Documento LTM6.150.971

Doctrina

TEXTO

El art. 7.1 del Real Decreto 1497/1981 establecía que "la participación de una empresa en un programa no supondrá la adquisición de más compromisos que los estipulados en el Convenio, y en ningún caso, se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral". En consecuencia, de conformidad con este precepto, las prácticas académicas externas desarrolladas por estudiantes universitarios en el marco de programas de cooperación educativa no generaban relación laboral alguna entre dichos estudiantes y las empresas en las que, como consecuencia de la formalización del correspondiente convenio de cooperación educativa, los mismos desarrollaban sus prácticas.
En definitiva, "el Real Decreto dejaba claro que "el programa no establece relación contractual alguna entre el estudiante y la empresa", negándole, pues, naturaleza laboral y declarando su naturaleza "estrictamente académica". Y así, se regula una relación extralaboral que contiene alguna de las notas que caracterizan la relación laboral, como la dependencia o subordinación, por supuesto, voluntariedad, y, en ocasiones, retribución --si bien, en este caso, el Real Decreto se refiere a una "bolsa o ayuda al estudio" satisfecha en la forma que se determinase en el Convenio correspondiente-- pero que difiere de ésta en el objeto formativo de la prestación y en el hecho de que el empresario no se beneficia de la prestación del estudiante[1]".
Al hilo de esta previsión, diferentes convenios colectivos recogen de forma expresa el carácter no laboral de las prácticas académicas externas desarrolladas por estudiantes universitarios. A título de ejemplo, el art. 24.2 del Convenio colectivo de la Entidad Metropolitana del Transporte de Barcelona tras mostrar la voluntad de la entidad de colaborar con las instituciones públicas de enseñanza para facilitar la práctica profesional de sus estudiantes, indica que "en los convenios que se establezcan con dichas instituciones, constará explícitamente que los becarios y los estudiantes en prácticas no mantendrán una relación de empleo con la entidad". Otros convenios colectivos, sin llegar a establecer de forma expresa el carácter no laboral de las prácticas académicas externas, se limitan a excluirlos del ámbito de aplicación del convenio al no ser considerados trabajadores de la empresa[2].
Ahora bien, a pesar de esta proclamación de no laboralidad de las prácticas académicas externas realizada por el Real Decreto 1497/1981, en el desarrollo de las mismas no siempre resultó clara la línea divisoria entre aquellas prácticas acordes con la legalidad y aquellas otras prácticas fraudulentas que pudieran encubrir una auténtica relación laboral[3]. En este punto, resulta evidente que las prácticas académicas externas, cuando las mismas son retribuidas económicamente, pueden comportar problemas de delimitación con el contrato de trabajo, que recoge la prestación voluntaria por parte del trabajador de servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del empresario, ya que, a priori, toda relación en la que se produzca entre las partes un intercambio de prestación de servicios y remuneración de los mismos puede ser calificada como laboral de conformidad con la amplitud que de tal concepto se desprende del art. 1.1 ET. En consecuencia, las prácticas académicas externas, cuando las mismas son remuneradas, podrían perfilar en principio una relación laboral entre las partes, dado que los factores que en las mismas concurren podrían tener un encaje adecuado en el art. 1.1 ET.
A tal efecto, constituye un criterio judicial plenamente asentado que la existencia de un convenio entre una empresa y una determinada institución educativa, estableciendo un programa de cooperación educativa al amparo del Real Decreto 1497/1981, no significa necesariamente que la relación realmente existente entre aquélla y alguno de los estudiantes en prácticas no pueda ser calificada de laboral, pues en definitiva será el contenido prestacional objeto de la relación jurídica trabada la que determine su naturaleza. En consecuencia, en el caso concreto de las actividades realizadas bajo la cobertura de las prácticas académicas externas, habrá que examinar el contenido concreto de la relación mantenida entre empresa y estudiante, para comprobar si efectivamente tales actividades responden a la finalidad formativa propia de las citadas prácticas, expresada en el art. 1 del Real Decreto 1497/1981, en el que, como ya se ha indicado, se dispone que la finalidad de tales programas es la de "reforzar la formación de los alumnos universitarios en áreas operativas de las empresas para conseguir profesionales con una visión real de los problemas y sus interrelaciones, preparando su incorporación futura al trabajo", o si, por el contrario, dichas prácticas encubren una auténtica relación laboral en la que se encuentran presentes las notas de ajenidad y dependencia.
