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Jurisprudence

Title: Apelación 019987-2019|Contratos|RESPECTO AGRAVIO POR EL CUAL REFIERE QUE SE HA VULNERADO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EQUILIBRIO PRESUPUESTAL. CONVIENE INDICAR QUE, SI BIEN ES CIERTO QUE EXISTEN NORMAS DE TAL NATURALEZA, ELLO EN MODO ALGUNO PUEDE ENERVAR EL DERECHO DEL TRABAJADOR, PUES SE DEBE TENER EN CONSIDERACIÓN QUE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 26.2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, ESTABLECE COMO PRINCIPIO EL CARÁCTER IRRENUNCIABLE DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN. MÁS AÚN, SI EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE RECLAMA EL ACCIONANTE Y QUE FUESE AMPARADO A FAVOR DEL RECURRENTE, ES UN DERECHO LABORAL QUE DEBE SER CAUTELADO POR MANDATO CONSTITUCIONAL, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 23° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, QUE PRECISA QUE NINGUNA RELACIÓN LABORAL PUEDE LIMITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, NI DESCONOCER O REBAJAR LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR, IMPONIENDO DE ESTE MODO UNA CLÁUSULA DE SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO QUE ESTATUYE QUE LA DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA Y EL RESPETO DE SU DIGNIDAD SON EL FIN SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO. RAZÓN POR LA CUAL NO CORRESPONDE AMPARAR EL PRIMER NI SEGUNDO AGRAVIO DE LA DEMANDADA
Fields: Laboral
Date: 20/11/2021
File number: 19987-2019-0
Number: 19987-2019
Origin: Corte Superior de Justicia - Lima
Type of Matter: Contratos
Type of Resolution: Sentencia de vista
Tipo proceso: Ordinario
Class: Apelación
Voces: Principio de legalidad, Caracter irrenunciable de los derechos, Equilibrio presupuestal
Petition: 4° SALA LABORAL PERMANENTE
Reporting Judge: RAMOS RIVERA
Country: Peru



SUMMARY

RESPECTO AGRAVIO POR EL CUAL REFIERE QUE SE HA VULNERADO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EQUILIBRIO PRESUPUESTAL. CONVIENE INDICAR QUE, SI BIEN ES CIERTO QUE EXISTEN NORMAS DE TAL NATURALEZA, ELLO EN MODO ALGUNO PUEDE ENERVAR EL DERECHO DEL TRABAJADOR, PUES SE DEBE TENER EN CONSIDERACIÓN QUE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 26.2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, ESTABLECE COMO PRINCIPIO EL CARÁCTER IRRENUNCIABLE DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN. MÁS AÚN, SI EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE RECLAMA EL ACCIONANTE Y QUE FUESE AMPARADO A FAVOR DEL RECURRENTE, ES UN DERECHO LABORAL QUE DEBE SER CAUTELADO POR MANDATO CONSTITUCIONAL, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 23° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, QUE PRECISA QUE NINGUNA RELACIÓN LABORAL PUEDE LIMITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, NI DESCONOCER O REBAJAR LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR, IMPONIENDO DE ESTE MODO UNA CLÁUSULA DE SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO QUE ESTATUYE QUE LA DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA Y EL RESPETO DE SU DIGNIDAD SON EL FIN SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO. RAZÓN POR LA CUAL NO CORRESPONDE AMPARAR EL PRIMER NI SEGUNDO AGRAVIO DE LA DEMANDADA

HEADING

VISTOS:

En Audiencia Pública de fecha 17 de noviembre de 2021; e interviniendo como Juez Superior Ponente el Señor Ángel Tomas Ramos Rivera.

ASUNTO :

Recurso de apelación interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos Judiciales de la Municipalidad Distrital de San Borja, mediante escrito de fojas 388 a 394, en contra de la Sentencia N° 264 contenida en la resolución número seis de fecha 25 de octubre de 2021, obrante de fojas 357 a 410, que declara fundada en parte la demanda.

