Documento LTM9.650.037

Jurisprudencia

TEXTO

Rol Interno : T-326-2017 Rol Unico : 17-4-0014467-2
Tribunal : 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago



Santiago, diez de agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS:

   Que, ante este Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se llevó a efecto audiencia de juicio oral en los autos R.I.T. T-326-2017, por vulneración de derechos fundamentales, con ocasión del despido, y en subsidio despido injustificado, solicitado en procedimiento de tutela laboral.

 La demanda fue interpuesta por JUAN PABLO TRUJILLO CARO, abogado, domiciliado en Mencia De Los Nidos 1111 Dpto 243-B, de la comuna de Santiago.

 A su vez compareció la demandada, FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL MENOR, en adelante FUNDACIÓN INTEGRA, representada por su abogado, don Luis Hernández Olmedo, ambos domiciliados en Alonso Ovalle N°1180, comuna de Santiago.

CONSIDERANDO:

 PRIMERO: Argumentos y pretensiones del actor.- 

 Que el actor fundó su denuncia en los siguientes antecedentes:

Indica que, tras prestar servicios como abogado por 7 años a la demandada, fue objeto durante el último período de una serie de actos atentatorios a sus derechos fundamentales, los que fueron ejecutados principalmente y a instancia del actual Director Jurídico, Luis Hernández. Tales actos finalmente desembocaron en su despido por una causal que no se justifica en los hechos y que realmente esconde una represalia, siendo a la vez que un acto de discriminación en su contra, atentatorio de su integridad psíquica, su honra y dignidad e, incluso, de su libertad de opinión.

Expone que ingresó a prestar servicios el 1 de diciembre del año 2009, y que su despido acaeció el 12 de enero del año en curso, y que su remuneración ascendía a la cifra de mensual de $2.069.932.-

Agrega que, si bien firmó finiquito con la demandada el pasado 23 de febrero, en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo, allí hizo reserva expresa sobre cada una de las acciones que interpone.

Relata que al ingresar a la Fundación Integra fue contratado para tramitar juicios laborales y prestar todo tipo de asesorías sobre el cierre de las investigaciones internas que se desarrollan en todo el país. En los hechos, sin embargo, el Director Jurídico de la época, don Felipe Torrealba, le solicitó también encargarse de la tramitación de los juicio civiles y penales en los que estaba comprometido el interés de la Fundación, situación que se mantuvo así hasta la fecha de su despido.

Continúa relatando que hacia la última época sus principales funciones principales consistían en llevar a cabo investigaciones internas dentro de la Casa Central de Fundación Integra y eventualmente, desplazarse hasta alguna oficina regional en caso que la situación lo ameritase; visar las sanciones propuestas por los asesores laborales de las distintas regiones, así como prestarles colaboración y asistencia técnica en la estrategia de los juicios laborales en los que Integra era parte a lo largo de todo el país; elaborar documentos institucionales; ocasionalmente realizar capacitaciones a asesores laborales en materias relacionadas con Derecho del Trabajo; realizar investigaciones internas; redactar contratos civiles, etc.

Señala que hasta octubre del año 2016 también tenía a su cargo revisar las bases administrativas, concurrir a reuniones en que se recepcionaban las ofertas en las distintas licitaciones a que convocaba su ex empleadora, asistir a reuniones dónde se elegía al proveedor adjudicatario en tales licitaciones; revisar los antecedentes legales de los distintos proveedores que participaban en licitaciones; gestionar obtención de comodatos, entre otras labores ajenas a aquellas por las cuales se le contrató.

En el mes de octubre del año 2015 el entonces Director Jurídico, Boris Santander, impuso una modalidad de trabajo en el equipo de la Dirección Jurídica sin considerar la opinión de los integrantes. Esta modalidad consistía en que cada uno de los profesionales debía atender todos los asuntos legales de cada región en base a la distribución que él efectuaría, quedando a cargo de las regiones de Arica y Parinacota, Los Lagos y Aysén. Entre las principales responsabilidades de cada abogado se contaban: preocuparse del seguimiento de causas laborales y civiles en cada una de las regiones asignadas; asesorar respecto del cierre; de investigaciones internas; redacción de convenios y contratos civiles. Dentro de estas últimas funciones, le tocaba confeccionar contratos de obra, abastecimiento, transporte, de honorarios, bases administrativas, contratos de prestación de servicios educacionales, entre otros.

Expone que, incluso, llegó a subrogar al ex Director Jurídico Pedro Bello durante el mes de febrero del año 2015, ocasión en que le tocó asumir las labores de dirección y coordinación del equipo, así como revisar los contratos civiles y licitaciones. También se le solicitó subrogar en el mismo cargo durante julio del mismo año 2015 a doña Claudia Hahn Cova, Directora Jurídica Interina quien previamente le había pedido también que la ayudara en la coordinación del equipo.

Añade que en el mes de julio del año 2016, Boris Santander renunció a su cargo de Director Jurídico, dejando como coordinadora a Carolina Pérez. Luego, en los primeros días de septiembre del mismo año asumió el cargo el señor Luis Hernández Olmedo. Desde ese momento dio inicio una serie de actos reiterados que son constitutivos de vulneraciones a la garantía de respeto a la integridad psíquica, tanto a su respecto, como del resto de sus colegas de la Dirección Jurídica.

Una vez en el cargo, el nuevo Director ordenó, en una primera instancia, distribuir las áreas de la Dirección Jurídica de acuerdo a criterios de especialización. En razón de ello, junto a su colega Humberto Padilla quedaron a cargo de la supervisión, seguimiento y elaboración de los escritos de defensa en todos los juicios en que tuviese interés su ex empleadora a lo largo del país. Tal tarea, es de una magnitud enorme, ya que Fundación Integra actualmente tiene una dotación de personal cercana a los 24.000 trabajadores repartidos en todo Chile. Indica que durante los años anteriores y, por lo menos hasta el mes de octubre de 2016, esta labor se dividía en al menos seis abogados.

Expone como primer acto vulneratorio, que el día 16 de septiembre de 2016, en forma, intempestiva, el nuevo Director le señaló que debía viajar a la ciudad de Puerto Aysén desde el 20, al 23 de septiembre a fin de realizar una investigación interna en un jardín infantil de esa localidad y, además, debía asesorar a la oficina regional de Coyhaique en la elaboración de estrategias para encarar audiencias de mediación ante la Inspección del Trabajo. Hace presente que esta necesidad surgió a propósito de informes realizados por dicho ente y que daban cuenta de la existencia de vulneraciones de derechos por parte de Fundación Integra en perjuicio de trabajadores de esa oficina regional. Frente a tal requerimiento manifestó su inquietud por no tener dinero para el viaje, alimentación y alojamiento el cuál, lógicamente, debía proporcionarle la misma empresa. Sin embargo Luis Hernández, lejos de solucionar el inconveniente, en forma airada le señaló "Tu tendrás que arreglártelas, pero debes viajar en la fecha que te lo ordené". Al percatarse que no tendría el apoyo de su jefatura y motivado por su afán de cumplir sus obligaciones laborales, se vio en la necesidad de conseguir préstamos de dinero con terceras personas y, de esta forma, poder cubrir sus gastos de estadía en Coyhaique y Aysén. Gastó un total de $ 199.045 sin que el viático solicitado le fuera depositado durante toda su estadía desde el día 20 al 23 de septiembre de 2016. Al regresar a Santiago el 26 de septiembre debió insistir en reiteradas oportunidades el reintegro de estos dineros y, puesto que la persona que le prestó el dinero le pedía insistentemente la devolución de éste, se vio enfrentado a una gran situación de stress y angustia por no poder responder en la debida forma.

Continúa relatando que, el 4 de octubre de 2016, Luis Hernández convocó a todo el equipo de la Dirección Jurídica a una reunión que tenía la finalidad de plantear una nueva reestructuración del equipo, así como conocer inquietudes de parte de los profesionales.

Señala que en esa ocasión, el Director consultó sobre la posibilidad de conocer el contenido de las investigaciones internas que se desarrollaban en la Fundación a través de peticiones invocando la Ley de Transparencia, frente a lo cual su colega Tamara Ossa manifestó sus reparos, argumentando que no respetar la reserva de las investigaciones internas generaría desconfianza por parte de los trabajadores y podrían generarse, incluso, problemas con las organizaciones sindicales. Frente a esta apreciación técnica, en forma inesperada, Luis Hernández reaccionó de muy mala manera, y en forma exasperada y furiosa, señaló que en su opinión debía primar la ley de Transparencia por sobre los derechos de los trabajadores. Esta reacción, tan airada y desproporcionada, generó un gran temor en todos los integrantes del equipo, y nadie se atrevió a respaldar las opiniones de la colega Ossa. En esa misma reunión, Hernández consultó su opinión sobre la factibilidad de que los abogados de regiones pudieran avocarse a asesorar en materias civiles. Frente a ello, la colega Galit Kohen señaló que eso no sería posible ya que el contrato de trabajo de dichos profesionales establece que sus funciones son las de asesor laboral por lo que, encomendarles funciones distintas no resultaba procedente y, aún podrían constituir vulneraciones a su integridad psíquica y traducirse en eventuales demandas de tutela laboral en contra de la Fundación Integra. Frente a esta simple opinión, propias por lo demás de sus funciones profesionales, Hernández nuevamente se enfureció y señaló airadamente que no estaba de acuerdo. Además, recalcó que los abogados que integraban la Casa Central debían desempeñar todas esas funciones, destacando que en cualquier momento podría aplicar la causal de necesidades de la empresa, y amenazando con que, finalmente, no tenía problemas con resolver cualquier asunto en los Tribunales.

Señala que Galit Kohen y Támara Ossa fueron desvinculadas el día 13 de octubre del pasado año 2016.

Agrega que, el 5 de octubre le remitió un correo al señor Hernández, informándole la existencia de la demanda por tutela de derechos fundamentales y prácticas antisindicales interpuesta por el ex prevencionista de riesgos de la oficina regional de Aysén don Claudio Oyarzún, a fin de que estuviese al tanto de esta acción judicial. Dada la importancia de esta demanda judicial, por las implicancias que podría tener una condena judicial en materia de derechos fundamentales, lo procedente era que contara con dedicación exclusiva para elaborar la contestación y armar la estrategia judicial, tal como era una práctica habitual en la Dirección Jurídica en caso de que a uno de los colegas le tocara la defensa judicial de una causa importante para la Fundación, más aun considerando que en el caso específico de la Región de Aysén no se cuenta con un abogado asesor laboral que sea contraparte técnica y, en este caso además, el abogado externo Contactado para presentar la contestación, exigió revisar con una anticipación de 3 días el contenido del escrito.

