Document LTM23,943,353

Jurisprudence

Title: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sportlife S.A. respecto del artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo del Código del Trabajo, en el proceso RIT C-3751-2020, RUC 19-4-0179073-2, sobre procedimiento de cobranza laboral y previsional, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.
Fields: Constitucional
Date: 18/11/2021
Origin: Tribunal Constitucional
Type of Resolution: Resolución
Petition: Primera Sala
Reporting Judge: Francisca Heresi Gajardo
Rol: 10141
Country: Chile



TEXT

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Rol 10.141-2021
[18 de noviembre de 2021]
____________
REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 162, INCISOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO
SPORTLIFE S.A
EN EL PROCESO RIT C-3751-2020, RUC 19-4-0179073-2, SOBRE PROCEDIMIENTO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO
Que, con fecha 19 de enero de 2021, Sportlife S.A., ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo del Código del Trabajo, en el proceso RIT C-3751-2020, RUC 19-4-0179073-2, sobre procedimiento de cobranza laboral y previsional, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago;
Preceptos legales cuya aplicación se impugna:
El texto de los preceptos impugnados dispone:
Código del Trabajo
“Artículo 162.
Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo.
Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a éste mediante carta certificada acompañada de la documentación emitida por las instituciones previsionales correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago.
Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación al trabajador. No será exigible esta obligación del empleador cuando el monto adeudado por concepto de imposiciones morosas no exceda de la cantidad menor entre el 10% del total de la deuda previsional o 2 unidades tributarias mensuales, y siempre que dicho monto sea pagado por el empleador dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación de la respectiva demanda.
Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal
A fojas 1, la requirente señala que acciona en los autos seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, que a su vez tienen relación con lo resuelto en la causa RIT O-2400-2019, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la cual el demandante, Mauricio Villegas Gallegos, interpuso demanda de despido indirecto, declaración de existencia de relación laboral, nulidad del despido, cobro de cotizaciones previsionales y otras prestaciones e indemnizaciones laborales, en contra de Sportlife S.A.
En este último proceso, con fecha 16 de octubre de 2019, dicha demanda fue acogida, declarándose la existencia de relación laboral entre las partes desde el 1 de marzo de 2009 hasta el día 2 de febrero de 2019.
Con fecha 28 de octubre de 2019, dedujo recurso de nulidad contra la sentencia definitiva para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que, con fecha 11 de septiembre de 2020, resolvió acoger dicho recurso, dictando sentencia de reemplazo en la misma fecha, rechazando la demanda de autos, en lo que dice relación con el beneficio de semana corrida y acogiendo en lo demás la demanda deducida, en los términos señalados en lo resolutivo de la sentencia de la instancia.
Seguidamente presentó ante la Corte un recurso de unificación de jurisprudencia, el cual se encuentra en actual tramitación, y pendiente de dictarse su admisibilidad, ante la Corte Suprema.
Posteriormente, con fecha 26 de noviembre de 2020, el tribunal a quo decretó el cumplimiento de la sentencia, ordenando remitir los autos al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, donde se encuentran actualmente.
Como conflicto constitucional, la requirente afirma que la aplicación de los preceptos cuestionados produce vulneraciones a la Carta Fundamental:
1. Se vulnera la seguridad jurídica, garantizada en el Nº 26 del artículo 19 de la Constitución. La aplicación de los preceptos impugnados a la gestión pendiente genera un resultado contrario al ordenamiento constitucional, en la medida que causa, directa y precisamente, que se devenguen obligaciones para su parte sin justificación, y de manera continua, indefinida, creciente e ilimitada, contraviniendo cualquier y toda lógica de seguridad jurídica.
2. Se vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones, comprendido en las garantías de no discriminación arbitraria (consagrada en el Nº 2º del artículo 19 de la Constitución Política) y de debido proceso (prevista en el Nº 3º del artículo 19 de la Constitución). Explica que la imposición de una sanción desproporcionada, esto es, que no guarda relación con la conducta a partir de la cual se impone, o que no encuentra una justificación suficiente en los hechos específicos que se invocan para aplicarla, constituye un tratamiento arbitrario respecto de aquella persona que debe soportarla.
La aplicación de una sanción desproporcionada vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Añade que se ha entendido de manera uniforme que la vulneración del principio de proporcionalidad de las sanciones constituye, asimismo, una vulneración del debido proceso.
