Documento LTM6.170.137

Jurisprudencia

RESUMEN

Estimada en parte la reclamación de cuotas anuales y gastos de requerimiento de pago, de la Comunidad de Propietarios demandante instada mediante proceso monitorio y derivada a juicio verbal por la oposición del propietario demandado como moroso al requerimiento de pago por apreciar la Juzgadora de instancia prescripción de la acción respecto de parte de lo demandado, por transcurso del plazo de cinco años del art. 1966.3 CC, se discute en la apelación que plantea la actora el oportuno para este tipo de solicitudes, sosteniendo que sería el general del art. 1964 CC.
Para la Sala la acción de reclamación del pago de cantidades debidas por el comunero integrante de una comunidad de propietarios regida por la LPH en concepto de contribución a los gastos comunes no se rige por la llamada prescripción corta de cinco años del art. 1966.3 CC, por corresponder la genérica del art. 1964 del mismo código.
Sustento legal de la pretensión de la comunidad actora es el art. 9.1. e) LPH, que dispone que cada propietario está obligado a "contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización". Mientras que el art. 1966.3 CC establece que "Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes (...) 3. La de cualesquiera otros pagos que deben hacerse por años o en plazos más breves". Y el tenor literal del art. 1964 CC, con arreglo a la redacción del mismo vigente al generarse el derecho de crédito que la parte actora ejercita y por lo tanto anterior a la modificación introducida por la Ley 42/2015, era: "La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción, a los quince".
Y para fundar la estimación del recurso señala el Tribunal que el deber de contribución a los gastos de la comunidad a que se refiere el citado art. 9.1.e) LPH en que se funda la reclamación no constituye obligación que, con arreglo a la ley o, en su caso, a los estatutos de la comunidad, o en virtud de cualquier contrato o convención con fuerza de obligar, deba "hacerse por años o en plazos más breves". Cuestión distinta es que, por motivos operativos o para hacer más cómodo o flexible el pago, se procede a su liquidación y se exija su pago con periodicidad anual, lo que no cambia la naturaleza o las características de la obligación.
Se razona también, a partir de considerar como plazo prescriptivo aplicable el de quince años vigente al generarse la obligación (art. 1964 CC), que integrado con la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 42/2015 que modificó el precepto vigente desde el 7 de octubre de 2015, que actualmente el plazo que contempla el art. 1964.2 CC resultante de la modificación es de cinco años, y conforme a la Disposición Transitoria aludida: "El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil". Precepto, este último, que dispone que: "La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo".
De lo que se deduce la aplicación al caso de un plazo prescriptivo de cinco años, contados desde el 7 de octubre de 2015 en que entró en vigor la modificación del art. 1964 CC operada por la Ley 42/2015. No estando tampoco prescrita la acción ejercitada conforme a este precepto al estar interpuesta la demanda menos de un año antes a aquella fecha. Por lo que se estima totalmente la demanda.

ENCABEZAMIENTO

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN
SECCIÓN TERCERA

Rollo de apelación civil número 970 de 2016
Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Castellón
Juicio Verbal número 855 de 2015

SENTENCIA NÚM. 140 de 2017

Ilmo. Sr.:
Magistrado:
Don JOSÉ MANUEL MARCO COS
_____________________________________

En la Ciudad de Castellón, a veinticuatro de abril de dos mil diecisiete.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con el Sr. Magistrado referenciado al margen, ha visto el presente recurso de apelación, en ambos efectos, interpuesto contra la Sentencia dictada el día cinco de abril de dos mil dieciséis por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Castellón en los autos de Juicio Verbal seguidos en dicho Juzgado con el número 855 de 2015.
Han sido partes en el recurso, como apelante, Comunidad de Propietarios C/ XXX, 00 del Grao de Castellón, representado/a por el/a Procurador/a D/ª. Dolores Mª Olucha Varella y defendido/a por el/a Letrado/a D/ª. Félix Espelleta Casinos, y como apelado, Don ARTURO, no personado en esta alzada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada literalmente establece: "DEBO ESTIMAR Y ESTIMO EN PARTE LA DEMANDA formulada por la Procuradora Sra. Olucha Varella, en nombre y representación de LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ XXX, 00 DEL GRAO DE CASTELLÓN contra D. ARTURO, y en consecuencia, DEBO CONDENAR Y CONDENO a D.ARTURO a que abone a la actora, y por los conceptos expresados en la presente resolución, la cantidad de 1.560,75 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda, hasta la fecha de la Sentencia, y a partir de la Sentencia los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin expresa condena en costas.-".
SEGUNDO.- Notificada dicha Sentencia a las partes, por la representación procesal de Comunidad de Propietarios C/ XXX, 00 del Grao de Castellón, se interpuso recurso de apelación, en tiempo y forma, en escrito razonado, solicitando se dicte Sentencia estimando íntegramente la demanda, con imposición de las costas causadas en primera instancia a la parte demandada.
Se dio traslado a la parte contraria, que no presentó escrito de alegaciones.
Se remitieron los autos a la Audiencia Provincial, que tras tener entrada en el Registro General el día 20 de septiembre de 2016, correspondiendo su conocimiento a esta Sección Tercera, en virtud del reparto de asuntos. Por Diligencia de Ordenación de fecha 28 de septiembre de 2016 se formó el presente Rollo y se designó Magistrado para resolver el recurso, se tuvieron por personadas las partes y por Providencia de fecha 12 de abril de 2017 se señaló para la resolución del recurso de apelación el día 21 de abril de 2017, llevándose a efecto lo acordado.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales de orden procesal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

NO SE ACEPTA el particular de los de la resolución recurrida que aplica a la acción ejercitada el plazo prescriptivo de cinco años.
PRIMERO.- La Comunidad de Propietarios de la finca sita en C/ XXX, 00 del Grao de Castellón formuló reclamación monitoria contra Don ARTURO, exigiendo el pago de 3.060,75 euros, en concepto de cuotas anuales y gastos de requerimiento de pago, en su condición de integrante de la Comunidad de Propietarios reclamante.
Se opuso el comunero y, reconducida la divergencia a los trámites del juicio verbal de conformidad con lo previsto en el art 818.2 LEC, la sentencia que ha puesto fin al proceso en la instancia, sin perjuicio de tener por acreditado el adeudo a cargo del demandado, estima en parte la demanda y condena a Don José Javier al pago de 1.560,75 euros, incrementados en los intereses legales desde la interposición de la demanda,no al abono de los 3.060,75 euros reclamados en el escrito inicial.
La razón de que haya sido parcial la estimación es que entiende la juez de instancia que a la reclamación del pago debe aplicarse el plazo de prescripción de cinco años previsto en el artículo 1966.3ª del Código Civil, como alega el demandado. Consecuentemente con ello y siendo así que en la demanda interpuesta el 24 de noviembre de 2014 se reclama el pago de las cuotas de comunidad de los años 2006 al 2011, a razón de 500 euros anuales (3.000 euros), más gastos generados por requerimientos de pago, ha concluido la juez de instancia que ha prescrito la acción para reclamar la cantidad reclamada en concepto de cuota anual de los años 2006, 2007 y 2008 y por lo tanto ha desestimado la pretensión en cuanto a 1.500 euros.
Aquietado el comunero demandado a la condena dictada, apela la sentencia reseñada la comunidad actora, que pide la total estimación de su pretensión. Alega que no es de aplicación el plazo prescriptivo de cinco años, sino el general del artículo 1964 del Código Civil.
SEGUNDO.- Visto el planteamiento que acaba de exponerse, se ciñe la cuestión litigiosa a decidir si a la acción de reclamación del pago de cantidades debidas por el comunero integrante de una comunidad de propietarios regida por la Ley de Propiedad Horizontal en concepto de contribución a los gastos comunes le es de aplicación la llamada prescripción corta de cinco años del artículo 1966.3 CC o, por el contrario, la genérica del articulo 1964 del mismo código.
Sustento legal de la pretensión de la comunidad actora es el artículo 9.1. e) LPH, que dispone que cada propietario está obligado a "contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización".
El artículo 1966.3 CC establece que "Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes (...) 3. La de cualesquiera otros pagos que deben hacerse por años o en plazos más breves".
Y el tenor literal del artículo 1964 CC, con arreglo a la redacción del mismo vigente al generarse el derecho de crédito que la parte actora ejercita y por lo tanto anterior a la modificación introducida por la Ley 42/2015, era: "La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción, a los quince".
Procede la estimación del recurso.
La razón de ello es que el deber de contribución a los gastos de la comunidad a que se refiere el citado art. 9.1.e) LPH en que se funda la reclamación no constituye obligación que, con arreglo a la ley o, en su caso, a los estatutos de la comunidad -cuyo contenido desconoce el tribunal-, o en virtud de cualquier contrato o convención con fuerza de obligar, deba "hacerse por años o en plazos más breves". Cuestión distinta es que, por motivos operativos o para hacer más cómodo o flexible el pago, se procede a su liquidación y se exija su pago con periodicidad anual, lo que no cambia la naturaleza o las características de la obligación.
Consecuencia de que la obligación de pago de dicha contribución no se encuentre entre las referidas en el citado art. 1966.3 CC es que el plazo prescriptivo a tener en cuenta es el de quince años vigente al generarse la obligación (art. 1964 CC), bien que integrado con la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 42/2015 que modificó el precepto, publicada en el BOE de 6 de octubre y vigente desde el 7 de octubre de 2015 (Disp. Final Duodécima).
En este sentido se ha pronunciado esta Audiencia en la Sentencia de su Sección Segunda (no de esta Secc. Tercera que la parte apelante cita erróneamente) núm. 305 de 15 de octubre de 2002 (Roj: SAP CS 1225/2002 - ECLI:ES:APCS:2002:1225), así como las anteriores que cita dicha resolución.
Más recientemente y entre otras, las Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 10, de 13 de diciembre de 2016 (ROJ: SAP M 16153/2016 - ECLI:ES:APM:2016:16153) y de la AP de Las Palmas de Gran Canaria, Secc 4, de 18 de enero de 2017 (ROJ: SAP GC 46/2017 - ECLI:ES:APGC:2017:46).
En el presente caso y partiendo de lo que acaba de decirse, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el art. 1964.2 CC resultante de la modificación dispone que "Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan". En segundo término, que establece la Disposición Transitoria Quinta de la citada Ley que "El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil". Por último, que dispone el art. 1939 CC objeto de la remisión que "La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo".
En definitiva, es de aplicación al caso un plazo prescriptivo de cinco años, contados desde el 7 de octubre de 2015 en que entró en vigor la modificación del art. 1964 CC operada por la Ley 42/2015, por lo que la acción ejercitada en la demanda interpuesta el día 24 de noviembre de 2014 no puede considerarse prescrita ni en todo, ni en parte.
Por lo tanto, debe en esta alzada ser totalmente estimada la pretensión y condenado el demandado al pago de 3.060,75 euros, incrementados hasta su completo pago en los intereses legales devengados desde la interposición de la demanda (art. 1100 CC) hasta la presente sentencia y a partir de esta en los de la mora procesal regulados en el art. 576 LEC, consistentes en dicho interés legal incrementado en dos puntos.
TERCERO.- Puesto que los anteriores razonamientos conducen a la estimación del recurso y con ello al total acogimiento de la demanda, debe condenarse al demandado al pago de las costas de la instancia (art. 394 LEC), sin hacer pronunciamiento expreso en cuanto a las generadas por la apelación (art. 398 LEC).
Asimismo, procede la devolución a la parte apelante de la cantidad consignada para la tramitación del recurso (Disposición Adicionas Decimoquinta.8 de la LOPJ).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

ESTIMO el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Comunidad de Propietarios C/ XXX, 00 del Grao de Castellón contra la Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Castellón en fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, en autos de Juicio Verbal seguidos con el número 855 de 2015 y, REVOCANDO la resolución recurrida, ESTIMO TOTALMENTE LA DEMANDA interpuesta por la Comunidad de Propietarios apelante contra Don ARTURO, condeno a este demandado a pagar a la parte actora y apelante 3.060,75 euros, incrementados hasta su completo pago en los intereses legales devengados desde la interposición de la demanda hasta la presente sentencia y a partir de esta en dichos intereses incrementados en dos puntos.
Se impone al demandado el pago de las costas de la instancia y no se hace pronunciamiento expreso en cuanto a las de esta alzada.
Devuélvase a la parte recurrente la cantidad consignada como depósito para recurrir al estimar el recurso de apelación.
Notifíquese la presente Sentencia y remítase testimonio de la misma, junto con los autos principales al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.
Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronuncio, mando y firmo.