Expone que, lamentablemente el señor Hernández desconoció esta práctica, y lo atosigó encomendándole labores que no correspondían a sus funciones habituales. Señala que, no obstante, el propio Director, con posterioridad al despido de las colegas Galit Kohen y Tamara Ossa señaló en la tercera semana de octubre del año 2016, que con su colega Humberto Padilla se encargarían de las investigaciones internas y juicios a nivel nacional, y le seguía delegando la confección de contratos de obras y de abastecimiento. No conforme con esto y, a modo de hostigamiento, lo obligó a participar en grupos de evaluación de proyectos de innovación regional períodos 2017-2018, cuestión que correspondía hacer a la coordinadora Carolina Pérez o, en su defecto, al mismo Hernández, dada la naturaleza de sus cargos. Añade que ello le demandó bastante tiempo en su oportunidad y lo apartaba de sus labores habituales, no permitiéndole concentrarse debidamente en la elaboración de la estrategia judicial para encarar el juicio de Claudio Oyarzun.

Añade que lo que lo angustió muchísimo, también en la tercera semana de Octubre, fue que se acercó a la oficina de Luis Hernández con el objeto de obtener alguna retroalimentación u orientación sobre la estrategia judicial para encarar la demanda de Claudio Oyarzun. Grande fue entonces su sorpresa cuando, tras plantearle su punto de vista, le dijo en tono irónico y burlesco "acá tienes que llegar hasta la Corte Celestial", sin darle ningún apoyo en la elaboración de la estrategia judicial, cosa que era lo esperable en un caso como este, según la forma de trabajar que siempre se utilizó en la Dirección Jurídica.

Indica que en la misma reunión también le solicitó al señor Hernández no participar en la mesa de evaluación de los proyectos regionales para avocarse de mejor forma a los juicios pendientes, en especial el de Claudio Oyarzún, a lo cual él en forma molesta le indicó "tú debes hacer lo que se te ordena y no existe ninguna posibilidad de no participar de esta mesa de trabajo.".

Agrega que, el 26 de octubre les envió un correo electrónico distribuyendo los temas a tratar en la reunión de elaboración de la planificación 2017 de la Dirección Jurídica, encomendándoles, junto con Humberto Padilla, la elaboración de una Política Judicial de Fundación Integra, en la cual se iban a tratar temas claves como, por ejemplo, la forma de encarar las demandas de tutela de vulneración de derechos fundamentales, criterios para llegar a acuerdo en tribunales de justicia, elaboración de sistemas alternativos de resolución de conflictos al interior de la Fundación, implementación del sistema de firma electrónica avanzada para los efectos de la nueva ley de tramitación electrónica, etc. El gran problema es que esta planificación y elaboración de todo lo que conlleva la política judicial de Fundación Integra excedía con creces sus labores como profesional, toda vez que en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Fundación Integra, libro V, título primero denominado " objetivos de cargo Casa Central" se especifica que el objetivo del cargo de los Directores Nacionales corresponde a liderar los procesos de la Dirección Nacional y recursos asociados para el cumplimiento de los objetivos y metas. De igual forma, en el mismo título se establece que la labor de Coordinador de Equipo consiste en conducir y coordinar la gestión en el trabajo del equipo a su cargo y administrar los recursos asignados para el diseño, planificación, implementación y seguimiento de los procesos de su competencia. Esta descripción de los objetivos de cargo deja en claro que, un asunto tan complejo como la propuesta de una política judicial de una organización tan grande y compleja como Fundación Integra corresponde formularla al Director Nacional, o en su defecto, a alguna jefatura o coordinador de equipo, no correspondiendo, por tanto, la delegación en profesionales que no tienen esa responsabilidad.

Añade que, el día 1 de noviembre pasado (día festivo) recibió un correo electrónico a las 20:51 horas de parte del señor Hernández, en que le informaba de algunas modificaciones efectuadas a la contestación del juicio laboral de don Claudio Oyarzún. Expone que, el hecho de mantenerlo obligado a estar pendiente del correo institucional fuera del horario laboral y mandarme correos electrónicos en momentos que debiese estar descansando constituye un agobio injustificado que altera la integridad psíquica de cualquier persona. Lamentablemente esta situación se volvió frecuente, y a modo de ejemplo cita correos electrónicos fuera de su horario laboral los días 4, 13 y 14 de diciembre. Hace presente que su horario laboral fue siempre de lunes a viernes desde las 08:30 horas hasta las 17:30 horas.

Agrega que el día 3 de noviembre recibió un correo electrónico por parte de la Coordinadora Carolina Pérez ordenándole, junto a su colega Humberto Padilla, prestar asesoraría respecto al reglamento especial DS 76/07 sobre seguridad y prevención de riesgos de empresas contratistas y subcontratistas, trabajo que era competencia de la misma coordinadora, por cuanto no existía un juicio relacionado con esa materia.

Añade que a fines del mismo mes de noviembre, durante la última semana, el Director se reunió con él y su colega Humberto Padilla, instancia en que les ordenó elaborar un modelo de excepción dilatoria y propuesta de contestación de demanda respecto de un juicio civil en que un trabajador de Integra, Don Pablo Cruz, demandó una indemnización por más de 37 millones por vulneraciones a derechos cometidas durante la vigencia de la relación laboral. El asunto es que, de forma autoritaria Hernández les exigió tener ambos escritos al final de la jornada (la reunión fue a mediodía), en circunstancias que en semanas anteriores el mismo había decidido que la propuesta de contestación de demanda civil quedaría en manos de la coordinadora Carolina Pérez y, la redacción de la excepción dilatoria, le correspondería a Humberto Padilla. Sin embargo, su ex jefatura volvía a cambiar unilateralmente una distribución efectuada por él mismo, con la única finalidad de hostigar. Finalmente, junto al colega Padilla remitieron los escritos de contestación y excepciones dilatorias el mismo día, sin recibir retroalimentación formal hasta el 2 de diciembre (fecha en que vencía el plazo para oponer las excepciones dilatorias) pasadas las 3 de la madrugada. Por cierto, ese mismo día, les hostigó haciendo imprimir cerca de 3 veces el escrito de excepciones dilatorias, argumentando cosas superficiales, como el tipo de letra, tamaño, cambiando a última hora el orden de las excepciones, entre otras cosas.

Señala que el mismo 2 de diciembre, al mediodía, los volvió a reunir con Humberto Padilla y les ordenó confeccionar una demanda de desafuero sindical de la secretaria del sindicato democrático de Fundación Integra, quien trabaja como Directora de un jardín infantil de la región de La Araucanía. Ante esta esta petición, manifestaron sus reparos debido a la falta de antecedentes y pruebas que pudieran respaldar esa acción judicial, unido a los roces que la demanda pudiera generar con organizaciones sindicales, toda vez que para esa fecha se encontraban en proceso de negociación colectiva. Otra vez la reacción del señor Hernández fue la peor; se sulfuró y enfureció, señalándoles que debían hacer lo que les ordenaba; que no podían opinar porque ya era una decisión adoptada "desde arriba" y; que quería el borrador para el día lunes 5 de diciembre. Ante esto último, le manifestaron que era imposible acceder a su requerimiento, toda vez que, a esa fecha, viernes 2 de diciembre, no tenían antecedentes suficientes para respaldar la acción judicial y que debían conseguirlos con la oficina regional. Ante esto, nuevamente estalló en cólera y les dijo que él quería ese borrador para el lunes 5 de diciembre y si era necesario, debían trabajar todo el fin de semana en ese formato.

Agrega que, durante las 2 últimas semanas de noviembre y primera semana de diciembre fue una práctica normal por parte de Luis Hernández citarlos a su oficina cuando su horario de trabajo estaba pronto a terminar, alrededor de las 17:15 horas, prolongando esas hasta las 18:30 o 19:00 hrs., haciendo caso omiso de compromisos médicos o familiares que pudiesen tener tanto su colega Humberto Padilla como él.

Relata que, a consecuencia de este clima de stress laboral, su compañero Humberto Padilla se enfermó, presentando licencia médica desde el 9 de diciembre hasta el 23 del mismo mes, período en que estuvo sólo a cargo de los juicios e investigaciones internas de la Fundación. A pesar de ello, seguían entregándole contratos de obras y de abastecimientos para realizar, provocándole así una gran angustia y stress laboral, toda vez que su jefe Luis Hernández no adoptó ningún plan de contingencia para aliviarle un poco la carga laboral, con el ya claro ánimo de desgastarlo profesionalmente.

Añade que, era habitual que su ex jefatura lo llamara a su teléfono celular personal, molestándose mucho si no le respondía con prontitud, verificándose el último de estos actos el día 16 de diciembre.

Expone que el día 22 de diciembre ocupó un día administrativo, pero, al reincorporarse a sus labores al día siguiente, se encontró con la desagradable sorpresa de que Luis Hernández, en forma unilateral y sin tener la deferencia de comunicárselo formalmente, lo despojó de labores que le correspondían de acuerdo a la propia distribución del trabajo efectuada por él. Y así, sin más, se enteré por sus propios compañeros que los cierres de investigación interna en que hubiera supuestas vulneraciones de derechos de niñas y niños, que estaban a su cargo, iban a quedar radicados en sus colegas Fanny Morales y Franco Luco. Nunca supo las razones de tan arbitraria decisión.

Añade que el mismo 2 de diciembre el Director le ordenó realizar una investigación interna sobre unos los auxiliares de bodega que habían sido sorprendidos fumando marihuana en las dependencias pertenecientes a Fundación Integra ubicada en la comuna de San Bernardo. Por medio de un correo dispuso que la investigación se efectuara en el transcurso de esa misma semana, lo que ya constituyó una presión innecesaria, toda vez que el Reglamento Interno dispone un plazo de 2 meses para la realización de investigaciones internas respecto de hechos en que estén involucrados trabajadores de Casa Central. Incluso, se le planteó a don Luis Hernández la posibilidad de contar con el apoyo de algún asesor laboral de las oficinas regionales Metropolitanas, a lo que este se negó tajantemente, en circunstancias que es una práctica normal en Fundación Integra delegar estas investigaciones en otros colegas en atención a la enorme recarga laboral de los profesionales de la Dirección Jurídica.

Explica que el día 12 de enero del año 2017 fue despedido por su ex empleador, invocando la causal de necesidades de la empresa, fundamentando la carta de aviso en los términos que siguen (textual): "Con el objeto de cumplir con la tarea de regularizar la tenencia de aproximadamente 700 inmuebles para obtener el reconocimiento oficial de los establecimientos de la Fundación , lo que representa una sobrecarga del área civil de esta Dirección, que ordinariamente revisa, además anualmente, al menos 2000 contratos y dadas las restricciones presupuestarias y de la planta de la Dirección Jurídica, es necesario reestructurar y organizar el actual equipo de abogados de esa Dirección, incorporando dos abogados con dedicación exclusiva en materia civil y reduciendo el número de abogados con experiencia laboral, no siendo posible por tanto, mantener su vínculo laboral, dando origen a la causal establecida en el artículo 161, inciso primero, del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa.¿.

Expone que, en el momento que le notifican el despido, simultáneamente desde el Departamento Informático bloquearon la cuenta de correo institucional que hasta ese instante ocupaba.

Señala que, el despido del que fue objeto también es vulneratorio a su garantía de no discriminación.

Explica que, el único motivo para decidir su despido, es su decisión de ser incorporado en la lista de testigos del juicio laboral T-1155-2016 radicado en el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, en que las demandantes son las ex abogadas de Fundación Integra Galit Kohen y Tamara Ossa, situación que se materializó el pasado 16 de enero de 2016, oportunidad en que se verificó la audiencia preparatoria en dicho proceso y en que fue ofrecido como testigo.