Lo anterior por cuanto las disposiciones contenidas en la segunda oración del inciso quinto del artículo 162 del código del trabajo imponen una sanción que vulnera el principio de proporcionalidad. Supone una operación virtualmente automática que restringe las atribuciones de los Tribunales de Justicia en lo que dice relación con el ámbito sancionatorio.
3. Se vulnera el derecho de propiedad privada, consagrado en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución. Argumenta que las normas cuestionadas aparecen como una regla que, sin justificación suficiente, permiten disponer arbitrariamente del patrimonio de una, al obligarlo a soportar una sanción pecuniaria que no guarda relación alguna con la conducta a que se la asocia, carece de justificación suficiente y se acrecienta en el tiempo sin límite alguno.
Tramitación
El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 28 de enero de 2021, a fojas 72, disponiéndose la suspensión del procedimiento. Fue declarado admisible por resolución de la misma sala el día 5 de marzo de 2021, a fojas 88.
Confiriéndose los traslados de estilo, formuló oportunamente sus observaciones sobre el fondo, la demandante en sede laboral, a fojas 95. Aboga por el rechazo del libelo. En lo esencial señala que el requerimiento de autos adquiere ribetes de una apelación “encubierta”, pues no pretende sino revertir la interpretación hecha por el Juez de Letras del Trabajo en su sentencia definitiva. Señala que la labor hermenéutica con relación al artículo 162 incisos 5º, 6º y 7º del Código del Trabajo, no le corresponde al Tribunal Constitucional, pues no es la labor del mismo revisar sentencias judiciales
Señala que la norma impugnada guarda plena coherencia con el espíritu del régimen previsional de nuestro país. La razón que motivó al legislador para modificar el artículo 162 del Código del Trabajo, por la vía de incorporar el actual inciso 5°, fue proteger de forma eficaz los derechos previsionales de los trabajadores por la insuficiencia de la normativa legal en materia de fiscalización. Habida consideración del panorama crítico de la situación previsional en nuestro país es que la sanción establecida de forma expresa por la norma impugnada guarda una perfecta coherencia con el objetivo que el legislador estableció en el DL 3.500 y en la Ley 20.194, que interpreta de forma auténtica el artículo 162 del Código del Trabajo.
Añade que la sanción por no pago de cotizaciones previsionales se encuentra plenamente ajustada a derecho. La cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, que es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía, dentro del plazo que la ley fija. En consecuencia, y de esta forma, la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y ésta se presume por todos conocida de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 8° del Código Civil, de manera que al no cumplirse con dicha exigencia, el empleador se hace acreedor de la sanción establecida en el artículo 162, incisos 5°, 6° y 7°, del Código del Trabajo.
Concluye que el presupuesto de aplicación contemplado en el artículo 162 incisos 5°, 6° y 7° del Código del Trabajo se satisface íntegramente. La sentencia definitiva pronunciada reconoció la nulidad del término de la relación laboral en virtud de no haberse pagado las cotizaciones de seguridad social.
Vista de la causa y acuerdo
En Sesión de Pleno de 22 de julio de 2021 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública, y los alegatos de Daniel Oksenberg González por parte requirente, y de Carolina Meyer Sanhueza, por la parte de Mauricio Villegas Gallegos. Se adoptó acuerdo con igual fecha, conforme fue certificado por el relator de la causa.
Y CONSIDERANDO:
I.                Criterios Jurisprudenciales del Tribunal Constitucional respecto del artículo 162 del Código del Trabajo.
PRIMERO: Esta magistratura se ha pronunciado en reiteradas oportunidades respecto de la eventual inaplicabilidad por efectos inconstitucionales del artículo 162 del Código del Trabajo. Al resolver sobre dichos casos, se han distinguido dos situaciones o antecedentes de hecho esenciales que, constituyendo el caso concreto a tener en consideración a la hora de declarar la inaplicabilidad de la norma citada, deben aplicarse según la hipótesis sobre la cual se trabaje. En particular, pueden desprenderse estos criterios en Roles 9040, 8990, 8907, 8843, 8709, 8596; 8134; 7694; 7535; 7400; 7275; 7140; 6879; 6469; 6167; 6166; 5986; 5822; 5747: 5679; 5152; 5151 y 3722.
