se advierte que la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo concuerda con nuestra norma fundamental, debido a que el derecho de asignación familiar establecido en la Ley Nro. 25129 constituye un derecho mínimo necesario protegido por la garantía de irrenunciabilidad en concordancia con numeral 2) del artículo 26° de la Constitución Política del Estado. Por ello, teniendo en cuenta que el beneficio social de la asignación familiar es un ingreso de naturaleza remunerativa dispuesto por Ley, que se sustenta en el hecho que durante la vigencia de la relación laboral se cumpla con el supuesto de la norma; se advierte de autos que si bien la demandante ha acompañado boletas de pago en la que figura el concepto de asignación familiar y que además se le hizo entrega de constancias escolares, no ha acompañado con documentos idóneos e indubitables como es la partida de nacimiento y documento nacional de identidad de sus menores hijos.
        1. Es decir, la parte accionante alega que ha ofrecido medios probatorios de los cuales se desprende que tiene carga familiar; sin embargo, ello no es suficiente para determinar con exactitud y precisión desde cuando le correspondería el derecho, vale decir, el periodo dentro del cual le asistiría el derecho dentro de los márgenes que establece la ley. Por tanto, se desestima los agravios formulados en este extremo.
        1. En cuanto al cuadragésimo segundo agravio, resulta relevante y pertinente hacer referencia a la Teoría de los actos propios. Al respecto, Adolfo GelsiBidart, señala que: «[...] la doctrina del acto propio sustenta la incoherencia o incongruencia de la conducta de un sujeto respecto a anteriores comportamientos verificándose incompatibilidad por contradicción entre las mismas. El autor postula la aplicación del principio en el supuesto en que un sujeto de derecho intenta verse favorecido en un proceso judicial asumiendo una conducta que contradice otra que la precede en el tiempo, por cuanto la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico, debiendo descalificarse la contradicción con la conducta propia y previa. La teoría del acto propio aplica el valor justicia por cuanto realiza determinada conducta que lleva al convencimiento de los demás de que será permanente, no corresponde de manera abrupta introducir un cambio en aquella en perjuicios del sujeto que, sobre tales bases, se ha relacionado con el sujeto activo»11.

        1. A este respecto, la codemandada Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C. refiere que la juez de la causa ha vulnerado el principio de congruencia, pues no ha considerado la teoría de los actos propios que determina la mala fe de la actora, debido a que los contratos de locación que suscribió, la emisión de recibos por honorarios y todo su actuar lo hizo con conocimiento de causa, por tanto, ahora no debe desentenderse y por el contrario hacerse responsable de sus propios actos.
        1. Sin embargo, y conforme se ha determinado en líneas que preceden, por aplicación del principio de primacía de la realidad se ha determinado que la prestación de servicios que realizó la demandante para las codemandadas en el plano real fue una de connotación laboral, bajo los alcances del régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo Nro. 728. Situación que implica e involucra el pago de sus beneficios sociales, tal como lo dispone el inciso 2) del artículo 26º de la Constitución Política del Estado.
        1. En ese sentido, la determinación de una relación laboral a la que estuvo vinculada la parte demandante en modo alguno puede asimilarse como un acto de mala fe, como afirma esta parte codemandada, puesto que el desenvolvimiento de la prestación de servicios, esto es, bajo subordinación proviene del poder de dirección y supervisión que tiene el empleador, como ha ocurrido en el caso bajo análisis. Por tanto, se desestima el agravio formulado en este extremo.
        1. En lo concerniente al derecho a la prueba y a la falta de motivación de las resoluciones judiciales, previamente corresponde resaltar que, el Tribunal Constitucional12 sobre el derecho a la prueba ha señalado lo siguiente:



    «[...] este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N.º 010-2002-AI/TC, el derecho a la prueba forma parte de manera implícita del derecho a la tutela procesal efectiva; ello en la medida en que los justiciables están facultados para presentar todos los medios probatorios pertinentes, a fin de que puedan crear en el órgano jurisdiccional la convicción necesaria de que sus argumentos planteados son correctos. En tal sentido, este Tribunal ha delimitado el contenido del derecho a la prueba:

     

    (...) Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que estos sean admitidos, adecuadamente  actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado (Cfr. STC Exp. N.º 6712-2005-HC/TC, fundamento 15).