Concluye que su despido es una represalia por parte de su ex jefe directo Luis Hernández Olmedo y, a la vez que un mecanismo para intentar evitar que contara con la garantía de indemnidad al ser ofrecido como testigo en el juicio referido, ya que era conocido en la institución que existía mucho malestar por las formas y abusos que se estaban ejecutando por la Dirección contra del equipo jurídico, por lo que muchos declararíamos en ese proceso. Prueba de ello es que los hechos esgrimidos en su carta de despido por inexistentes necesidades de la empresa, no se ajustan a la realidad institucional y de la Dirección Jurídica.

Enfatiza que prueba este actuar vengativo y discriminatorio que el mismo día se remitieron las cartas de despido por necesidades dé la empresa totalmente idénticas a sus colegas Humberto Padilla, Fanny Morales y Daniela Contreras, quienes tienen el denominador común de haber sido ofrecidos como testigo para el juicio de Galit Kohen y Tamara Ossa.

Señala como indicios de la vulneración:

¿  Carta de despido de fecha 12 de enero de 2017.

¿  Acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo de fecha 23 de febrero de 2017.

¿  Acta de audiencia preparatoria en juicio RIT-1155-2016 seguido en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

¿  Correo electrónico de fecha 1 diciembre enviado a las 03:36 A.M por Luis Hernández, solicitando revisar texto final para excepciones dilatorias en juicio de Pablo Cruz.

¿  Correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2016 enviado a las 22: 06 PM por Luis Hernández en que solicita la remisión de un escrito de contestación de demanda.

¿  Correo electrónico de lecha 1 de noviembre de 2016 a las 20:51 PM enviado a las 22: 06 PM por Luis Hernández; totalmente fuera del horario laboral y en un día festivo.

¿  Correo electrónico de fecha 26 de octubre de 2016 enviado a las 09:45 AM por Luis Hernández en que distribuye los temas a tratar en la jornada de planificación de la Dirección Jurídica fijada para el pasado 2 de noviembre de 2016.

¿  Correo electrónico de fecha 16 de septiembre, en el cual se solicita formalmente la provisión de fondos para el viaje a la Región de Coyhaique para los días 20 a 23 de septiembre de 2016.

Previas citas legales, solicita:

¿  Que se declare que la demandada ha vulnerado sus derechos fundamentales tanto durante la relación de trabajo como también con ocasión de su despido, específicamente su derecho a la indemnidad; a la integridad síquica, a la honra y la vida privada; a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada; a la libertad de emitir opinión y al derecho a no ser objeto de cualquier forma de discriminación y, en consecuencia, que se le condene al pago de las siguientes prestaciones y/o conceptos:

¿  $ 22.769.252.- equivalente a 11 meses de la última remuneración mensual como indemnización especial por vulneración de derechos fundamentales durante la relación de trabajo y con ocasión del.

¿  $ 4.346.857 por concepto de recargo legal del 30% consagrado en el artículo 168 del Código del Trabajo.

¿  $ 2.924.613 por concepto de devolución del descuento improcedente en su indemnización por años de servicio de los aportes entregados a la AFC, conforme a que, siendo vulneratorio el despido del que fue objeto, no se cumple la condición señalada en el artículo 13 de la Ley 19.728.

¿  $ 114.000.- por bono de vacaciones adeudado.

¿  $ 50.000.- por bono de término de conflicto adeudado.

¿  Reajustes, intereses y costas de la causa.

En subsidio solicita que se declare que el despido del que fue objeto es injustificado, y en consecuencia, se condene a la demandada al pago de las siguientes sumas:

$ 4.346.857 por concepto de recargo legal del 30% consagrado en el artículo 168 del Código del Trabajo.

¿  $ 2.924.613 por concepto de devolución del descuento improcedente en su indemnización por años de servicio de los aportes entregados a la AFC.

¿  $ 114.000.- por bono de vacaciones adeudado.

¿  $ 50.000.- por bono de término de conflicto adeudado.

¿  Reajustes, intereses y costas de la causa.

SEGUNDO: Contestación de la demanda.- Que la denunciada solicita el íntegro rechazo de la acción, con expresa condena en costas, por los siguientes fundamentos:

Respecto al viaje a Aysén, expone que este hecho habría acaecido en el mes de septiembre de 2016, oponiendo excepción de caducidad a su respecto.

Explica que es efectivo que el día viernes 16 de septiembre de 2016, previo al fin de semana de fiestas patrias, se señaló al demandante que debía viajar a la ciudad de Coyhaique a realizar una investigación interna y a asesorar a la región en temas laborales, dado que en dicha región Fundación Integra no cuenta con abogado asesor.

Señala que en la Dirección Jurídica de Integra, con más o menos frecuencia, ocurren situaciones como ésta, razón por la que se hace necesario que algún abogado del nivel central asista a prestar apoyo regional, especialmente en aquellas que no cuentan con asesor laboral como es el caso de las regiones de Arica y Parinacota, Aysén y Magallanes.

Añade que esta designación obedeció al hecho que, como el propio demandante reconoce, tenía asignada dichas regiones para prestar asesoría, por tanto conocía muy bien el trabajo en temas legales que desarrollaba Fundación Integra en ellas.

Expone que el viaje fue avisado con 4 días de anticipación, lo que está lejos de considerarse "intempestivo¿ o fuera de tiempo.

Indica que, es absolutamente falso que el demandante haya señalado la necesidad de asignación de fondos y viáticos en forma previa. Hace presente que Luis Hernández hacía sólo pocos días había asumido el cargo de Director Jurídico, por lo que en ese entonces no conocía la mayoría de los procedimientos administrativos y de gestión propios del área, entre ellos el procedimiento sobre solicitud de fondos y pago de gastos de viaje y viáticos. Por el contrario, el señor Trujillo, con 7 años de trabajo en la Fundación y múltiples viajes a regiones lo conocía perfectamente. Estas solicitudes son conversadas directamente con la secretaria de la Dirección, Sra. Natalia Espíndola, quien lleva años encargándose de estas materias. Lo anterior, por supuesto, era de pleno conocimiento del abogado Trujillo, toda vez que él tenía 7 años de experiencia en la Dirección Jurídica, años en los cuales debió realizar viajes en varias oportunidades, así como la mayoría de los abogados de este equipo.

Explica que, aunque no es la regla general, es ciertas ocasiones los abogados utilizan fondos propios para realizar viajes laborales, los que luego son reembolsados. En este caso, se procedió de dicha manera, ya que el día viernes 16 de septiembre de 2016 fue víspera del fin de semana largo de fiestas patrias, por lo que no se alcanzaba a realizar la gestión de entrega de fondos para gastos, teniendo presente que el día lunes 19 fue feriado y el día 20 el señor Trujillo debía viajar. Una vez que regresó a Santiago, el día 23 de septiembre, tardó 3 días en hacer la solicitud de reembolso, tiempo que no se condice con alguien quien dice estar tan estresado y apurado, llegando a padecer un estado de angustia por devolver el dinero que le habían prestado. Corrobora lo anterior el hecho de que la petición de reembolso por $199.045 fue solicitada por el actor con fecha 26 septiembre de 2016, a la Sra. Natalia Espíndola. Desde la solicitud de reembolso hasta el entero de lo gastado en la cuenta corriente del Sr. Trujillo pasaron tan solo 2 días, pues está se verificó con fecha 28 de septiembre.

Respecto a la reunión del 4 de octubre de 2016, alega la caducidad de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 486, inciso final, del Código del Trabajo.

Explica que, el día indicado se llevó a cabo una reunión entre los miembros de la Dirección Jurídica en donde hubo una diferencia de opiniones entre el Director Jurídico y dos abogadas del equipo, Tamara Ossa y Galit Kohen, respecto al secreto de las investigaciones y la aplicación de las normas de la Ley de Transparencia y el rol de los asesores laborales de regiones.

Señala que la respuesta de Luis Hernández fue enfática pero respetuosa y ciertamente no se produjo ninguna amenaza, lo que sería totalmente contrario a los lineamientos de la institución. Se refiere a la política de la Convivencia Bientratante la cual es parte de los lineamientos estratégicos de Fundación Integra.

Indica que, en dicha reunión, se planteó una división del trabajo de los abogados en 4 áreas: laboral, contratos de obras y servicios, infancia y regulatorio, enfatizando la flexibilidad de esta división y que era susceptible de ir acomodándose en el tiempo. Así, aprovechando la experiencia al interior de la institución y los propios intereses de los abogados, se instruyeron los siguientes cambios: La abogada Fanny Morales se haría cargo preferentemente de los temas de infancia y la relación con la Dirección de Promoción y Protección de Derechos; la abogado Vivian Miranda de los temas de reconocimiento oficial, que había liderado en el último tiempo; la abogado Tamara Ossa se abocaría a los temas de contratos, junto a la coordinadora de la Dirección, Carolina Pérez; y la abogada Galit Kohen y los abogados Humberto Padilla y Juan Pablo Trujillo, a los juicios e investigaciones internas. La propuesta de flexibilidad de asignación de tareas significaba que en lo necesario, los abogados colaborarían entre sí. También abordaron el tema de la gran cantidad de contratos civiles que deben elaborarse cotidianamente en la Dirección y que representa la mayor carga de trabajo normal. En este punto y por iniciativa del propio abogado Trujillo, se acordó que los contratos de obra seguirían distribuidos entre todos, acorde a la carga de trabajo de cada uno. En este sentido, nunca hubo ninguna diferencia en dicha reunión con el señor Trujillo. Al contrario, se acogió su propuesta de organización del trabajo común del equipo.

Respecto a la demanda de don Claudio Oyarzún, señala que con fecha 5 de octubre de 2016, el mismo actor Sr. Trujillo puso en conocimiento del Director Jurídico de la existencia de una denuncia de tutela en la Región de Aysén, vía correo electrónico, oponiendo excepción de caducidad.

Explica que el dinamismo con que se producen situaciones que pueden ser abordadas desde una perspectiva jurídica en Fundación Integra es diario, razón por la que es incomprensible que el Sr. Trujillo pretenda señalar que constituye un acto vulneratorio no contar con dedicación exclusiva, para contestar una demanda cuya notificación se realiza con fecha 3 de octubre de 2016, siendo fijada como fecha de Audiencia Preparatoria el día 10 de noviembre del mismo año. Es decir, se contaba con casi 30 días para preparar su contestación.

Indica que, la pretensión de la dedicación exclusiva es totalmente alejada de la realidad y del concepto de lo que debe ser un abogado profesional de una institución tan grande como Integra.

Respecto a la falta de retroalimentación para elaborar una estrategia judicial en la demanda interpuesta por don Claudio Oyarzún, opone excepción de caducidad.

Señala que carece de todo sentido, que se indique que el hecho de solicitar asistir a una reunión constituya una vulneración de derechos, la que ni siquiera se digna en mencionar.

Respecto a las supuestas modificaciones unilaterales del contrato de trabajo, señala que no se llevó a cabo ninguna modificación de los contratos de trabajo en el tiempo en el que el Sr. Trujillo era integrante de la Dirección Jurídica.

