Documento LTM6.201.495

Jurisprudencia

ENCABEZAMIENTO

En Madrid, a 27 de junio de 2017
Esta Sala ha visto el recurso de casación n.º 1103/2016 interpuesto por el Ayuntamiento de Palacios de Sanabria (Zamora), representada por procurador D. Jorge Rodríguez Monsalve Garrigos, bajo la dirección letrada de D. Eloy Sanpedro, contra la sentencia de 26 de febrero de 2016, de la Sección Tercera, de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sede en Valladolid, en el recurso contencioso-administrativo núm. 92/2015 . Ha sido parte recurrida la entidad mercantil Red Eléctrica de España, S.A.U., representada por el procurador D. Jacinto Gómez Simón, bajo la dirección letrada de D. José Ignacio Rubio de Urquía.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Jose Antonio Montero Fernandez

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo n.º 92/2015, seguido en la Sección Tercera, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sede en Valladolid, con fecha 26 de febrero de 2016, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLO. Estimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la entidad mercantil Red Eléctrica de España, S.A.U., contra la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Palacios de Sanabria, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos, publicada en el B.O.P. de Zamora nº 143, de 3 de diciembre de 2014, anulándose en consecuencia por su disconformidad con el ordenamiento jurídico el artículo 4º y los preceptos del "Anexo de Tarifas" de la Ordenanza fiscal impugnada, en cuanto resulten de aplicación al transporte de energía eléctrica, sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a costas procesales».
Esta sentencia fue notificada al procurador D. Jorge Rodríguez Monsalve Garrigos, en nombre y representación del Ayuntamiento de Palacios de Sanabria (Zamora), el día 10 de marzo de 2016.
SEGUNDO.- El procurador D. Jorge Rodríguez Monsalve Garrigos, en nombre y representación del Ayuntamiento de Palacios de Sanabria (Zamora), presentó escrito de preparación del recurso de casación con fecha 18 de marzo de 2016, en el que manifestó su intención de interponerlo con sucinta exposición del cumplimiento de los requisitos procesales de admisibilidad.
Por diligencia de ordenación de fecha 1 de abril de 2016, se acordó tener por preparado el recurso de casación, remitir los autos jurisdiccionales de instancia y el expediente administrativo a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y emplazar a las partes interesadas ante dicha Sala Tercera.
TERCERO.- El procurador D. Jorge Rodríguez Monsalve Garrigos, en nombre y representación del Ayuntamiento de Palacios de Sanabria (Zamora), parte recurrente, presentó con fecha 10 de mayo de 2016, escrito de formalización e interposición del recurso de casación, en el que reiteró el cumplimiento de los requisitos procesales de admisibilidad y formuló un único motivo casacional, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción de los artículos 24 y 25 del Real Decreto Ley 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de la Jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo en relación a la cuantía y justificación de la cuota tributaria de la Tasa por utilización o aprovechamiento especial del Dominio Público Local; con sus correspondientes fundamentos de derecho, suplicando a la Sala «acuerde estimar el motivo de casación alegado, casando y anulando la sentencia dictada, y desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Red Eléctrica de España, S.A.U., con imposición de costas a la parte recurrida».
CUARTO.- La entidad mercantil Red Eléctrica de España, S.A.U., representada por el procurador D. Jacinto Gómez Simón, compareció y se personó, en concepto de parte recurrida.
QUINTO.- Por providencia de fecha 28 de septiembre de 2016, la Sala Tercera -Sección Primera- acordó, admitir a trámite el presente recurso de casación, y remitir las actuaciones a la Sección Segunda, de conformidad con las normas de reparto de los asuntos entre las Secciones.
