Documento LTM6.185.949

Jurisprudencia

ENCABEZAMIENTO

En Madrid, a 19 de junio de 2017
Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en recurso de apelación núm. 462/2014 por la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Valencia , como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 949/2007, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, cuyo recurso fue interpuesto ante la citada Audiencia por la procuradora doña Carmen Vidal Vidal en nombre y representación de la entidad Servicios Funerarios E. Ortega S.L., compareciendo en esta alzada en su nombre y representación la procuradora doña Virginia Aragón Segura en calidad de recurrente y la procuradora doña Concepción Villaescusa Sanz en nombre y representación de Compañía Aseguradora Atocha S.A., en calidad de recurrido
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Orduña Moreno

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La procuradora doña Carmen Vidal Vidal, en nombre y representación de Servicios Funerarios E. Ortega S.L., interpuso demanda de juicio ordinario, asistido del letrado don Juan Gonzalvo Ferrer contra Aseguradora Atocha S.A., y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que: «1.º Se condene a la demandada a pagar a mi principal, la suma de seis mil quinientos noventa y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos (6.599,45.-€). 2.º) Se declare a la demandada incursa en mora en el cumplimiento de sus obligaciones condenándola en consecuencia al pago de los intereses legales moratorios especialmente previstos en la Ley del Contrato de Seguro; desde las respectivas fechas de fallecimiento o desde las fechas de comunicación de los siniestros si fueren posteriores, o subsidiariamente; 3.º) Se condene expresamente en todas las costas causadas a la demandada».
SEGUNDO .- La procuradora doña Pilar Ibáñez Martí, en nombre y representación de la mercantil Atocha S.A. de Seguros, y asistido del letrado don Francisco Javier Pampliega Gil, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que:«Se desestimen los pedimentos de la demanda y se condene a la actora al pago de las costas procesales».
La procuradora doña Carmen Vidal Vidal, presentó en fecha 13 de diciembre de 2007 escrito de demanda de juicio declarativo Verbal contra la Compañía Atocha S.A., asistida del letrado don Juan Gonzalvo Ferrer, alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando se dictara sentencia por la que:1.°) Se condene a la demandada a pagar a mi principal, la suma de MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS (1.870,00.- €). 2.°) Se declare a la demandada incursa en mora en el cumplimiento de sus obligaciones condenándola en consecuencia al pago de los intereses legales moratorios especialmente previstos en la Ley del Contrato de Seguro; desde la fecha de fallecimiento o desde la fecha de comunicación del siniestro, o subsidiariamente, a los intereses legales desde tales fechas; 3°) Se condene expresamente en todas las costas causadas a la demandada».
Por Auto de 10 de marzo de 2008 se acordó la acumulación de ambas demandas para seguir en un solo procedimiento.
TERCERO .- Previos los trámites procesales correspondientes y la práctica de la prueba propuesta por las partes y admitida, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valencia, dictó sentencia con fecha 3 de abril de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue: «Que debo estimar y estimo las demandas formuladas por Servicios Funerarios E. Ortega S.L. contra Atocha S.A., condenando a la parte demandada a que abone a Servicios Funerarios E. Ortega S.L. la cantidad de 6.599,45 € por la demanda presentada en fecha 31 de julio de 2.007 y 1.870 € como consecuencia de la estimación de la reclamación presentada en fecha 13 de diciembre del mismo año. Todo ello con imposición a Atocha S.A. de la obligación de abonar los intereses del artículo 20 de la LCS , como a hacer frente al pago de las costas derivadas de ambas reclamaciones».
CUARTO .- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la mercantil Atocha S.A. de Seguros, la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia con fecha 3 de noviembre de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue: «Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Atocha S.A, contra la sentencia de 3 de abril de 2014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Valencia , en autos de juicio ordinario seguidos con el n.º 949/07, que se revoca en cuanto a la condena a los intereses que serán los legales desde la presente resolución, confirmándola en el resto de pronunciamientos que no se opongan a lo anterior y sin hacer expresa imposición de costas en ninguna de las instancias. Cumplidas que sean las diligencias de rigor, con testimonio de esta resolución, remítanse las actuaciones al Juzgado de origen, para su conocimiento y efectos, debiendo acusar recibo. Dese al depósito constituido el destino legalmente previsto. Contra la presente no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 477.2.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que en su caso, se habrá de interponer mediante escrito presentado ante esta Sala dentro de los veinte días siguientes a su notificación».
QUINTO .- Contra la expresada sentencia interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación por interés casacional la representación procesal de Servicios Funerarios E. Ortega S.L. El recurso extraordinario por infracción procesal lo argumentó con base a los siguientes motivos: Primero.- Infracción de las normas procesales reguladoras artículo 469. 1.2 .º y 4.º LEC . en concreto el deber de congruencia interna, de conformidad con lo establecido en el artículo 218.1 y 2 LEC , en relación con los artículos 24.1 y 120.3 de la CE . El recurso de casación lo argumentó con apoyo en los siguientes motivos. Primero.- Infracción de los artículos 1112 , 1212 y 1528 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Segundo.- Infracción del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (Ley 50/1980, de 8 de octubre) y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
SEXTO.- Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 18 de mayo de 2016 , se acordó admitir el recurso interpuesto y dar traslado a la parte recurrida para que formalizaran su oposición en el plazo de veinte días. Evacuado el traslado conferido, la procuradora doña María Concepción Villaescusa Sanz, en nombre y representación de la entidad Atocha S.A. presentó escrito de impugnación al mismo.
SÉPTIMO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 25 de enero del 2017, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen de antecedentes. 1. El presente caso plantea, como cuestión de fondo, si el cesionario de un crédito, de un seguro de defunción, tiene legitimación activa para reclamar al deudor cedido (la entidad aseguradora) el recargo por demora que contempla el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS ).
2. De los hechos acreditados en la instancia, cabe destacar que la póliza de decesos aportada a las actuaciones, en la cláusula 5.4, establece: «Si por causas de fuerza mayor, circunstancias imprevisibles o por voluntad de los herederos del fallecido, la Alianza Española no hubiera gestionado la realización del servicio, ésta se obliga a resarcir los gastos ocasionados y hasta el valor del servicio contratado en la política, previa presentación del justificante del servicio y certificado de defunción».
3. En síntesis, el 31 de julio de 2007, la entidad Servicios funerarios E. Ortega S.L, formuló una demanda por la que solicitaba el pago de 6.599,45 euros a la entidad aseguradora Atocha S.A.
Esta reclamación traía causa de tres contratos de cesión de crédito por los que los familiares de doña Sara , don Arcadio y don Claudio , habían cedido a la demandante los créditos que pudieran derivarse de un contrato de seguro de decesos que ostentaban frente a la demandada. A dicha demanda se acumuló la seguida, por la misma actora contra la misma demandada, por la cesión de crédito efectuada por los familiares de doña Belen , por un importe de 1.870 euros.
La demandada se opuso a la demanda. Alegó que no procedía dicho pago al estar reservada la posibilidad de sustituir los servicios cubiertos por el seguro únicamente en casos de fuerza mayor. También negó la legitimación activa de la demandante por no ser ésta la titular que había asumido el pago de los sepelios, no constando la cesión de crédito de los herederos de los finados.
4. La sentencia de primera instancia estimó las demandas acumuladas. Tras considerar acreditadas las referidas cesiones voluntarias de los créditos, y que el Real Decreto 6/2004, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, no impedía tal posibilidad, consideró, conforme a los artículos 1112 y 1527 y siguientes del Código Civil , que la entidad demandante estaba plenamente legitimada para reclamar al deudor cedido el pago de lo debido, con idéntico contenido contractual objeto de la cesión, así como el recargo por demora.
5. Interpuesto recurso de apelación por la demandada, la sentencia de la Audiencia lo estimó en parte. En este sentido, consideró que no resultaba aplicable el recargo por demora previsto en el artículo 20 LCS , con base al siguiente razonamiento: «[...]El último motivo del recurso es el relativo a la improcedencia de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro , entiende la Sala que no procede la condena al pago de dichos intereses porque la parte demandante no tiene legitimación activa para reclamar por tal concepto y ello por no tener la condición de asegurado, es decir reclama en virtud de la cesión de un crédito por la prestación de un servicio funerario pero no es parte en el contrato de seguro por lo que en virtud del principio de relatividad contractual no puede reclamar los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro , siendo los procedentes los intereses legales desde la presente resolución».
6. Frente a la sentencia de apelación la demandante interpone recurso extraordinario por infracción procesal, que no ha sido admitido, y recurso de casación que ha sido admitido.
Recurso de casación.
SEGUNDO.- Contrato de seguro. Cesión del crédito objeto del seguro: naturaleza y alcance. Procedencia de la aplicación del recargo por demora del artículo 20 LCS . Doctrina jurisprudencial aplicable.
1. La recurrente, al amparo del ordinal 3.º del artículo 477.2 LEC , por interés casacional por oposición a la jurisprudencia de esta sala, interpone recurso de casación que articula en dos motivos.
En el primer motivo, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 1112 , 1212 y 1528 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial de esta sala respecto al contenido de la cesión de crédito. Argumenta que, junto con el crédito principal, son objeto de la cesión todos los derechos anexos y accesorios, entre los que se encuentra el recargo por demora.
2. El motivo debe ser estimado.
Esta sala, en el plano de las relaciones entre aseguradoras y respecto al ejercicio de la acción subrogatoria prevista en el artículo 43 LCS , ha declarado la improcedencia de la aplicación del recargo por demora previsto en el artículo 20 de dicha Ley . Entre los fundamentos que justificaron esta conclusión, expuestos en la sentencia 43/2009, de 5 de febrero , se ha señalado lo siguiente:«[...]A) Desde el punto de vista literal, no puede afirmarse que ni el artículo 20 LCS ni el artículo 43 LCS hayan previsto la solución a la cuestión planteada. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el 43 LCS limita el ejercicio de la acción subrogatoria a la cantidad efectivamente satisfecha, pues la concede «una vez pagada la indemnización» y precisa que comprende los derechos y acciones que por razón del siniestro correspondieron al asegurado frente a las personas responsables del mismo «hasta el límite de la indemnización». Así lo ha admitido la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( SSTS de 15 de junio de 1988 y 7 de mayo de 1993 ), precisando que el reembolso únicamente puede referirse a dicha indemnización cuando se halla dentro de la cobertura del contrato de seguro ( STS de 5 de marzo de 2007, RC n.º 382/2000 ). Por otra parte, la nueva redacción del artículo 20 LCS establece con mayor precisión los sujetos a los que afecta a mora del asegurador, entre los cuales figura el «tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil», figura en la que no puede incluirse la aseguradora que ejercita la acción de subrogación, entre otras razones, porque ésta puede tener lugar en general en los seguros de cosas (dado que el artículo 43 LCS figura entre las disposiciones generales de los seguros de daños), mientras que la acción directa por parte del tercero perjudicado, a la que parece referirse específicamente el legislador, sólo cabe en el seguro de responsabilidad civil ( artículo 76 LCS ), específicamente mencionado en el artículo 20 LCS .
»B) Desde el punto de vista sistemático, no pueden aceptarse los argumentos que parten de la equiparación absoluta entre la acción subrogatoria que corresponde al acreedor, al cesionario de un crédito o a quien paga en interés del deudor, con arreglo a los artículos 1111 y 1212 CC , y el ejercicio de la acción subrogatoria que contempla el artículo 43 LCS . Esta es una acción de carácter específico legalmente prevista en favor de las aseguradoras fuera de los supuestos previstos en el CC y con unos requisitos determinados en función de la indemnización efectivamente satisfecha, del importe del daño causado y del ámbito de la cobertura del contrato. Por el contrario, no pueden ser desechadas las argumentaciones que hacen hincapié en el carácter extraordinario que tiene el recargo por demora previsto en el artículo 20 LCS , el cual, si bien no puede afirmarse que por sí mismo imponga una interpretación restrictiva, obliga, para determinar su alcance, a examinar la finalidad con que se concibe tanto el ejercicio de la acción subrogatoria del artículo 43 LCS , como el recargo por demora de la aseguradora contemplado en el artículo 20 LCS .
»C) Desde esta perspectiva teleológica, la mora prevista en el artículo 20 LCS , en algunas modalidades, como el abono del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber o la reparación o reposición del objeto siniestrado ( artículo 20.2.ª LCS ), carece de sentido en relación con la aseguradora como sujeto pasivo. Por otra parte, la finalidad del artículo 20 LCS radica en fomentar el rápido resarcimiento del asegurado o perjudicado imponiendo sobre la aseguradora que retrasa injustificadamente el cumplimiento de su obligación un recargo indemnizatorio de notoria importancia, a la que se hace referencia en STS de 1 de marzo de 2001 dictada por el Pleno de esta Sala. Esta finalidad pierde su sentido cuando se trata de las relaciones entre aseguradoras».
Por el contrario en el caso que nos ocupa, a diferencia de lo anteriormente señalado, no hay óbice alguno en considerar que el recargo de demora, previsto en el artículo 20 LCS , forma parte del contenido contractual de una cesión de crédito expresamente contemplada en la reglamentación contractual del contrato de seguro que vincula a las partes. En efecto, no hay disposición legal que la prohíba, por lo que las partes pueden acordarla al amparo del artículo 1255 del Código Civil ; sin que haya fundamento para una aplicación restrictiva de la cesión de los intereses de demora. A su vez, la legitimación resultante no es extraordinaria o legal, pues deriva del propio título contractual acordado por las partes. De forma que, una vez perfeccionada la cesión, el cesionario adquiere la titularidad del crédito cedido con el contenido contractual que tenía en origen, por lo que puede exigir dicho crédito a el deudor cedido sin ninguna restricción o limitación al respecto ( artículos 1112 y 1528 del Código Civil ).
Por lo que la cuestión planteada, que accede por primera vez a esta sala, debe resolverse en favor de la aplicación del recargo de demora previsto en el artículo 20 LCS , como parte integrante de los derechos que conforman el contenido obligacional del crédito cedido.
3. La estimación del motivo comporta la estimación del recurso de casación, sin necesidad de entrar en el examen del motivo segundo.
TERCERO.- Costas y depósitos.
1. La estimación del recurso de casación comporta que no se haga expresa imposición de las costas del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.2 LEC .
2. La estimación del recurso de casación comporta la desestimación del recurso de apelación de la demandada, Atocha S.A. de Seguros, por lo que procede condenarla a las costas de su apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.1 LEC .
3. Asimismo, procede la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª LOPJ .
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala

FALLO

1. Estimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Servicios Funerarios E. Ortega S.L, contra la sentencia dictada, con fecha 3 de noviembre de 2014, por la Audiencia Provincial de Valencia, sección 8.ª, en el rollo de apelación núm. 462/2014 , que casamos y anulamos para en su lugar, y con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la demandada, Atocha S.A. de Seguros, confirmar la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, núm. 5 de Valencia, de 3 de abril de 2014 , dictada en el juicio ordinario núm. 949/2007. 2. No procede hacer expresa imposición de costas del recurso de casación. 3. Se imponen las costas de apelación a la parte demandada apelante. 4. Se ordena la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.
Así se acuerda y firma. Francisco Marin Castan Ignacio Sancho Gargallo Francisco Javier Orduña Moreno Rafael Saraza Jimena Pedro Jose Vela Torres