Respecto a la solicitud de elaboración de una política judicial de Integra en correo de fecha 26 de octubre de 2016, en donde se definieron las tareas a tratar y se encomendó al abogado Humberto Padilla y al demandante Sr. Trujillo que realizaran una política judicial de Fundación Integra, opone excepción de caducidad.

Señala que efectivamente se solicitó esa tarea al demandante, creyendo que su experiencia en el ámbito judicial bastaría para proponer ideas al respecto. Lamentablemente, el actor nunca logró ejecutar ninguna propuesta como la solicitada por su jefatura.

Indica que, a pesar que el señor Trujillo pudiera considerar que dicha tarea excedía sus capacidades, lo que en la práctica se demostró, y que ello le generó angustia, dicha solicitud no puede ser considerada caprichosa ni arbitraria, si tenemos en cuenta que el demandante era una de las 2 personas que tenía experiencia y conocimiento de los juicios de la Fundación. En concreto, la solicitud se enmarcaba dentro de las competencias específicas del demandante, en el ámbito natural de su ejercicio profesional y habida cuenta de su experiencia y conocimiento de la práctica judicial de la misma Fundación, por lo cual en ningún caso puede considerarse un acto caprichoso, arbitrario o vulneratorio de sus derechos, sino al contrario, propia de la asesoría legal inherente al rol de cualquier abogado de una corporación.

Respecto a recibir correos fuera de su jornada de trabajo, opone excepción de caducidad.

Explica que el actor se encontraba excluido de las normas de limitación de jornada contemplada en artículo 22, inciso 2°, del Código del Trabajo. En efecto, la cláusula tercera del contrato de trabajo del actor señala que: "El trabajador prestará sus servicios a la Fundación de lunes a viernes y está exceptuado de las normas de limitación de jornada, en razón de la naturaleza del cargo que desempeña. Por lo anterior, no está necesariamente obligado a registrar sus asistencias sin perjuicio que debe cumplir con las obligaciones que le impone el cargo y de acuerdo a las responsabilidades inherentes a él¿. Esta cláusula no se vio alterada por ninguno de los anexos al contrato suscritos durante la relación laboral. Por tanto, resulta incomprensible que el demandante señale que se le enviaban correos fuera de su jornada cuando por contrato estaba excluido de esta jornada, por lo que es imposible que se configure a este respecto vulneración de su integridad psíquica, como él señala.

Señala que es cierto que envió los comentarios de la demanda del Sr. Oyarzun, a las 20:51 horas, es decir fuera del horario de oficina.

Explica que los correos de fechas 4, 13 y 14 de diciembre de 2016, enviados con posterioridad a las 17:30 horas, no ha realizado ningún agobio al demandante y que lo único que pretendían era poner en conocimiento del demandante ciertos hechos o que fueran respondidos a la primera hora del día siguiente.

Respecto a la solicitud de asesoría laboral del decreto 76/07 sobre seguridad y prevención de riesgos, por parte de la Coordinadora Corporativa, Sra. Carolina Pérez, expone que el correo electrónico de fecha 3 de noviembre de 2016 por el cual se solicita apoyo en esta materia, está muy lejos de poder considerarse hostil o vulneratorio de alguna garantía.

En cuanto a la solicitud de elaboración de un modelo de excepción dilatoria al actor y otro abogado para ser presentada en el juicio civil de Integra durante la última semana de noviembre, opone excepción de caducidad.

Señala que esta demanda civil se origina de un juicio laboral, por lo que la excepción de incompetencia de la sede civil, era una materia en que, con toda propiedad, era necesaria la participación del señor Trujillo y del señor Padilla, ambos abogados laboralistas a cargo en ese entonces del área judicial. Por lo mismo, resulta importante señalar que la tarea de diseñar la defensa en este juico se encomendó, indistintamente a los dos abogados encargados en ese entonces del área judicial, señores Trujillo y Padilla.

Agrega que también es falso que dicha solicitud hubiera sido intempestiva, pues, hubo más de 30 días para redactar la contestación de la demanda y en particular, la excepción dilatoria necesaria para la defensa.

Añade que, dada la insuficiencia de la propuesta de excepción de incompetencia presentado por el actor al final de la jornada del día antes del vencimiento del plazo legal, el propio Director Jurídico asumió la reelaboración formal y sustancial de la defensa, tarea que realizó entre las 8 PM del día 1 de diciembre y 3 AM del día 2 de diciembre. Es por esa razón que, al momento de terminar, en la madrugada del día 2, se envía el correo a los abogados Padilla y Trujillo, con la evidente intención de que fuera conocido a primera hora de la jornada laboral, esto es 5 horas más tarde, para sus eventuales comentarios finales, dado que ese mismo día, 2 de diciembre, vencía el pazo para su presentación.

Sobre la solicitud de elaboración de una demanda de desafuero sindical tanto al demandante como al abogado Humberto Padilla, lo que habría afectado su derecho a la integridad psicológica, señala que la solicitud del Director Jurídico a los abogados laboralistas de la misma Dirección, para redactar una demanda de desafuero, no puede sino entenderse como propia de las labores ordinarias en razón de las cuales han sido contratado y no se advierte como ello podría entenderse como un acto vulneratorio.

Respecto de la sobrecarga de trabajo que habría experimentado cuando su compañero Humberto Padilla se enfermó y presentó licencia médica entre el 9 y 23 de diciembre y se le habría seguido encomendado la revisión de contratos civiles, lo que provocó angustia y estrés laboral, expone que está dentro de lo esperable que cuando un compañero de labores se enferma se tenga más trabajo para atender los asuntos urgentes e impostergables del compañero ausente. No hay mucho que decir al respecto, solo que pretender que por estos hechos se vulneran derechos es estirar hasta el límite de lo ilógico las normas sobre protección del trabajo. Asimismo, aclara que las fechas que menciona son erróneas ya que el sr. Padilla presentó licencia entre los días 20 y 27 de diciembre de 2016.

Explica que si el demandante se hubiese angustiado o estresado a consecuencia de la enfermedad de su compañero, podría haber acudido a la ACHS u otro organismo que atienda la salud mental de nuestros trabajadores por hechos ocurridos con ocasión al trabajo. El señor Trujillo, como abogado y como responsable de las investigaciones internas respecto de hechos ocurridos entre trabajadores, entre ellos el acoso laboral, conoce perfectamente bien o no podía menos que conocer, este procedimiento y es dudoso que conociéndolo no haga uso de él, si verdaderamente se sintiera con tanta angustia o estrés.

Expone que no se han expuesto de manera precisa y circunstanciada, los hechos constitutivos de la denuncia, ni tampoco se han invocado indicios suficientes.

Agrega que, en cuanto señala el demandante que, simultáneamente a la desvinculación, el Depto. Informático de Fundación Integra bloqueó su cuenta de correo personal en la Institución, por lo que se vio impedido de despedirse de las Directoras Regionales, Jefes de Servicio y Asesores Laborales. Lo dicho por él es completamente falso.

Explica que, una vez que el sr. Trujillo sale de la oficina del Director Jurídico con la carta de aviso en mano, cruzó algunas palabras con 2 integrantes del equipo - el despido ocurrió a la hora de almuerzo, por lo que no todo el equipo estaba presente- fue a su escritorio y conversó unos minutos con la abogada Vivian Miranda a quien relató lo que había pasado. Transcurridos entre 10 a 15 minutos, llega el técnico informático, Sr. Francisco Rebolledo, trabajador de la empresa externa Pad System, a realizar la operación de bloqueo de cuenta institucional. Éste fue respetuoso en todo momento, se presentó y le indicó lo que venía a realizar entregando la posibilidad de respaldar todos sus archivos personales. Fue el propio demandante quien no quiso realizar lo indicado, señalando a quienes se encontraban en la oficina que solo quería irse del lugar. Fue tan rápida su salida que dejó todos sus enseres personales en su escritorio y hasta olvidó la carta de despido encima de éste, la que vendría a buscar 2 días después.

Explica que el técnico informático en todo momento fue respetuoso y deferente en atención al difícil momento que siempre conlleva una noticia como la desvinculación de una empresa. Es más, el Director Jurídico dio orden expresa de que fuera tratado de este modo. En concreto, el procedimiento para respaldar los datos personales de su computador estuvo muy alejado a lo que él describe y como ya señaló fue él quien no quiso llevarse sus archivos, datos personales y fotos de su mascota, en razón de la celeridad con que quiso abandonar su puesto de trabajo, dejando incluso abandonada la carta aviso.

Agrega que no se envió un correo al resto del equipo informando la desvinculación o renuncia y agradeciendo los servicios prestados. No se hizo con él y no se ha hecho con ningún trabajador desvinculado de Integra, porque no es una práctica habitual. Sostener lo contrario está al borde de la mala fe.

En cuanto a que el motivo real que habría justificado su despido fue un acto de represalia al ser éste ofrecido como testigo en el juicio T-115-2016 de dos ex trabajadoras, Galit Kohen y Tamara Ossa, en contra de Fundación Integra, seguido ante el 1° Juzgado del Trabajo de Santiago, expone que, esta situación se materializó con fecha 16 de enero de 2016, oportunidad en que en la audiencia preparatoria, el actor fue ofrecido como testigo por las demandantes en dicho juicio, resultando una alegación carente de fundamento, en atención a que el despido del demandante ocurrió con fecha 12 de enero del presente año, fecha en la que no tenía conocimiento alguno de que el abogado Trujillo actuaría como testigo por las demandantes en un juicio seguido contra la Fundación. Entonces, ¿cómo el despido podría constituir un acto de represalia por un hecho que ocurrió 4 días después? Hasta donde se conoce, no existen represalias por hechos futuros que se ignora si ocurrirán.

Expone que, al contrario, a la luz de los hechos posteriores resulta mucho más probable considerar que es el propio demandante quien actúa en represalia a la desvinculación acaecida y acepta ser testigo en el juicio de las señoras Kohen y Ossa. De hecho, no sólo fue incluido en la nómina de testigos, sino que asistió a la audiencia de juicio de la causa en que fue ofrecido como tal.

Señala que si bien es cierto que el día 12 de enero también se remitieron las cartas de despido de los abogados Fanny Morales y Humberto Padilla, esto no fue realizado como señala el demandante de manera deliberadamente ambigua ¿mientras se encontraban con licencia médica¿. Lo efectivo es que ambos abogados presentaron licencia fechada el mismo día 12 de enero, razón por la cual no se pudo verificar sus desvinculaciones, es decir, se cruzaron ambos documentos, la carta de aviso remitida al domicilio y la recepción de la licencia médica. En la actualidad, ambos prestan servicios normalmente en Integra. Por otro lado, Integra no remitió carta de desvinculación a la abogada Daniela Contreras.

Explica que en el marco de la reestructuración de la Dirección Jurídica, se han producido cambios en la organización del equipo, consistente en la incorporación de 3 nuevos abogados dedicados a temas civiles e inmobiliarios, necesarios e imprescindibles para acometer las tareas de regularización de inmuebles de los jardines que administra Fundación Integra, requisito ineludible a su vez, para obtener el reconocimiento oficial del Estado, que exige la ley..

Señala que se han orientado los recursos destinados al área laboral allí donde efectivamente se desarrolla efectivamente la litigación laboral, las direcciones regionales, fortaleciendo la coordinación y supervigilancia desde la Dirección Nacional. En el mismo sentido, se ha incorporado abogados con especialidad en Derecho de Infancia y en Derecho Administrativo y Regulatorio, de tal forma que hoy se aborda adecuadamente todas las materias principales de la gestión legal institucional: civil, laboral, regulatorio y de infancia. Estos cambios han impactado positivamente en Integra y ya están dando los primeros resultados tangibles, todo en pos de dar cumplimiento cabal a nuestra misión institucional y la educación de calidad para la primera infancia.

Agrega que también se tomó la decisión de externalizar los servicios de estudio de títulos y gestiones inmobiliarias de los terrenos en los cuales se emplazan los establecimientos. Esta externalización, tal como se señala en la demanda, estaba considerada en la Planificación de la Dirección Jurídica para el año 2017, para cerca de 700 inmuebles. Ello conlleva la supervisión de las empresas externas que regularicen títulos de comodato de inmuebles del Fundación, por abogados 100% capacitados en materia civil e inmobiliaria, los que deberán paralelamente además de tramitar directamente, alrededor de otros 150 casos ante SERVIU o Bienes Nacionales.

Añade que, el demandado en numerosas oportunidades manifestó su rechazo y disgusto en colaborar con temas civiles arguyendo que aquello no era parte de su trabajo, razón por la que, si bien es cierto que en alguna oportunidad apoyó en estos temas (así como todos los miembros del equipo en una suerte de colaboración mutua y de compañerismo ante tal exceso de trabajo, sobre todo bajo la dirección del ex Director Jurídico), no es menos cierto que siempre dejó claro que no eran temas de su competencia. Por lo demás, su labor consistió en confección de contratos, conforme plantillas predeterminadas y nunca de una tarea civil que requiriera soluciones argumentativas o decisiones que contemplaran estrategias.

En cuanto a la devolución de $2.924.613 por concepto de seguro de cesantía, indica que es improcedente esta petición en razón a que el despido ha sido justificado.

Respecto al bono de vacaciones, señala que este bono solo se cancela a las personas que tienen contrato vigente al momento del pago y que éste se produce en conjunto con el pago de la remuneración del mes de enero.

En cuanto al bono de término de conflicto por $50.000, indica que en Integra no se negocia colectivamente pero si se establecen ciertos acuerdos sobre remuneraciones y condiciones de trabajo con los Sindicatos, por lo que la solicitud de este bono es improcedente.

TERCERO: Traslado y resolución de excepciones.  Llamado a conciliación. Hechos pacíficos. La recepción de la causa a prueba: fijación de los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.-

Que se evacuó el traslado de la excepción de caducidad deducida, rechazándose la misma.

Que llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo.

El Tribunal fija como hechos pacíficos, atendido que no existe discusión entre las partes, los siguientes:

1.  Fecha de ingreso, remuneración y la fecha del despido del actor por el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo.

2.  Que con fecha 1 de septiembre de 2016, asumió como Director Jurídico don Luis Hernández.

3.  Que con fecha 4 de octubre, se llevó a cabo una reunión en la que participó el Director Jurídico y todo el equipo de abogados de la Dirección Jurídica.

4.  Que con fecha 13 de enero de 2017, empezaron a prestar servicios en la Dirección Jurídica las abogadas Elizabeth Parra y Cristina Miranda.

5.  Que el actor tuvo un viaje por motivos laborales a Coyhaique.

6.  Que el demandado aportó al seguro de cesantía la suma de $2.294.614.

Luego, el Tribunal, estimando que existen hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, recibe la causa a prueba y fija los siguientes hechos a probar:

1.  Efectividad de ser ciertos los hechos contenidos en la comunicación del despido. Formalidades de la misma.

2.  Hechos que constituyen la vulneración a las garantías de los numerales 1, 4, 5, 12 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política, alegados por el actor, y si el despido del actor es atentatorio a la garantía de la indemnidad.

3.  Justificación de la demandada a las conductas reprochadas por el actor.

4.  Efectividad de adeudarse al actor bono de vacaciones y bono de término de conflicto, procedencia, requisitos, devengamiento.

5.  Obligaciones que le asistían al actor atendido su cargo de abogado de la Dirección Jurídica, jornada de la misma.

CUARTO: Incorporación de medios probatorios: Que para acreditar sus alegaciones la parte denunciante incorporó como documental:

1.  Carta de despido.

2.  Escrituras de comodato.

3.  Diez actas de recepción de oferta de licitación.

4.  Acta de audiencia preparatoria del juicio RIT: T-1155-2016, seguido ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

5.  Contestación de demanda juicio RIT: T 1155-2016, seguido ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

6.  Versión impresa de cadenas de correos electrónicos de la casilla electrónica del denunciante, cuyos asuntos son: Dilatoria Cruz; contestación Susana San Martín; dvalenzuela2@inteqra.cl; contrato obra centro cívico; ocupas Amanda Brieva; avance sit. Terreno Amanda Brieva; contrato jo San Ramón Araucanía; contrato de obras joarcoíris N° 347-0-2016 La Serena; RV jornada de planificación dij 2017; solicita viatico; rv pieza musical; reembolso SOP 97061, Sr. Juan Pablo Trujillo; rv Rit causa Claudio Oyarzún; proyecto de innovación evalúa mesa; solicitud de reintegro de préstamo.

7.  Bases técnicas de licitación (Integra).

8.  Bases administrativas de licitación (Integra).

9.  Reglamento Interno de Fundación Integra.

10.  Acta de comparendo ante Inspección del Trabajo, del reclamo entre las mismas partes.

11. Siete actas de licitación, tituladas: adquisición carros evacuación 2016; adquisición servicios hoteleros para seminario; adquisición de alojamiento y alimentación para realización de programa campamento de verano 2016; auditorias de estados financieros 2015; material didáctico y fungible 2016; equipamiento 2016; adquisición de texto de apoyo para el aprendizaje de niños y niñas.

12.  Dos certificados de alegato de la Corte Apelaciones San Miguel.

13.  Contrato de arrendamiento Inmobiliaria Piel Torres.

14.  Tres contratos de compra y servicios de instalación de Monoplatos, titulados: Barrientos; 598 y 599-2016 y Comercial Maipué.

15.  Contrato de compraventa Impresos Prestserv.

16.  Contrato de compra de vestuario Nora Medina.

17.  Seis contratos de prestación de servicios profesionales, titulados: Sociedad Verne (2); Universidad Finis Terraé; Consultora Gestión Humor; Paula González; Claudia Crisóstomo.

18.  Dos  contratos de arrendamiento de mitigación, titulados: Jimena Vásquez; Silveria Quispe.

19.  Ocho  contratos de transporte escolar, titulados: Mario Garrido (2); Jaime Millalonco; José Mancilla; Sebastián Pérez (2); Marcelo Ossandon (2).

20.  Seis Modificaciones de contrato de transporte escolar, titulados: Marcelo Ossandon; Pompilio Ruíz; José Velázquez; Pedro Verdugo; Miguel Yáñez; y Hector Gallardo.

21.  Cincuenta y tres contratos de ejecución de obras.

22.  Pantallazo de consulta de causas en el Poder Judicial, a nombre del actor.

23.  Dos pantallazos del Poder Judicial, de búsqueda de abogados, de Cristina Miranda y Elizabeth Parra.

Además incorporó la siguiente prueba digitalizada:

1. Registro de llamada emanado de WhatsApp, recibida por el actor con fecha 16 de diciembre de 2016 (también impresa).

2. Ciento ochenta y un correos electrónicos dirigidos o emitidos desde o hacia la cuenta del actor (formato Outlook, entregado así por Ley de Transparencia).

Asimismo incorporó prueba testimonial, consistente en la declaración de las siguientes personas, quienes fueron previamente juramentadas:

1.   GALIT PERLA KOHEN FRÍAS, cédula de identidad 15.339.383-4, quien expuso que: fue abogada de Fundación Integra durante 4 años, conoce al actor desde que entró a la Fundación, era el abogado más antiguo, el trabajaba en la dirección jurídica, veía temas laborales, juicios civiles y penales porque es magister en derecho, en 2015 era mano derecha del Director Jurídico, don Pedro Bello, le preguntaban su opinión sobre diversas materias, los subrogó en varias ocasiones. Expone que en 2016, llegó Boris Santander instauró la política que todos los abogados debían ver de todo, el actor empezó a ver licitaciones, contratos, juicios laborales, estuvieron así como un año, Boris se fue y dejó como coordinadora a Carolina Pérez y asumió don Luis como jefatura, e hizo una reunión en octubre de 2016, les dio la confianza, se tocó el tema de que él quería que se publicaran datos personales por ley de transparencia, Tamara Ossa, le hizo ver el inconveniente de ver por transparencia temas delicados relacionados con los niños. Don Luis se enojó e impuso su postura. Terminó señalando que él tenía las causales de necesidades de la empresa. La reunión fue el 4 y la despiden el 14 de octubre, junto con Tamara. La testigo señala que demandó por tutela, llamó al demandante, le preguntó si podía ser testigo, él dijo que sí, y le pidió que le preguntara a Vivian Miranda, ello fue un día lunes, como una semana antes de la audiencia, y a fines de esa semana se enteró que a todas las personas que había citado a la audiencia las había despedido, incluso a trabajadores con licencia médica. A los trabajadores que estaban con licencia los reintegraron. Contrainterrogada: expone que tenía a cargo Arica, Aisén, Coyhaique. Expone que tenía que viajar a esas regiones. Señala que a ella el señor Hernández la hostigó, que los testigos le contaron, Humberto, Tamara, Daniela, que los estaban hostigando, que estaban con licencia siquiátrica, por ejemplo Fanny, ella estaba pésimo cuando estaba con licencia, Daniela, también, ello por el trato, por Carolina que la trataba súper mal, que le hicieron una investigación interna, que sabe que la dirección jurídica, hasta la secretaria está con licencia siquiátrica.

2.   DANIELA ISABEL CONTRERAS CRUZAT, cédula de identidad 15.365.379-8, expuso que: conoce al actor, que era su compañero de trabajo, ella empezó en junio de 2015, y dejó el trabajo el 17 de marzo de 2017. Expone que ella se encontraba con licencia cuando se hizo el despido masivo, por el Director Jurídico, y que ella no fue desvinculada, el problema es por la carga de trabajo, donde constantemente se repetía que llamara al actor como a las 17:20 a su oficina, lo que hacía que saliera más tarde, siendo su horario de salida las 17:30, que lo vio muchas veces sobrepasado. Añade que cuando estaba a cargo Boris Santander, mantuvo el sistema de tener regiones cada uno de los integrantes, cuando llegó Luis Hernández cambió el sistema, antes el sistema funcionaba muy bien, después empezaron los problemas, con el cambio de Director Jurídico, el ambiente se hizo denso, tedioso, que ella estuvo con licencia siquiátrica, debido a los malos tratos, los actos eran en el trato, no aceptaba críticas, en una reunión los amenazó que si nos les gustaba los despediría por necesidades de la empresa, primero a Galit y a Tamara, luego a los que quedaban en el equipo salvo a Fanny Morales, Humberto Padilla y ella, que estaban con licencia. El trato era despectivo. Señala que la amenaza se generó porque Galit Kohen hizo una crítica y la amenazó con despedirlos por necesidades de la empresa. Expone que en el juicio de Galit fueron ofrecidos como testigos, Humberto, Juan Pablo, Fanny y ella. Expone que le pidieron ser testigo, el abogado de Galit, sabe que se filtraron los nombres de los testigos que Vivian Miranda filtró los nombres.

3.   TAMARA OSSA CORRAL, cédula de identidad 13.551.835-2, expuso que: sabe que Juan Pablo fue despedido este año por supuestas necesidades de la empresa, eso se lo comentó Juan Pablo y compañeros de trabajo. Expone que trabajó con el actor desde noviembre de 2014 a octubre de 2016. Añade que con la llegada de Boris Santander se les encargó hacer asesoría en diversas materias, pero divididos por regiones. Expone que Juan Pablo era abogado civilista, laboral y penal, que subrogó a Pedro Bello cuando no estuvo. Señala que la distribución de trabajo no era buena y no se permitía dar opiniones abiertamente, expone que hubo represalias, que la despidieron por una reunión del 4 de octubre, se señaló que no se podía subir información personal, que no se podía cambiar de oficina a los abogados. Indica que se llamó a concurso el 5 de octubre se enteraron y el 14 de octubre las despiden y un mes después llegan los nuevos abogados, para cumplir las mismas funciones. Señala que demandaron despido injustificado y tutela. Citaron como testigos en ese juicio a compañeros de trabajo, entre ellos al actor. Explica que ella les solicitó que participaran como testigos, que el día lunes fue la audiencia, y una semana antes se lo pidieron, al día siguiente despiden a los testigos, el mismo o un día después de que asintieron en declarar. Contrainterrogada: señala que tuvieron que reincorporar a abogados que estaban con licencia, que tuvo reuniones anteriores.

4.   HUMBERTO RAMÓN PADILLA ROJAS, cédula de identidad 15.730.650-2, expuso que: Juan Pablo trabajaba con él, que eran compañeros y desempeñaban las mismas funciones, que fue despedido el 12 de enero y que antes trabajaban juntos en el área laboral. Explica que trabaja desde abril de 2013, señalando que llegó a Dirección Jurídica, como abogado civil, después el 2015, cuando llega otro Director Jurídico, hace una reestructuración y hace que todos los abogados vean de todo, luego en octubre de 2016 se reestructura el área, pasando a ver el área laboral con Juan Pablo, exclusivamente. Antes había 6 abogados que veían los temas, y cuando se quedaron con Juan Pablo veían lo laboral y contratos, entonces la carga de 6 abogados pasó a 2. Expone que no les daba el tiempo para hacer todo, que podía llevar la carga de laboral, pero pedía que les sacaran los contratos, que igual tenían que ver los juicios civiles, que les pidieron una contestación y unas excepciones 2 días antes de que se venciera el plazo, y en ese período fue intenso, que cuando tenían que presentarla la jefatura les dice que se había tenido que quedar hasta las 3 de la mañana, que en la mañana señala que no le gusta el tamaño de letra, que la revisó y cambio el orden de las excepciones, que ahí la firma la llevaron al Tribunal, que en la tarde les manifiesta que no estaba conforme con su trabajo y les pide hacer una demanda de desafuero, ellos le señalan que no veían factible llevar adelante ese juicio y ahí les representa de manera destemplada que se hacía lo que él decía, porque era el Director Jurídico. Expone que la forma destemplada era usual, ahora ya no, ha habido un cambio grande en el último tiempo, desde marzo de este año. Señala que por la mayor carga de trabajo tenían que trabajar más. Expone que en la reunión del 4 de octubre estuvo presente la mitad de la reunión, que hubo una discusión, pero fue una reunión normal. Señala que cuando salieron de la reunión, vio que sus compañeros estaban mal, porque les habían amenazado con su fuente laboral. Señala que supo del juicio de Galit y Tamara, expone que le pidieron que actuara como testigo, Tamara Ossa, un mes antes de la audiencia preparatoria, además hablaron con Juan Pablo, Daniela Contreras, Fanny Morales y Jimena. Señala que el despido de Juan Pablo ocurrió el 12 de enero, lo sabe porque él estaba con licencia médica, aunque por estar con licencia médica lo tuvieron que reintegrar, junto con Fanny Morales. Señala que la Fundación no puede funcionar sin abogados laborales, que continúa trabajando en el área laboral, que los juicios laborales los ven 2 abogados y las investigaciones internas las hacen 2 abogados más.

Además solicitó la exhibición de los siguientes documentos:

1.  Contrato de trabajo del actor (se tiene por cumplido).

2.  Carta de despido de 12 de febrero, de don Humberto Padilla, doña Fanny Morales y doña Daniela Contreras (se tiene por cumplido respecto a la carta de don Humberto Padilla, mas no respecto a la de doña Daniela Contreras. La parte denunciante señala que no existe).

3.  Planificación de Dirección Jurídica del año 2017, con especificación de montos asociados a cada proyecto (se tiene por cumplido).

4.  Libro de distribución y seguimiento de tramitación de contratos de obra y de contratos varios, durante el año 2016 y mes de enero de 2017 (se tiene por cumplido).

5.  Correo de bienvenida a la Coordinadora Laboral, Carolina Angulo Santana, a incorporarse a sus funciones en el mes de marzo de 2017 (se tiene por no cumplido, la parte denunciada señala que no existe).

6.  Planificación de la Dirección Jurídica para el año 2017, con indicación de los dineros presupuestos para cada proyecto (se tiene por cumplido).

7.  Cadenas de correo electrónico en que conste el programa y preparativo de la realización de Jornada de Capacitación, dirigida a abogados asesores laborales, que se desarrollaron durante los días 5 y 6 de abril de 2017 (la parte denunciante lo tiene por cumplido).

La demandada indica que no exhibe el N°2, respecto de la carta de doña Daniela Contreras, por no existir, ya que la señora Contreras no fue despedida. La parte demandante solicita que se haga efectivo el apercibimiento legal. Revisada la declaración de coña Daniela Contreras indica que no fue despedida con fecha 12 de enero, razón por la cual no se hará efectivo el apercibimiento.

Respecto del documento solicitado exhibir en el número 5, no debiendo contar legalmente en poder del empleador tal documento, no se hará efectivo el apercibimiento.

Por su parte, la denunciada, incorporó documental, consistente en:

1.  Contrato de trabajo del demandante, de fecha 23 de diciembre de 2009.

2.  4 anexos de contrato de trabajo del actor, de fechas 26 de febrero de 2010, 3 de agosto del año 2010, 1 de abril de 2011 y 2 de enero de 2012.

3.  4 actualizaciones del contrato de trabajo del demandante de fechas 29 de diciembre de 2010, 30 de diciembre de 2011, 1 de marzo de 2015 y 1 de marzo de 2016.

4.  Carta aviso de término de contrato de trabajo de fecha 12 de enero de 2017, firmada por el señor Juan Pablo Trujillo.

5.  Copia del comprobante de aviso de terminación de contrato de trabajo, enviado a la Dirección del Trabajo con fecha 12 de enero de 2017.

6.  Dos últimas liquidaciones de remuneración del demandante correspondiente a los meses de diciembre de 2016, y enero de 2017.

7.  Copia de correo de fecha 26 de septiembre de 2016, asunto: Rendición Gastos Coyhaique Inspección del Trabajo, enviado por Juan Pablo Trujillo Caro, a doña Natalia Espíndola, y su adjunto documento denominado Formulario de Devolución de fondos por viaje a regiones de la misma fecha.

8.  Solicitud de pago de fecha 26 de septiembre, por la cantidad de $199.451, realizada a las 10:29 horas, firmada por don Luis Hernández Olmedo y don Juan Pablo Trujillo.

9.  Comprobante contable de devolución de viático por comparendo Inspección del trabajo en Aysén, por la cantidad de $199.451, recepcionado y firmado por el demandante con fecha 28 de septiembre de 2016.

10.  Correo de fecha 26 de septiembre de 2016, enviado por don Luis Hernández con el asunto: Comparendo.

11.  Constancia de notificación de fecha 3 de octubre de 2016, de la demanda interpuesta por don Claudio Oyarzun en contra de Fundación Integra, RIT: S-2-2016, seguida ante el Juzgado de Letras de Coyhaique.

12.  Acta de audiencia de fecha 10 de noviembre de 2016, del juicio de don Claudio Oyarzun seguido en contra de Fundación Integra, RIT: S-2-2016, seguido ante el Juzgado de Letras de Coyhaique.

13.  Correo de fecha 18 de octubre de 2016, enviado por don Luis Hernández a don Juan Trujillo. Asunto: Revisión de Proyectos de Innovación 2017-2018.

14.  Cadena de correos de fecha 27 de octubre de 2016, enviado por don Luis Hernández a todos los abogados de Dirección Jurídica, con el Asunto: Agradecimientos.

15.  Cadena de correos de fecha 3 de noviembre de 2016. Asunto: investigación accidente buena vecindad.

16.  Correo de fecha 14 de noviembre, enviado por doña Natalia Espíndola a don Luis Hernández. Asunto: Detalle de viajes a las regiones Arica Parinacota, Aysén y Magallanes.

17.  Correo de fecha 15 de noviembre, enviado por Luis Hernández a Juan Trujillo y otro. Asunto: Demanda Cruz.

18.  Cadena de correos sostenida entre don Luis Hernández y don Juan Trujillo, de fecha 28 de noviembre de 2013. Asunto: Avance de Contestación.

19.  Cadena de correos sostenida entre don Luis Hernández y don Juan Trujillo, de fecha 29 de noviembre de 2016. Asunto Demandas Región Los Lagos.

20.  Correo de fecha 1 de diciembre de 2016. Asunto: Excepción dilatoria Pablo Cruz 30 noviembre de 2016, enviado por don Luis Hernández a don Juan Pablo Trujillo.

21.  Cadena de correos sostenida entre las fechas 2 y 6 de diciembre de 2016. Asunto: Solicitud de Desvinculación.

22.  Cadena de correos sostenida ente las fechas 30 de noviembre y 7 de diciembre, entre don Luis Hernández, Juan Trujillo y el abogado Eduardo Valdivia, Asunto: Contestación T-73-2016.

23.  Cadena de 2 correos de fecha 6 y 7 de diciembre de 2016. Asunto: Borrador Demanda Desafuero Sindical, sostenida entre don Juan Trujillo, Humberto Padilla y Luis Hernández.

24.  Cadena de correos de fecha 12 de diciembre de 2016, sostenida entre Luis Hernández, Juan Trujillo y Humberto Padilla.

25.  Correo de fecha 13 de diciembre de 2016, enviado por don Luis Hernández a don Juan Trujillo. Asunto: Alegación Cruz con Fundación

26.  Cadena de correos sostenida entre las fechas 16 y 19 de diciembre de 2016, entre don Luis Hernández y Juan Trujillo. Asunto: Clave Única Poder Judicial.