En este contexto, diferentes resoluciones judiciales al abordar las prácticas académicas externas desarrolladas por estudiantes universitarios en el marco de los programas de cooperación educativa previstos en el Real Decreto 1497/1981 concluyeron que dichas prácticas en realidad estaban encubriendo una relación laboral[4]. Con carácter general, dichas resoluciones vienen a considerar que las prácticas realizadas por los estudiantes universitarios no tenían por objeto reforzar la formación de éstos para preparar su incorporación futura al trabajo, sino obtener por parte de la entidad en la que se desarrollaban mano de obra barata y al margen de las normas que regulan el mercado laboral, sin perjuicio de que los estudiantes en prácticas hayan adquirido cierta experiencia en el desempeño del trabajo encomendado por cuanto que ello es inherente a toda prestación de servicios que tenga una cierta prolongación en el tiempo.
A título de ejemplo y como exponentes de esta problemática cabe destacar las siguientes resoluciones judiciales:

- La STSJ de la Comunidad Valenciana de 11 de abril de 2006 declara como relación laboral la actividad desarrollada en el marco de un convenio de cooperación educativa entre una universidad y una empresa por considerar, entre otros elementos, que el estudiante sólo recibió una formación teórica y de aprendizaje durante siete días del total de los casi noventa en que desarrolló la prestación de servicios; que las prácticas tuvieron lugar en los meses de verano en una oficina que solo contaba con dos empleados y precisamente durante el período en el que uno de ellos, precisamente la persona que había sido designada como tutora, estaba de vacaciones; que la actividad se desarrollaba en el horario y jornada propias de las oficinas bancarias y realizando las tareas normales de cualquier empleado de banca; y, finalmente, que el estudiante en prácticas recibía una retribución de 350 euros con periodicidad mensual. Asimismo, en la resolución judicial expuesta se acredita que se incumplieron las normas básicas estipuladas en el convenio singular de cooperación educativa suscrito entre la universidad y la entidad financiera, al haberse superado las horas de prácticas previstas y alterado la fecha y el lugar de realización de las mismas[5].
- La STSJ de la Comunidad Valenciana de 24 de octubre de 2006 considera laboral la relación existente entre estudiantes universitarios y una empresa como consecuencia de la realización de las prácticas universitarias al acreditarse que el horario de los estudiantes era de 8 a 15 horas de lunes a viernes con media hora para descansar, habiendo realizado todos ellos las tareas propias del puesto de cajero; no tuvieron prácticamente ningún contacto con los tutores de la universidad, que en muchos casos ni conocían, y los tutores asignados por la empresa demandada, los directores, estuvieron de vacaciones y el resto del tiempo se limitaron a atender las consultas que para el desarrollo de sus tareas les hacían los estudiantes en prácticas; y, finalmente, las prácticas no se desarrollaron durante el curso académico, sino durante el período de vacaciones, ni en las dependencias del banco sino en pequeñas sucursales que contaban con un máximo de cuatro trabajadores[6].
- La STSJ del País Vasco de 24 de abril de 2007 define como laborales las prácticas desarrolladas en el marco de un convenio de cooperación educativa suscrito entre una universidad y una empresa, al quedar acreditado que las prácticas se desarrollaron en el período tradicional de vacaciones de los empleados bancarios; los estudiantes fueron ubicados en diferentes sucursales; las labores realizadas fueron siempre de atención al público; las actividades se desarrollaron sin presencia del tutor designado; existió coincidencia de los horarios de las prácticas con el de apertura al público de las oficinas bancarias; y, finalmente, no se realizaron en ningún momento tareas estrictamente formativas[7].
- La STSJ del País Vasco de 2 de julio de 2007 declara como laborales las prácticas desarrolladas en el marco de un convenio de cooperación educativo formalizado entre una universidad y una empresa, al concluir que la finalidad de las prácticas fue la de cobertura de servicios propios de la entidad bancaria y no la estrictamente formativa; las prácticas se desarrollaron durante el período de disfrute de vacaciones de los empleados bancarios; los estudiantes realizaron mayoritariamente labores de atención al público sin presencia del tutor designado; y, finalmente, el horario fue muy parejo al de atención al público de la oficina. Esta resolución, sin embargo, contiene un voto particular que mantiene que sí se constata una real actividad de formación práctica, en la que existe un concreto programa de prácticas con contenidos definidos, con efectiva supervisión de un tutor, que es responsable del seguimiento de la formación, actividad que parte del convenio de colaboración suscrito entre la universidad y la entidad bancaria en la que los estudiantes primero conocen la función y el modo en que han de realizarla y posteriormente la acometen bajo la supervisión y responsabilidad del tutor o del empleado que deba desempeñar la tarea pero con ese fin formativo y no encubridor de un puesto laboral[8].