            La primera de las hipótesis se refiere a la aplicación del artículo 162 cuando el juez de fondo resuelve sobre la naturaleza del vinculo contractual entre las partes. En este caso, declarada que la relación entre ambos fue de tipo laboral por el juez competente, corresponde en consecuencia aplicar la disposición contenida en el artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo, esto es, se deben pagar las cotizaciones laborales -en particular las previsionales- adeudadas mientras no exista convalidación del despido. El segundo de los casos, se refiere a la eventual inaplicabilidad de la norma no ya en la discusión sobre la naturaleza de la relación contractual, sino más bien en la etapa de cobro ejecutivo de las prestaciones laborales, donde -por un lado- ya no existe vínculo laboral real entre ambos; no existen prestaciones de trabajo bilaterales entre las partes y; -especialmente- donde la inexistencia de la institución del abandono procesal en dicho procedimiento produce resultados inconstitucionales, dado en incentivo a la litigación estratégica, a la inacción procesal con miras a maximizar sin límite en el tiempo el pago de cotizaciones por un trabajo que no se presta o no se ha prestado, pudiendo constituir en estos casos -según lo han sostenido reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional- un enriquecimiento sin causa,  a la par de existir incerteza jurídica respecto de ambos partes del juicio ejecutivo laboral.
II.              En relación con el caso concreto de autos.
SEGUNDO: En el presente caso, la requirente, es demandada por Mauricio Vladimir Villegas Gallegos, por despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, causa RIT C-3751-2020, la que constituye la gestión pendiente y cuya tramitación se encuentra suspendida por la Primera Sala de esta Magistratura.
Como lo señala el propio requirente, dicha causa laboral tiene directa relación con lo resuelto en la causa RIT O-2400-2019, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la cual el mismo demandante sr. Villegas, interpuso en su contra demanda de despido indirecto, declaración de existencia de relación laboral, nulidad del despido, cobro de cotizaciones previsionales y otras prestaciones e indemnizaciones laborales. Esta demanda fue acogida con fecha 16 de octubre de 2019, declarándose la existencia de relación laboral entre las partes desde el 01 de marzo de 2009 hasta el día 2 de febrero de 2019. Posteriormente, con fecha 28 de octubre de 2019, el requirente dedujo recurso de nulidad contra la sentencia definitiva en esta causa RIT O-2400-2019, para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que acoge el recurso sólo en lo que dice relación con el beneficio de semana corrida, el cual declara improcedente. Luego, con fecha 01 de octubre de 2020, el requirente presenta ante la Corte Suprema un recurso de unificación de jurisprudencia, causa Rol 127256–2020, el cual se encuentra pendiente en actual tramitación. Finalmente, con fecha 26 de noviembre de 2020, el tribunal a quo decretó el cumplimiento de la sentencia, ordenando remitir los autos al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, sin perjuicio de la tramitación paralela que sustancia el recurso de unificación.
TERCERO: De conformidad los antecedentes expuestos en el considerando anterior, nos encontramos indubitadamente frente a la primera de las hipótesis planteadas, es decir, en aquellos casos en que se pretende inaplicar la norma del artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo, en aquellas situaciones donde se debe determinar si existió o no relación laboral, y no en aquellos casos donde se ha dejado negligente o estratégicamente de perseguir el cumplimiento ejecutivo de las prestaciones previsionales, y cuya acumulación produce su aumento ilimitado e infinito en el tiempo, deformando el objetivo perseguido por el legislador al diseñar el apremio contenido en el artículo 162 del Código del Trabajo.
CUARTO: En efecto, dado que el caso concreto se refiere a la atribución competencial del juez del trabajo de determinar la existencia o no de una relación de tipo laboral, no corresponde al Tribunal Constitucional resolver sobre la naturaleza contractual entre las partes. Ello es competencia del juez de fondo, el cual debe calificar el contrato objeto de disputa jurídica, y velar por la tutela efectiva de los derechos que de esa calificación se deriven. De existir ese tipo de contrato y en el desarrollo de ese juicio, le está facultado al juez aplicar los principios propios del derecho laboral sustantivo, lo que no le faculta por otro lado a ignorar la igualdad procesal entre las partes que debe existir en todo procedimiento -laboral, civil, penal, u otro, sea cual sea su naturaleza y que, por lo tanto, los actos procesales se ejecuten de buena fe, facultándoselo para adoptar las medidas necesarias para materializar dicha tutela efectiva, como impedir el fraude, la colusión, el abuso de derecho y las actuaciones dilatorias, y que jamás debe confundirse con la simetría procesal que debe existir en todo juicio, sin importar quienes sean los litigantes, única manera -por lo demás- de que un procedimiento sea compatible con los estándares del Debido Proceso garantizado constitucionalmente.