     

    1. Asimismo, este Tribunal ha considerado que se vulnera el derecho a probar cuando habiéndose dispuesto en el propio proceso la actuación o incorporación de determinado medio probatorio, ello no es llevado a cabo (cfr. Exp. N.º 6075-2005-PHC/TC, 00862-2008-PHC/TC). No obstante el criterio referido, este colegiado advierte que si bien dicha omisión resulta prima facie atentatoria del debido proceso, puede darse el caso de que el medio probatorio no tenga una relevancia tal que amerite la anulación de lo actuado, en atención, por ejemplo, a la valoración de otros medios de prueba, lo que no es más que una manifestación del principio de trascendencia que informa la nulidad procesal (cfr. Exps. N.os 0271-2003-AA aclaración, 0294-2009-AA fund 15, entre otros). Naturalmente, es la justicia ordinaria la que en primer lugar evalúa la trascendencia del medio probatorio, a fin de determinar si procede o no a la anulación de lo actuado (Cfr. Expediente N.º 6065-2009-HC/TC)».
        1. En esa línea argumentativa, el artículo 197° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, señala que: «Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión». A ello cabe agregar que según COUTURE13, de acuerdo: «a la regla de la sana crítica, que no es otra cosa que las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento».
        1. En ese sentido, la valoración e interpretación del conjunto de medios probatorios ofrecidos por las partes será efectuada por el juez de acuerdo a su sana crítica dándole la debida interpretación y valor a los medios de prueba en concordancia con su experiencia y objetividad a la luz de las pruebas aportadas y de acuerdo a lo que prescriba la ley en determinado caso. En dicho sentido, el a quo está facultado de interpretar y valorar libremente la prueba dentro de los límites de su apreciación razonada y la sana crítica.
        1. Bajo ese contexto, este Colegiado considera que la juez de la causa ha merituado las pruebas ofrecidas por las partes, interpretándolas y valorándolas dentro de las reglas de la sana crítica, para lo cual ha determinado que la demanda debe ser declarada fundada en parte; criterio que además comparte esta Superior instancia.
        1. De otro lado, se debe tener presente que conforme a lo previsto en el numeral 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, todos los jueces están obligados a realizar una debida motivación de sus decisiones; lo que se condice también en el plano legal, con el inciso 3) del artículo 122° del Código Procesal Civil, en el cual se establece que toda resolución debe contener los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto según el mérito de lo actuado, y asimismo con el deber que impone a los jueces, el inciso 6) del artículo 50° del aludido Código Adjetivo.
        1. En ese orden, luego de la lectura y análisis de la sentencia venida en grado se puede apreciar que el razonamiento de hecho y de derecho en los que la juez ampara su decisión, se encuentra debidamente motivada, puesto que ha expuesto las razones por las que consideró que la demanda debe ser estimada parcialmente, resolviendo los cuestionamientos efectuados en la demanda y contestación de la misma, que resulta congruente con la pretensión materia de controversia, no advirtiéndose alguna omisión o arbitrariedad en el pronunciamiento de la juez de primera instancia.
        1. Por tanto, de la revisión de la sentencia no se aprecia una motivación aparente, puesto que la juzgadora ha analizado en forma lógica y congruente cada una de las pretensiones postuladas por las partes, valorando en forma conjunta los medios probatorios ofrecidos, y señalando las normas legales pertinentes. Por tales motivos se desestima del sexto al décimo agravio deducido por la codemandada Grupo Andex S.A.C. y del décimo noveno al vigésimo tercer agravio deducido por la codemandada Comercial Andina Industrial S.A.C., así como el cuadragésimo primer y cuadragésimo tercer agravio deducido por la codemandada Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C.
        1. Por otro lado, el artículo 407° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, prescribe que:«Antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga».

        1. En ese sentido, conforme es de apreciarse de la liquidación efectuada por la juez de la causa, en lo concerniente al concepto de gratificaciones legales, se advierte que la juzgadora no realizó la operación aritmética de la forma correcta, esto es, no se efectuó el descuento correcto a partir del período de julio de 2014, debido a que el monto a pagar no coincide entre lo percibido y lo abonado por las codemandadas. Situación que implicó que se ordene a pagar un monto superior a lo que realmente corresponde, en tal sentido, se debe corregir la referida liquidación conforme al siguiente detalle:



    GRATIFICACIONES
    MES - AÑO SUELDO N° DE GRATIFICACION PAGO REINTEGRO
      BASICO MESES GRATIFICACION
    Jul-03 2,772.05 5 2,310.04   2,310.04
    Dic-03 2,772.05 6 2,772.05   2,772.05
    Jul-04 2,550.03 6 2,550.03   2,550.03
    Dic-04 2,550.03 6 2,550.03   2,550.03
    Jul-05 2,580.78 6 2,580.78   2,580.78
    Dic-05 2,580.78 6 2,580.78   2,580.78
    Jul-06 2,580.78 6 2,580.78   2,580.78
    Dic-06 2,580.78 6 2,580.78   2,580.78
    Jul-07 3,878.59 6 3,878.59   3,878.59
    Dic-07 3,878.59 6 3,878.59   3,878.59
    Jul-08 3,711.61 6 3,711.61   3,711.61
    Dic-08 3,343.11 6 3,343.11   3,343.11
    Jul-09 3,455.00 4 2,303.33 1,151.66 1,151.67
    Dic-09 3,455.00 6 3,455.00 3,455.00 0.00
    Jul-10 3,755.00 6 3,755.00 3,755.00 0.00
    Dic-10 3,758.00 6 3,758.00 3,758.00 0.00
    Jul-11 3,760.00 6 3,760.00 3,760.00 0.00
    Dic-11 3,767.50 6 3,767.50 3,767.50 0.00
    Jul-12 3,775.00 6 3,775.00 3,775.00 0.00
    Dic-12 3,775.00 6 3,775.00 3,775.00 0.00
    Jul-13 3,775.00 6 3,775.00 3,775.00 0.00
    Dic-13 5,775.00 6 5,775.00 3,775.00 2,000.00
    Jul-14 6,552.78 6 6,552.78 3,775.00 2,777.78
    Dic-14 6,552.78 6 6,552.78 3,775.00 2,777.78
    Jul-15 7,688.04 6 7,688.04 3,775.00 3,913.04
    Dic-15 5,133.70 6 5,133.70 3,775.00 1,358.70
    Jul-16 6,702.39 6 6,702.39 3,985.00 2,717.39
    Dic-16 6,702.39 6 6,702.39 3,985.00 2,717.39
    TRUNCA 6,702.39 2 2,234.13 1,328.33 905.80
    TOTAL 55,636.72


          1. En atención a la liquidación que antecede, el monto total a pagar es la suma de S/55,636.72 soles y no el monto de S/63,133.29 soles; en tal sentido, tratándose de un error evidente, corresponde corregir este extremo.
        1. Finalmente, corresponde indicar conforme a lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa Nro. 137-2020-CE-PJ, la notificación de la sentencia deberá efectuarse en las casillas electrónicas de las partes procesales.



    Por estos fundamentos expuestos, y de conformidad con el literal a) del artículo 4.2º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo - Ley Nro. 29497, la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima y administrando Justicia a nombre de la Nación:

    HA RESUELTO:

    1. CORREGIR la resolución número dieciocho que contiene la sentencia Nro. 163-2020-39° JETPL de fecha 18 de setiembre de 2020, en el extremo de la liquidación por concepto de gratificaciones, debiendo ser el monto correcto la suma de S/55,636.72 soles.
  • REVOCAR la resolución número dieciocho que contiene la sentencia Nro. 163-2020-39° JETPL de fecha 18 de setiembre de 2020, en el extremo que infundada la pretensión de participación por utilidades; REFORMANDOSE declararon fundada en parte la misma.
  • CONFIRMAR la resolución número dieciocho que contiene la sentencia Nro. 163-2020-39° JETPL de fecha 18 de setiembre de 2020, que declara infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva formulada por las codemandadas Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C. y Grupo Andex S.A.C.
  • CONFIRMAR la resolución número dieciocho que contiene la sentencia Nro. 163-2020-39° JETPL de fecha 18 de setiembre de 2020, que declara infundada la excepción de prescripción extintiva formulada por las codemandadas Comercial Andina Industrial S.A.C., Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C. y Grupo Andex S.A.C.
  • CONFIRMAR la resolución número dieciocho que contiene la sentencia Nro. 163-2020-39° JETPL de fecha 18 de setiembre de 2020, quedeclara fundada en parte la demanda; en lo demás que contiene

  • DECLARAR la existencia entre las partes de un contrato laboral de naturaleza de naturaleza indeterminada, desde el 07 de enero de 2003 hasta el 08 de marzo de 2017, dentro de lo previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nro. 003-97-TR, su Reglamento y normas afines.
  • MODIFICAR el monto ordenado a pagar por la juzgadora. En consecuencia,cumplanlas codemandadas con pagar, en forma solidaria, ala demandantela suma de S/232,727.19 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE Y19/100 SOLES), por concepto de pago y reintegro de remuneración y beneficios sociales (compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, participación por utilidades), e indemnización por despido arbitrario, más intereses legales y financieros, los mismos que se liquidarán en ejecución de sentencia; con costas y costos del proceso.
  • ORDENAR a la codemandada Comercial Andina Industrial S.A.C. otorgue a la accionante el certificado de trabajo conforme lo indicado en la parte considerativa de la resolución de primera instancia.
  • INFUNDADA la demanda, en lo demás que contiene.
  • ORDENAR la notificación de la presente sentencia a través de las casillas electrónicas de las partes.


  • En los seguidos por JESSICA YANNINA ACUÑA DIAZ, contra la COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C., FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A.C. y GRUPO ANDEXS.A.C., sobre pago de beneficios sociales y/o indemnización y otros; y, los devolvieron al Trigésimo Noveno Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.