- La STSJ del País Vasco de 8 de julio de 2008 reconoce la naturaleza laboral de las prácticas realizadas en el marco de un convenio de cooperación educativa formalizado entre una universidad y una empresa, por considerar que la estudiante realizaba de forma habitual y continuada unas funciones características de un grupo profesional concreto --grupo de administrativo-- dentro de lo que es la actividad productiva ordinaria de la empresa; las labores desarrolladas por la estudiante eran realizadas por dos administrativos durante el resto del año y que aquellos meses las hicieron otro administrativo y la estudiante; y, finalmente, la persona encargada de supervisar la tutoría se encontraba de vacaciones[9].
- La STSJ de Andalucía (Sevilla) de 28 de octubre de 2008 declara laboral la actividad desarrollada por diferentes estudiantes universitarios como consecuencia de la formalización de un convenio de cooperación educativa entre una universidad y una empresa al acreditarse que no sólo no hubo formación sino que ocuparon los puestos de cajero como si de personal laboral de la entidad bancaria se tratara, con habitualidad y bajo las directrices del personal y ejecutando todas sus tareas, de modo que si alguna formación recibieron, lo fue porque ellos se interesaron fuera de su trabajo en la caja[10].
- La STSJ del País Vasco de 13 de octubre de 2009 define como laborales las prácticas desarrolladas en el marco de un convenio de cooperación educativa suscrito entre una universidad y una empresa al quedar acreditado que las tareas fundamentales desarrolladas por el estudiante durante los ochenta días tenían una proyección directamente productiva y escasamente formativa; tales labores eran indispensables para el normal funcionamiento de una sucursal bancaria y de no llevarse a cabo por el estudiante tendrían que haberse realizado por trabajadores de otras oficinas o de nuevo ingreso; el estudiante no recibió ningún tipo de formación teórica o práctica, más allá del acceso on-line, en los ratos libres, y por decisión propia, a cursos sobre programas bancarios, sin estar sujeto a supervisión alguna por parte del personal del banco; el horario de las prácticas era coincidente con el horario de atención al público en los meses de verano; el estudiante desarrollaba su actividad con plena autonomía funcional, sin control directo ni tutelaje de terceros; y, finalmente, la empresa le abonaba 500 euros mensuales[11].
- La STSJ de Cataluña de 10 de diciembre de 2010 declara como laborales las prácticas desarrolladas en el marco de un convenio de cooperación educativo formalizado entre una universidad y una empresa al concluir que ninguna dimensión formativa tenía el trabajo del estudiante en prácticas en la empresa, más allá de lo que tiene todo quehacer productivo, concurriendo simplemente la realización de un trabajo para la empresa[12].
- La STSJ de Castilla y León (Burgos) de 23 de septiembre de 2010 reconoce la naturaleza laboral de las prácticas realizadas en el marco de un convenio de cooperación educativa formalizado entre una universidad y una empresa por considerar que sin perjuicio de que existía cierta actividad formativa, la principal ocupación de la estudiante era la prestación de servicios y no la formación, no en vano, realizaba principalmente las funciones en el puesto de caja sin la supervisión directa de un empleado; las prácticas se realizaron durante el mes de vacaciones de los trabajadores de la entidad; y, finalmente, la formación la realizaba en su domicilio, mediante cursos de internet, y fuera del horario de trabajo[13].
- La STSJ de Andalucía (Sevilla) de 16 de septiembre de 2011 reconoce el carácter laboral de las prácticas realizadas en el marco de un convenio de cooperación educativa formalizado entre una universidad y una empresa por considerar que las labores encomendadas al estudiante tenían una escasa proyección formativa más allá de la que puede dar la experiencia en un puesto de trabajo administrativo en la empresa, prestación que puede ser realizada por cualquier otro trabajador, tratándose de una actividad normal y propia de un departamento administrativo de la empresa que de no desarrollarse por el estudiante en prácticas tendría que realizarse por personal laboral propio o ajeno[14].