27.  Acta de audiencia preparatoria del juicio caratulado Kohen con Fundación, Rit T-1155-2016, seguida ante el 1° juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

28.  Contrato de Trabajo de fecha 30 de septiembre de 2015 y anexo de 1 de febrero de 2017, de doña Elizabeth Parra.

29.  Contrato de trabajo de fecha 9 de febrero de 2015 y anexo de contrato de fecha 1 de febrero de 2017, de doña Cristina Miranda.

30.  Acta de reunión de abogados de la Dirección Jurídica de fecha 4 de octubre de 2016 y su correspondiente transcripción.

Asimismo incorporó prueba testimonial, consistente en la declaración de las siguientes personas, las que constan íntegramente en audio:

1.   FRANCISCO JAVIER REBOLLEDO CARMONA, cédula de identidad 17.303.955-7, quien previamente juramentado, expuso que: conoce al actor, era trabajador de Fundación Integra, señala que iba a ver un despido, se le encomendó la misión de acercarse al usuario para respaldar la información del computador, se le encomendó ir al establecimiento de Alonso de Ovalle, para respaldar información personal del computador. Expone que el actor se molestó porque él estaba ahí, y le pidió un par de minutos para respaldar su información y se quedó ahí, esperando. Expone que el procedimiento duró a lo más media hora. Indica que no era primera vez que hacía el proceso, que debía ser respetuoso con el usuario. Contrainterrogado: señala que estuvo cerca del actor a unos 2 o 3 metros. No sabe si los correos institucionales estaban bloqueados. Explica que no le entregó ningún dispositivo para respaldar la información. Indica que fue en enero.

2.   CAROLINA ALEJANDRA PÉREZ DÍAZ, cédula de identidad 16.199.424-3, quien previamente juramentada, expuso que: es coordinadora corporativa del área jurídica, desde el año 2016, y está encargada de la coordinación de 5 abogados, 3 civiles y 2 del área regulatoria. Adicionalmente está la coordinadora laboral. Explica que el actor fue desvinculado en el mes de enero, junto a Consuelo Fernández, que era parte del proyecto meta presidencial. Señala que hasta el momento de que se desvinculó no tuvo conocimiento, pero fue insistente en solicitar la contratación de abogados civiles. Posteriormente preguntó y la explicación fue por la reestructuración en 4 áreas especializadas. Expone que cuando Luis ingresó hizo entrevistas personales a cada uno de los abogados, que no había nada extraño entre el actor y Luis. Explica que antes de Hernández, antes todos veían temas laborales, luego fueron desvinculadas dos abogadas, y el actor estuvo a cargo de los temas laborales. Señala que asistió a la reunión del 4 de octubre, en que estaba el equipo anterior, de siete abogados, que en esa reunión tomó la palabra Tamara Ossa, luego ella tuvo una reunión y se fue con Humberto Padilla a la reunión. Indica que ahora el área civil se divide en una parte en la confección de contratos de obra y se apoya con el área de regulatorio. Antes el actor estaba a cargo del área laboral, y en la parte final se avocó más al área civil, pero que se trabaja en base a plantillas. Contrainterrogada: explica que ya no existe el equipo meta presidencial para regularizar inmuebles, por lo que la dirección jurídica se tuvo que hacer cargo de ello. Señala que el actor realizó otras labores en el área civil. Agrega que están externalizando el estudio de títulos y la confección de los contratos para la regularización. Expone que el señor Hernández es su jefe directo, y que su sueldo es su principal fuente de ingresos.

3.   VIVIAN PATRICIA MIRANDA VALENZUELA, cédula de identidad 10.915.292, quien previamente juramentada, expuso que: trabaja para la demandada desde el año 2013, actualmente es la encargada de reconocimiento oficial, de regulatorio y de la parte civil. Señala que hoy existen 2 coordinadoras, una de civil y otra de laboral e infancia, dentro de los que trabajan con Carolina Angulo está Franco y Humberto que está a cargo de las causas laborales e investigaciones internas. En el área civil está Guido encargado de inmuebles, Elizabeth Parra, Cristina Miranda son las encargadas de temas inmuebles. Respecto al despido del actor fue a mediados de enero, el actor le contó, camino a su puesto que lo habían despedido, y llegó un joven que se paró al lado del actor, calladito y después le dice que el viene a pedir el computador, el actor se enojó y le pidió que se corriera y el niño empezó a caminar por la oficina, luego el actor empezó a teclear y después le dijo que no iba a sacar nada. Indica que se venía hablando de una reestructuración del área, porque se venía un trabajo grande en el parea de inmuebles, porque tenían muchos inmuebles que regularizar. Que antes todos los abogados veían de todo, porque se dividían el trabajo por regiones. Respecto a la reunión del 4 de octubre, señala que están todos los abogados de la dirección, más el director, la que comenzó con unas palabras del director jurídico, luego dio la palabra y habló Tamara, sobre el tema de los sueldos. Los abogados no tienen jornada, trabajan por gestiones. Contrainterrogado: sabe que el actor fue director subrogante, porque era el más antiguo, señala que las exigencias para redactar un comodato son las mismas antes y después de la reestructuración. Cuando fue el técnico el día del despido, ella recogió las cosas del escritorio y vio la carta. Expone que sabía de la demanda de Kohen, antes del despido del actor. Explica que no sabe quién contestó la demanda de ese juicio. Indica que con el antiguo director tenía muchas discusiones, que ha dejado denuncias en la inspección del trabajo, por algo que tuvo con dos compañeras de trabajo que estuvieron declarando acá, con Daniela y Tamara, por cuestiones personales, está mencionada su jefatura.

4.   GUIDO MAURICIO VICUÑA GAJARDO, cédula de identidad 12.279.824-0 quien previamente juramentado, expuso que: trabaja para la denunciada, es abogado de la fundación desde hace unos 10 años, en la dirección jurídica de integra, básicamente en el área civil, en el año 2014, se le solicitó participar en la dirección de planificación y gestión, hasta enero de este año, para la compra de terrenos y gestión de comodatos, alrededor de 400 proyectos, se desempeña cerca de la dirección jurídica, expone que luego llegaron dos abogadas inmobiliarias para apoyar en ese proyecto. Señala que en la dirección jurídica había 2 áreas, laboral e infancia y regulatoria, y el área civil. Antes de que volviera los abogados veían diversas materias. Señala que se encontraba regulado por el artículo 22, inciso segundo. Contrainterrogado: expone que ahora hay más abogados que antes en la Dirección Jurídica. Indica que llega entre 08:30 y 09:00, si llega más tarde avisa. Señala que si debe faltar algún día debe pedir permiso, en esos casos hay una coordinación, para hacer el trabajo. Agrega que su ingreso principal depende de Fundación Integra. Señala que no veía juicios civiles, contratos de obra, ni licitaciones.

QUINTO: De la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido.-

Que respecto de la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales, previo al análisis de la información que reporta la prueba rendida, se precisa tener en cuenta que el artículo 485 del Código del Trabajo, junto con consagrar la protección de los derechos fundamentales del trabajador, establece en su inciso 3° que: "Se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra de trabajadores, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales.". La relación laboral es una relación contractual, en la cual se confrontan los derechos de ambas partes. En este contexto, la norma transcrita reconoce la posibilidad que las facultades del empleador afecten los derechos fundamentales del trabajador y restringe su protección a los casos en que no exista justificación suficiente para la limitación, o ésta sea en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. Tratándose del despido, es indudable que éste limita los derechos del trabajador, toda vez que, toda persona que pierde su fuente laboral sufre algún grado de angustia o pesar, sin embargo, ello no conlleva la responsabilidad del empleador, sino en aquellos casos en que se reúnen los requisitos antes indicados, estos es, la falta de justificación suficiente, el carácter arbitrio o desproporcionado del acto, o bien el no respeto al contenido esencial del derecho.

SEXTO: De los derechos fundamentales conculcados y de la prueba indiciaria.-

Que, por su parte, el artículo 489 del Código del Trabajo prescribe: "Si la vulneración de derechos fundamentales a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 485, se hubiere producido con ocasión del despido, la legitimación activa para recabar su tutela, por vía del procedimiento regulado en este párrafo, corresponderá exclusivamente al trabajador.". A su turno, el artículo 493 del mismo cuerpo legal señala: "Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad". Conforme las normas transcritas, resulta necesario que el actor aporte, a lo menos, indicios de que el empleador vulneró sus derechos fundamentales ya sea durante la relación laboral o bien, con ocasión del despido. En la especie, el actor en su denuncia ejerció la acción establecida en el artículo 489 del Código del Trabajo, sosteniendo que se vulneraron garantías fundamentales con ocasión del despido, a saber el derecho de propiedad, a la honra, a la dignidad, libertad de opinión, a la integridad síquica, a la no discriminación y su derecho a la indemnidad.

Que, en relación con la controversia de autos, se debe despejar en primer término, la existencia de indicios, respecto a la vulneración del derecho a la indemnidad del trabajador.

Para resolver lo anterior se tienen por acreditados los siguientes hechos:

1) La circunstancia de haber sido el actor ofrecido como testigo, junto con Nicolás Álvarez Sagredo, Ximena Andrea Tiznado Araos, Daniela Contreras Cruzat, Humberto Padilla Rojas, y Fanny Morales Marambio con fecha 16 de enero de 2017, en la causa RIT: T-1155-2016, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, seguido entre doña Galit Kohen Frías y Tamara Ossa Corral y la FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR.

Lo anterior se concluye del examen del acta de audiencia preparatoria, incorporada por la parte denunciante, en que aparece consignado el nombre del actor, como testigo.

2) La circunstancia de que el actor fue despedido con fecha 12 de enero de 2017, por aplicación de la causal contenida en el artículo 161, inciso primero, del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa.

Lo anterior emana de la carta de despido dirigida al actor, incorporada por ambas partes en juicio.

3) La circunstancia de que luego de la reunión de fecha 4 de octubre del año 2016, entre el Director Jurídico Luis Hernández, fueron despedidas doña Galit Kohen y doña Tamara Ossa, por la causal de necesidades de la empresa, con fecha 14 de octubre de 2016.

Que tal circunstancia se tiene por acreditada con la declaración testimonial de doña Galit Kohen, doña Tamara Ossa, y doña Daniela Contreras.

4) La circunstancia de que con fecha 12 de enero del año 2017, fueron despedidos doña Fanny Morales y don Humberto Padilla, por la causal de necesidades de la empresa, despidos que no tuvieron efecto por encontrarse tales trabajadores con licencia médica.

Que tal circunstancia se tiene por acreditada con la declaración testimonial de don Humberto Padilla, doña Galit Kohen, doña Tamara Ossa, y doña Daniela Contreras.

Que habiéndose asentado tales hechos, resulta innecesario referirse a aquellos relativos a la vulneración del derecho a derecho de propiedad, a la honra, a la dignidad, libertad de opinión, a la integridad síquica, y a la no discriminación.

SÉPTIMO: De los derechos vulnerados.