    Notifíquese.-

    1DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General del Proceso, T.1. Editorial Universidad de Buenos Aires, 1984, pp. 289.

    2ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Introducción al estudio de derecho procesal", primera parte, Editorial-Culzoni. Buenos Aires, 2004, pp. 198.

    3FRESCURA Y CANDIA, Luis: Derecho Paraguayo del Trabajo y de la Seguridad Social, Tercera Edición, Editorial El Foro, Asunción - Paraguay, 1986, p. 805. Cita efectuada por el indicad Tribunal Supremo.

    4Luis Miguel Camps Ruiz. Aspectos Laborales de los Grupos de Empresa. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, marzo, 1994. Páginas 76,77 y 80.

    5Rafael FERNÁNDEZ IRUZUBIETA. El Abuso del Derecho y el Fraude de Ley en el Derecho del Trabajo". Editorial Colex, 1989, Madrid, página 63.

    6 Op. cit. pp.66

    7Jorge Mosset Iturraspe. Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios. Ediar, 1975, Buenos Aires, p. 31

    8De fecha 21 de diciembre de 2000, fj. 3.

    9De fecha 25 de setiembre de 2003, fj. 2.

    10De fecha 17 de noviembre de 2021 [Tiempo de grabación 00:40:50 a 00:41:30].

    11Citado por Alejandro Castello en "Vigencia y Alcance del Principio de Irrenunciabilidad": Revista Derecho & Sociedad. Asociación CivilDerecho& Sociedad de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú Año XIX, N° 30-2008. Página 57.

    12STC recaída en el expediente Nro. 01557-2012-PHC/TC de fecha 04 de junio de 2012.

    13COUTURE, Eduardo. "Fundamento del Derecho procesal civil" 3° edición. Buenos Aires. Ed. Depalma 1990. Pág. 257-259

    PROPERTIES

    DATOS DE LA RESOLUCIÓN:
    Fecha de la Resolución 19/11/2021
    Tipo de Resolución Sentencia de Vista
    Fallo de la Resolución Revocaron
    Jueces CHAVEZ PAUCAR, HUERTA RODRIGUEZ, RUNZER CARRION, RAMOS RIVERA, HUATUCO SOTO, ALMEIDA CARDENAS, VALENZUELA BARRETO, CARLOS CASAS, TOLEDO TORIBIO, CUNYAS ZAMORA
    *** Ponente HUERTA RODRIGUEZ
    *** Dirimente
    Sumilla 1. CORREGIR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, EN EL EXTREMO DE LA LIQUIDACIÓN POR CONCEPTO DE GRATIFICACIONES, DEBIENDO SER EL MONTO CORRECTO LA SUMA DE S/55,636.72 SOLES. 2. REVOCAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, EN EL EXTREMO QUE INFUNDADA LA PRETENSIÓN DE PARTICIPACIÓN POR UTILIDADES; REFORMANDOSE DECLARARON FUNDADA EN PARTE LA MISMA. 3. CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR PASIVA FORMULADA POR LAS CODEMANDADAS FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A.C. Y GRUPO ANDEX S.A.C. 4. CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA FORMULADA POR LAS CODEMANDADAS COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C., FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A.C. Y GRUPO ANDEX S.A.C. 5. CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA NRO. 163-2020-39° JETPL DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020, QUEDECLARA FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA; EN LO DEMÁS QUE CONTIENE 6. DECLARAR LA EXISTENCIA ENTRE LAS PARTES DE UN CONTRATO LABORAL DE NATURALEZA DE NATURALEZA INDETERMINADA, DESDE EL 07 DE ENERO DE 2003 HASTA EL 08 DE MARZO DE 2017, DENTRO DE LO PREVISTO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO D
    Palabras Clave CORREGIR LA SENTENCIA, NOTIFICAR A LAS PARTES, REVOCAR SENTENCIA
    DATOS DEL PROCESO:
    Especialidad Laboral
    Organo Jurisdiccional 4° SALA LABORAL PERMANENTE
    Recurso Apelación
    Materia/Titulo Pago de Beneficios Sociales
    Proceso Ordinario
    DATOS DE PROCEDENCIA:
    Distrito Judicial de Procedencia Lima
    Distrito
    Instancia
    Organo Jurisdiccional de procedencia
    Expediente de Procedencia 8965-2017-0
    Tipo de Resolución
    Fecha de Resolución de Procedencia 18/09/2020
    Fallo Improcedente

    ACTOR

    CHAVEZ PAUCAR, HUERTA RODRIGUEZ, RUNZER CARRION, RAMOS RIVERA, HUATUCO SOTO, ALMEIDA CARDENAS, VALENZUELA BARRETO, CARLOS CASAS, TOLEDO TORIBIO, CUNYAS ZAMORA