- La STSJ del País Vasco de 22 de noviembre de 2011 declara como laborales las prácticas desarrolladas en el marco de un convenio de cooperación educativo formalizado entre una universidad y una financiera por considerar que de la relación de hechos probados "se desprende la existencia de una prestación de servicios en régimen laboral, que no se ajusta al marco fijado por el Real Decreto 1497/1981 (...) al predominar el interés de la Caja (...) en beneficiarse del trabajo de un estudiante de Ciencias Empresariales durante el período no lectivo, con el objeto de cubrir los servicios que ha de prestar a sus clientes durante el lapso en que su personal disfruta de descanso vacacional, sobre el interés del estudiante de adquirir un conocimiento práctico de su futura profesión. Y ello, sin perjuicio de la experiencia adquirida por el mismo como consecuencia de la prestación efectuada, que también habría obtenido en el marco de una relación formalmente asalariada". En definitiva, la sentencia concluye que "aun cuando la entidad recurrente adjudicó una beca al codemandado con la cobertura formal del convenio suscrito con la UPV, en su desarrollo no se hizo presente la finalidad formativa propia de esta institución, que quedó totalmente preterida por el beneficio obtenido por dicha entidad, consistente en la cobertura de sus necesidades como organización productiva[15]".
- La STSJ de Andalucía (Sevilla) de 2 de marzo de 2012 reconoce el carácter laboral de las prácticas realizadas en el marco de un convenio de cooperación educativa formalizado entre una universidad y una empresa tras constatar que "se pone de relieve la realización de una actividad ordinaria como la que habría correspondido a cualquier otro trabajador asalariado en la empresa, bajo la dirección de personal de la misma, no bajo su tutoría o instrucciones de formación". A lo que se añade que "debe tenerse en cuenta a estos efectos que había desarrollado una actividad previa de varios meses también en la empresa, y que ésta, en situación evidentemente inusual, no contaba con trabajador alguno en alta en Seguridad Social, contra lo que se supone constituye la necesidad habitual de cualquier empresa, y en franca contradicción con la idea de incluir una persona que hiciera prácticas en la misma, práctica que no podía sino recaer sobre actividades profesionales y laborales[16]".
- La STSJ de Galicia de 18 de marzo de 2014 define como laborales las prácticas desarrolladas en el marco de un convenio de cooperación educativa al constatar que la estudiante en prácticas tenía un tutor que no la dirigía en su formación, sino que era --vía telefónica-- otra trabajadora la que resolvía sus dudas, sin que el tutor realizara la función propia que tenía encomendada por el convenio de colaboración; por otra parte, la becaria no realizaba estudio o recibía formación, sino que desempeñaba un puesto de trabajo en el cual debía obtener unos objetivos de producción orientados al incremento de las ventas, las instrucciones que recibía iban dirigida a tal fin y no a la formación o adquisición de experiencias por parte de la becaria; y, finalmente, la misma realizaba tareas propias de diseñadora gráfica, sometida al mismo horario que el resto del personal de la empresa, en la sede de la empresa, utilizando el material de la empresa y sin supervisión alguna, salvo la puntual de otra trabajadora. Por todo ello, la resolución judicial mantiene que "se han incumplido los requisitos esenciales que justifican la beca y se ha convertido el vínculo entre las partes en una relación laboral ordinaria[17]".
- La STSJ de Andalucía (Sevilla) de 24 de abril de 2014 declara como laborales las prácticas desarrolladas en el marco de un convenio de cooperación educativo formalizado entre una universidad y una entidad financiera al concluir que la actividad formativa por parte de la entidad fue escasa y prácticamente nula y en modo alguna cubre las exigencias del art. 5 del Real Decreto 1497/1981 ya que es evidente que una o dos tardes de formación sobre el arqueo de caja y el manejo del programa informático no constituyen una formación adecuada para alumnos de los últimos cursos de Derecho, Económicas y la Diplomatura de Empresariales. La resolución concluye que la entidad financiera se aprovecho de jóvenes de gran formación para el puesto de cajero y la comercialización de productos bancarios, siendo evidente que su sujeción a un horario determinado de 8 a 15 horas, su jornada de trabajo coincidente con la de los demás empleados de la sucursal, su sometimiento a las órdenes de la entidad, la utilización de los medios propios de la misma y sobre todo la escasa formación que se les proporcionaba, permite afirmar que fueron trabajadores por cuenta ajena en el período en que presuntamente disfrutaron de una beca[18].
- La STSJ de la Comunidad Valenciana de 20 de enero de 2015 define como laborales las prácticas desarrolladas en el marco de un convenio de cooperación educativa al constatar que las mismas no habían tenido por objeto reforzar la formación de los becarios para preparar su incorporación futura al trabajo, sino obtener por parte de la empresa "mano de obra barata y al margen de las normas que regulan el mercado laboral, para subvenir a las necesidades de mano de obra de la empresa demandada, sin que a ello obste la adquisición de experiencia en el desempeño del trabajo encomendado por cuanto que ello es inherente a toda prestación de servicios que tenga una cierta prolongación en el tiempo[19]".
