Documento LTM9.650.031

Jurisprudencia

TEXTO

Rol Interno : O-1653-2017 Rol Unico : 17-4-0014964-K
Tribunal : 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago


Santiago, diez de agosto de dos mil diecisiete.
 Sin perjuicio de la fecha de esta sentencia, rija para los efectos de recurrir de la misma, la indicada en la audiencia de juicio, esta es, la del día 16 de agosto de 2017.
 Vistos:
 Primero: Que comparece doña MARIA VICTORIA LEON ALARCON, abogado, en representación de CARLOS DAMIAN DIAZ MORENO, domiciliada para estos efectos en calle Agustinas N°681, oficina 609, Santiago, e interpone demanda en contra de CONSTRUCTORA JCRUZ EIRL, empresa del giro de su denominación, representada por don JAIME ROBERTO CRUZ MACAYA, ambos con domicilio en Avenida Kennedy N°9.001, 4°piso, Comuna de Las Condes, Santiago, y en contra de SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A., empresa del giro de administración de supermercados, representada don JAIME SOLER, ignoro segundo apellido, empresario, ambos con domicilio en Avenida Kennedy N°9.001, 4°   piso, comuna de Las Condes, Santiago en su calidad de empresa mandante y empresa principal, dueña de la obra y/o faena en la cual en definitiva su representado debía prestar servicios de maestro de estructuras metálicas.
Funda su acción señalando que su representado se encuentra trabajando para CONSTRUCTORA JCRUZ EIRL, bajo vínculo de subordinación y dependencia, desempeñándose, como maestro de estructuras metálicas, debiendo trabajar a la fecha del accidente que sufrió, en la mantención del supermercado "Santa Isabel¿, ubicado en calle Vicuña Mackenna N° 160, Ovalle.
Asegura que a pesar de la experiencia y la magnitud, las demandadas no cumplieron con las medidas de seguridad tendientes a evitar accidentes del trabajo como el que describirá a continuación.
Hace presente que la remuneración de su representado según lo señalado en el contrato de trabajo a la suma de $312.500.-, pero en la efectividad de los hechos la remuneración era de $750.000.- líquidos.
Asegura que las labores que debía ejecutar su representado para CONSTRUCTORA JCRUZ EIRL y para SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A., en el supermercado Santa Isabel ya individualizado, era principalmente la reparación de techumbre dañada del supermercado y en general efectuar cualquier función que se le encomendara, dentro de la relación de subcontratación que mantenían ambas demandadas.
Manifiesta que el día del accidente del trabajo, esto es, el 2 de agosto de 2016, le correspondió efectuar sus labores habituales como maestro en estructuras metálicas en el supermercado Santa Isabel ya indicado. Pues bien aproximadamente a las 11:30 horas, mientras trabajaba en la instalación de la cuerda de vida para poder afianzarse y así ejecutar la reparación de techumbre del supermercado, es que cayó violentamente al pisar una de las planchas de fibra, cayendo finalmente al piso del supermercado donde transitaban los clientes y estaban las góndolas, desde una altura aproximada de 7 metros.
Producto de la grave caída desde gran altura que sufrió su representado, sufrió una fractura de cráneo abierta, quedando su cabeza completamente deforme, incluyendo el rostro, con sangrado de nariz y oídos, quedando con pérdida de conciencia, llegando personal del supermercado al sector el cual cayó, cercaron el lugar y siendo finalmente derivado de urgencia por el SAMU al hospital de Ovalle, pero debido a la gravedad del accidente, fue derivado a La Serena y posteriormente al encontrarse en riesgo vital debió ser trasladado en avión a Santiago.
Agrega que por lo anterior, su representado estuvo inconsciente por 11 días. Durante todo el periodo que permaneció hospitalizado, estuvo en la UCI, con un drenaje en la cabeza, sonda en la pleura, quedando con respirador artificial, y que una vez que despertó del coma, su representado se encontraba amarrado de manos y pies, ya que a pesar de estar despierto, no recordaba nada de lo sucedido, encontrándose además con una sonda gástrica para ser alimentado, permaneciendo en definitiva más de un mes hospitalizado.
Asegura que los responsables del accidente son las empresas demandadas, ya que ni CONSTRUCTORA JCRUZ EIRL ni SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A., tomaron las medidas de prevención de riesgos ni tampoco tomaron las medidas de seguridad mínimas para evitar que sucediera el accidente, ya que se le ordenó a su representado trabajar a más de 7 metros de altura en una superficie de trabajo insegura, sin que las demandadas identificaran los riesgos que provocaron el accidente, las demandadas no evaluaron los riesgos inherentes a la actividad, las demandas no definieron procedimientos de trabajo para el cambio y colocación de cubierta, incluyendo los peligros en cada etapa y sus medidas de control, no capacitaron ni entrenaron en el uso de elementos de protección personal a su representado, no se analizó por parte de las demandadas las tareas de alto riesgo, especialmente las de trabajo en altura, respecto del accidente del trabajo que sufrió, no existía supervisión de los riesgos por parte de las demandadas, no se proporcionó los elementos de protección personal para trabajos en altura, no contaba con línea de vida a la cual afianzarse, exigiéndole a su representado que la línea sin contar con los elementos necesarios para trabajar en altura y evitar caídas, a su vez, no existía señalética alguna que indicara el peligro de caídas, sin que las demandadas mantuvieran en condiciones seguras los elementos que se encontraban en el lugar donde estaba trabajando al momento del accidente.
Pone de manifiesto que no existía ningún tipo de procedimiento formal ni menos de trabajo seguro para precaver accidentes del trabajo en las funciones que estaba desarrollando su representado al momento de accidentarse.
Las demandadas CONSTRUCTORA JCRUZ EIRL ni SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A., no proporcionaron las medidas adecuadas de seguridad para efectuar el trabajo al momento de accidentarse. No puede aceptar ni creer que nadie haya previsto el peligro existente al trabajar en esas condiciones, toda vez que tomar precauciones era obligación de las demandadas, así como también supervisar todos los procedimientos de trabajo que debían efectuar día a día.
Precisa que luego del accidente, fue finalmente atendido en la MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, quien calificó este siniestro como un accidente del trabajo, otorgándole las prestaciones médicas de rigor y proporcionándole los subsidios por incapacidad laboral que le franquea la Ley N°16.744.
En definitiva, a consecuencia del accidente del trabajo, su representado sufrió fractura de bóveda craneal cerrada, hemotoma subdural, fracturas costales derechas múltiples de un rasgo, fracturas apofisis transversas derechas múltiples, quedando politraumatizado, con un tec complicado abierto, contusión hemorrágica parietal y temporal derecha, hernia subfalcina y uncal derecha, hsa traumatica, fractura de hueso parietal con hundimiento, neumoencefalo, trauma de torax complicado, fractura de vertebras y hombro derecho, quedando en coma, ventilado artificialmente durante las primeras semanas posteriores al accidente, siendo operado con craniectomia hemicranea derecha descompresiva, quedando con serios problemas neurológicos, respiratorios, renal e incluso debiendo ser alimentado a través de sondas, por lo que su representado debió ser rehabilitado en la deglución, quedando hasta la fecha con mareos, pérdida de memoria daño neurológico orgánico, con el rostro deformado, producto de la fractura craneal y de órbita.
Señala que se encuentra con licencia médica hasta la fecha y con tratamiento multidisciplinario con diversos especialistas, tales como equipo de poli dolor facial, fisiatra, equipo de hombro, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, especialista maxilo facial, encontrándose con terapia kinesiológica y ocupacional, quedando hasta la fecha con graves secuelas que lo mantienen absolutamente incapacitado, no pudiendo efectuar una vida como la que tenía antes de este grave accidente del trabajo que sufrió.
Asevera que desde el día del accidente del trabajo su representado ha debido permanecer en un doloroso proceso de curaciones, operaciones, tratamiento médico, ejercicios, debiendo asistir a especialistas como kinesiólogos, traumatólogos, neurólogos, psicólogos entre otros, pero lamentablemente las secuelas son permanentes.