QUINTO: Al respecto, si bien el nuevo procedimiento laboral pone énfasis en el impulso procesal de oficio del juez en orden a llevar a adelante el procedimiento ejecutivo, plasmado en el artículo 425 del Código del Trabajo -de conformidad con el cual uno de los principios formativos de los procedimientos laborales es el de impulso procesal de oficio, correspondiendo al juez hacer avanzar el procedimiento a través de cada una de sus etapas, aunque no lo hagan las partes- en el caso concreto se refiere más bien a las consecuencias establecidas por el legislador respecto de un reconocimiento que es competencia del juez de la causa. Así, no estamos frente a la situación que se produce en la etapa de cobranza laboral, donde no existe abandono del procedimiento, cuya aplicabilidad ya ha sido cuestionada por esta Magistratura.
SEXTO: En este orden de cosas, debe ser desestimada la pretensión sobre una eventual vulneración a la Seguridad Jurídica, en los términos consagrados en el artículo 19 N° 26, toda vez que, atendido el estado del juicio en el caso concreto, lo que se busca por parte del demandante laboral es, en buena parte, un efecto declarativo: que la relación contractual de las partes sea declarada como laboral. El efecto anejo y legal de ello, es que se produzcan consecuencias jurídicas propias de todo contrato laboral, esto es, la obligación de pagar prestaciones previsionales durante el período que corresponda, lo cual dista diametralmente de constituir una situación contraria a la seguridad jurídica alegada.
Luego, en este caso, la sanción del artículo 162 no podría consecuentemente resultar desproporcionada ni configurar un apremio ilegítimo: se trata -precisamente -de una forma de apremio que busca el pago de cotizaciones que el empleador adeuda, porque el juez de fondo ha resuelto que dicho contrato es -y ha sido- de tipo laboral.
Al respecto, éste último interprete constitucional ha declarado en reiteradas ocasiones que el arresto también es legítimo para asegurar el pago de estas obligaciones. En tal sentido, la legitimidad de este apremio es aún mayor puesto que afecta a derechos fundamentales de menor entidad que la libertad personal, y que, en el caso concreto, solo busca que se pague lo que desde ab initio corresponde a obligaciones de tipo laborales.
SÉPTIMO: En consecuencia, debe ser igualmente descartadas las hipótesis de una desproporcionalidad o falta de debido proceso general y abstracta de la norma ya que, como se ha reiterado, se debe atender al caso concreto objeto de aplicación de la disposición legal impugnada. Igual suerte corren, en la presente causa, las alegaciones de vulneración al derecho de propiedad, dado que -paradójicamente- al ser declarada “laboral” la relación contractual entre las partes, las prestaciones previsionales son, contrariamente a lo invocado, propiedad del trabajador y no del empleador.
            En efecto, tal como lo ha señalado esta magistratura, las cotizaciones son de propiedad del trabajador. Se está en presencia de dineros pertenecientes o de propiedad del trabajador, tutelados por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, habida consideración que tales cotizaciones previsionales se extraen de la remuneración devengada a favor del trabajador. Si el juez competente ha declarado que un contrato entre partes es de tipo laboral, entonces no puede eludirse esta obligación legal, ni menos pretender que su pago es expropiatorio para quien las adeuda.
            El constituyente ha querido que régimen previsional, y específicamente el de cotizaciones previsionales, constituya parte del sistema de seguridad social, amparado en cuanto derecho fundamental por la Carta Fundamental en el N° 18° del artículo 19, y cuyo desarrollo corresponde al legislador. Se trata de un derecho social que requiere de garantías efectivas que hagan posible la exigibilidad de esta clase de derechos fundamentales, entre las cuales se encuentra la obligación legal del empleador de efectuar oportunamente las imposiciones previsionales a favor del trabajador. Además, la ausencia de pago de las cotizaciones sociales no sólo impacta en el derecho a la seguridad social del trabajador de un modo concreto y actual, aunque con percepción futura de sus beneficios, sino que afecta su derecho a la prestación de salud al no recibir las cotizaciones sociales que le garantizan frente a este derecho.