- La STSJ de Madrid de 16 de julio de 2015 reconoce el carácter laboral de las prácticas realizadas en el marco de un convenio de cooperación educativa formalizado entre una universidad y una empresa al considerar que ésta última "ha venido encomendando a los becarios afectados (...) trabajos que no están en consonancia con la finalidad de la beca, que no es otra que contribuir a la formación del becario. Por el contrario se ha declarado probado (...) que no es equivalente, que las labores encomendadas a aquellos, tienen una escasa proyección formativa más allá de la que puede proporcionar la experiencia en un puesto de trabajo, y que pese a la denominación, lo que se hace en realidad es insertar a los becarios en la actividad diaria de la empresa de tal forma que de no desarrollarse los trabajos que se les encomiendan por el becario tendrían que realizarse por personal laboral propio o personal ajeno a la citada empresa, con lo que, en definitiva, se ha venido utilizando la figura del convenio de cooperación o colaboración educativa o de colaboración formativa para la realización de trabajos necesarios para el funcionamiento y la gestión propios de la actividad de la empresa, con plena inserción en el ámbito organizativo de la misma, coordinación y por cuya prestación de servicios se abona una cantidad económica mensual". A todo ello, la citada resolución añade que "aunque no podemos negar que como toda actividad humana, el hecho de integrarse en la organización de la empresa suponga para los mismos, jóvenes sin experiencia, una fuente innegable de beneficios formativos y de crecimiento empresarial, ahora bien, esto se puede afirmar de toda actividad laboral primeriza, pero no constituye (...) la finalidad básica del becario[20]".
En todo caso, tampoco han faltado pronunciamientos judiciales en los que se ha declarado la adecuación de las prácticas académicas externas realizadas por los estudiantes universitarios a la legalidad, sin considerar, por tanto, que las referidas prácticas encubrieran auténticas relaciones laborales[21]. Veamos algunos ejemplos al respecto.
- La STSJ de Madrid de 10 de junio de 2011 al analizar las prácticas realizadas en el marco de un máster concluye que "la actora no ha probado las dos premisas de las que parte, y por tanto, para nada se ha desvanecido el carácter docente y civil del contrato suscrito, puesto que ni acredita hubiera realizado funciones de auxiliar administrativo, al punto que se le encargaron tareas de participación en procesos de formación, ni que no hubiera recibido docencia, sin que en modo alguno su situación sea susceptible de enmarcarse en el art. 11 del ET, que nada tiene que ver con su labor de becaria dentro del programa de formación del Máster, al tratarse de una relación puramente académica o "convenio de practicum" para la formación del alumno regida por los convenios suscritos por los centros de educación superior y las diferentes empresas donde se van a realizar las prácticas, y expresamente excluida del vínculo laboral por el art. 7 del Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, por el que se regulan los programas de cooperación educativa (...). En suma, no estamos ante una relación laboral con las notas del art. 1 y 8 del ET[22]".
- La STSJ de Madrid de 10 de febrero de 2012 considera ajustadas a la legalidad las prácticas desarrolladas en el marco de un convenio de cooperación educativa del Real Decreto 1497/1981 y, por tanto, excluidas del ámbito laboral. A tal efecto, se mantiene que la estudiante en prácticas ha recibido "formación de la empresa como becaria con sujeción al contenido del convenio suscrito entre la demandada y la Universidad (...) bajo la tutela de un supervisor que controlaba los trabajos que se le encomendaban, coincidiendo la fecha de expiración con la ultimación del proyecto de fin de carrera[23]".
- La STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 4 de junio de 2014 no encuentra indicios de laboralidad en las prácticas académicas desarrolladas en el marco de un convenio de cooperación educativa suscrito entre la universidad y una empresa al considerar que en el supuesto decidido no concurren los datos esenciales para la calificación como laboral de la relación entre la becaria y la empresa, en tanto que, la mayor parte de las labores encomendadas de carácter administrativo y contable eran eminentemente formativas y se realizaban bajo supervisión; la becaria no desempeñaba todas las funciones de la oficial; no cubría necesidades de plantilla, ni sustituyó a la auxiliar administrativa que había cesado unos años antes y tampoco reemplazó a la oficial de 1ª, asumiendo el trabajo de ésta durante los períodos vacacionales del director administrativo. En definitiva, la resolución concluye que "no se aprecian las notas típicas de la laboralidad, pues no hay ajenidad, dependencia, ni onerosidad, ya que (...) al margen de la aportación pactada en el Acuerdo con la Universidad (250euros mes) no devengaba otras retribuciones por la prestación de servicios[24]".