Añade que a pesar del doloroso tratamiento médico por el cual ha tenido que pasar, hoy su vida ha cambiado radicalmente, señala no ser el mismo de antes tanto física como psicológicamente, tiene pérdida de memoria, se marea con frecuencia, se le olvidan las palabras que debe decir, le molestan los ruidos producto de la pérdida de audición con la que quedó, tiene dificultades para abrir y cerrar la boca, por el golpe en la mandíbula, hasta la fecha debe recibir ayuda incluso para abrocharse los zapatos y bañarse, ya que cuando hace el mínimo esfuerzo se marea, actualmente se encuentra en un estado de profunda angustia al ver como sus sueños se han visto truncados producto de la grave condición en que quedó debido al accidente ya descrito.
Todo esto lo ha determinado como una persona absolutamente dependiente para diversas funciones como alimentarse, vestirse, entre otras funciones propias del diario vivir.
No obstante el período de rehabilitación en el que se encuentra, todos los daños señalados dejarán secuelas e incapacidades permanentes.
A la fecha tiene 36 años de edad y con el producto de su trabajo lograba mantener a su pareja y a sus hijos, quienes dependen económicamente de él.
Por todo lo relatado concluye que ha sido víctima de un perjuicio de sufrimiento.
Manifiesta que su oficio de maestro en estructuras metálicas requiere estar en perfectas condiciones para poder trabajar adecuadamente, ya que debe hacer fuerza con sus extremidades, contar con destreza para subir y bajar superficies, para trabajar en altura, características que ya no tiene debido a las secuelas de su accidente. De esta manera jamás volverá a trabajar como antes lo hacía, con el manifiesto perjuicio económico, ya que no se encuentra en condiciones físicas para poder ejecutar las mismas labores que ejercía hasta antes del accidente, lo cual es absolutamente angustiante.
Además, expone que se debe tener presente que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 187 del Código del Trabajo "NO PODRÁ EXIGIRSE NI ADMITIRSE EL DESEMPEÑO DE UN TRABAJADOR EN FAENAS CALIFICADAS COMO SUPERIORES A SUS FUERZAS O QUE PUEDAN COMPROMETER SU SALUD O SEGURIDAD".
Asevera que para ejecutar cualquier tipo de labor física su representado requiere estar en perfectas condiciones para poder trabajar adecuadamente, no puede efectuar actividades que requieran de fuerza y movilidad, lo que es de absoluta relevancia, toda esta actividad requiere ciertas habilidades con las que hoy no cuenta, por lo que debido a las diversas lesiones que sufre, se ve con dificultades graves para volver a trabajar en cualquier actividad que requiera esfuerzo físico, como el trabajo que ejecutaba hasta antes de su accidente.
Agrega que el daño físico y psicológico que porta lo mantiene con una angustia permanente. No puede realizar las actividades normales a las que estaba acostumbrado antes del accidente, por lo que su capacidad laboral se encuentra limitada.
Asegura que además ha sido víctima de un perjuicio de agrado.   En efecto, estas lesiones le han privado de las diversas satisfacciones de orden social, mundano y deportivas que normalmente benefician a una persona de su edad y condición.
Señala que este accidente y el largo tratamiento médico, le han significado progresivamente la pérdida de todos los entretenimientos comunes y ordinarios de la vida, afectando incluso mi salud mental.
Manifiesta que este accidente fue causado porque las demandadas infringieron la obligación de seguridad que mantienen para con sus trabajadores, la cual les es impuesta por el artículo 184 del Código del Trabajo. En efecto, en el libro II del Código del Trabajo, titulado "De la Protección a los Trabajadores", se regula sustantivamente la protección que debe otorgar el empleador, bajo su responsabilidad. El artículo 184, inciso l°, del Código citado, inicial del Libro II, dispone:
"El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales¿.
Por su parte, la Ley N°20.123 que entró en vigencia el 14 de enero de 2007, reguló el trabajo en régimen de subcontratación, modificando el Código del Trabajo e incorporando un nuevo artículo 183-E, el cual complementó lo dispuesto en el artículo 184 del mismo Código y estableció la obligación de la empresa principal de velar por la seguridad de los trabajadores de los contratistas y subcontratistas:
¿Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista y subcontratista respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N2 594, de 1999, del Ministerio de Salud.¿
Asevera que la obligación de otorgar seguridad en el trabajo, bajo todos sus aspectos, es una de las manifestaciones concretas del deber de protección del empleador, de la empresa principal, contratista y subcontratista, y su cabal cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación de una de las partes en un negocio jurídico. Dicha obligación es fundamental, pues busca prevenir los riesgos profesionales, resguardando así la vida y salud de los trabajadores, materia de suma importancia tanto para ellos mismos, como para sus familias y la totalidad de la sociedad.
La regulación del cumplimiento de este deber no queda entregada a la autonomía de la voluntad de las partes, ni menos aún a la decisión del empleador. Dicha regulación comprende en general una serie de normas de derecho necesario, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran establecidas en normas de orden público. Ello sin perjuicio de otras normativas adicionales decididas o convenidas con el propio empleador.
Asegura que cabe inferir una suma exigencia del legislador.
En relación con la obligación de prevención y seguridad que pesa sobre el empleador y empresa principal, aluden a ella los artículos 66, 66 bis, 67 y 68 de la Ley N916.744, cuyo reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N°40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, conocido como el REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. Además existen prescripciones específicas de seguridad para la ejecución de labores como las que realizaba al momento de ocurrir el accidente del trabajo en análisis.
En la especie resulta indudable que existen normativas en prevención de riesgos precisas que las demandadas han incumplido, como asimismo normas sobre una adecuada y óptima capacitación e información de los riesgos a los trabajadores.
Por consiguiente, siendo la obligación de protección estatuida en el inciso 1° del artículo 184 del Código del Trabajo, una obligación de la naturaleza del contrato, la que además emana de la ley, ésta obliga al empleador, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1556 del Código Civil a propósito de las obligaciones contractuales, los contratos obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Es así que el contrato de trabajo impone obligaciones y crea derechos que nacen de la voluntad de las partes y que también emanan de la ley. Aún más, el Código del Trabajo establece la irrenunciabilidad de tales derechos, circunstancia que confirma que las leyes laborales deben entenderse incorporadas a los contratos.
El contrato de trabajo, además del aludido contenido patrimonial, tiene un importante contenido personal, en el que destacan básicamente el deber general de protección del empleador y los de lealtad y fidelidad que pesan sobre los trabajadores. Por cierto, el deber general de protección del empleador comprende el deber de seguridad que encierra una problemática adicional. Los valores que tienden a preservar la obligación de seguridad, en forma directa e inmediata, no son de índole patrimonial, sino que son la propia vida, la integridad física y psíquica, y la salud del trabajador.
Atendido lo anterior, y dada la circunstancia de que la ley N°16.744, especialmente su artículo 69, no determina el grado de culpa de que debe responder el empleador, la EXCMA. CORTE SUPREMA en forma reiterada ha concluido que éste es el propio de la culpa levísima, es decir, la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes (artículo 44 del Código Civil).
Esta conclusión, a su vez, guarda consonancia con la forma como debe interpretarse y aplicarse la norma, varias veces citada, contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, lo que fluye de su texto, de su sentido y de su finalidad. Acorde con los principios generales del Derecho del Trabajo y al imperativo social, este artículo debe interpretarse en sentido amplio, específicamente su inciso 1°, vale decir, que el empleador debe adoptar TODAS las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.
