Document LTM16,225,826

Jurisprudencia

Title: CONFLICTO DE COMPETENCIA - Entre Juzgados Civiles Municipales de distinto distrito judicial, para conocer de proceso ejecutivo para el cobro de sumas de dinero.
Date: 12/08/2019
Number filed: 11001-02-03-000-2019-01671-00
Number: AC3226-2019
Origin: Corte Suprema de Justicia
Type of Resolution: AUTO
Petition: SALA DE CASACIÓN CIVIL
Reporting Judge: ARIEL SALAZAR RAMIREZ
Country: Colombia


SUMMARY

ASUNTO:
Resuelve la Corte conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Pasto y Sexto Municipal en Oralidad de Medellín, para conocer de proceso ejecutivo por el cobro de sumas de dinero. El primero de los funcionarios rechazó la demanda, tras considerar que en el documento base de la ejecución se indicaba como de cumplimiento de la obligación, tanto Medellín como Pasto, a más que el domicilio del pasivo se ubicaba en la Capital de Antioquia. Por su parte, el homólogo rehusó la atribución, por considerar que el pago podría ejecutarse en ambas ciudades, y el actor había escogido aquel territorio. La Sala, resolvió que el competente para conocer del asunto es el juez de la ciudad de Pasto. De igual forma, destacó que sí el convocante había escogido una de las dos urbe indicadas en el documento que sirva de base para la demanda, es deber del juez de respetar esa elección.

TITULACION:
CONFLICTO DE COMPETENCIA - Entre Juzgados Civiles Municipales de distinto distrito judicial, para conocer de proceso ejecutivo para el cobro de sumas de dinero.

FUERO CONCURRENTE - En los procesos originados en un negocio jurídico que involucra títulos ejecutivos, la ley brinda la posibilidad de formular la demanda en el lugar del domicilio del demandado o en el sitio donde deba satisfacerse la obligación. Aplicación de los numerales 1 y 3 del artículo 28 del Código General del Proceso. Reiterado en auto de 13 de julio de 2016.

FUERO CONTRACTUAL - El elegido por el actor al radicar la acción en el territorio donde debe cumplirse el pago de la deuda conforme a lo previsto en el numeral 3º de canon 28 Ídem. Sí el convocante escoge alguna de las dos ciudades indicadas en el documento base del recaudo para el pago de la obligación, es deber del juez de respetar esa elección.

CONSIDERACIONES:

1. Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, el superior funcional común a ambos es esta Sala de la Corte, por lo que es la competente para dirimirlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.

2. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante».

A su vez, el numeral 3º de la referida disposición preceptúa: «En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (Subrayado fuera del texto).

De la inteligencia de la anterior disposición se deduce, sin mayores dificultades, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos está asignada al juez del domicilio del demandado. Sin embargo, tratándose de los procesos a que da lugar una obligación contractual o que involucre títulos ejecutivos, entre ellos como una especie los títulos valores, es también competente el juez del lugar en el que deben cumplirse las obligaciones acordadas, como por aquél que ejerza jurisdicción en el sitio en que está avecindado el convocado al pleito, de acuerdo con la elección que realice el actor.

Y es que si bien no se puede confundir la noción de «título ejecutivo con título valor», pues se trata de documentos que conceptualmente se encuentran regidos por principios y características jurídicas que los diferencian e individualizan, lo cierto es que tal como lo ha señalado esta Corporación, «todo título valor puede ser título ejecutivo pero no todo título ejecutivo es un título valor. A mayor abundancia, los títulos valores en nuestra legislación son de carácter taxativo, verbi gratia, sólo los así calificados por la ley son tenidos como tales. (CSJ AC, 1º Abr. 2008, Rad. 2008-00011-00)

En efecto, los títulos valores son bienes mercantiles que al tenor del artículo 619 del Código de Comercio constituyen documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, por lo que es un documento formal y especial que legitima al tenedor, conforme con la ley de circulación del título valor, para exigirlo en el tráfico jurídico y a perseguir su cobro por vía ejecutiva mediante la denominada acción cambiaria (artículo 780 y ss. C. Comercio), con independencia de la relación o negocio jurídico causal que le dio origen.