- La STSJ de Cataluña de 15 de julio de 2014, al abordar las prácticas académicas de estudiantes de doctorado realizadas en el marco de un convenio de cooperación educativa suscrito entre una universidad y un instituto de investigación, concluye que "si las notas definitorias en esencia para calificar la relación como laboral son la ajenidad o la dependencia (...) en el caso enjuiciado no concurren ninguna de ellas, y no es porque la ejecución de las prácticas no contenga indicios que nos permitan pensar que concurre, al menos la nota de ajenidad, tales como: la asistencia al centro de trabajo de la entidad colaboradora o al lugar de trabajo designado por ésta y el sometimiento a un determinado horario; o el desempeño personal del trabajo compatible incluso en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones; o la inserción del alumno durante su formación en la organización de trabajo de la entidad colaboradora, que se encarga de programar la actividad, etcétera, sino porque no concurre la necesaria nota de ajenidad, y además, nuestro ordenamiento impide que se pueda calificar de relación laboral por así disponerlo el art. 7.2 del RD 1497/1981, de 19 de junio". A tal efecto, con un criterio marcadamente formalista, la resolución considera que "las prácticas académicas externas no pueden dar lugar a obligaciones propias de la relación laboral ni su contenido podrá sustituir la prestación propia de puestos de trabajo[25]".
Frente a los problemas de delimitación entre las prácticas académicas externas y el contrato de trabajo que se suscitaron durante la vigencia del Real Decreto 1497/1981 cabe plantearse si el nuevo marco normativo por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, es decir, el Real Decreto 592/2014 ha contribuido de algún modo a aclarar y a potenciar las fronteras entre lo que efectivamente pueda considerarse como prácticas académicas externas y lo que deba ser calificado como una relación laboral. En este punto, siguiendo la tradición, el art. 2.3 de esta norma se ratifica en el carácter no laboral de las prácticas académicas externas, al indicar que dado el carácter formativo de las mismas, de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo[26]. Una vez más, por tanto, la norma se limita a establecer el carácter no laboral de las prácticas académicas externas, pero sin definir de forma positiva los rasgos que deben concurrir para que se considere que estas prácticas no constituyen una prestación de servicios laboral. En la misma dirección, las normativas reguladoras de las prácticas académicas externas de las diferentes universidades reproducen de forma unánime esta previsión relativa al carácter no laboral de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios[27].
La experiencia del Real Decreto 1497/1981 ya expuesta, sin embargo, pone de manifiesto que este tipo de declaraciones genéricas pueden verse de algún modo desvirtuadas en la práctica. En este punto, cabe recordar que el Real Decreto 592/2014, al igual que sucediera con el Real Decreto 1497/1981, en tanto que Real Decreto, se trata de una norma reglamentaria, de manera que no puede calificar por si mismo, porque no tiene rango para ello, la naturaleza jurídica --laboral o extralaboral-- del trabajo desarrollado por la persona que realiza las prácticas académicas externas, de manera que su actividad será o no laboral dependiendo de si la misma satisface o no los requisitos de la voluntariedad, ajenidad, dependencia y remuneración exigidos por la legislación laboral y, en particular, por el art. 1.1 ET. En otros términos, pretender que el Real Decreto 592/2014 fije criterios de definición de las prácticas académicas externas frente al contrato de trabajo distintos a los contenidos en la legislación laboral no sería admisible.
En esta dirección, en relación con el Real Decreto 1497/1981, entre otras muchas resoluciones judiciales, las SSTSJ del País Vasco de 24 de abril de 2007, de 8 de julio de 2008 y de 2 de junio de 2009 ya habían establecido que "la norma en cuestión, por su rango normativo, no puede contravenir lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, por lo que las prácticas que regula en ningún caso pueden reunir los rasgos propios del contrato de trabajo sin llevar consigo la configuración del vínculo como una relación laboral (...) El art. 7.2 del mismo ya precisa que la relación a que da lugar entre el alumno y la empresa no es de esa naturaleza, pero esa circunstancia dependerá de que se configure y desarrolle en forma tal que no lleve consigo los requisitos constitutivos del contrato de trabajo".