Que, como se sostuvo en el considerando anterior, del análisis de la prueba rendida en juicio, conforme a las reglas de la sana crítica, en particular de los hechos que se tienen por establecidos, se ha provocado la convicción en este sentenciador respecto a la existencia de indicios de vulneración de la garantía de indemnidad del denunciante. En efecto, para un mejor análisis, haremos un examen cronológico de los hechos. Se acreditó que luego de la reunión de fecha 4 de octubre del año 2016, entre el Director Jurídico Luis Hernández, y su equipo jurídico, fueron despedidas doña Galit Kohen y doña Tamara Ossa, por la causal de necesidades de la empresa, con fecha 14 de octubre de 2016. Luego, el actor fue despedido con fecha 12 de enero de 2017, por aplicación de la causal contenida en el artículo 161, inciso primero, del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa. Con la misma fecha 12 de enero del año 2017, fueron despedidos doña Fanny Morales y don Humberto Padilla, por la causal de necesidades de la empresa, despidos que no tuvieron efecto por encontrarse tales trabajadores con licencia médica. Posteriormente, el actor fue ofrecido como testigo, junto con Nicolás Álvarez Sagredo, Ximena Andrea Tiznado Araos, Daniela Contreras Cruzat, Humberto Padilla Rojas, y Fanny Morales Marambio con fecha 16 de enero de 2017, en la causa RIT: T-1155-2016, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, seguido entre doña Galit Kohen Frías y Tamara Ossa Corral y la FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR.

Que la actual redacción del artículo 485 del Código del Trabajo, establece, normativamente, en su inciso tercero, que es lo que debe entenderse por represalia, incluyendo expresamente a aquellos trabajadores que hubiesen sido ofrecidos como testigos, en la siguiente forma: ¿Se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra de trabajadores por el ejercicio de acciones judiciales, por su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad, o bien como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo.¿.

Que la circunstancia sostenida por la denunciada en su contestación, de que el empleador no haya tenido conocimiento de la participación del denunciante, al momento de realizar el despido, como testigo en el juicio seguido en su contra, no parece creíble, por las siguientes circunstancias:

-  Los testigos Galit Kohen, Tamara Ossa, Daniela Contreras y Humberto Padilla, sostienen que el denunciante y los demás desvinculados con fecha 12 de enero de 2017, tomaron conocimiento, con anterioridad a esa fecha, de la circunstancia de que serían ofrecidos como testigos por Galit Kohen y Tamara Ossa.

-  Además, tales testigos sostienen que tal información se filtró, señalando doña Daniela Contreras, que doña Vivian Miranda filtró los nombres a la jefatura, y esta, en su declaración testimonial, reconoce que tenía conocimiento de que serían citados como testigos, con anterioridad a la fecha del despido del actor.

-  Que resulta, a lo menos sospechoso, la circunstancia de que precisamente tres testigos ofrecidos en el juicio de Galit Kohen y Tamara Ossa, fueran despedidos con la misma fecha y a menos de una semana de la audiencia preparatoria.

-  Que refuerza lo anterior, la circunstancia de que no se ha acreditado en juicio el hecho de haberse procedido al despido de otros trabajadores, distintos al señor Trujillo, señor Padilla, y señora Morales, que justifiquen la supuesta reestructuración del área.

Por lo señalado anteriormente, y considerando que es habitual, que al momento de preparar un juicio, el abogado de la parte le solicite a su cliente nombres de testigos para tal juicio y que la parte, tome contacto con antelación con aquellas personas que cree que pueden declarar en su favor, sobre todo en materia laboral, atendido a que la declaración es voluntaria, este juez entiende que resulta plausible que la denunciada tomó conocimiento de que el denunciante participaría como testigo en el juicio seguido en su contra, con anterioridad a su despido y que por tal razón procedió a desvincularlo.

OCTAVO: De la justificación de la denunciada.- 

Que la denunciada esboza como justificación de su actuar, en relación con los hechos analizados en esta sentencia, los siguientes:

-  La circunstancia de que el denunciante fue despedido antes de que se le ofreciera como testigo en juicio. Tal circunstancia se encuentra despejada en el considerando anterior, por lo que no se volverá a analizar.

-  La justificación del despido realizado al actor.

La denunciada indica que en el marco de la reestructuración de la Dirección Jurídica, se han producido cambios en la organización del equipo, consistente en la incorporación de 3 nuevos abogados dedicados a temas civiles e inmobiliarios, necesarios e imprescindibles para acometer las tareas de regularización de inmuebles de los jardines que administra Fundación Integra, requisito ineludible a su vez, para obtener el reconocimiento oficial del Estado, que exige la ley. Dada la restricción presupuestaria, hubo de reducir el número de abogados laborales de la Dirección Jurídica, orientando dichos recursos a la contratación de los abogados civiles ya mencionados. Sin embargo, ello no ha significado desmantelar el área laboral, sino reorganizarla y fortalecerla, en base a un modelo organizacional basado en entregar mayor autonomía a los asesores laborales de las regiones e incorporando a un Coordinador Laboral tendiente a ser puente entre los asesores laborales y los lineamientos de la Institución. De esta manera, se han orientado los recursos destinados al área laboral allí donde efectivamente se desarrolla efectivamente la litigación laboral, las direcciones regionales, fortaleciendo la coordinación y supervigilancia desde la Dirección Nacional. En el mismo sentido, se ha incorporado abogados con especialidad en Derecho de Infancia y en Derecho Administrativo y Regulatorio, de tal forma que hoy se aborda adecuadamente todas las materias principales de la gestión legal institucional: civil, laboral, regulatorio e infancia.

Que tal explicación no es atendible, por las siguientes razones:

1)   Indica que han debido incorporar nuevos abogados con conocimientos en derecho civil, en particular derecho inmobiliario, sin embargo, se ha rendido abundante prueba por la parte denunciante, que da cuenta de que el actor tiene conocimientos en dicha área, a saber, contratos de comodato, licitaciones, defensas en juicios civiles, incluidos alegatos en Corte de Apelaciones, contratos de compraventa, contratos de prestación de servicios, contratos de arrendamiento, contratos de transporte, contratos de ejecución de obras. Por lo que no se explica la necesidad de despedir al actor para contratar nuevos abogados, considerando el costo que tiene pagar la indemnización sustitutiva y por años de servicio, al desvincular al actor.

2)   Fundamenta la decisión de desvincular al actor, por la reestructuración del área laboral, otorgando mayor autonomía a los abogados de regiones, dando a entender que no contratarían nuevos profesionales en esa área, salvo un coordinador. En primer lugar no se explica porque razón el denunciante no podría ocupar el cargo de coordinador, atendida su experiencia de 7 años prestando servicios para la denunciada, y su capacitación académica, habiendo incluso ocupado el cargo de Director Jurídico subrogante en un par de períodos. Tampoco se explica la decisión, si el propio testigo de la denunciada, Guido Vicuña, reconoce que actualmente, el área laboral es llevada por dos abogados, uno de los cuales perfectamente podría ser el señor Trujillo.

Es por lo anterior que este sentenciador estima que la medida adoptada por la denunciada, ha vulnerado los derechos fundamentales que se denuncian como afectados, en particular el derecho a la indemnidad, estimando que el despido de que fue objeto el actor con fecha 12 de enero de 2017, constituyó una represalia por su participación como testigo en el juicio seguido en contra de la denunciada en causa RIT: T-1155-2016, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, seguido entre doña Galit Kohen Frías y Tamara Ossa Corral y la FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR.

NOVENO: En relación a las indemnizaciones solicitadas.

Que conforme lo concluido en el motivo anterior y lo previsto en el artículo 489, inciso tercero, del Código del Trabajo, al haberse invocado una causal de despido que trae consigo el pago de la indemnización por años de servicios, y habiéndose pagado esta oportunamente al actor, atenuando con ello el impacto económico de quedar sin trabajo, se fijará una indemnización adicional, equivalente sólo a seis meses de la última remuneración mensual.

Asimismo, la norma citada en el párrafo anterior, señala que procede, en la especie, el recargo estipulado en el artículo 168, letra a) del mismo Código, esto es, que la indemnización por años de servicios, en el caso de declararse el despido como indebido, deberá recargarse en un treinta por ciento.

Al efecto, quedaron fijados como hechos no controvertidos, los siguientes: que el actor ingresó a prestar servicios el 1 de diciembre de 2009; que fue despedido por la causal de necesidades de la empresa, con fecha 12 de enero el año 2017; y que la última remuneración mensual del denunciante ascendió a la suma de $2.069.932, por lo que, se estará a ella como base de cálculo.

DÉCIMO: En relación a las prestaciones demandadas.-

Que el demandante solicitó el pago de los conceptos de bono de vacaciones y bono término de conflicto.

Que de la revisión de la demanda, salvo la solicitud contenida en su petitorio, no se vislumbra ningún fundamento para otorgar tales prestaciones, razón por la cual, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 446, número 4 del Código del Trabajo, al no señalarse de manera precisa y circunstanciada las condiciones de devengamiento, ni su cumplimiento, se rechazarán tales prestaciones.

UNDECIMO: En relación al descuento de las sumas aportadas por el empleador en la cuenta de capitalización individual del seguro de cesantía.-

Que al respecto, a juicio de este sentenciador, sólo procede válidamente el descuento en aquellos casos en que el empleador invoque la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, de la manera en que lo dispone el artículo 13 de la Ley 19.728, y que tal causal sea aceptada por el trabajador, o en su defecto que tal despido se estime como justificado por el Tribunal, lo que en la especie no ha ocurrido, al haberse declarado que el despido del que fue víctima el actor, ha vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que no resulta ajustado a derecho el descuento realizado, debiendo el empleador pagar al denunciante la suma descontada indebidamente, suma que, por lo demás se ha establecido como hecho pacífico en la presente causa. Así por lo demás, lo ha establecido la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en causa de Reforma Laboral, Rol: 1755-2016.

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 1º, al 11, 420 y siguientes, 456, 459, 485 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 19, número 1 y siguientes de la Constitución Política de la República, SE DECLARA:

I.- Que SE ACOGE la denuncia de vulneración de derechos fundamentales deducida por don JUAN PABLO TRUJILLO CARO, en contra de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL MENOR, en consecuencia, se declarara que el despido del que fue objeto el actor con fecha 12 de enero de 2017, vulneró su derecho a la indemnidad, en consecuencia se condena a esta última, al pago de las siguientes sumas:

a) $12.419.592, por concepto de indemnización adicional al tenor de lo establecido en el inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo.

b) La suma de $4.346.857, como recargo legal del 30%.

c) La suma de $2.924.614, como devolución de las sumas descontadas indebidamente por el empleador, a la cuenta de capitalización individual por seguro de cesantía.

II.- Cada parte pagará sus costas.

III.- Ejecutoriada la presente sentencia definitiva, hágase devolución de los documentos guardados en custodia.

IV.- Ejecutoriada la sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, remítanse los antecedentes, dentro de quinto día, al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, para su cumplimiento.

Regístrese y archívese en su oportunidad, quedando las partes notificadas con esta fecha 10 de agosto de 2017.

RIT: T-326-2017

Dictada por don Enrique Andrés Cossio Vásquez, Juez Suplente del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.