Obviamente, en el caso de autos, las demandadas CONSTRUCTORA JCRUZ EIRL y SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A., no adoptaron las medidas de seguridad necesarias para evitar que sucediera el accidente al demandante, ya que no tomaron las medidas de prevención de riesgos ni tampoco tomaron las medidas de seguridad mínimas para evitar que sucediera el accidente, toda vez que se le ordenó a su representado trabajar en una superficie de trabajo insegura, a más de 7 metros de altura, sin que las demandadas identificaran los riesgos que provocaron el accidente, las demandadas no evaluaron los riesgos inherentes a la actividad, las demandas no definieron procedimientos de trabajo para el cambio y colocación de cubierta, incluyendo los peligros en cada etapa y sus medidas de control, no le capacitaron ni le entrenaron al actor, en el uso de elementos de protección personal, no se analizó por parte de las demandadas las tareas de alto riesgo, especialmente las de trabajo en altura, respecto del accidente del trabajo que sufrió, no existía supervisión de los riesgos por parte de las demandadas, no se le proporcionó los elementos de protección personal para trabajos en altura, no contaba con línea de vida a la cual afianzarse, exigiéndosele que la instalara sin contar con los elementos necesarios para trabajar en altura y evitar caídas, a su vez, no existía señalética alguna que indicara el peligro de caídas, sin que las demandadas mantuvieran en condiciones seguras los elementos que se encontraban en el lugar donde estaba trabajando al momento del accidente.
Agrega que la obligación de seguridad analizada hace responsable a las demandadas en sede contractual, cuando por su culpa levísima no han dado cumplimiento al elemental y principalísimo DEBER DE SEGURIDAD que le imponen los artículos 183-E y 184 del Código del Trabajo, lo que ha sucedido en la especie, teniendo como consecuencia el accidente laboral del que he sido víctima.
Asegura que se ha vulnerado la obligación de prevención y seguridad que pesa sobre el empleador los artículo 66, 66 bis, 67 y 68 de la Ley N216.744, artículos reglamentados por el D.S. N°40, de 1969, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ello además de las prescripciones específicas para la ejecución del trabajo que se me había ordenado ejecutar.
Los mencionados preceptos de la Ley N°16.744 apuntan a que en las empresas se logre una "conciencia de la seguridad", por la importancia que ella tiene para los diversos sectores referidos: los trabajadores, sus familias, la propia empresa y la comunidad, siempre ésta interesada por los recursos humanos.
Al respecto, importa destacar, entre otros preceptos, las dos primeras funciones que deben cumplir los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad que deben funcionar en las empresas:

000 000 000 000 0¿¿-1 - "Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección.

111 111 111 111 1¿¿-1 - Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad¿.
Pues bien, las demandadas incurrieron, entre otras, en esta serie de infracciones específicas:
a.- Infracción a los artículos 66 y 66 bis de la Ley NQ16.744 y 210 del Código del Trabajo, en relación con los arts. 3; 7; 36; 37°, 43° y 53, acápite l2 del D.S. N2594, de 1999, del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo:
Veamos las normas del D.S. N9594 que han sido infringidas por las demandadas:
*ART. 3°: "La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempeñan, sean estos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella".
Asegura que estas normas obligan a las empresas a suprimir todo factor de peligro que pueda afectar la salud e integridad de los trabajadores, y que estas normas obligan a las empresas a suprimir todo factor de peligro que pueda afectar la salud e integridad de los trabajadores.
Indica que el art. 36: "Los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y todas las maquinarias, instalaciones, así como las herramientas y equipos, se mantendrán en condiciones seguras y en buen estado de funcionamiento para evitar daño a las personas".
El accidente del trabajo descrito en esta presentación no habría ocurrido si los demandados CONSTRUCTORA JCRUZ EIRL y SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A., hubieran tomado las medidas y dispuesto condiciones básicas que aseguraran a los trabajadores la no ocurrencia de accidentes, estableciendo medidas de seguridad como contar con superficies de trabajo segura, evaluar los riesgos inherentes a la actividad, definir procedimientos de trabajo para el cambio y colocación de cubierta, incluyendo los peligros en cada etapa y sus medidas de control, capacitar y entrenar el uso de elementos de protección personal, proporcionar los elementos de protección personal para trabajos en altura.
A su turno el ART. 37, inciso 1°: "Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud e integridad de los trabajadores. (...) Las dependencias de los establecimientos públicos o privados DEBERÁN CONTAR CON SEÑALIZACIÓN VISIBLE Y PERMANENTE EN LAS ZONAS DE PELIGRO, indicando el agente y/o condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias.
Además, deberá indicarse claramente por medio de señalización visible y permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal específicos cuando sea necesario.
Los símbolos y palabras que se utilicen en la señalización, deberán estar de acuerdo con la normativa nacional vigente, y a falta de ella con la que determinen las normas chilenas oficiales y aparecer en el idioma oficial del país y, en caso necesario cuando haya trabajadores de otro idioma, además en el de ellos.¿
Manifiesta que las demandadas no cumplieron con su obligación legal de eliminar los factores de peligro en las peligrosas labores que estaba efectuando, ya que no tomaron MEDIDAS ADECUADAS RELACIONADAS CON PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO Y MENOS AUN CAPACITARME EN LAS MATERIAS QUE ESTABA DESARROLLANDO AL MOMENTO DE ACCIDENTARME.
Infracción a los artículos 66 y 66 bis de la Ley N°16.744 y 210 del Código del Trabajo, en relación con los N°s. 1 y 2 del artículo 24 del D.S. N°54, de 1969, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que aprobó el Reglamento de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.
En efecto, el Comité Paritario y el Comité Paritario de Contratistas de las demandadas, no asesoraron ni instruyeron al suscrito ni al resto de los trabajadores para la capacitación adecuada de sus labores, ni menos aún veló porque se exigieran métodos seguros de trabajo.
Establece el inciso segundo del artículo 66 bis de la Ley 16.744 que "Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá confeccionar un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, en el que se establezca como mínimo las acciones de coordinación entre ¡os distintos empleadores de ¡as actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Asimismo, se contemplarán en dicho reglamento ¡os mecanismos para verificar su cumplimiento por parte de ¡a empresa mandante y ¡as sanciones aplicables".
Infracción a los artículos 66, 66 bis y 68 de la Ley N°16.744, en relación a los artículos 210 del Código del Trabajo y 68 del Código del Trabajo y arts. 8°,14° y 21° y sgtes. del D.S. N°40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprobó el Reglamento de Prevención de Riesgos:
Efectivamente, el Departamento de Prevención de Riesgos de las demandadas, no cumplió, en el caso de su representado, con sus acciones de reconocimiento, evaluación y control de riesgos en el trabajo, ni en otorgar al Comité Paritario la adecuada asesoría técnica, ni tampoco cumplió con la acción educativa de adiestramiento y capacitación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
Infracción al artículo 187 del Código del Trabajo y al artículo 68 de la Ley N°16.744:
La primera norma prohíbe exigir y admitir el desempeño de un trabajador en faenas que puedan comprometer su salud o seguridad.
La segunda, obliga al empleador a entregar a un trabajador los implementos respectivos de seguridad.
Todas estas normas se incumplieron por los demandados CONSTRUCTORA JCRUZ EIRL y SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A.
La infracción de los artículos 183 E y 184 del Código del Trabajo en que incurrieron ambas demandadas, en este caso, da origen a su responsabilidad contractual, y siendo responsable de la culpa levísima, su obligación se resuelve en la de indemnizarme los daños provocados por su incumplimiento.
Las normas que regulan esta materia son las contenidas en los artículos 19 N°s. 1, inciso 1, y 4 de la Constitución Política, en relación con los artículos 1547, 1556 y 1557 del Código Civil y con los artículos 183-E y 184 del Código del Trabajo, en los Tratados Internacionales ya reseñados, y en los artículos 63, 63 bis y 69 de la Ley NQ16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, entre otros.
De esta forma, la indemnización de perjuicios deberá cubrir, en su caso, el lucro cesante y el daño moral.
El origen de la obligación solidaria de SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A. se encuentra en el artículo 183-B del Código del Trabajo vigente a la fecha del accidente, que es del siguiente tenor:
¿La empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal.
En los mismos términos, el contratista será solidariamente responsable de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos.
La empresa principal responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente.
El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan responder de sus derechos, en conformidad a las normas de este Párrafo.
En los casos de construcción de edificaciones por un precio único prefijado, no procederán estas responsabilidades cuando quien encargue la obra sea una persona natural.¿
Finalmente, la responsabilidad directa de SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A. encuentran en el artículo 183-E del Código del Trabajo vigente a la fecha del accidente, que es del siguiente tenor:
"Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista o subcontratista respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N°16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N°594, de 1999, del Ministerio de Salud".
En otro orden de ideas expone que el artículo 1556 del Código Civil establece que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, ya de haberse cumplido imperfectamente. Por su parte, el artículo 1557 agrega que se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora o si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención.
El lucro cesante es la diferencia, en este caso, entre la entidad de su patrimonio tal como estaba al momento de producirse el accidente laboral y el que tendría por medio del aumento que no se ha realizado por causa directa de dicho accidente, y que sin él, ciertamente se hubiese obtenido o logrado.
Es decir, equivale a posicionarlo en una situación análoga a la que existía con anterioridad a ocurrido el accidente.
Por consiguiente, la indemnización por concepto de lucro cesante se encuentra representada por los emolumentos que dejará de percibir con ocasión de este accidente, proyectada por los años y meses de vida laboral que le restan entre esta fecha, y el momento en que hubiere de cumplir 65 años de edad, fecha de previsible jubilación por vejez.
Teniendo presente lo precedentemente expuesto y el hecho de que el monto de la remuneración que su representado ganaba estando en actividad, ascendía aproximadamente $750.000.- mensuales, se multiplica $750.000.- por 12 (para obtener la remuneración anual) y luego por 29 años que van desde esta fecha hasta la fecha en que cumple 65 años de edad, lo que da un total de $ 261.000.000.- A esta cantidad le aplica el porcentaje de incapacidad prudencial ascendente a un 30%, lo que da un total de $78.300.000.-( setenta y ocho mil trescientos pesos) suma por la cual demanda por concepto de lucro cesante.
En subsidio de todo lo anterior, demando por este concepto, la suma mayor o menor que se sirva fijar en justicia y equidad, de acuerdo al mérito de autos.
Considera del caso señalar que su representado siempre ha sido una persona dedicada a trabajar, teniendo una historia laboral de muchos años, los cuales se han visto interrumpidos, por este accidente del trabajo que sufrió, lo que ha provocado un desmedro económico en relación a la situación anterior a este accidente durante el periodo que ha estado con licencia médica, considerando además que los subsidios pagados por su mutualidad, son considerablemente menores a lo que se encontraba ganando antes de este accidente del trabajo que sufrió, a esto debe considerarse que ha futuro no podrá ejercer las mismas funciones que antes de este accidente, lo que claramente trae como consecuencia el respectivo perjuicio económico.
En el derecho chileno es indiscutible la procedencia del daño moral cuando deriva de un accidente del trabajo. En efecto, el artículo 19 N°s. 1, inciso 1°, y A- de la Constitución Política, en relación con el artículo 69 de la Ley N°16.744, reconocen expresamente el derecho a tal clase de reparación.
Pues bien, la lesión a los intereses patrimoniales origina un daño patrimonial o material, en tanto que la lesión a los intereses extrapatrimoniales hace surgir un daño extrapatrimonial o moral.
En este caso, se entiende por interés lo que es útil, por cualquier causa, aunque no sea pecuniariamente valuable, con tal que signifique un bien para el sujeto, que le satisfaga una necesidad, que le cause una felicidad o que le inhiba un dolor.
Consciente de lo anterior, afirma que del conjunto de preceptos que rigen las indemnizaciones provenientes del daño, se desprende que su procedencia presupone ese interés de parte de quien lo experimenta o sufre, surgiendo la obligación de indemnizarlo, en el caso de autos, por parte de la demandada.
Por ende, se produce daño moral con toda lesión, menoscabo, detrimento, molestia o perturbación a un simple interés del que sea titular una persona, como lo es la diferencia perjudicial de 36 años a la fecha, entre la condición antes de sufrir el siniestro, encontrándose sano física y psicológicamente, y la condición en que ha quedado su representado con posterioridad al mismo, quedando seriamente lesionado en diversas partes de su cuerpo, sufriendo de mareos y vértigo, quedando con fuertes dolores en de cabeza, pérdida de memoria, se le olvidan las palabras, le molestan los ruidos, no puede agacharse ni efectuar labores que requieran esfuerzo físico ya que se marea, está con serios problemas sociales, ya no quiere relacionarse con su entorno, a su vez y producto de la fractura craneal, quedó con su rostro deformado producto de la fractura craneal, quedando con fuertes dolores al respirar producto de la fractura en sus costillas, tiene dificultades para efectuar funciones con su extremidad superior derecha, por la fractura en su hombro, perdiendo fuerza y movilidad en esa extremidad, asimismo este accidente le ha traído problema sicológicos y económicos debido a que hoy percibe, por concepto de licencia médica una remuneración mucho menor a lo que recibía estando con trabajo y eso le trae una serie de dificultades, por lo que se encuentra sumido en una profunda angustia al no saber cómo enfrentar el futuro. A ello debemos agregar una serie de dolores crónicos que deberé soportar el resto de su vida, y los mencionados perjuicios de sufrimiento y de agrado.
Por consiguiente, demanda por concepto de daño moral la cantidad de $200.000.000.- (DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS).
En subsidio, demanda por este concepto, la suma mayor o menor que se sirva fijar, de acuerdo a la equidad, justicia y al mérito del proceso.
En virtud de lo expuesto y lo que disponen los artículos 19 N-s. 1, inciso 1-, y 4 de la Constitución Política; artículos 173, 184, 187, 209, 210, 420 letra f) y 425 y siguientes del Código del Trabajo; artículos 5, 66, 68, 69, 79 y 88 de la Ley N°16.744, en relación con los artículos 1547, 1556 y 1557 del Código Civil, los Tratados Internacionales y las demás normas legales citadas y pertinentes, solicita tener por interpuesta demanda en juicio de procedimiento de aplicación general del trabajo en contra de su empleador directo al momento de ocurrir el accidente del trabajo cuya indemnización se demanda, esto es CONSTRUCTORA JCRUZ EIRL, representada por don JAIME ROBERTO CRUZ MACAYA y, en forma solidaria, subsidiaria o simplemente conjunta, según se determine de acuerdo al mérito del proceso, en contra de SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A., representada don JAIME SOLER, en su calidad de mandante y empresa principal, dueña de la obra y/o faena en la cual se accidentó; todos previamente individualizados y en definitiva, acogerla en todas sus partes declarando:
000 000 000 000 0¿¿-1 - Que, las demandadas deben pagar a su representado solidaria, subsidiariamente o en forma simplemente conjunta, según se determine de acuerdo al mérito del proceso, las indemnizaciones por daño moral y por lucro cesante que se cobran en el libelo de autos, o, en subsidio, las indemnizaciones que por estos conceptos y en la forma que se determine en cantidades superiores o inferiores a las peticionadas en la demanda, de acuerdo a la justicia, equidad y al mérito del proceso;
111 111 111 111 1¿¿-1 - Que, estas indemnizaciones se deberán pagar a su representado con los reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo; o, en subsidio, con los reajustes e intereses que se determine, contados desde la fecha de notificación de la demanda, o contados desde la fecha que se fije, y
222 222 222 222 2¿¿-1 - Que, las demandadas deberán pagar las costas de esta causa.
 Segundo: Que comparece Juan Manuel Pérez Bengolea, abogado, en representación de Santa Isabel Administradora S.A. , persona jurídica del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Nueva Tajamar N° 481, Torre Sur, Oficina 804, Comuna de Las Condes, Santiago, y contesta la demanda de autos, solicitando su total rechazo, con costas, fundado en los antecedentes de hecho y de derecho que se exponen a continuación.