En consecuencia, tras la aprobación del Real Decreto 592/2014 deberá continuarse acudiendo a los criterios fijados por el art. 1 ET y a la interpretación de los mismos que han realizado la doctrina y la jurisprudencia para poder deslindar de un modo nítido y certero las prácticas académicas externas realizadas por los estudiantes universitarios de la prestación de servicios de naturaleza laboral ejecutada por los trabajadores por cuenta ajena. A partir de esta premisa, como sucede con carácter general respecto de los diferentes tipos de becas, la distinción entre las prácticas académicas externas y el contrato de trabajo se fundamenta esencialmente en la distinta finalidad que se persigue con cada una de estas figuras[28]. En esta dirección, el objetivo del contrato de trabajo es la obtención de un valor productivo inmediato, mientras que las prácticas académicas externas, por el contrario, o bien no buscan esa finalidad productiva en absoluto, o bien sólo la buscan relativamente, de manera aplazada o diferida al futuro, siendo el elemento predominante el aumento de la formación y la experiencia profesional de quien desarrolla las citadas prácticas, lo cual inexorablemente debe contribuir a mejorar su empleabilidad. En definitiva, como se ha indicado de un modo muy expresivo, mientras que a través del contrato de trabajo la persona "da", en las prácticas académicas externas el estudiante "recibe[29]".
Por tanto, las prácticas académicas externas tienen como dato calificativo más relevante que quien las desarrolle adquiera una formación y mayor experiencia profesional mediante la realización de una actividad cuyo coste económico lo soporta la entidad que las financia, lo que comporta la inexigencia a quien realiza las prácticas de una prestación que revirtiendo directamente en utilidad o beneficio de la entidad en la que las mismas se desarrollan, predomine sobre su formación, sin perjuicio de que las actividades desarrolladas por el mismo pueden fructificar en la realización de diversas tareas, que en todo caso no se realizan como auténtica contraprestación, sino como parte del proceso de formación y adquisición de experiencia profesional (STS de 13 de junio de 1988 y STS de 22 de noviembre de 2005)[30]. En definitiva, la distinción entre las prácticas académicas externas y la relación laboral se apoya en la determinación de cuál es el interés o beneficio principal que se satisface con las mismas, si el de quienes realizan las prácticas o el de la entidad que los acoge, de modo que la finalidad perseguida se configura como el principal e inseguro elemento diferenciador[31].
En definitiva, "que la realización de las prácticas externas responda, en verdad, a una finalidad formativa, esto es, que contribuyan a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico, favoreciendo el desarrollo de las competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas, entre otros fines, es el punto clave para poder confirmar la exclusión de las prácticas académicas del marco jurídico de la relación de trabajo. A sensu contrario, dichas prácticas encubrirán una relación laboral (...) cuando su objeto no sea reforzar la formación de los estudiantes universitarios para preparar su incorporación futura a un empleo, sino obtener, por parte de la empresa o entidad en la que se desarrollan, mano de obra a bajo coste al margen de la legislación laboral, y ello con independencia de que el estudiante también en estos casos pueda adquirir experiencia profesional[32]".
A partir de estas premisas tradicionalmente se han establecido diferentes criterios que nos permitirán determinar si la utilidad o beneficio principal de la actividad desarrollada por quien desarrolla las prácticas académicas externas repercute en éste, a través de la obtención de formación y experiencia profesional o, por el contrario, la obtiene la entidad en la que dichas prácticas tienen lugar, dándose cumplimiento así al presupuesto sustantivo de la ajenidad.
Un primer criterio lo constituye la apreciación o no de supeditación o subordinación de la formación recibida por quien desarrolla las prácticas académicas externas al trabajo que realiza. Este requisito constituye a nuestro entender el elemento esencial que permite calificar a quien desarrolla las prácticas, ya que en la medida en que las actividades desarrolladas por el mismo predominen sobre su formación, no será éste, sino la entidad de acogida la que obtenga el interés o beneficio principal de su actividad. Por tanto, las actividades a realizar por quien desarrolla las prácticas tienen que realizarse de forma que resulten compatibles con su formación y siempre subordinadas a sus propias obligaciones formativas[33]. En consecuencia, no se satisface esta exigencia cuando se trata de tareas estériles a efectos de la formación, de trabajos distintos de los definidos como trabajo formativo en el marco de las prácticas, trabajos con asunción de responsabilidades excesivas o cuya realización ya presupone la plena formación de quien los realiza, etcétera.
