Documento LTM9.646.462

Gaceta

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AMBIENTE Y ENERGÍA


TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Expediente N° 362-12-02-TAA.—Resolución N° 696-17-TAA.—Denunciado: Ronald Gerardo García Corrales.
Tribunal Ambiental Administrativo.—Órgano del Procedimiento Administrativo.—San José, a las catorce horas veinte minutos del veintidós de mayo del dos mil diecisiete.
1º—Que mediante oficio ACOPAC-OSRS-DEN-037-12 de fecha 28 de setiembre del 2012 suscrito por los señores Edwin Jiménez López, cédula de identidad número 1-0581-0607 y Priscilla Castro Salazar, cédula de identidad número 1-1251-0382, ambos funcionarios de la Oficina Los Santos, Área de Conservación Pacífico Central, remiten formal denuncia de carácter ambiental por tala árboles y movimientos de tierra dentro de un área de bosque, sin contar con los permisos correspondientes, en el inmueble ubicado en el sector de El Rodeo de San Marcos de Tarrazú, de la plaza 600 metros al norte, propiamente en el Cerro La Cruz, entre las coordenadas 461352E -40342N CR Lamben Sur (498149-1070453 CRTM05), aparentemente en propiedad sin inscribir y con plano a nombre del señor Ronald Gerardo García Corrales, cédula de identidad 1-1041-0653, lo anterior visible a folios 01 a 05 del expediente administrativo.
2º—Que a la denuncia se le asigna el número de expediente 362-12-02-TAA.
3º—Que mediante resolución número 097-13-TAA de las 14 horas 06 minutos del 28 de enero del 2013, visible a folios 06 y 07, este Tribunal ordenó: 7.4 Primero: (...) al Ing. Alfonso Duarte Marín, en su condición de Director del Área de Conservación Pacifico Central o a quien ocupe el cargo, que remita a este Tribunal la valoración económica del posible daño ambiental ocurrido en el inmueble ubicado en el sector de El Rodeo de San Marcos de Tarrazú, de la plaza 600 metros al norte, propiamente en el Cerro La Cruz, entre las coordenadas 461352E -40342N ( CR Lambed Sur) (498149-1070453, CRTM05) aparentemente propiedad del señor Ronald Gerardo García Corrales cédula de identidad 1-1041-0653, en donde se talaron árboles, construcción de cabañas y se realizaron movimientos de tierra dentro de un área de bosque, sin contar con los permios correspondientes, según el oficio ACOPAC-OSRS-DEN-037-12, suscrito por el señor Edwin Jiménez López y la señora Priscilla Castro Salazar, ambos en su condición de funcionarios del Área de Conservación Pacífico Central. Segundo: Se solicita al señor Bernardo Barboza Picado, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Tarrazú o a quien ocupe el cargo, que indique a este Despacho quién es el propietario registral del inmueble ubicado en el sector de El Rodeo de San Marcos de Tarrazú, de la plaza 600 metros al norte, propiamente en el Cerro La Cruz, entre las coordenadas (461352E -40342N CR Lambed Sur) (498149-1070453, CRTM05).
4º—Que mediante oficio ACOPAC-OSRS-286-2013 de fecha 24 de abril del 2012 suscrito por el Lic. Orlando Montero Delgado y Priscilla Castro Salazar, funcionarios de la Oficina Subregional Los Santos, Área de Conservación Pacífico Central, visible a folios 12 a 20, aportan la correspondiente valoración económica del daño ambiental la cual asciende a la suma de $4.586,83 (cuatro mil quinientos ochenta y seis dólares con ochenta y tres centavos).
5°—Que mediante resolución número 271-14-TA de las 07 horas 28 minutos del 31 de marzo del 2014, visible a folios 21 y 22, este Tribunal ordenó por segunda vez: “(..) al señor Bernardo Barboza Picado, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Tarrazú o a quien ocupe el cargo, que indique a este Despacho quién es el propietario registral del inmueble ubicado en el sector de El Rodeo de San Marcos de Tarrazú, de la plaza 600 metros al norte, propiamente en el Cerro La Cruz, entre las coordenadas (461352E -40342N CR Lambed Sur) (498149-1070453, CRTM05). (...)”.