AGRAVIOS :

La parte demandada mediante escrito de apelación argumenta los siguientes agravios:

  1. El a quo ha vulnerado el principio de equilibrio presupuestario y de igualdad reconocidos en los artículos 2° y 78° de la Constitución Política del Perú.
  • El juzgado, excluyó al demandante de cualquier evaluación que haga posible el acceso en igualdad de condiciones con otros ciudadanos; y que el Estado conjuntamente con la población, se beneficie de esta sana competencia, logrando atraer a los mejores candidatos para el puesto. El a quo parece olvidar que, en el presente caso, nos encontramos ante un contrato CAS, cuyo origen es un proceso CAS; en el que justamente el demandante ha sido seleccionado y cuya contratación se ajusta al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057. No obstante, ello, el juzgado tampoco consideró las opiniones emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) en su condición de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos, respecto de la validez de los Contratos CAS, tal como se trasluce del Informe Técnico 232-2019-SERVIR/GPGSC, el cual desarrolla de manera muy puntual este supuesto.
  • Considera que el extremo de los costos debe ser revocado en la medida que la demandada ha tenido motivos atendibles para litigar, ya que, no existe duda en que la decisión de contratar al ahora demandante bajo el régimen CAS y la comunicación de la conclusión de la vigencia de dicho contrato, se debió exclusivamente al cumplimiento de un deber legal emanado de las diversas leyes de presupuesto que prohíben la contratación del personal municipal bajo el régimen del D. Leg. 728 y el D. Leg. 276. Asimismo, indican no han obrado con temeridad ni mala fe, pues han tenido motivos atendibles para litigar.
  • FACTS

    CONSIDERANDO:

    1. De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, que -recoge, en parte, el principio contenido en el aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum-, en la apelación la competencia del superior sólo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso) instancia.
  • En relación al principio citado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número 05901-2008-PA/TC refiriéndose al recurso de casación ha señalado: "3. Al respecto conviene subrayar que la casación no es ajena a la vinculación exigida por el principio tantum apellatum quantum devolutum, que implica que al resolverse la impugnación ésta sólo debe pronunciarse sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el referido recurso extraordinario. Así, la Corte de Casación no tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso; y más aún, no puede entrar en el examen de las cuestiones consentidas por las partes o que no han sido cuestionadas porque éstas han quedado ejecutoriadas, salvo que el vicio sea de tanta trascendencia que vulnere el orden público y las buenas costumbres o que exista una manifiesta vulneración de derechos fundamentales cuyo cumplimiento no fue advertido por el recurrente." (sic).
  • En cuanto al primer y segundo agravio de la demandada referido a la vulneración del principio de equilibrio presupuestario y de igualdad reconocidos en los artículos 2° y 78° de la Constitución Política del Perú.
  • De la sentencia venida en gravo se puede apreciar que el a quo declara fundada en parte la demanda sobre desnaturalización de contratos y pago de beneficios sociales, en consecuencia, ordena que la Municipalidad Distrital de San Borja cumpla con inscribir en sus Planillas de Remuneraciones al demandante Victor Raul Alamo Palacios como trabajador obrero adscrito al régimen jurídico laboral de la actividad privada sujeto a un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada desde el 01 de setiembre de 2006 hasta la actualidad. Asimismo, ordena a la demandada el pago de los beneficios sociales, con intereses legales y financieros, más el pago de honorarios profesionales en un 20% sobre los créditos principales y accesorios. Al ser ello así, es que corresponde que la emplazada, de conformidad con el artículo 3° del Decreto Supremo N° 001-98-TR, lo inscriba en sus Planillas Electrónicas como trabajador obrero permanente sujetos a la actividad privada, Decreto Legislativo N° 728.
  • En cuanto al argumento por el cual la emplazada señala para que un trabajador pase a planilla 728, previamente tiene que haber contado con un trabajo a plazo indeterminado obtenido mediante concurso público, para una plaza presupuestada y que se está vulnerando el principio de igualdad. Ante ello, cabe precisar que el artículo 5 de la Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175, el cual se hallan inmersos todos los servidores públicos con independencia del régimen laboral, señala que: "El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades", siendo que su inobservancia constituye una vulneración al interés general que impide la existencia de una relación válida y determina la nulidad de pleno derecho el acto administrativo que las contravenga, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de quien lo promueve, ordena o permita.
  • Ante dicha disposición, es importante indicar que dicho dispositivo legal tiene como finalidad que las entidades de la administración pública cumplan con organizar dichos concursos públicos a fin de proveerse de personal, no siendo su objetivo exonerar al Estado como empleador, de sus responsabilidades legales ante una situación de simulación o fraude a la contratación laboral. Sin embargo, como ya lo hemos indicado, esto no ocurre en el ámbito laboral peruano, pues si lo que se pretende es la debida observancia de la Ley Marco del Empleo Público y el principio de igualdad, lo que debe hacerse es cubrir todo requerimiento de personal bajo estas condiciones, es decir, mediante concurso público, con plena observancia de los requisitos exigidos por la legislación laboral de la actividad privada para la validez de las formas contractuales por tiempo determinado, pero de ninguna manera puede utilizarse dicha normativa para justificar la ineficacia de los diversas modalidades contractuales que se celebró sin haberse realizado concurso público alguno, situación que evidentemente vulnera los derechos laborales de todo trabajador. 

  • Además, se tiene que la responsabilidad en el cumplimiento de las normas de acceso al empleo público es de la demandada, por lo que éste esta y no la demandante quien tiene el deber de observar la normativa correspondiente para la contratación del personal que requiere, por lo que su incumplimiento no puede servir de excusa para desconocer los derechos laborales del trabajador, puesto que nadie puede beneficiarse de sus propios errores, esto es, actuar contra sus propios actos.
  • CONSIDERATIONS

    Por tales razones desestimar el agravio formulado por la demandada.
  • En cuanto al agravio por el cual señala que el a quo no ha considerado las opiniones emitidas por la Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR, en los cuales ha concluido que los obreros que prestan servicios a las municipalidades pueden ser contratados bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios - CAS al no existir impedimento legal. Al respecto, es pertinente señalar que los referidos informes que indica la emplazada no son vinculantes ni de observancia obligatoria a los órganos jurisdiccionales. Motivo suficiente para desestimar este agravio invocado por la parte apelante.
  • Respecto agravio por el cual refiere que se ha vulnerado el principio de legalidad y equilibrio presupuestal. Conviene indicar que, si bien es cierto que existen normas de tal naturaleza, ello en modo alguno puede enervar el derecho del trabajador, pues se debe tener en consideración que de acuerdo a lo previsto en el artículo 26.2 de la Constitución Política del Estado, establece como principio el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Ley y la Constitución. Más aún, si el pago de los beneficios sociales que reclama el accionante y que fuese amparado a favor del recurrente, es un derecho laboral que debe ser cautelado por mandato constitucional, el mismo que se encuentra contenido en el artículo 23° de la Constitución Política del Estado, que precisa que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, imponiendo de este modo una cláusula de salvaguarda de los derechos del trabajador en concordancia con el artículo 1° de la Constitución Política del Estado que estatuye que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Razón por la cual no corresponde amparar el primer ni segundo agravio de la demandada.
  • Respecto al tercer agravio, referido a los costos procesales, es pertinente precisar que el artículo 411° del Código Procesal Civil señala que son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. Asimismo, la Sétima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497 establece que en los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos.
  • De esta forma, en el caso de autos, resulta evidente que la parte accionante ha recurrido a la asesoría técnica de un abogado que la patrocine, y en atención a que conforme al artículo 412° del Código Procesal Civil, los costos, como las costas, vienen a constituir simple y llanamente un reembolso de lo pagado al abogado, en este caso por costos, no fijarlo generaría un empobrecimiento indebido de la parte actora a causa de su empleador, dado que esta parte ha salido victorioso en esta causa. Por tanto, resulta atendible ordenar el pago de los costos.
  • Aunado a ello, es pertinente mencionar que para la regulación de los costos se debe tener en consideración los parámetros que están regulados en el Título XV del Código Procesal Civil en forma prudencial y discrecional con los que se encuentra facultado el Juzgador.
  • Bajo ese contexto, el monto debe establecerse teniendo en cuenta: 1) la cuantía del asunto decidido; 2) la dificultad de las cuestiones debatidas; 3) el grado del éxito obtenido; 4) el grado de participación en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto del abogado patrocinante; 5) La duración del proceso, que implica tener en cuenta las instancias recurridas; 6) las pretensiones que han sido amparadas.
  • Siendo ello así, este Colegiado teniendo en consideración lo indicado en el considerando precedente, considera prudencial el monto de los costos del proceso establecido por el A Quo, los mismos que deberán ser liquidados en ejecución de sentencia. Por tanto, resulta atendible ordenar el pago de los costos, debiéndose desestimar el tercer agravio expuesto por la demandada.


  • Por estos fundamentos, y de conformidad con el literal a) del inciso 4.2 del artículo 4º de la Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal de Trabajo, la Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, administrando justicia a nombre de la Nación:

    HA RESUELTO

    • CONFIRMAR la Sentencia N° 264 contenida en la resolución número seis de fecha 25 de octubre de 2021, obrante de fojas 357 a 410, que declara:



    1. FUNDADA EN PARTE la demanda SOBRE DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS Y PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES interpuesta por VICTOR RAUL ALAMO PALACIOS contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA, en consecuencia:

    2. ORDENO que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA cumpla con INSCRIBIR en sus Planillas de Remuneraciones al demandante VICTOR RAUL ALAMO PALACIOS como trabajador obrero adscrito al régimen jurídico laboral de la actividad privada sujeto a un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada desde el 01 de setiembre de 2006 hasta la actualidad.
  • ORDENO que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA cumpla con PAGAR a la demandante VICTOR RAUL ALAMO PALACIOS la suma ascendente a S/ 50,996.50 (CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100 SOLES) más intereses legales.
  • ORDENO que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA cumpla con CUSTODIAR a favor de la demandante DON VICTOR RAUL ALAMO PALACIOS la suma ascendente a S/ 13.056.94 (TRECE MIL CINCUENTA Y SEIS CON 94/100 SOLES); y cumpla con DEPOSITAR a favor del demandante DON VICTOR RAUL ALAMO PALACIOS la suma ascendente a S/ 8,023.61 (OCHO MIL VEINTITRÉS CON 61/100 SOLES) más intereses.
  • ORDENO que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA cumpla con RECONOCER por HONORARIOS PROFESIONALES el porcentaje del 20% sobre los créditos principales y accesorios que se obtengan en este proceso a liquidarse en ejecución de sentencia.


    • Se ORDENA que la presente resolución sea notificada a través de las casillas electrónicas de las partes del proceso.


    En los seguidos por VICTOR RAUL ALAMO PALACIOS contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA sobre desnaturalización de contrato y pago de beneficios sociales; y, los devolvieron al Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.-

    Notifíquese.

    PROPERTIES

    DATOS DE LA RESOLUCIÓN:
    Fecha de la Resolución 20/11/2021
    Tipo de Resolución Sentencia de Vista
    Fallo de la Resolución Confirmaron
    Jueces CHAVEZ PAUCAR, HUERTA RODRIGUEZ, RUNZER CARRION, RAMOS RIVERA, HUATUCO SOTO, ALMEIDA CARDENAS, VALENZUELA BARRETO, CARLOS CASAS, TOLEDO TORIBIO, CUNYAS ZAMORA
    *** Ponente RAMOS RIVERA
    *** Dirimente
    Sumilla RESPECTO AGRAVIO POR EL CUAL REFIERE QUE SE HA VULNERADO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EQUILIBRIO PRESUPUESTAL. CONVIENE INDICAR QUE, SI BIEN ES CIERTO QUE EXISTEN NORMAS DE TAL NATURALEZA, ELLO EN MODO ALGUNO PUEDE ENERVAR EL DERECHO DEL TRABAJADOR, PUES SE DEBE TENER EN CONSIDERACIÓN QUE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 26.2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, ESTABLECE COMO PRINCIPIO EL CARÁCTER IRRENUNCIABLE DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN. MÁS AÚN, SI EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE RECLAMA EL ACCIONANTE Y QUE FUESE AMPARADO A FAVOR DEL RECURRENTE, ES UN DERECHO LABORAL QUE DEBE SER CAUTELADO POR MANDATO CONSTITUCIONAL, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 23° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, QUE PRECISA QUE NINGUNA RELACIÓN LABORAL PUEDE LIMITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, NI DESCONOCER O REBAJAR LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR, IMPONIENDO DE ESTE MODO UNA CLÁUSULA DE SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO QUE ESTATUYE QUE LA DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA Y EL RESPETO DE SU DIGNIDAD SON EL FIN SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO. RAZÓN POR LA CUAL NO CORRESPONDE AMPARAR EL PRIMER NI SEGUNDO AGRAVIO DE LA DEMANDADA
    Palabras Clave PRINCIPIO DE LEGALIDAD , CARACTER IRRENUNCIABLE DE LOS DERECHOS , EQUILIBRIO PRESUPUESTAL
    DATOS DEL PROCESO:
    Especialidad Laboral
    Organo Jurisdiccional 4° SALA LABORAL PERMANENTE
    Recurso Apelación
    Materia/Titulo Contratos
    Proceso Ordinario
    DATOS DE PROCEDENCIA:
    Distrito Judicial de Procedencia Lima
    Distrito
    Instancia
    Organo Jurisdiccional de procedencia
    Expediente de Procedencia 19987-2019-0
    Tipo de Resolución
    Fecha de Resolución de Procedencia 20/11/2021
    Fallo

    ACTOR

    CHAVEZ PAUCAR, HUERTA RODRIGUEZ, RUNZER CARRION, RAMOS RIVERA, HUATUCO SOTO, ALMEIDA CARDENAS, VALENZUELA BARRETO, CARLOS CASAS, TOLEDO TORIBIO, CUNYAS ZAMORA