Señala que su parte viene en controvertir expresamente en todas sus partes la ocurrencia y dinámica del accidente expuesta en la demanda . Es decir, controvierte absolutamente tanto la ocurrencia del accidente como también la forma en que éste habría tenido lugar; las causas, motivos o circunstancias que lo originaron, así como las consecuencias derivadas del accidente.
En definitiva, controvierte absolutamente en todas sus partes la ocurrencia del accidente, la dinámica de los hechos expuesta por el actor en su demanda, así como la entidad de los supuestos daños padecidos por él a raíz del accidente.
Su parte viene en precisar y controvertir expresamente lo siguiente:
000 000 000 000 0¿¿-1 Niega y controvierte expresa y absolutamente la ocurrencia de los hechos en la forma contenida en la demanda, en su dinámica, causas y consecuencias.
111 111 111 111 1¿¿-1 Niega y controvierte expresamente que el accidente del Sr. Díaz, se haya debido a una acción u omisión culpable o negligente de su representada.
222 222 222 222 2¿¿-1 Niega y controvierte expresamente que exista un régimen de subcontratación entre Santa Isabel Administradora S.A. y la demandada principal.
333 333 333 333 3¿¿-1 Niega y controvierte expresamente que exista alguna relación de cualquier especie con el demandante.
444 444 444 444 4¿¿-1 Niega y controvierte expresamente que el accidente se haya producido debido a la falta de medidas de seguridad en su trabajo.
555 555 555 555 5¿¿-1 Niega y controvierte que el accidente se haya debido a negligencia inexcusable de su representada.
666 666 666 666 6¿¿-1 De las mismas expresiones de la demanda, deduce que al demandante se le brindaron todas las atenciones y desplegaron los procedimientos necesarios para su pronto traslado a un centro asistencial en ambulancia.
777 777 777 777 7¿¿-1 Controvierte que, en general, no existieran medidas de seguridad para el desarrollo de las labores que ejecutaba el Sr. Díaz el día 02 de agosto de 2016.
888 888 888 888 8¿¿-1 Controvierte la totalidad de los perjuicios reclamados por el demandante en estos autos.
999 999 999 999 9¿¿-1 Controvierte la totalidad de los perjuicios reclamados por el demandante en estos autos.
101010 101010 101010 101010 10¿¿-1 Controvierte que la actora haya sufrido lucro cesante. Asimismo,  controvierte que este  sea  de  la  entidad reclamada ($78.300.000), y que se haya debido a los hechos ocurridos el día 02 de agosto de 201 6.
111111 111111 111111 111111 11¿¿-1 Controvierte que la actora haya sufrido daño moral. Asimismo,  controvierte que este  sea  de  la  entidad reclamada ($200.000.000), y que se haya debido a los hechos ocurridos el día 02 de agosto de 201 6.
121212 121212 121212 121212 12¿¿-1 En definitiva,   controvierte absolutamente en todas sus partes la dinámica de los hechos expuesta por el actor en su demanda, así como la entidad de los supuestos daños padecidos por él a raíz del accidente.
 Alega la ausencia de Legitimidad Pasiva de SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A., señalando que la legitimación se vincula con la titularidad de la situación controvertida en un juicio, y es un presupuesto de fondo de procedencia de la acción; es decir una exigencia cuya falta determina ineludiblemente que no se pueda conceder la demanda solidaria o subsidiaria de indemnización solicitada en el proceso.
Por lo tanto, SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A., asevera que carece de la legitimidad pasiva necesaria para ser demandado en este juicio, ya que es un principio del derecho procesal, que el demandado debe ser deudor del actor y, por tanto, la acción debe necesariamente dirigirse en contra de quien esté obligado a realizar la prestación debida.
Concluye que al no mediar entre SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A. y el demandante y su empleadora, relación contractual alguna, ni ostentar la calidad de empresa principal , la demanda deberá ser rechazada en relación a su representada.
Aclara desde ya, que respecto de su representada es absolutamente improcedente la solidaridad invocada y que, en caso de tener algún grado de responsabilidad en los hechos demandados, al supuestamente tener la calidad de empresa principal (lo cual niego absolutamente), se trataría de una responsabilidad directa, y no solidaria, lo cual debe traducirse en el rechazo de la demanda respecto de SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A. en dicha forma.
Reitera que su representada no tiene vínculo laboral o contractual alguno con el actor ni con su empleadora, y no tenía respecto de las labores que realizaba, la calidad de empresa principal o mandante.
Pese a lo anterior, y en el evento improbable que se determinara que a su representada sí tenía la calidad de empresa principal o mandante, hace presente que el artículo 183 B del Código del Trabajo hace solidariamente responsable a la empresa principal, sólo en cuanto a las obligaciones de dar , esto es, aquellas que corresponden al cumplimiento de obligaciones y prestaciones laborales y previsionales.
Al analizar la concordancia, plenamente pertinente para este caso, entre los artículos 183 - B del Código del Trabajo y el artículo 66 bis de la Ley 16.744, es posible advertir que dichas normas establecen una responsabilidad de obligaciones de dar, de carácter genérica respecto del mandante.
En efecto, los términos en que está redactado el art. 183 - B es claro en sostener que la empresa será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar, que afecten a contratistas y a los subcontratistas en su caso, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que corresponda pagar al término de la relación laboral , pero no de aquellas que pretende el actor en su demanda.
Por lo que respecta a las obligaciones previsionales, cabe señalar que la circunstancia que el artículo 183- B, en comento, haya circunscrito la responsabilidad de la empresa principal o del contratista sólo a las obligaciones de dar, no así a las de hacer, carácter que revisten las obligaciones de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a que se alude en el dictamen N° 544/32, precedentemente citado, forzoso es convenir que a la luz de la nueva normativa que se contiene en el citado artículo 183-B, la responsabilidad solidaria de la empresa principal y el contratista sólo alcanzará al pago de las cotizaciones de seguridad social de los trabajadores de que se trata.
No le cabe duda alguna entonces, que el ámbito de aplicación de la solidaridad contemplada en el artículo 183 B del Código del Trabajo, está dirigida a un espectro de acciones que en nada se relaciona con lo demandado en autos, donde además no se señala en qué habrían consistido las supuestas negligencias de SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A. en la ocurrencia del supuesto accidente.
Asegura que la relación de hechos contenida en la demanda, no establece de ninguna forma que el accidente laboral del cual habría sido víctima el demandante, pudo haberse debido a una acción u omisión culpable o negligente de SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A., quien reiteramos no tiene responsabilidad alguna en lo ocurrido y no goza la naturaleza de empresa principal o demandante respecto de la demandada principal.
Por lo anterior, la solicitud de condena solidaria de la demanda en contra de su representada, es absolutamente inconsistente con el texto de la misma, y con la norma del artículo 183 E del Código del Trabajo, que contempla la eventual responsabilidad directa de la empresa principal.
Le resulta evidente que la demanda debe ser rechazada respecto de SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A., de acuerdo al tenor literal de las disposiciones del artículo 183 letras B y E del Código del Trabajo.
Pone de relieve que la demanda de autos se construye, y sustenta sus imputaciones de responsabilidad hacia su representada, en el supuesto incumplimiento de obligaciones legales y contractuales de seguridad establecidas en el artículo 184 del Código del Trabajo, así como también de distintos puntos de la Ley 16.744, sin especificar de ninguna manera de qué forma se habría constatado el supuesto incumplimiento. Así lo señala el acápite número II dedicado a los Fundamentos de Derecho.
Por lo tanto, dado que la parte demandante ha imputado responsabilidad contractual, derivada de una supuesta infracción al contrato de trabajo, pasaremos a analizar los elementos que serían necesarios para que dicha responsabilidad surja. Éstos son los siguientes:
000 000 000 000 0¿¿-1 - Existencia de una obligación de naturaleza contractual.
111 111 111 111 1¿¿-1 - Incumplimiento de dicha obligación.
222 222 222 222 2¿¿-1 - Que se haya causado daño o perjuicio.
333 333 333 333 3¿¿-1 - Nexo causal del daño con el hecho infractor o incumplimiento
444 444 444 444 4¿¿-1 - Que el incumplimiento sea imputable en grado de culpa o dolo.
555 555 555 555 5¿¿-1 - Que el deudor se encuentre constituido en mora.
000 000 000 000 0¿¿-1 - Existencia de una obligación de naturaleza contractual.
El demandante expresa que ha habido infracción al artículo 184 del Código del Trabajo, siendo -según sus palabras- lo dispuesto en este artículo, el que impone al empleador una obligación de seguridad. Sin embargo, del análisis de los hechos, no es posible colegir cuál obligación de la relación laboral podría haberse transgredido por parte de Santa Isabel Administradora S.A., considerando que se tomaron todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente durante el desarrollo de las labores. El trabajador se encontraba debidamente informado y capacitado para el desarrollo específico de sus funciones, contaba con todos los elementos de protección personal necesarios para ello, su mandante contaba con un Experto en Prevención de Riesgos, había comité paritario constituido que sesionaba regularmente, etc., todo ello según lo que se ha venido expresando a lo largo de esta presentación.
Así, mirado desde este punto de vista, es posible afirmar que no se violó en manera alguna el contenido del deber de protección y seguridad del art. 184 del Código del Trabajo, por cuanto se adoptaron todas las "medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales¿.
111 111 111 111 1¿¿-1 - Incumplimiento de dicha obligación. Como se ha señalado reiteradamente a lo largo de su presentación, NO hubo incumplimiento alguno por parte de su representada, por lo tanto las posibles infracciones a las obligaciones referidas no se dan en la especie.
222 222 222 222 2¿¿-1 - Que se haya causado daño o perjuicio . Controvierte expresamente las supuestas lesiones sufridas por el actor, en todas sus partes, tanto en su origen, como en su extensión y monto. Y, en el evento de ser efectivas, desde ya aclaro que ello en manera alguna es imputable a su mandante.
333 333 333 333 3¿¿-1 - Nexo causal del daño con el hecho infractor o incumplimiento. Al no existir incumplimiento alguno por parte de su representada, y tal como se ha venido señalado, no es posible llegar a la configuración de nexo causal indispensable para que se configure la responsabilidad contractual de su mandante.
Considera neceario recordar que entre el dolo y la culpa, por una parte, y el daño por la otra, debe existir una relación de causalidad, es decir, que éste sea la consecuencia o efecto de ese dolo o culpa. Si ello no ocurre, el autor del hecho o de la omisión no es culpable del daño sufrido por la víctima, aunque ese hecho u omisión sea doloso o culpable.
444 444 444 444 4¿¿-1 - Que el incumplimiento sea imputable en grado de culpa o dolo. En atención a que no ha existido incumplimiento de ninguna especie por parte de su representada, no es posible concluir la existencia de culpa o dolo en la ocurrencia de los hechos. En este punto, reitero que no ha existido ningún comportamiento culpable o negligente de su representada que haya dado origen al accidente de autos, o que pueda haber ocasionado las lesiones reclamadas por el Sr. Díaz.
El artículo 69 de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales autoriza a las víctimas a demandar al empleador el pago de indemnizaciones, siempre y cuando el accidente se deba a culpa o dolo del empleador. Esto quiere decir, que no es suficiente la declaración de que un accidente se encuentra cubierto por la Ley 16.744 para demandar indemnizaciones como las pretendidas en autos.
555 555 555 555 5¿¿-1 - Que el deudor se encuentre constituido en mora. No existiendo incumplimiento de ningún tipo, queda por sí sola descartada la concurrencia de mora como requisito de la pretendida indemnización de perjuicios.
Respecto de las indemnizaciones solicitadas en el libelo de autos, don Carlos Damian Díaz, exige el pago $ 278.300.000.- (doscientos setenta y ocho millones trescientos mil pesos), como indemnización por los supuestos daños padecidos, los cuales corresponden a lucro cesante y daño moral.
Frente a esta reclamación hace presente, que el principio del resarcimiento íntegro del daño conlleva la reparación total, pero precisa de aquél. La víctima no puede recibir menos, mas no debe recibir más de lo necesario para reparar íntegramente el daño efectivamente sufrido, cuya existencia, naturaleza y monto obviamente corresponde probar a quien lo alega (art. 1698 del Código Civil) y que desde luego su parte controvierte.
Considerar el pago de la suma demandada significaría una verdadera indemnización punitiva , lo que repugna nuestro sistema jurídico basado en la compensación del daño y la negación del enriquecimiento sin causa.
En cuanto al Lucro Cesante. Bajo este concepto, el demandante reclama la suma total de $78.300.000.-, los cuales resultarían de multiplicar su supuesta remuneración mensual de $750.000.- (que su parte desconoce y, por ende, controvierte expresamente), por la cantidad de años que le restarían de vida laboral, considerando que la edad de jubilación previsible por vejez - sin efectuar ninguna proyección razonable o cierta más que su elucubración-, obteniendo el total demandado.
En el evento que se llegue a considerar la posibilidad de que exista lucro cesante en el caso de autos, considera necesario destacar que llama la atención a su parte el cálculo lineal efectuado por el actor.
Este cálculo lineal, es improcedente para proyectar el presunto lucro cesante adeudado, por tratarse de un cálculo totalmente hipotético.
Además de lo ya mencionado, no es posible hacer una determinación de la manera simplista que se pretende de contrario, por cuanto no es conocido cuál sería el desarrollo de la vida laboral del demandante hasta los 65 años de edad, lo que podría estar influido por períodos sin trabajar, variaciones de remuneración u otras circunstancias que hacen que el elemento certidumbre del daño se pierda, motivo por el cual debe rechazarse.
Por todas estas circunstancias, se deberá negar lugar a la demanda en lo referido a lo demandado como lucro cesante.
Como se señaló anteriormente, el Sr. Díaz pretende la suma de $200.000.000 .- fundado sólo en daño moral. Ahora bien, desde ya es necesario indicar que la cantidad pretendida es absolutamente desmedida y si tuviera éxito trasunta en un enriquecimiento injusto, al cual no se puede dar lugar.
Hay que recordar que la indemnización tiene como ÚNICO FIN REPARAR, no castigar ni enriquecer, como lo pretende la parte demandante.
De lo recién expuesto, podemos analizar que en el caso concreto se reclama precisamente un monto exagerado por concepto de daño moral,  basado en una intención de enriquecimiento injusto y en un falso concepto de daño moral.
Por todo lo anterior, solicita tener por contestada la demanda interpuesta por don Carlos Damian Díaz Moreno , ya individualizado en autos, rechazándola en todas sus partes fundado en las excepciones, alegaciones y defensas hechas valer con costas.
Tercero: Que verificada la audiencia preparatoria de juicio, se tuvo por no contestada la demanda en relación a la demandada principal, y llamadas las partes a conciliación ésta no se produce.
Por lo anterior, se fijaron como hechos controvertidos:
1) Efectividad de que la demandante prestó servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para la demandada Jcruz Eirl. En su evento; fecha de inicio de la relación laboral, naturaleza del contrato y funciones para las cuales fue contratado.
2) Remuneración pactada y efectivamente percibida por el demandante.
3) Efectividad de haber sufrido el actor un accidente del trabajo, en su evento fecha de ocurrencia, forma y circunstancias en que se verifica.
4) Capacitación, experiencia y competencias técnicas del actor en la función desempeñada.
5) Medidas de seguridad generales y específicas de prevención y control adoptadas por la demandada.
6) Lesiones sufridas por el actor a consecuencia del accidente del trabajo, tratamiento médico recuperativo y secuelas.
7) Daño moral sufrido por el actor a causa del accidente, perjuicio de sufrimiento, perjuicio de agravio, monto y avalúo de los perjuicios.
8) Emolumentos que ha dejado de percibir el actor a consecuencia del accidente, elementos para determinar su avalúo.
9) Efectividad que el demandante prestó servicios en régimen de subcontratación para la demandada Santa Isabel Administradora S.A, en su evento periodo durante el cual se prestaron tales servicios, y si esta última hizo uso del derecho de información y retención.
Cuarto: Que verificada la audiencia de juicio las partes rindieron las pruebas que constan íntegramente tanto íntegramente en el registro de audio del Tribunal como en el sistema de digitalización, y que en lo pertinente serán analizadas en los considerandos posteriores.
Quinto: Que apreciadas, valoradas y ponderadas las pruebas rendidas en autos conforme a las reglas de la sana crítica, es posible, a juicio de este sentenciador, dar por establecidos los siguientes hechos:
1.- Que con fecha 2 de agosto de 2016, aproximadamente a las 11:30 horas, el actor en el ejercicio de sus funciones para la demandada principal como reparador de techumbre del Supermercado Santa Isabel ubicado en calle Vicuña Mackenna N°160 de la ciudad de Ovalle, en circunstancias que se encontraba instalando la cuerda de vida para afianzarse, cae violentamente al pisar una de las planchas de fibra, cayendo al supermercado donde transitaban clientes y estaban las góndolas, desde una altura aproximada de 7 metros.
Que lo anterior se acredita en cuanto a la dinámica del accidente con el informe de investigación por activación de fiscalización emitido por la Inspección del Trabajo del Limarí, acompañado por la demandante en su prueba documental, el que establece que el accidente se produce al momento en que el demandante se encontraba tratando de instalar la cuerda de vida en cubierta del local donde pisa una cubierta en mal estado lo que provoca su caída.
Se agrega a lo anterior como prueba documental el informe de investigación de accidente preliminar N° 28 de la Mutual de Seguridad, quien básicamente llega a la misma conclusión señalada en el párrafo precedente, al igual que el Informe de cubierta y canales generados por Santa Isabel respecto del accidente materia de este juicio; el informe Técnico de investigación de accidente el Depto de Prevención de Riesgo del Supermercado Santa Isabel, y el Informe de Investigación del accidente del Comité Paritario de Santa Isabel, quienes están contestes en la dinámica del accidente en la forma que se ha reseñado, y dado por establecido en este punto.
2.- Que producto de la caída el actor permaneció 11 días inconsciente en la UCI, sufriendo una fractura de bóveda craneal cerrada, hemotoma subdural, fracturas costales derechas múltiples de un rasgo, fracturas apofisis transversas derechas múltiples, quedando politraumatizado, con un tec complicado abierto, contusión hemorrágica parietal y temporal derecha, hernia subfalcina y uncal derecha, hsa traumática, fractura de hueso parietal con hundimiento, neumoencéfalo, trauma de torax complicado, fractura de vertebras y hombro derecho, quedando en coma, ventilado artificialmente durante las primeras semanas posteriores al accidente, siendo operado con craniectomia hemicranea derecha descompresiva, quedando con serios problemas neurológicos, respiratorios, renal e incluso debiendo ser alimentado a través de sondas, y ser rehabilitado en la deglución, quedando hasta la fecha con mareos, pérdida de memoria daño neurológico orgánico, con el rostro deformado, producto de la fractura craneal y de órbita.
En lo relativo a las lesiones físicas sufridas por el actor, éstas se acreditan con el mérito de la prueba documental acompañada por la demandante, en especial, de la epicrisis   generada por la Mutual a nombre del actor de fecha 1 de septiembre de 2016; Hoja de historia clínica generada por la Mutual a nombre del actor; Hoja de historia clínica generada por la Mutual a nombre del actor de 17 de enero de 2017; set de 13 citaciones generadas por la Mutual a nombre del actor de fechas que van desde el 27 de setiembre de 2016 al 17 de enero de 2017; ecotomografía de partes blandas generada por Clínica Elqui a nombre del actor de fecha 9 de noviembre de 2016; tomografía computarizada generada a nombre del actor por Clínica Elqui de fecha 9 de noviembre de 2016; set de dos órdenes de reposo generadas por la Mutual a nombre del actor de fecha de emisión 20 de octubre de 2016 y 3 de noviembre de 2016; Indicaciones administrativas pre quirúrgicas generadas por la Mutual a nombre del actor y solicitud de examen de laboratorio generado por la Mutual a nombre del actor de fecha 20 de septiembre de 2016 y; datos de atención de urgencia generada por el hospital de La Serena a nombre del actor de fecha 6 de marzo de 2017.
Sexto: Que establecida la dinámica del accidente y los daños físicos sufridos por el actor como consecuencia del mismo, cabe ahora determinar la responsabilidad que les cabe a las demandadas.
En este sentido y en relación a la demandada principal, de la cual se desconoce su defensa respecto del accidente dado que se tuvo por contestada la demanda en su rebeldía, es posible dar por establecido que este se produjo por infracción de la demandada a los deberes establecidos en el artículo 184 del Código del Trabajo, por cuanto no adoptó las medidas de seguridad mínimas para evitar la caída del trabajador, considerando que se le ordenó subir a un techo de superficie inseguro, como quedó evidenciado en la caída, sin evaluar los riesgos, no existiendo un procedimiento predefinido para el cambio de la superficie donde se produjo el riego exponiendo al actor sin la capacitación adecuada de forma negligente lo que ocasiona el accidente materia de este juicio.
Además, cabe considerar que este se produjo sin supervisión previa que analizare los riesgos de ceder la superficie del techo, de la misma dinámica del accidente aparece de manifiesto que el actor no contaba con una cuerda de vida afianzada, no existiendo en definitiva un procedimiento de trabajo seguro el pudiese haber evitado el accidente.
Todo lo anterior, se acredita con el mérito del Informe de Investigación de Accidente Preliminar N° 28, emitido por doña Karol Gonzalez, Experta en Prevención de Riesgos de la Mutual de Seguridad, acompañado como prueba documental por la demandante en que se concluye en el anexo I, acápite Evidencias por Dimensión, que los trabajadores no estaban informados de los pasos correctos, peligros y medidas preventivas de las tareas, que no utilizan elementos de protección personal, que no cuentan con capacitación. Por otra parte, se indica que no estaba analizada la tarea, ni identificado los pasos a seguir, sus peligros y medidas preventivas, antes de la ejecución de las tareas.
A su turno, el informe técnico de investigación de accidente del Departamento de Prevención de Riesgos de la demandada solidaria acompañado por la demandante en su prueba documental, concluye que el accidente se debió entre otras razones a una condición insegura de la superficie donde su produjo el accidente como consecuencia de un procedimiento policial, y en cuanto a los factores de riesgos esto se debió a la falta de supervisión de los trabajos, conclusión a la que también arriba el Comité Paritario que investigó el accidente.
Séptimo: Que establecida la responsabilidad de la demandada principal cabe ahora pronunciarse respecto a la que le cabe a la demandada de autos Santa Isabel Administradora S.A., y a este respecto es posible dar por establecida en este caso tanto su la responsabilidad directa como solidaria en relación a los hechos establecidos.
En primer término, en cuanto a la responsabilidad solidaria resulta pertinente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 183 B del Código del Trabajo el que establece al efecto que:
¿La empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal.
En los mismos términos, el contratista será solidariamente responsable de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos.
La empresa principal responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente.
El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan responder de sus derechos, en conformidad a las normas de este Párrafo.
En los casos de construcción de edificaciones por un precio único prefijado, no procederán estas responsabilidades cuando quien encargue la obra sea una persona natural.¿
 
Lo anterior, permite concluir que esta responsabilidad nace como una derivación de que las indemnizaciones a que se condene a la demandada principal como consecuencia del accidente materia de este juicio, es posible calificarla como una obligación de dar comprendida en la solidaridad del artículo 183 B del Código del Trabajo y habiendo verificado el mismo en la ejecución de un régimen de subcontratación, deberá ser responsable solidaria de las indemnizaciones a que sea condenada la demandada principal.