6º—Que mediante oficio ALMT-042-2014 de fecha 22 de abril del 2014 suscrito por el Ing. Bernardo Barboza Picado, Alcalde de la Municipalidad de Tarrazú visible a folio 25 a 27, indica que adjunta documento de fecha 22 de abril del 2014, del Departamento de Catastro, el cual indica que el propietario del inmueble es el señor Ronald García Corrales, según plano SJ-1082437-2006, el cual se indica en estado de posesión, por lo que no se encuentra registrada públicamente.
7º—Que a folios 27 a 30 consta estudio registral del plano número SJ-1082437-2006, así como de la finca generada 1-507253-000, la cual se encuentra cerrada y el plano hijo número 1-1620943-2012 se encuentra cancelada.
8º—Que a folio 31 consta oficio 257-17-TAA de fecha 20 de marzo del 2017 mediante el cual este Tribunal solicita la cuenta cedular del señor Ronald Gerardo García Corrales, cédula de identidad 1-1041-0653.
9º—Que a folios 32 a 34 consta cuenta cedular del señor Ronald Gerardo García Corrales, cédula de identidad 1-1041-0653.
Considerando:
I.—Que mediante la presente resolución se declara formalmente la apertura de un proceso ordinario administrativo, en contra del señor Ronald Gerardo García Corrales, cédula de identidad 1-1041-0653. Ello se realiza de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46,50 y 89 de la Constitución Política, artículos 1,2, 48, 50,51, 52, 61, 99, 101, 103, 106, 108, 110 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, artículos 11, 54, 106, 109, 110 y 113 de la Ley de Biodiversidad, artículo 3 inciso c) Reglamento a la Ley de Biodiversidad Decreto Número 34433-MINAE, artículo 1, 3, 5, 6, 19, 20, 26, 27, 28, 57 y siguientes de la Ley Forestal, artículos 218, 308 a 319, 345 y 346 de la Ley General de Administración Pública, así como 1, 11, 20 y siguientes del Decreto Ejecutivo número 34136-MINAE.
II.—Que se imputa formalmente al señor Ronald Gerardo García Corrales, cédula de identidad 1-1041-0653, en calidad de propietario en estado de posesión de la finca con plano catastrado número SJ-1082437-2006, ubicada en el sector de El Rodeo de San Marcos de Tarrazú, de la plaza 600 metros al norte, propiamente en el Cerro La Cruz, entre las coordenadas 461352E-40342N CR Lambed Sur (498149-1070453 CRTM05), por los siguientes presuntos hechos:
1) El haber realizado y/o no haber impedido la tala de cinco (5) árboles de la especie Encino con diámetros de 11 centímetros en promedio y 8 metros de altura, movimientos de tierra con maquinaria pesada, con dimensiones de 15 metros de largo, 8 metros de ancho y un talud de 1,5 metros aproximadamente, para un área total de 120 metros cuadrados, en una pendiente de 40% y dentro de bosque, cuyo monto de valoración económica del daño ambiental asciende a la suma de $4.586,83 (cuatro mil quinientos ochenta y seis dólares con ochenta y tres centavos), según documento aportado mediante oficio ACOPAC-OSRS-286-2013 de fecha 24 de abril del 2012 suscrito por el Lic. Orlando Montero Delgado y Priscilla Castro Salazar, funcionarios de la Oficina Subregional Los Santos, Área de Conservación Pacífico Central, visible a folios 12 a 20 del expediente administrativo.
Se hace la aclaración que el proceso ordinario administrativo que se abre por la presente resolución se ocupará únicamente de los presuntos hechos arriba señalados. En caso de que el Tribunal llegara a encontrar indicios de otros supuestos hechos constitutivos de posibles violaciones de la normativa tutelar del ambiente, se abriría otro u otros procesos ordinarios administrativos referentes a dichos eventuales hechos.