Además, la regla general de la negociabilidad o circulación del instrumento cambiario según sea al portador, a la orden o nominativo y la presunción de autenticidad de su contenido y firmas, permiten individualizarlo de otro tipo de documentos (artículo 793 ejusdem) y constatar que se rige por un régimen normativo especial que no se aplica a los demás títulos ejecutivos.

En se orden, un título valor es un título ejecutivo, porque proviene de un deudor y contiene una obligación clara, expresa y exigible, pero no todo título ejecutivo es un título valor.

De ahí, que en este tipo de asuntos en donde se incluya un instrumento cambiario el legislador, no asignó una competencia privativa al juez del domicilio del demandado, sino que fijó un criterio opcional para que el actor escoja si presenta su demanda ante aquél o el del lugar del cumplimiento de la obligación.

3. El caso sub judice versa sobre el pago de unas sumas acordadas en el contrato de mutuo objeto de ejecución, por lo que es claro que el juicio tiene origen en un título ejecutivo y es ostensible que concurren los dos fueros antes señalados. De manera que la parte actora estaba legalmente facultada para presentar su demanda ante cualquiera de los jueces mencionados en los referidos numerales primero y tercero.

A ese respecto, se advierte que en la demanda, en el acápite atinente a la competencia se indicó que se fijaba por «el lugar del cumplimiento de la obligación». [Folio 7, c.1]

Ahora bien, de la revisión del convenio que sirve como base para el cobro ejecutivo, se encuentra que el objeto del contrato de mutuo era la «el pago de once millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento setenta y seis pesos» y además estipularon que el sitio de pago seria «en la ciudad de Pasto y Medellín».

De manera que si el ejecutante escogió una de las referidas ciudades para presentar su demanda, en razón del cumplimiento de la obligación, entonces el juez civil a quien correspondió el conocimiento del proceso en un comienzo no podía desprenderse del mismo, porque en él se radicó la competencia en virtud de la aludida regla.

4. Por consiguiente, se declarará que el competente para conocer del asunto es el Juzgado Primero Civil Municipal de Pasto (Nariño), de lo cual se dará aviso al juez que planteó el conflicto objeto de este pronunciamiento y al demandante.

HEADING

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AC3226-2019
Radicación n.° 11001-02-03-000-2019-01671-00
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Sexto Civil Municipal del Oralidad de Medellín (Antioquia) y Primero Civil Municipal de Pasto (Nariño).

FACTS

ANTECEDENTES
1. La Cooperativa de Gestiones y Procuraciones Cogestiones, formuló demanda ejecutiva de mínima cuantía contra María Graciela Suaza Quiceno, con el fin de obtener el pago de las sumas contenidas en contrato de mutuo suscrito entre las partes.
2. En el libelo incoativo se manifestó que pese a que el domicilio del extremo pasivo era Medellín, el lugar de cumplimiento de la obligación fue Pasto, por lo cual elegía el último, en concordancia con las facultades que le otorga el artículo 28 numeral 3 de la norma procesal civil. [Folio 1, c.1]
3. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil Municipal de Pasto (Nariño), autoridad que mediante auto de 8 de abril de 2019, rechazó de plano la demanda tras considerar que en el contrato por medio del cual se constituyó la ejecutada a cancelar la suma al demandante, se enunció como lugares de cumplimiento de la obligación Pasto y Medellín, máxime de que el domicilio de la pasiva es éste último; en tanto el conocimiento de las diligencias pertenecía a los Juzgados Civiles Municipales de Medellín. [Folio 48, c. 1]
4. Al ser nuevamente repartido, su tramitación concernió al Juzgado Sexto Civil Municipal de Medellín, que en auto de 10 de mayo de 2019, suscitó el presente conflicto, con fundamento en que al revisar el contrato base de la ejecución, se podría extraer que las obligaciones debían ejecutarse además de Medellín, en Pasto y dicho factor fue el elegido por la demandante, por lo que el funcionario de origen no debió remitir el asunto. [Folio 15, c. 1]