En segundo término, en lo relativo a la responsabilidad directa de SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A., hay que remitirse a lo dispuesto en el artículo 183-E del Código del Trabajo, el que dispone:
¿Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista o subcontratista respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N°16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N°594, de 1999, del Ministerio de Salud¿.
Respecto de este punto resulta relevante señalar que la demandada no acreditó haber adoptado ninguna medida de seguridad tendiente a evitar el accidente materia de este juicio y, por el contrario, su defensa se ha limitado a negar cualquier tipo de relación con el actor bajo un régimen de subcontratación.
En relación a éste último punto resulta revelador en cuanto a la falta de coherencia interna de la defensa de la demandada solidaria, la existencia de un informe técnico de investigación de accidente del Departamento de Prevención de Riesgos, con la correspondiente investigación del Comité Paritario acompañada como prueba documental por el actor, en que precisamente la propia demandada (correctamente individualizada con su RUT) realizada una exhaustiva investigación del accidente, por el que este Tribunal se pregunta cuál sería el objeto de tal investigación si ningún tipo de responsabilidad le cabe en el accidente.
Por otra parte, la demandada solidaria que pretende excusarse de responsabilidad, no acredita cual fue el tipo de relación contractual que la vinculaba con la demandada principal, y en tal sentido, se debe tener presente que la demandante solicitó oportunamente la exhibición de documentos respecto de ambas demandadas relativo al contrato existente entre ambas la que no fue exhibida por ninguna de ellas, y habiéndose solicitado el apercibimiento legal del artículo 453 N°5 del Código del Trabajo, y existiendo necesariamente un vínculo entre estas conforme a lo razonado precedentemente se hará efectivo dicho apercibimiento legal solicitado en la audiencia de juicio solo respecto de este instrumentos y, con ello, se establecerá que en dicho contrato se configura el régimen de subcontratación entre las demandadas lo que, además, es compatible con lo que determinan las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia en orden a que el trabajo realizado y que ocasionó el accidente, esto es, mantención de techumbre, son de aquellos que ordinariamente se realizan bajo un régimen de subcontratación, razón por la cual así se declarará y, por lo razonado precedentemente la demandada Santa Isabel Administradora S.A., deberá responder solidariamente de las obligaciones que esta sentencia ordene pagar.
Octavo: Que se ha demandado como primer elemento a indemnizar, la reparación del denominado lucro cesante al tenor de lo dispuesto en el artículo 1556 y siguientes del Código Civil, entendida en sede laboral como la diferencia de ingresos que dejará de percibir el trabajador como consecuencia del accidente de materia de este juicio.
Dicho lo anterior, cabe destacar que como todo daño debe ser probado, la parte demandante no rinde prueba suficiente para demostrar los presupuestos fácticos de su alegación, toda vez que si bien se pueden presumir las graves consecuencias que el accidente le podría ocasionar al actor lo que será objeto de valoración para regular el daño moral, para efectos de establecer el lucro cesante no se aportan elementos medibles que permitan determinar con certeza cuál es la pérdida de ganancia alegada. Además, el demandante en su libelo efectúa un análisis meramente especulativo y lineal de lo que sería una eventual pérdida de ganancia hasta los 65 años, sin considerar variables que impliquen circunstancias de vacios o pérdidas de ingreso que en el ámbito en que se desempeña el actor son de común ocurrencia.
A mayor abundamiento, aún no existe una declaración de pérdida de capacidad, que dificulta aún más la determinación del lucro cesante con los niveles de certeza requeridos, sin caer en una mera aproximación simplista y especulativa, razón por la cual se rechazará la demanda de reparación de lucro cesante por no encontrarse suficientemente su monto con las pruebas rendidas en autos, sin perjuicio de lo que se resolverá a propósito de la reparación del daño moral.
Noveno: Que el actor por medio de ésta causa pretende la reparación del daño moral sufrido con ocasión del accidente materia de este juicio, y en tal sentido, al igual que como todo daño debe ser probado por quien lo reclama, presupuesto básico de nuestro sistema de responsabilidad, el que requiere que sea cierto, esto es, real y no hipotético; entendiéndose por daño moral: ¿como el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.¿(Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 20 de octubre de 2014, Rol 974-2014).
Décimo: Que en este aspecto, a juicio de este sentenciador, si es posible dar por sentado ciertos presupuestos fácticos que sirven de base para determinar el perjuicio sufrido que se pretende reparar por esta vía, y en este sentido, estamos ante un trabajador que conforme se ha dejado establecido a propósito de las secuelas del accidente, presenta un daño neurológico de carácter permanente, con notoria deformidad en su cráneo, a lo que hay que agregar lo declarado en este juicio por la pareja del actor doña Carla Parra Olivares, quien expone sobre las consecuencias en su entorno familiar que ha generado el grave accidente sufrido por el actor, dando esencialmente cuenta de la pérdida de capacidad para desarrollar funciones mínimas, requiriendo ayuda para realizar actividades cotidianas, describiendo la situación como algo semejante a tener que hacerse cargo de un niño, circunstancia de especial gravedad dada la circunstancia de ser el proveedor de recursos para cubrir las necesidades familiares.
Dicho estado que describe la pareja del actor son compatibles con lo que se describe a propósito de las lesiones sufridas a propósito del accidente, y también resulta razonable presumir de acuerdo a lo que determinan las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, que conforme a las lesiones sufridas por el actor su vida de modo alguno volverá a ser la misma de antes del accidente, requiriendo ayuda paliativa permanente, todo lo cual de manera lógica y evidente ocasiona un daño en el actor reparable por la vía del daño moral, que este sentenciador lo regulará en la suma de $45.000.000.-
Undécimo: Que las demás pruebas rendidas en autos en nada alteran lo antes establecido y, por el contrario, refuerzan las conclusiones a que se ha llegado en los considerandos precedentes.
En consecuencia, y vistos además, lo dispuesto en los artículos 173, 183 A y siguientes, 184, 187, 209, 209, 210, 420 letra f), 425 y siguientes del Código del Trabajo; artículos 5, 66, 68, 69, 79 y 88 de la Ley N° 16.744, en relación con los artículos 1547, 1556 y 1557 del Código Civil, SE DECLARA:
I.- Que SE ACOGE la solicitud de la parte demandante en orden a que se haga aplicación del apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo solo en lo relativo a la exhibición de documentos requeridas a ambas demandadas en relación a la falta de exhibición del contrato que las vincula entre ellas.
II.- Que SE ACOGE la demanda interpuesta por don CARLOS DAMIAN DIAZ MORENO, en contra de su empleador CONSTRUCTORA JCRUZ E.I.R.L., representada por don JAIME ROBERTO CRUZ MACAYA, todos ya individualizados y habiendo sufrido el actor un accidente del trabajo con fecha 2 de agosto de 2016, con infracción de la demandada a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, SE CONDENA a la demandada al pago de la suma de $45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos) por concepto de daño moral.
III.- Que la demandada SANTA ISABEL ADMINISTRADORA S.A., representada legalmente por don JAIME SOLER, ambos ya individualizados, deberá responder solidariamente de la suma señalada en el punto anterior, en su calidad de empresa mandante o principal, dueña de la obra o faena donde se verificó el accidente materia de este juicio, de acuerdo a las normas previstas en los artículos 183 A y siguientes del Código del Trabajo.
III.- Que SE RECHAZA la demanda en cuanto se solicita la reparación del lucro cesante.
IV.- Que la suma que esta sentencia ordene pagar se reajustará y devengará intereses a contar de la fecha de esta sentencia, dada la naturaleza jurídica de la indemnización a pagar.
V.- Que cada parte pagará sus costas.
Regístrese y archívense los antecedentes en su oportunidad.
RUC 17-4-0014964-K
RIT O-1653-2017
 
 
Sentencia dictada por don CRISTIAN RODRIGO ALVAREZ MERCADO, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.