III.—Que el proceso ordinario administrativo que se inicia con la presente resolución tiene como propósito determinar si son ciertos o no los hechos que se atribuyen (imputan) a los denunciados y si serían en tal caso aplicables en contra de los denunciados las consecuencias jurídicas negativas (indemnización, medidas ambientales obligatorias, etc.) contenidas en las normas jurídicas de las cuales se les apercibirá a continuación. Se comunica (apercibe) formalmente a los denunciados que las posibles consecuencias de los eventuales hechos imputados serían la imposición de una o más de las medidas ambientales (de prevención y/o mitigación y/o compensación) contempladas en los artículos 61, 99, 101 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11, inciso 2), 45 y 54 de la Ley de la Biodiversidad, incluyendo, pero no limitado a una indemnización referente a la valoración económica del aducido daño ambiental antes citada. Las medidas ambientales aludidas podrían incluir también imponer el deber de realizar a su costa la elaboración, presentación, sometimiento a aprobación y correcciones por la entidad competente, así como ejecución, de los Planes de Reparación, Mitigación y Restauración Ambiental que pudieran ser necesarios y/o a otras medidas ambientales contempladas en la normativa citada, pudiendo coincidir o no con las que pueda solicitar el denunciante.
IV.—Al presente proceso se citan:
1) En calidad de denunciante: El señor Edwin Jiménez López, cédula de identidad número 1-0581-0607, funcionario de la Oficina Los Santos, Área de Conservación Pacífico Central;
2) En calidad de denunciado: El señor Ronald Gerardo García Corrales, cédula de identidad 1-1041-0653;
3) En calidad de testigo-perito: La señora Priscilla Castro Mazar, cédula de identidad número 1-1251-0382, funcionaria de la Oficina Los Santos, Área de Conservación Pacífico Central.
V.—Se pone a disposición de las partes y sus apoderados el expediente administrativo debidamente foliado, el cual puede ser consultado de lunes a viernes en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo, ubicada en San José, avenidas 8 y 10, calle 35, o bien del Automercado Los Yoses, 200 metros sur y 150 oeste, casa color verde, portones de madera.
VI.—Se comunica a las partes que a partir de este momento y hasta la audiencia a la que se aludirá en el siguiente considerando, se recibirá en el Tribunal cualquier argumento de hecho y/o derecho, y/o cualquier prueba presentada por las mismas en relación con el presente proceso.
VII.—Se cita a todas las partes a una audiencia oral y pública que se celebrará en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo a las 13 horas 30 minutos del día martes 10 de octubre del 2017.
VIII.—Se comunica a la parte denunciada que, en virtud de que el objetivo primordial de la legislación ambiental es la protección de los recursos naturales y la reparación “in natura” de los daños ocasionados debido a comportamiento activo u omiso a partir de la fecha de notificación y previo a la celebración de la audiencia programada, se podrá remitir a este Tribunal una propuesta de conciliación ambiental misma que repare, mitigue y/o compense el daño ambiental causado; debidamente aprobada por la parte denunciante y el Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para la recuperación y restauración del sitio afectado, reparando y salvaguardando el ambiente en todo momento, y de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 7727 Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Es importante señalar, que en caso de no presentarse el acuerdo conciliatorio antes de la fecha de celebración de audiencia, no será posible suspender dicha diligencia para someterse al proceso de conciliación. Dicho acuerdo podrá presentarse después de la audiencia y antes del dictado del acto final.
IV.—Se comunica a las partes que el propósito de la audiencia oral y pública será otorgar al denunciante y al denunciado la oportunidad de defender sus tesis acerca de lo que se imputa al denunciado con sus consecuencias jurídicas y económicas, incluyendo recibir todos los argumentos y pruebas que se deseen las partes y sean admisibles en Derecho.
X.—Se comunica a las partes que podrán comparecer solos o acompañados de abogado o abogados, junto a los testigos y peritos que deseen, y cualquier otra prueba que quieran presentar La admisibilidad de la prueba será determinada por este Tribunal en la audiencia.
XI.—Se comunica asimismo a las partes que los testigos y peritos deberán esperar fuera de la sala de audiencias a que se les llame, de modo que no podrán ingresar a la sala hasta que se les requiera, ni podrán realizar ningún comentario relacionado a lo que se discuta en la audiencia, hasta que la misma haya finalizado y se haya evacuado toda la prueba.
XII.—Se les hace saber a las partes convocadas a la Audiencia Oral y Pública que deberán aportar el día de la misma, un dispositivo electrónico, sea este un dispositivo de almacenamiento tipo USB o CD para la grabación del audio de dicha diligencia.
XIII.—Contra la presente resolución cabe interponer el recurso de revocatoria en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con fundamento en los artículos 342, 346 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.
Se le advierte a la parte denunciada, que este Despacho solamente procederá a notificar las resoluciones futuras, si señalan expresamente correo electrónico, número de fax, dirección de casa u oficina en el expediente administrativo supracitado, según lo establecido en los artículos 6,19, 20, 21, 22 y 34 la Ley de Notificaciones Judiciales. De incumplirse con esta advertencia se procederá a la notificación automática en los términos que establece el artículo 11 de la citada Ley. Se previene que al referirse al expediente se indique el número del mismo y número de la presente resolución. Notifíquese.—Licda. Ligia Umaña Ledezma.—Licda. Maricé Navarro Montoya, Vicepresidente.—Licda. Ruth Ester Solano Vásquez, Secretaria.—O. C. N° 33448.—Solicitud N° 15219.—( IN2017154975 ).
Expediente N° 296-13-02-TAA.—Resolución N° 699-17-TAA.—Denunciado: María Isabel Castro Zamora.
Tribunal Ambiental Administrativo.—Órgano del Procedimiento Ordinario Administrativo.—San José, a las catorce horas veintinueve minutos del día veintidós de mayo del dos mil diecisiete.
1º—Que mediante oficio número D-030 de fecha 05 de setiembre del 2013 suscrito por el señor Pío Jiménez Cordero, funcionario de la Oficina de Sarapiquí, Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, se interpone formal denuncia de carácter ambiental en contra de la señora María Isabel Castro Zamora, cédula de identidad número 2-275-398, por supuesta tala ilegal de árboles en bosque, en la finca ubicada en Bijagual de la Virgen de Sarapiquí antes de llegar a finca la Colombina. Se adjunta copia de oficio número OS-1069-2013 de fecha 09 de setiembre del 2013 suscrito por el Ing. Luis Fernando Salas Sarkis, Jefe de la Oficina de Sarapiquí, Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, mediante la cual se remite valoración económica del daño ambiental que asciende a la suma de ¢1.411.914 (un millón cuatrocientos once mil novecientos catorce colones), todo lo anterior visible a folios 01 a 21 del expediente administrativo.
2º—Que a la denuncia le fue asignado el expediente número 296-13-02-TAA.
3º—Que mediante resolución número 1022-13-TAA de las 14 horas 25 minutos del 14 de octubre del 2013, visible a folios 22 y 23, este Tribunal ordenó: “(…) Único: (...) al señor Pedro Rojas Guzmán en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Sarapiquí o quien ocupe su cargo, que mediante un informe que deberá de remitir a este Despacho incluya la siguiente información más toda aquella que sea relevante para el caso de marras para la verificación de la verdad real de los hechos: 1) quién es la persona física o jurídica propietaria registrar del inmueble ubicado en Bijagual de la Virgen de Sarapiquí antes de llegar a la finca la Colombina, 400 metros este de la Reserva la Tirimbina, 2) Si la señora María Isabel Castro Zamora, cédula de identidad número 2-275-398 es propietaria registra! de algún inmueble dentro de su jurisdicción, en caso afirmativo indicar el número de folio real y plano catastrado. (…)” (sic).
4º—Que mediante resolución número 282-17-TAA de las 13 horas 25 minutos, visible a folios 26 y 27, este Tribunal ordenó por segunda vez al Alcalde de la Municipalidad de Sarapiquí, lo indicado en el resultando tercero inmediato anterior.
5º—Que mediante oficio DA-053-2017 de fecha 05 de abril del 2017 suscrito por el señor Pedro Rojas Guzmán, Alcalde de la Municipalidad de Sarapiquí, visible a folios 32 a 34, indica que se dio respuesta mediante oficio DA-189-2013 de fecha 16 de diciembre del 2013, sin embargo según inspección realizada por funcionarios el 09 de diciembre del 2013, y en entrevista con la señora María Isabel Castro Zamora, cédula 2-0275-0398, indicó que la propiedad no tiene escritura y que ella la posee desde hace 30 años, informando además que es parte de una finca del INDER, y no se logró ubicar a que número de folio corresponde la porción de terreno.
6º—Que mediante oficio 401-17-TAA de fecha 24 de abril del 2017, visible a folios 35, este Tribunal solicita al Registro Civil la cuenta cedular de la señora María Isabel Castro Zamora, cédula 2-0275-0398.
7º—Que a folios 36 a 38 consta cuenta cedular de la señora María Isabel Castro Zamora, cédula 2-0275-0398.
Considerando:
I.—Que mediante la presente resolución se declara formalmente la apertura de un proceso ordinario administrativo, en contra de la señora María Isabel Castro Zamora, cédula 2-0275-0398. Ello se realiza de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, 50 y 89 de la Constitución Política, artículos 1, 2, 48, 50, 51, 52, 61, 99, 101, 103, 106, 108, 110 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, artículos 11, 54, 106, 109, 110 y 113 de la Ley de Biodiversidad, artículo 3 inciso c) Reglamento a la Ley de Biodiversidad Decreto Número 34433-MINAE, artículo 1, 3, 5, 6, 19, 20, 26, 27, 28, 57 y siguientes de la Ley Forestal, artículos 218, 308 a 319, 345 y 346 de la Ley General de Administración Pública, así como 1, 11, 20 y siguientes del Decreto Ejecutivo número 34136-MINAE.
II.—Que se imputa formalmente a la señora María Isabel Castro Zamora, cédula 2-0275-0398, en calidad de poseedora de la finca ubicada en Bijagual de la Virgen de Sarapiquí antes de llegar a finca la Colombina, 400 metros este de la Reserva la Tirimbina, por los siguientes presuntos hechos:
El haber realizado y/o no haber impedido la tala sin los permisos correspondientes de diez (10) árboles en área de bosque, de la especie manteco, cebo y anonillo, de entre 48 y 90 centímetros de diámetro, y aprovechamiento en trozas, en total veintitrés (23) trozas encontradas en un patio, de entre 26 y 60 centímetros de diámetro, cuyo monto de valoración económica del daño ambiental asciende a la suma de ¢1.362.114,00 (un millón trescientos sesenta y dos mil ciento catorce colones exactos), según documento aportado mediante oficio OS-1069-2013 de fecha 09 de setiembre del 2013 suscrito por el Ing. Luis Fernando Salas Sarkis, Jefe de la Oficina Sarapiquí, Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, visible a folios 19 a 21 del expediente administrativo.
Se hace la aclaración que el proceso ordinario administrativo que se abre por la presente resolución, se ocupará únicamente de los presuntos hechos arriba señalados. En caso de que el Tribunal llegara a encontrar indicios de otros supuestos hechos constitutivos de posibles violaciones de la normativa tutelar del ambiente, se abriría otro u otros procesos ordinarios administrativos referentes a dichos eventuales hechos.
III.—Que el proceso ordinario administrativo que se inicia con la presente resolución tiene como propósito determinar si son ciertos o no los hechos que se atribuyen (imputan) a los denunciados y si serían en tal caso aplicables en contra de los denunciados las consecuencias jurídicas negativas (indemnización, medidas ambientales obligatorias, etc.) contenidas en las normas jurídicas de las cuales se les apercibirá a continuación. Se comunica (apercibe) formalmente a los denunciados que las posibles consecuencias de los eventuales hechos imputados serían la imposición de una o más de las medidas ambientales (de prevención y/o mitigación y/o compensación) contempladas en los artículos 61, 99, 101 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11, inciso 2, 45 y 54 de la Ley de la Biodiversidad, incluyendo, pero no limitado a una indemnización referente a la valoración económica del aducido daño ambiental antes citada. Las medidas ambientales aludidas podrían incluir también imponer el deber de realizar a su costa la elaboración, presentación, sometimiento a aprobación y correcciones por la entidad competente, así como ejecución, de los Planes de Reparación, Mitigación y Restauración Ambiental que pudieran ser necesarios y/o a otras medidas ambientales contempladas en la normativa citada, pudiendo coincidir o no con las que pueda solicitar el denunciante.
IV.—Al presente proceso se citan:
En calidad de denunciante: El señor Pio Jiménez Cordero, cédula de identidad número 1-441-877, funcionario de Control y Protección, Oficina de Sarapiquí, Área de Conservación Cordillera Volcánica Central;
En calidad de denunciada: La señora María Isabel Castro Zamora, cédula 2-0275-0398;
En calidad de testigo-perito: El Ing. Luis Fernando Salas Sarkis, Jefe de la Oficina de Sarapiquí, Área de Conservación Cordillera Volcánica Central.