Así, las cotizaciones inciden en el derecho de seguridad social, y son de propiedad del trabajador, al tener una función de prever contingencias futuras (jubilación) y presentes (salud) y se vinculan en definitiva al reconocimiento de la dignidad humana.
OCTAVO: Finalmente, la determinación de este tipo de política pública no es resorte activo propio de un Tribunal Constitucional quien, por el contrario, actúa más bien como “legislador negativo” en aquellos casos en que una norma legal excede el marco constitucional, declarando su pugna con la Carta Fundamental.
            En el presente caso, la protección del trabajador -una vez declarado judicialmente que en vínculo contractual es de naturaleza contractual laboral - es un fin constitucionalmente legítimo. El modelo de despido es una cuestión atingente del legislador existiendo, dentro de un mismo sistema constitucional, una pluralidad de modelos que el legislador puede determinar. Al respecto, el poder legislativo ha querido alentar el pago de la deuda previsional en los casos que efectivamente se trate de una relación laboral -lo que, como ya se ha dicho, corresponde al juez del fondo- hasta la convalidación del despido, puesto que no puede haber despido, de no tratarse de una relación laboral, de cuya calificación jurídica esta Magistratura no está llamada a pronunciarse.
Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, 
SE RESUELVE:
I.          QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1, POR INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 162, INCISOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN EL PROCESO RIT C-3751-2020, RUC 19-4-0179073-2, SOBRE PROCEDIMIENTO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO. OFÍCIESE.
II.          ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE A TAL EFECTO.
DISIDENCIA
Acordada la sentencia de rechazo con el voto en contra del Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, quien estuvo por acoger el requerimiento en razón de sus propios fundamentos y de lo que seguidamente expone:
 1.- Que, Sportlife S.A fue vencida en sede declarativa laboral y condenada a al pago de diversas prestaciones en favor de Mauricio Villegas Gallegos. Más adelante, se dio inicio al presente procedimiento de cobro de cotizaciones previsionales.
En este caso, las normas impugnadas fueron empleadas con el propósito de que se paguen cotizaciones previsionales que jamás fueron consignadas, dado que el vínculo laboral no existía sino hasta que un Juez Laboral así lo dispuso. Lo anterior se entiende ya que a través de una interpretación judicial de 2019 se declaró la existencia de una relación laboral retroactivamente (2009 al 2019).
2. Que, lo anterior riñe con el artículo 19 N°s 2, 3, 24 y 26 de la Constitución, dado que una sentencia crea una relación jurídica y, a la par, obliga a pagar una cantidad de dinero en razón del incumplimiento de las obligaciones derivadas de ella. Todo lo cual es sin desmedro del desconocimiento del deudor judicial, y de su indefensión fruto de que su defensa queda deferida hasta el momento en que el “trabajador” deduzca la demanda.
La cantidad de dinero que, con cargo a “cotizaciones previsionales”, se debe pagar depende de la voluntad del “trabajador”, ya que es él quien decide el momento en el cual demandará el pago, pudiendo dejar transcurrir el tiempo a fin de que este monto se incremente sin límite determinado.  
3. Que, de este modo, la norma legal fue empleada en un contexto en que se da pábulo al enriquecimiento sin causa, materializado a través de una sentencia laboral que produce la obligación de pagar cotizaciones previsionales, por un término de tiempo equivalente a 10 años y que se encuentra en constante actualización.
En razón de estas consideraciones y por las disidencias expresadas inexorablemente, desde la STC Rol N° 3.722 hasta la STC Rol N° 7.275, el requerimiento debió haber sido acogido.
Redactó la sentencia el Suplente de Ministro señor Rodrigo Delaveau Swett y la disidencia Ministro señor Iván Aróstica Maldonado.
Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 10.141-21-INA
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su el Ministro señor, señor Juan José Romero Guzmán (Presidente), los Ministros señor Iván Aróstica Maldonado, señora María Luisa Brahm Barril, señores Cristián Letelier Aguilar, Miguel Ángel Fernández González y Rodrigo Pica Flores, y los Suplentes de Ministro señores Armando Jaramillo Lira y Rodrigo Delaveau Swett.
Firma el señor Presidente del Tribunal, y se certifica que los demás señora y señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la alerta sanitaria existente en el país.
Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.