SEXTO.- Dado traslado del escrito de formalización e interposición del recurso de casación, el procurador D. Jacinto Gómez Simón, en nombre y representación de la entidad mercantil Red Eléctrica de España, S.A.U., parte recurrida, presentó escrito de oposición con fecha 13 de enero de 2017, formulando los argumentos de contrario que consideró convenientes a su derecho, esto es, con posterioridad a la interposición del presente recurso de casación, la Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha pronunciado respeto de asuntos idénticos al que es objeto de esta controversia, en los que Red Eléctrica también ha sido parte, en SSTS de 21 de diciembre de 2016 (rec. cas. 1117//2016 , 580/2016 y 947/2016 ). A su vez, estas tres resoluciones se remiten y reiteran a la doctrina establecida en otras dos, también de fecha 21 de diciembre de 2016 (rec. cas. 336/2016 y 436/2016). El núcleo esencia de la fundamentación de los tres pronunciamientos referidos, a la que nos remitimos, gira en torno a los dos puntos siguientes: 1º) El valor catastral es criterio válido para determinar la utilidad derivada de la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público local; y el valor catastral comprende el valor del suelo y el de las construcciones. 2º) Es válido incluir en el valor del suelo de dominio público ocupado por instalaciones industriales el valor de éstas fijado con arreglo a la normativa catastral, como si fuese suelo con construcciones. A la vista de esta doctrina, con el máximo respecto posible, manifestamos nuestro total desacuerdo con la misma, a la que nos oponemos firmemente, considerando que se trata de doctrina gravemente errónea. Las tres SSTS a las que venimos haciendo referencia, han recibido sendos votos particulares, a los que nos remitimos, cuyos puntos nucleares son susceptibles de ser sintetizados como sigue: 1º) Es obvio que las instalaciones de los usuarios de dominio público no se pueden contemplar como parte del dominio público ocupado o aprovechado: ello contraviene el artículo 24.1.a) LHL. 2º) El valor de las instalaciones que hacen uso del dominio público no se puede contemplar para valorar el suelo de dominio público ocupado o aprovechado: ello contraviene el artículo 24.1.a) LHL. 3º) Es contradictorio valorar los mismos terrenos de forma diferente en función de las obras y construcciones que los ocupen: ello contraviene el artículo 24.1.a) LHL. 4º) El valor del bien de dominio público ocupado o aprovechado debe ir referido a su valor antes de la ocupación o aprovechamiento: ello contraviene el artículo 24.1.a) LHL. 5º) Las Ordenanzas fiscales no pueden fijar criterios o parámetros referidos a la actividad que se va a desarrollar en el dominio público ocupado, sino que debe ir referidos a las características e intensidad de la ocupación del bien de dominio público: lo contrario contraviene el artículo 24.1.a) LHL. 6º) Incluir en la retribución del aprovechamiento especial de los terrenos que ocupan las instalaciones el valor de éstas, calculado por el valor de su construcción, por los motivos expuestos en la doctrina establecida en las SSTS, implica relacionar el beneficio económico con el valor de la utilidad derivada del aprovechamiento especial que debe reflejar el gravamen, lo que conduce a gravámenes materialmente impositivos. Así pues, lo razonado en los votos particulares viene a poner de manifiesto, con total claridad, lo erróneo de la doctrina recogida en las tres citadas SSTS, que contraviene radicalmente el artículo 24.1.a) LHL. Esta afirmación la fundamentamos en la doctrina reflejada en los votos particulares, doctrina que hacemos nuestra en todos sus términos, la cual, además, viene a confirmar, en lo esencial y sustantivo, cuanto hemos argüido en la instancia, y viene a confirmar, en ese mismo orden esencial y sustantivo, la sentencia impugnada en este recurso de casación. La doctrina establecida por la Sala no sólo es errónea, sino que, además, es muy grave, pues valida un régimen de cuantificación de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público que arroja cuantías verdaderamente desproporcionadas, insoportables, inasumibles por ningún usuario de bienes de esa condición, cuantías injustificables, del todo injustificables. En consecuencia, la procedencia de reconsiderar la doctrina que examinamos, y de sustituirla por otra acorde con el artículo 24.1.a) LHL, deviene en necesidad insoslayable. De ratificar la Sala la doctrina establecida en las SSTS consideradas, entendemos que tal doctrina tendría consecuencias extrínsecas, con transcendencia en el orden constitucional y también en el comunitario: A) En el orden constitucional, si se considera definitivamente que la interpretación del artículo 24.1.a) LHL se hace en las SSTS de referencia es la correcta, habría que imputar al citado precepto legal una tacha de inconstitucionalidad, por infracción de los artículos 31.1 y 133.2 CE , en conexión con los artículos 137 , 140 y 142 CE , según los mismos han sido integrados por la jurisprudencia constitucional, concretamente, y entre otras, por las SSTC 179/185, de 19 de diciembre, 19/1987, de 17 de febrero y 233/1999, de 16 de diciembre . B) En el orden comunitario, la ratificación definitiva de la interpretación en cuestión del artículo 24.1.a) LHL entrañaría la disconformidad del citado precepto legal con el ordenamiento comunitario, entre otras partes del mismo, con las siguientes: El inciso final del apartado 7 del artículo 15 de la directiva 2009/72/CE , sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y de letra a) del apartado 6 del artículo 37 de la citada Directiva. Por todo ello, no cabe sino afirmar la totalidad conformidad a derecho de la sentencia impugnada en el presente recurso de casación; suplicando a la Sala «acuerde la desestimación del presente recurso, con confirmación de la sentencia impugnada».
SÉPTIMO.- Terminada la sustanciación del recurso, y llegado su turno, se señaló para deliberación, votación y fallo el 20 de junio de 2017, fecha en la que tuvo lugar el acto.
OCTAVO.- Con fecha 21 de junio de 2017, la presente sentencia pasa a la firma de los Excmos. Señores que conforman la Sección Segunda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone recurso de casación frente a la sentencia de 26 de febrero de 2016 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid , en el procedimiento ordinario nº. 92/2015, instado por la entidad RED ELECTRICA DE ESPAÑA S.A.U. contra la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de PALACIOS DE SANABRIA (Zamora) reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, publicada en el B.O.P de Zamora nº. 143, de fecha 3 de diciembre de 2014.
La sentencia objeto del presente recurso acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por RED ELECTRICA DE ESPAÑA S.A.U. declarando la nulidad del artículo cuarto y del Anexo de Tarifas de la Ordenanza Fiscal impugnada, en cuanto resulten de aplicación al transporte de energía eléctrica, sin hacer expresa imposición de las costas procesales.
SEGUNDO.- Esta Sala ha resuelto recientemente recursos sustancialmente idénticos, al que ahora resolvemos -Ordenanzas fiscales, municipales reguladoras de la " tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos"- razón por la que en virtud del principio de unidad de doctrina hemos de estar a lo en ellos decidido.
En dichas sentencia, de las que son muestra las recaídas en los recursos de casación números 336/2016 y 436/2016 , se afirmaba:
«TERCERO.- El artículo 24.1.a) TRLHL dispone que, con carácter general, el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público.
Y añade que, a tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada.
Por su parte, el artículo 25 precisa que tal valor se determinará a la vista de informes técnicos-económicos en los que se ponga de manifiesto ese valor de mercado, informes que se incorporarán al expediente que desemboca en la adopción del correspondiente acuerdo.
En interpretación de estos preceptos, hemos señalado [véanse, por todas, las sentencias de 11 de diciembre de 2014 (casación 443/2014 , FJ 4°); ES:TS:2014:5171), 20 de mayo de 2016 (casación 3937/2014, FJ 4°, ES:TS:2016:2188 ) y 19 de julio de 2016 (casación 2505/2015, FJ 4°; ES:TS :2016:3484) que:
(a) La cuantificación de la tasa escapa a la discrecionalidad administrativa, por cuanto se trata de alcanzar el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización o el aprovechamiento de los bienes afectados, como si no fueren de dominio público. Se trata de un concepto jurídico indeterminado.
(b) No obstante lo anterior, en la fijación de ese valor, que ha de responder al principio de equivalencia, el margen de maniobra de las autoridades locales es ciertamente amplio. En otras palabras, la potestad local para cuantificar la tasa no es discrecional, pero sí lo es la elección del método seguido o los criterios aplicados para calcularlo.
(c) En todo caso, esos métodos y criterios han de ser objetivos, públicos y transparentes, proporcionados, no discriminatorios y adecuados a la finalidad que persiguen: determinar el valor que tendría en el mercado la utilidad obtenida por el beneficiario como si los bienes no fueran de dominio público.
(d) Unos y otros, métodos y criterios, así como el valor en el mercado de la utilidad, deben ponerse de manifiesto en el informe técnico-económico, que se erige así en pieza imprescindible para la cuantificación de la tasa.
En la citada sentencia de 20 de mayo de 2016 y en la posterior de 8 de junio de 2016 (casación 1869/2015, FJ 5°; ES:TS:2016:2662), hemos precisado el contenido de los mencionados requisitos, que han de reunir los métodos y criterios de cuantificación, pudiendo afirmarse a la luz de lo allí expuesto que:
(i) No cabe reputar transparente el método si el informe técnico-económico no incorpora criterios de cálculo que se correspondan con el valor de mercado de la utilidad obtenida por la utilización de los bienes.
(ii) La objetividad o justificación objetiva no concurre si el importe de la tasa no guarda relación con la intensidad del uso (así, p.ej., cuando la cuantía se determina atendiendo a los ingresos brutos obtenidos por el beneficiario o a su volumen de negocios).
(iii) La proporcionalidad desaparece si los parámetros arrojan un montante que va más allá del valor de mercado de la utilidad obtenida.
(iv) La no discriminación demanda que los que utilizan privativamente el dominio público local o que se aprovechan especialmente de él no sean tratados de forma distinta ante usos de equivalente intensidad.
A la vista de las anteriores pautas jurisprudenciales, podemos anunciar que este recurso de casación está abocado al fracaso.
CUARTO.- UNIÓN FESONSA critica la sentencia recurrida porque avala los criterios contenidos en el dictamen técnico- económico que informa la Ordenanza. En esencia, se lamenta de que se consideren las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución como construcciones, error que se comunica al valor catastral del suelo rústico, por tomar en cuenta esas "construcciones", y a la fórmula de cálculo, por incluir el valor de las mismas.
Vaya por delante que la recurrente no achaca al informe técnico-económico ser impreciso o carecer de motivación. Tampoco atribuye a los criterios que discute la condición de arbitrarios o no objetivos, no transparentes, desproporcionados o discriminatorios. Tan sólo los reputa inadecuados, puesto que, en su opinión, no responden a la voluntad de legislador de que el importe de la tasa sea equivalente al valor de mercado de la utilidad obtenida por el sujeto pasivo por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, como si los bienes que lo integran no fueran extra commercium, y ello por atribuir las instalaciones de transporte y distribución de electricidad la condición de construcciones.
Pues bien, ante tal planteamiento se han de sentar las siguientes conclusiones:
1) Al cuantificar la tasa no se trata de alcanzar el valor de mercado del suelo por el que discurren las instalaciones que son la causa del aprovechamiento especial o uso privativo del dominio público local, sino el de la utilidad que esos aprovechamientos o usos reportan. Por ello, son admisibles todos los métodos que, cualquiera que sea el camino seguido, desemboquen en un valor que represente la utilidad en el mercado obtenida por el sujeto pasivo. Al controlar esa elección los tribunales de justicia no podemos sustituir la opción municipal por nuestro subjetivo criterio. Tan sólo nos compete comprobar que la elección conduce al resultado querido por la Ley y lo hace aplicando, motivada y razonadamente, criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios, determinados con transparencia y publicidad.
2) Siendo así:
2.1) No cabe calificar de inadecuado acudir para determinar el aprecio que corresponde a esa utilidad al valor catastral del suelo, que tiene siempre como límite el del mercado ( artículo 23.2 TRLCI ), valor catastral que en el caso de la Ordenanza discutida es el rústico con construcciones [el valor catastral es la suma del valor del suelo más el de las construcciones ( artículo 22 TRLCI)], por ser de esa naturaleza los terrenos por los que discurren las instalaciones cuyo establecimiento determina el uso del dominio con exclusión de los demás que provoca la exacción de la tasa. Téngase en cuenta que, a efectos catastrales, se reputan construcciones las instalaciones industriales, considerándose, entre otras, los diques, tanques, cargaderos, etc. [ artículo 7.4.b) TRLCI)], lista abierta que permite calificar de tales a las líneas aéreas de alta tensión a que se refiere la Ordenanza discutida en el anexo I.
2.2.) La toma en consideración de tales infraestructuras para calcular la base imponible de la tasa resulta adecuada a la finalidad perseguida por el legislador: si se trata de valorar la utilidad que proporciona al sujeto pasivo el uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio público local por la instalación de los mencionados elementos relativos a la distribución de electricidad, parece de todo punto razonable tomarlas en consideración. Desde luego está fuera de lugar la pretensión de la recurrente de que se consideren exclusivamente valores o parámetros propios del suelo rústico o de su aprovechamiento agropecuario, obviando que el hecho imponible de la tasa viene determinado por el aprovechamiento por su parte del dominio público local para su actividad de transporte y distribución de energía eléctrica. Además, la recurrente se equivoca, pues la Circular 03.04/07 de la Dirección General del Catastro prevé que para las construcciones no agrarias en suelo rústico se aplique el valor establecido para las construcciones en suelo de naturaleza urbana y, en particular, el uso "Y" (otros usos) a los silos, depósitos y tanques ligados a industrias no agrarias. Por lo demás, ni el informe técnico-económico califica a las líneas de alta tensión de construcciones de tipología extensiva ni nada hay en la mencionada Circular que impida hacerlo.
3) La aplicación del coeficiente RM previsto en la normativa catastral encuentra plena justificación en la medida en que se trata de cumplir el mandato legal de que el valor catastral no supere al de mercado. Como quiera que la base imponible de la tasa se determina por el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada del aprovechamiento especial o el uso privativo del dominio público local, parece de todo punto ajustada a las exigencias legales la aplicación de un coeficiente que tiene por designio evitar que el valor catastral de los bienes considerados supere al del mercado.
En definitiva, el Ayuntamiento de Arteixo ha aplicado para determinar la base imponible y las tarifas de la tasa que regula la Ordenanza impugnada unos parámetros objetivos, proporcionados y no discriminatorios que, lejos de ser contrarios al ordenamiento jurídico, respetan las exigencias que impone el artículo 24.1.a) TRLHL , ejerciendo así su potestad de acuerdo con los criterios señalados por la jurisprudencia.
En un juicio estrictamente técnico, se podrá discutir si otros parámetros distintos de los elegidos hubieran sido más adecuados para determinar el valor de esa utilidad, pero en un juicio estrictamente jurídico, como el que nos incumbe, se debe concluir que el Ayuntamiento de Arteixo ha aplicado para determinar la base imponible y las tarifas de la tasa que regula la Ordenanza impugnada unos parámetros objetivos, proporcionados y no discriminatorios que respetan las exigencias del artículo 24.1.a) TRLHL, ejerciendo así su potestad conforme a los criterios que dimanan de la jurisprudencia.
En consecuencia, este recurso de casación debe ser desestimado».
Lo transcrito comporta la estimación del único motivo de casación articulado por la parte recurrente al amparo del art. 88.1.d) de la LJCA , por infracción de los arts. 24 y 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004 ; ello conforme al criterio mayoritario de este Tribunal plasmado en la sentencia transcrita, sin que pueda prevalecer el parecer minoritario reflejado en los votos particulares formulados en las sentencias de este Tribunal de 21 de diciembre de 2016, rec. cas. 2708/2016 y otras a las que se refiere la parte recurrida. Añade que dicha doctrina es contraria al orden constitucional en cuanto la interpretación que realiza del art. 24.1.a) de la LHL, y al orden comunitario con infracción de la Directiva 2009/72/CE , sin embargo se limita prácticamente a alegar las mismas sin ofrecer justificación suficiente de una afirmación que tal y como se formula resulta apodíctica, cuando resulta evidente que la doctrina emanada de este Tribunal previamente se ha depurado bajo la luz de ambos órdenes, y no han surgido dudas que justificaran el planteamiento de ambas cuestiones.
Así las cosas, resulta innecesario el análisis del segundo motivo.
TERCERO.- Costas.
Dada la estimación del recurso de casación que se acuerda, no procede hacer un pronunciamiento expreso de las costas causadas tanto en la instancia como en la casación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 139 de la ley de la Jurisdicción .

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido 1º.- Estimar el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de PALACIOS DE SANABRIA. 2º.- Anular la sentencia impugnada de 26 de febrero de 2016, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. 3º.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo nº. 92/2015 . 4º.- Sin costas en ambas instancias.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, e insértese en la coleccion legislativa.
Así se acuerda y firma.
Nicolas Maurandi Guillen Emilio Frias Ponce Jose Diaz Delgado Angel Aguallo Aviles Jose Antonio Montero Fernandez Francisco Jose Navarro Sanchis Juan Gonzalo Martinez Mico Rafael Fernandez Montalvo

VOTO PARTICULAR

T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Contencioso-Administrativo
VOTO PARTICULAR
Voto particular que formula el Magistrado Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce, al que se adhiere el Excmo. Sr. Magistrado Don Jose Diaz Delgado, a la sentencia recaída en el recurso de casación nº. 1103/2016.
Con el mayor respeto que me merece el criterio de la mayoría no puedo compartir la posición que defiende, en cuanto viene a avalar los criterios contenidos en el dictamen técnico- económico que informa la Ordenanza impugnada pese a utilizar como parámetro para fijar el valor de la utilidad derivada del aprovechamiento especial gravado no sólo el valor del suelo del bien de dominio público afectado sino además el valor de las instalaciones realizadas para el disfrute del aprovechamiento y desempeño de la propia actividad de transporte ejercitada a través de ellas.
Sigo manteniendo, como ya puse de manifiesto en otros votos particulares a las sentencias recaídas en los recursos 336 , 436 , 580 , 947 , y 1411 y 1473 de 2016 , la imposibilidad de computar las obras y construcción de titularidad de las entidades que utilizan el dominio público local, en cuanto otra cosa supondría desconocer el régimen legal de cuantificación que establece el art. 24.1 a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , que se refiere al valor de mercado de la utilidad del aprovechamiento especial.
En mi opinión, incluir en la retribución del aprovechamiento especial de los terrenos que ocupan las instalaciones de transporte el valor de éstas, calculado por la inversión en su construcción, porque tras la correspondiente autorización el suelo rústico afectado pierde la naturaleza esencialmente agraria, permitiendo un rendimiento industrial para el que la utilización del suelo resulta un elemento primordial, implica relacionar el beneficio económico con el valor de utilidad derivada del aprovechamiento especial que debe reflejar el gravamen, lo que nos llevaría a gravámenes materialmente impositivos.
Por otra parte, la expresión que el art. 24.1 a) citado utiliza permitiendo que las Ordenanzas fiscales puedan señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza especifica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada, en modo alguno puede entenderse en el sentido de que se refieran a la naturaleza especifica de la actividad que sobre los bienes de dominio público se vaya a desarrollar, sino a las características e intensidad de la ocupación del bien de dominio público. Por ello el valor del bien del dominio público ocupado o aprovechado debe ir referido a su valor antes de la ocupación o aprovechamiento, para cuantificarlo, luego, en función de la intensidad y extensión del mismo.
En definitiva, considero que el valor de la inversión realizada no puede incrementar el valor del suelo, porque las instalaciones que como consecuencia del aprovechamiento obtenido construya el obligado tributario no forman parte preexistente del bien inmueble objeto de valoración, sin que pueda invocarse, en contra, que para el cálculo de la tasa se tuvo en cuenta el valor catastral del inmueble ocupado, que está integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones, toda vez que la Ordenanza se refiere a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, esto es, por las instalaciones que realizan el aprovechamiento especial, encontrándonos ahora ante un supuesto de aprovechamiento especial de un dominio público constituido por terrenos rústicos, carente de construcción alguna.
Por todo ello, a mi entender el recurso de casación debió haberse desestimado.
Emilio Frias Ponce Jose Diaz Delgado
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Voto particular que formula el Magistrado Excmo. Sr. D. Juan Gonzalo Martinez Mico, a la sentencia recaída en el recurso de casación nº. 1103/2016.
Dos son los aspectos que, respetuosamente, quiero someter a la consideración de mis compañeros de Sala:
A.- La realidad del presupuesto material constitutivo del hecho imponible de la tasa.
El presupuesto material constitutivo del hecho imponible cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria en casos como el que nos ocupa no es otro que el simple sobrevuelo de terrenos rústicos de dominio público - terrenos sobre los que no existe construcción alguna y cuyo aprovechamiento especial no excluye ningún otro aprovechamiento propio de esa clase - por líneas de alta tensión necesarias para la transporte de energía eléctrica. Y respecto de dicho concreto sobrevuelo, que cuando afecta al uso del dominio público sólo puede ser calificado como especial, ya hemos dicho ( en sentencia de 31 de octubre de 2013, casa. 3060/2012) que el transporte de energía eléctrica mediante tendidos eléctricos ciertamente necesitan del establecimiento de postes cuya ocupación es de mínimo alcance en relación al tendido de la línea.
La adulteración de esa simple realidad mediante la transformación - que me perece totalmente artificiosa - del terreno rústico sobrevolado en un bien inmueble integrado por suelo rústico con construcciones ( la propia línea eléctrica ), que es lo que hace el Ayuntamiento de referencia, se traduce, a la postre, en la configuración por vía reglamentaria, a través de la Ordenanza Fiscal aprobada, de un presupuesto material ficticio que nada tiene que ver con el realmente constitutivo de la tasa exigible por el aprovechamiento especial del dominio público municipal verdaderamente realizado por la entidad titular de la línea de transporte de energía eléctrica que discurre por el término municipal y que no es otro, como hemos dicho, que el simple sobrevuelo de un terreno puramente rústico por una línea eléctrica.
A partir de lo expuesto, la cuestión que se plantea radica en determinar si para fijar el valor de la utilidad derivada del aprovechamiento especial constituido en los terrenos rústicos sin construcciones sobrevolados por líneas de transporte de energía eléctrica deben contemplarse dichas líneas eléctricas, tanto valorando los terrenos en cuestión como si fueran terrenos con construcciones, como valorando, además, las propias instalaciones eléctricas como construcciones y sumando el resultado de ambas valoraciones.
La cuestión planteada atiende sustancialmente a la determinación de si la valoración de la utilidad derivada del aprovechamiento ha de contemplar exclusivamente el suelo rústico sobre el que discurren las líneas eléctricas o si en ella deben contemplarse las instalaciones de transporte de energía eléctrica.
Al respecto, debo señalar que no comparto el criterio de que las instalaciones que como consecuencia del aprovechamiento obtenido construya el sujeto pasivo formen parte preexistente del bien inmueble objeto de valoración, pues debemos partir de que la realidad física que el dominio público ofrece al mercado y que el sujeto pasivo adquiere para su aprovechamiento es, sin duda, suelo rústico sin construcciones y no una explotación industrial en funcionamiento.
La ocupación que la empresa eléctrica hace del suelo rústico de dominio público municipal con las instalaciones de su titularidad necesarias para el transporte de energía eléctrica es un mero aprovechamiento especial de ese dominio público y en el caso que se nos presenta no se parte del valor catastral del bien de dominio público afectado, que son los terrenos rústicos sobrevolados por las líneas eléctricas, sino de un valor catastral inexistente de las propias instalaciones eléctricas.
En el presente caso el Ayuntamiento no somete a gravamen, en realidad, el aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal, sino el valor de un bien inmueble inexistente.
Es de recordar que estamos ante un supuesto en el que líneas de transporte de energía eléctrica sobrevuelan terrenos rústicos, ante un supuesto de aprovechamiento especial de un dominio público municipal constituido por suelo rústico carente por completo de construcciones. Y sin embargo, para fijar la cuantía de la tasa exigible por ese concreto aprovechamiento especial, el municipio de la imposición echa mano de un método de cálculo del valor de la utilidad derivada del aprovechamiento especial gravado que se concreta en aplicar un tipo de gravamen del 5% sobre un a modo de valor catastral de un bien inmueble virtual, supuestamente integrado por suelo rústico con construcciones y por las propias construcciones, lo que no guarda relación alguna con la realidad del aprovechamiento especial en cuestión ni guarda relación alguna , tampoco, con la categoría tributaria "tasa".
Adviértase que la Ordenanza Fiscal ha creado en este caso sobre el terreno rústico afectado por el sobrevuelo de la línea eléctrica un bien inmueble compuesto por ese terreno y por la propia instalación eléctrica; ha atribuido un valor al suelo, considerando que el mismo soporta una construcción, la línea eléctrica; ha atribuido a la construcción un valor; ha sumado ambos valores; ha aplicado un coeficiente 0,5 de Referencia al Mercado y sobre el resultado ha aplicado un tipo de gravamen del 5%.
En definitiva, que no tiene ningún sentido que se integre como parte del valor de mercado de la utilidad que se pretende gravar el de unas supuestas construcciones que, más que de dominio público, son de titularidad privada del contribuyente. Y ello aunque la normativa catastral, para determinar el valor del suelo, establezca que habrá que considerar el que corresponde a las construcciones en el enclavadas. Las instalaciones que como consecuencia del aprovechamiento obtenido construya el obligado tributario para sostener el tendido eléctrico no forman parte preexistente del bien inmueble objeto de valoración.
B.- La cuantificación de la tasa.
Aún reconociendo las muchas dificultades de toda índole que conlleva fijar el valor de mercado que tendría la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento de los bienes de dominio público, que por su naturaleza no tienen mercado, estas dificultades no pueden servir de excusa para desconocer que la cuantía de la tasa no se identifica con el valor del bien de dominio público, sino con el valor de la utilidad derivada del aprovechamiento especial de ese bien de dominio público. Quiere ello decir que la cuantía de la tasa tiene que ser, por fuerza, una pequeña parte del valor del bien de dominio público de que se trate.
Sin embargo, en el presente caso, la cuantía anual de la tasa resulta ser muy superior al valor mismo en compra del bien de dominio público objeto del aprovechamiento especial gravado. El tratamiento que el Ayuntamiento le da a la cuantificación de la tasa es, evidentemente, voluntarista, queriendo obtener de la tasa un rendimiento que el régimen de cuantificación establecido en el art. 24.1 a) de la LHL, en razón a la naturaleza del tributo, no permite obtener.
En efecto, el informe municipal no se conforma con realizar una valoración de los terrenos de naturaleza rústica sobrevolados por la línea eléctrica para, seguidamente, calcular el valor de la utilidad derivada del aprovechamiento especial que tendría esa concreta ocupación del dominio público, sino que pretende algo más, algo que se sitúa extramuros de la naturaleza de la tasa y de su régimen de cuantificación, como es la invención de una bien inmueble, compuesto de suelo y construcción, al que dota de un valor catastral también inventado.
Así las cosas, al prescindir de la realidad del presupuesto material constitutivo del hecho imponible de la tasa (el sobrevuelo de terrenos rústicos sin construcciones), sustituyéndola por una completa ficción (la ocupación de un bien inmueble compuesto por suelo rústico con construcciones -las propias líneas eléctricas-), el método seguido por la Ordenanza fiscal para fijar la cuantía de la tasa vulnera por todas partes el régimen legal de cuantificación de la tasa establecido en el artículo 24.1 a), de dónde resulta la ilegalidad de la regulación reglamentaria de dicha cuantía.
Por todo lo expuesto, considero que el recurso de casación debió ser desestimado.
Juan Gonzalo Martinez Mico
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma D. Jose Antonio Montero Fernandez, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, la Letrada de la Administración de Justicia. Certifico.