En calidad de testigo: El señor Bernal Salas Víquez, cédula de identidad número 2-588-639, funcionario de la Oficina de Sarapiquí, Área de Conservación Cordillera Volcánica Central.
V.—Se pone a disposición de las partes y sus apoderados el expediente administrativo debidamente foliado, el cual puede ser consultado de lunes a viernes en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo, ubicada en San José, avenidas 8 y 10, calle 35, o bien del Automercado Los Yoses 200 metros sur y 150 oeste, casa color verde, portones de madera.
VI.—Se comunica a las partes que a partir de este momento y hasta la audiencia a la que se aludirá en el siguiente considerando, se recibirá en el Tribunal cualquier argumento de hecho y/o derecho, y/o cualquier prueba presentada por las mismas en relación con el presente proceso.
VII.—Se cita a todas las partes a una audiencia oral y pública que se celebrará en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo a las 08 horas 00 minutos del día miércoles 18 de octubre del 2017.
VIII.—Se comunica a la parte denunciada que, en virtud de que el objetivo primordial de la legislación ambiental es la protección de los recursos naturales y la reparación “in natura” de los daños ocasionados debido a comportamiento activo u omiso a partir de la fecha de notificación y PREVIO a la celebración de la audiencia programada, se podrá remitir a este Tribunal una propuesta de conciliación ambiental, misma que repare, mitigue y/o compense el daño ambiental causado; debidamente aprobada por la parte denunciante, y el Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para la recuperación y restauración del sitio afectado reparando y salvaguardando el ambiente en todo momento, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 7727 Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Es importante señalar que, en caso de no presentarse el acuerdo conciliatorio antes de la fecha de celebración de audiencia, no será posible suspender dicha diligencia para someterse al proceso de conciliación. Dicho acuerdo podrá presentarse después de la audiencia y antes del dictado del acto final.
IX.—Se comunica a las partes que el propósito de la audiencia oral y pública será otorgar al denunciante y al denunciado la oportunidad de defender sus tesis acerca de lo que se imputa al denunciado con sus consecuencias jurídicas y económicas, incluyendo recibir todos los argumentos y pruebas que se deseen las partes y sean admisibles en Derecho.
X.—Se comunica a las partes que podrán comparecer solos o acompañados de abogado o abogados, junto a los testigos y peritos que deseen, y cualquier otra prueba que quieran presentar La admisibilidad de la prueba será determinada por este Tribunal en la audiencia.
IX.—Se comunica asimismo a las partes que os testigos y peritos deberán esperar fuera de la sala de audiencias a que se les llame, de modo que no podrán ingresar a la sala hasta que se les requiera, ni podrán realizar ningún comentario relacionado a lo que se discuta en la audiencia, hasta que la misma haya finalizado y se haya evacuado toda la prueba.
IIX.—Se les hace saber a las partes convocadas a la Audiencia Oral y Pública que deberán aportar el día de la misma, un dispositivo electrónico, sea este un dispositivo de almacenamiento tipo USB o CD para la grabación del audio de dicha diligencia.
IIIX.—Contra la presente resolución cabe interponer el recurso de revocatoria en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con fundamento en los artículos 342, 346 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.
Se le advierte a la parte denunciada, que este Despacho solamente procederá a notificar las resoluciones futuras, si señalan expresamente correo electrónico, número de fax, dirección de casa u oficina en el expediente administrativo supracitado, según lo establecido en los artículos 6, 19, 20, 21, 22 y 34 la Ley de Notificaciones Judiciales. De incumplirse con esta advertencia se procederá a la notificación automática en los términos que establece el artículo 11 de la citada Ley. Se previene que al referirse al expediente se indique el número del mismo y número de la presente resolución. Notifíquese.—Licda. Ligia Umaña Ledezma, Presidente.—Licda. Maricé Navarro Montoya, Vicepresidente.—Licda. Ruth Ester Solano Vásquez, Secretaria.—O. C. Nº 31727 33448.—Solicitud Nº 15220.—( IN2017154976 ).