CONSIDERATIONS

CONSIDERACIONES
1. Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, el superior funcional común a ambos es esta Sala de la Corte, por lo que es la competente para dirimirlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.
2. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante».
A su vez, el numeral 3º de la referida disposición preceptúa: «En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (Subrayado fuera del texto).
De la inteligencia de la anterior disposición se deduce, sin mayores dificultades, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos está asignada al juez del domicilio del demandado. Sin embargo, tratándose de los procesos a que da lugar una obligación contractual o que involucre títulos ejecutivos, entre ellos como una especie los títulos valores, es también competente el juez del lugar en el que deben cumplirse las obligaciones acordadas, como por aquél que ejerza jurisdicción en el sitio en que está avecindado el convocado al pleito, de acuerdo con la elección que realice el actor.
Y es que si bien no se puede confundir la noción de «título ejecutivo con título valor», pues se trata de documentos que conceptualmente se encuentran regidos por principios y características jurídicas que los diferencian e individualizan, lo cierto es que tal como lo ha señalado esta Corporación, «todo título valor puede ser título ejecutivo pero no todo título ejecutivo es un título valor. A mayor abundancia, los títulos valores en nuestra legislación son de carácter taxativo, verbi gratia, sólo los así calificados por la ley son tenidos como tales. (CSJ AC, 1º Abr. 2008, Rad. 2008-00011-00)
En efecto, los títulos valores son bienes mercantiles que al tenor del artículo 619 del Código de Comercio constituyen documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, por lo que es un documento formal y especial que legitima al tenedor, conforme con la ley de circulación del título valor, para exigirlo en el tráfico jurídico y a perseguir su cobro por vía ejecutiva mediante la denominada acción cambiaria (artículo 780 y ss. C. Comercio), con independencia de la relación o negocio jurídico causal que le dio origen.
Además, la regla general de la negociabilidad o circulación del instrumento cambiario según sea al portador, a la orden o nominativo y la presunción de autenticidad de su contenido y firmas, permiten individualizarlo de otro tipo de documentos (artículo 793 ejusdem) y constatar que se rige por un régimen normativo especial que no se aplica a los demás títulos ejecutivos.
En se orden, un título valor es un título ejecutivo, porque proviene de un deudor y contiene una obligación clara, expresa y exigible, pero no todo título ejecutivo es un título valor.
De ahí, que en este tipo de asuntos en donde se incluya un instrumento cambiario el legislador, no asignó una competencia privativa al juez del domicilio del demandado, sino que fijó un criterio opcional para que el actor escoja si presenta su demanda ante aquél o el del lugar del cumplimiento de la obligación.
3. El caso sub judice versa sobre el pago de unas sumas acordadas en el contrato de mutuo objeto de ejecución, por lo que es claro que el juicio tiene origen en un título ejecutivo y es ostensible que concurren los dos fueros antes señalados. De manera que la parte actora estaba legalmente facultada para presentar su demanda ante cualquiera de los jueces mencionados en los referidos numerales primero y tercero.
A ese respecto, se advierte que en la demanda, en el acápite atinente a la competencia se indicó que se fijaba por «el lugar del cumplimiento de la obligación». [Folio 7, c.1]
Ahora bien, de la revisión del convenio que sirve como base para el cobro ejecutivo, se encuentra que el objeto del contrato de mutuo era la «el pago de once millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento setenta y seis pesos» y además estipularon que el sitio de pago seria «en la ciudad de Pasto y Medellín».
De manera que si el ejecutante escogió una de las referidas ciudades para presentar su demanda, en razón del cumplimiento de la obligación, entonces el juez civil a quien correspondió el conocimiento del proceso en un comienzo no podía desprenderse del mismo, porque en él se radicó la competencia en virtud de la aludida regla.
4. Por consiguiente, se declarará que el competente para conocer del asunto es el Juzgado Primero Civil Municipal de Pasto (Nariño), de lo cual se dará aviso al juez que planteó el conflicto objeto de este pronunciamiento y al demandante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

DECISION

PRIMERO: Declarar que el Juzgado Primero Civil Municipal de Pasto (Nariño), es el competente para asumir el conocimiento del proceso ejecutivo de la referencia.
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que continúe con el trámite del asunto.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Sexto Civil Municipal de Oralidad de Medellín (Antioquia) y al demandante.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado