Documento LTM6.186.151

Jurisprudencia

ENCABEZAMIENTO

En Madrid, a 19 de junio de 2017
Esta Sala ha visto el presente recurso de casación número 1766/2016 interpuesto por la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia de 18 de abril de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Séptima, de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 324/2015 , promovido por Supermercados Felipe, SL, sobre diligencia de embargo de bienes y derechos acordada en relación con la ejecución de la liquidación por sanción apremiada por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2009, no habiendo comparecido en las actuaciones la referida entidad.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia impugnada estimó en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad Supermercados Felipe, SL, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 24 de febrero de 2015, dictada en el recurso de alzada 4544/14, por la que se desestimaba la reclamación promovida frente a la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, de 31 de marzo de 2014, sobre las diligencias de embargo 351220313645P (de cuentas bancarias de 4 de febrero de 2012), 351223304267D ( de créditos de 28 de marzo de 2012), 3512233168762 y 351223316874 N ( de bienes inmuebles de 3 de noviembre de 2012) confirmadas en reposición, que fueron dictadas por distintos conceptos, entre los que figuraban las providencias de apremio dictadas para la ejecución de los importes de la sanción impuesta, con clave de liquidación nº A3860011506042439, en concepto de Impuesto sobre Sociedades, sanción paralela 2009, modelo 200, por importe de 990.555,59 euros, incluido el recargo de apremio y la providencia de apremio A. 3860012506022827, dictada por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Regional de Canarias de la Agencia Tributaria por el 25% de reducción perdida en la sanción derivada del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2009, con clave de liquidación A 3860011506042439 por importe de 331.343,76 €.
La parte dispositiva acuerda lo siguiente:
« 1.- Se dejan sin efecto las diligencias de embargo de bienes y derechos practicados en fecha 16 de febrero, 28 de marzo y 13 de noviembre de 2012 en cuanto se refieren a la ejecución de la providencia de apremio clave de liquidación A3860011506042439.
2.- Se confirman en todo lo demás las citadas diligencias de embargo.
3.- No se hace expresa imposición en cuanto al pago de las costas».
La Sala rechaza, en primer lugar, la improcedencia procesal alegada de acumular las distintas reclamaciones que tienen por objeto el embargo de bienes de distinta naturaleza por no haber sido planteada esta cuestión en la vía económico-administrativa; por no ser susceptible de impugnación el acuerdo de acumulación, al ser un acto de mero trámite, salvo que se conculque algún otro derecho, como el de tutela judicial efectiva o seguridad jurídica, lo que no se observaba en el caso presente, aun cuando afirme la actora que no coinciden los importes de las deudas tributarias garantizadas; y por no constituir, en todo caso, una causa tasada de impugnación de los embargos practicados conforme determina el art. 170.3 de la Ley 58/2003 .
Sin embargo, estima la causa de impugnación de las diligencias de embargo recogida en la letra d) del art. 170.3 mencionado, relativa a la suspensión del procedimiento de recaudación, no en relación con la providencia clave de liquidación A3860012506022827, por haber sido declarado extemporáneo el recurso de reposición interpuesto, sino en relación con la providencia de apremio clave de liquidación A 3860011506042439, por importe de 990.555,59 euros, incluido el recargo de apremio, derivada del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2009, pues solicitada la suspensión de su eficacia, frente a la resolución del TEAC de 4 de octubre de 2012 que confirmó su inadmisión, se interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue resuelto por sentencia de la Sección Segunda de la Sala de 16 de julio de 2015, dictada en el recurso 421/2012 , en sentido estimatorio, acordando la suspensión de la deuda apremiada, con todos los derechos inherentes a tal declaración.
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia el Abogado del Estado preparó recurso de casación y, una vez que se tuvo por preparado, lo mantuvo ante esta Sala, solicitando " sentencia por el que estimándolo, case la recurrida, dictando nuevo fallo por el que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto en la instancia o, en su defecto acuerde la retroacción para poner de manifiesto a las partes la existencia de un posible motivo de estimación del recurso a efectos de formular alegaciones; y, en su defecto, declare que la sentencia ha infringido el ordenamiento en lo que se refiere a la anulación de las diligencias de embargo anteriores a la solicitud de suspensión".
TERCERO.- Para el acto de votación y fallo se acordó la audiencia del día 13 de junio de 2017, fecha en la que tuvo lugar la referida actuación procesal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Abogado del Estado interpone el presente recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 18 de abril de 2016 , en cuanto estima en parte el recurso contencioso administrativo formulado por Supermercados Felipe, SL, anulando las diligencias de embargo de bienes y derechos practicadas en 16 de febrero, 28 de marzo y 13 de noviembre de 2012, referidas a la sanción apremiada por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2009, por importe de 990.555,95 euros.
Se fundamenta dicho recurso en los siguientes motivos de impugnación.
1) Al amparo del art. 88. 1 c) de la Ley Jurisdiccional , por existencia de incongruencia y falta de motivación.
Incongruencia por existencia de incongruencia interna o en todo caso incongruencia extra petita, en la medida en que se produce la estimación del recurso por razones ajenas a la causa pretendida, pues el único motivo que se hizo valer en la demanda fue el relativo a la indebida acumulación de las reclamaciones económico-administrativas contra las distintas diligencias de embargo, incorporando, con infracción del art. 33.2 de la Ley Jurisdiccional , la cuestión relativa a la suspensión del procedimiento de recaudación que fue estimada.
Falta de una motivación adecuada en cuanto la sentencia considera que deben anularse las diligencias de embargo, en los términos que en la misma se establecen, sin incluir referencia alguna a la fecha en que la suspensión habría de surtir efectos.
2) Al amparo del art. 88. 1 d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción del artículo 233 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , en especial los apartados 4, 5, 6 y 7, en relación con los artículos 40.1 y 42 del Reglamento de Revisión , aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en cuanto la sentencia anula los embargos practicados en fecha 16 de febrero de 2012 , número 351220313645 P, y 28 de marzo de 2012 , número 351223304267 D por razón de lo acordado en sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 16 de julio de 2015, rec. 2/481/2012 , que anuló la resolución del TEAC por la que se inadmitió la suspensión de la providencia de apremio de los que aquellos traen causa, pese a que tales embargos fueron realizados antes de la solicitud de suspensión, el 3 de mayo de 2012, extendiendo con ello la sentencia los efectos de la suspensión de la providencia de apremio, acordada por la previa sentencia, a un momento anterior a la suspensión y a la interposición de la reclamación, que era objeto de revisión, vulnerando así los preceptos citados, que vinculan la iniciación, mantenimiento y terminación de la suspensión de un acto a la reclamación interpuesta contra él y a la solicitud instando su suspensión.
SEGUNDO.- El primer motivo invocado no puede ser aceptado, toda vez que el recurrente no sólo alegó la improcedencia de la acumulación de expedientes que no coincidían en la cantidad ni en el concepto por el que se embargaba, pues, además, en el hecho segundo, puso de manifiesto que en el procedimiento ordinario llevado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional, número de procedimiento 481/2012, presentado por la entidad, se había estimado el recurso contencioso administrativo sobre la pieza separada en la que se pedía la suspensión del acto recurrido, aportando la sentencia dictada.
Pues bien, al constatar la Sala esta circunstancia, pese a que no se invocara expresamente la causa de impugnación de las diligencias de embargo recogida en la letra d) del art. 170.3 de la Ley General Tributaria , estimó el recurso parcialmente, en cuanto la sentencia invocada se refería a la suspensión de la eficacia de la providencia de apremio clave de liquidación A3860011506042439, que afectaba a las diligencias de embargo practicadas.
No cabe hablar, por tanto, de incongruencia ni de falta de motivación, pues la sentencia acordó la suspensión de la deuda a que se refería la providencia de apremio impugnada, con todos los derechos inherentes a tal declaración.
TERCERO.- El segundo motivo plantea la imposibilidad de que la sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de julio de 2015 afectase a los embargos realizados antes de la solicitud de suspensión de la providencia de apremio que tuvo lugar el 3 de mayo de 2012, sin hacer referencia a la existencia de un recurso de casación que interpuso la Abogacía del Estado, que se tramitaba con el número 2968/2015, contra la referida sentencia de 16 de julio de 2015 .
Procede acoger el motivo, pues la parte no interesó la suspensión al interponer recurso contencioso-administrativo frente al acuerdo de inadmisión a trámite por el TEAC de la petición de suspensión de la liquidación, por lo que al tiempo de la providencia de apremio y de los embargos cuestionados no existía obstáculo para ello, toda vez que la sentencia de la Audiencia Nacional es de fecha posterior.
Por otra parte,, dado que el recurso judicial fue estimado por esta Sala en sentencia de 14 de noviembre de 2016 , manteniéndose la procedencia de la inadmisión a trámite acordada por el TEAC de la petición de suspensión, la incidencia de este pronunciamiento resulta patente también para la suerte del recurso, en cuanto la providencia de apremio habría quedado firme antes del dictado de la sentencia de instancia que acordó la medida cautelar.
CUARTO.- Por lo expuesto, procede estimar el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, con la consiguiente desestimación integra del recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 24 de febrero de 2015, sin costas.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido 1.- Estimar el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de 18 de abril de 2016 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Séptima, de la Audiencia Nacional , que se casa y anula. 2.- Desestimar integramente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Supermercados Felipe, SL, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 24 de febrero de 2014, que se confirma sin costas.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.
Así se acuerda y firma.
D. Nicolas Maurandi Guillen, presidente D. Emilio Frias Ponce D. Jose Diaz Delgado D. Angel Aguallo Aviles D. Jose Antonio Montero Fernandez D. Francisco Jose Navarro Sanchis D. Juan Gonzalo Martinez Mico D. Rafael Fernandez Montalvo PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, Don Emilio Frias Ponce, hallándose celebrando audiencia pública ante mi la Letrada de la Administración de Justicia. Certifico.