Un segundo criterio válido para determinar quien obtiene la utilidad de los servicios prestados por quien realiza las prácticas académicas externas lo constituye la existencia de identidad absoluta entre las tareas encomendadas al mismo y las funciones realizadas por los trabajadores contratados laboralmente por la empresa en la que se desarrollan las prácticas, no en vano, aunque no se realicen exactamente las mismas tareas, en la medida en que el trabajo desempeñado por quien realiza las prácticas sea coincidente con las funciones ejecutadas por los trabajadores de la empresa hay más argumentos para afirmar que la actividad desarrollada por quien desarrolla las prácticas debe ser considerada como laboral[34], especialmente si se trata de trabajos esenciales, necesarios e imprescindibles para el normal funcionamiento de la empresa en que las prácticas se desarrollan[35]. Por el contrario, la actividad de quien realiza las prácticas debe responder a la finalidad de su formación y obtención de experiencia profesional y no ser utilizada por la empresa para paliar sus necesidades y sustituir a sus trabajadores, de manera que aunque quien realiza la prácticas ocupe un verdadero puesto de trabajo, su actividad ha de ser periférica, no inmediatamente necesaria para la empresa en la que se realizan dichas prácticas. En definitiva, para que se trate de auténticas prácticas, debe existir una especialidad de las funciones o tareas que diferencie a quienes las realizan de los trabajadores ordinarios de la empresa. En otros términos, debe ponerse de manifiesto la diferencia de cometidos y dedicación entre la realización de las labores propias de las prácticas académicas externas y las de los trabajadores de la empresa[36].
Junto con estos criterios que deben permitir determinar quien obtiene el interés o beneficio principal con las prácticas académicas externas y, por tanto, determinar si concurre o no el requisito de la ajenidad, también debe analizarse si en el desarrollo de su actividad aquella persona que realiza sus prácticas se encuentra sometida a una dependencia meramente formativa o a una auténtica dependencia laboral, dando cumplimiento de este modo al segundo elemento definidor de la relación laboral que contiene el art. 1.1 ET[37]. En este punto, cabe recordar que quien realiza las prácticas académicas externas en el desarrollo de su actividad puede mantener una relación de dependencia muy intensa pero muy distinta a la laboral. Se trata de una relación formativa con la organización en cuestión y en particular con el sujeto que normalmente se nombra como "tutor" del trabajo de quien realiza las prácticas. Si nos encontramos ante auténticas prácticas académicas externas la finalidad de las instrucciones recibidas, será sólo orientar la formación del sujeto que realiza las prácticas para que ésta sea lo más completa posible. Por el contrario, si la intensidad de la organización y control de la prestación del sujeto que realiza las prácticas llega al extremo de adoptar perfiles de dependencia laboral ya nos encontraríamos ante lo que debería ser una relación laboral.
El análisis de la dependencia, entendida en su acepción actual, es decir, como la exigencia de que el trabajo se realice bajo la dirección del empresario, pero no como subordinación rigurosa y absoluta del trabajador, sino como inclusión en el círculo rector y disciplinario de una unidad empresarial, comporta distinguir, en primer lugar, si quienes realizan las prácticas académicas externas sólo siguen las instrucciones y consejos orientativos de la persona encargada de su formación o si, por el contrario, se integran en el ámbito organizativo de la empresa, bajo su dirección y dependencia y, en segundo lugar, si la entidad en que se desarrollan las prácticas está controlando y sancionando la actividad de quien las realiza o si, por el contrario, la misma únicamente le está dirigiendo y corrigiendo sus errores, en aras a garantizar el correcto desarrollo de su formación. En definitiva, unas verdaderas prácticas académicas externas no requieren que quien las realiza deba adaptarse a una determinada organización de trabajo que le es ajena, sino que debería ser la empresa la que en la medida de sus posibilidades deba funcionalizar su organización a los fines de formación y adquisición de experiencia profesional de quien realiza las prácticas.
Asimismo, en las prácticas académicas externas debería haber ausencia de subordinación jurídica, de modo que el estudiante en prácticas pudiera rehusar libremente cualquier manifestación del poder de dirección, aunque deba someterse a las instrucciones o indicaciones necesarias para el correcto desarrollo de la actividad de formación, sobre todo a aquellas que provengan de sus tutores técnicos. Finalmente, en las prácticas académicas externas la entidad en la que las mismas se desarrollan no sólo debería soportar todos los errores e incapacidades de quien las realiza, sino que además debería corregirlos y ayudarlo a mejorar en la realización de la actividad de que se trate, sin que se le pueda exigir que actúe de acuerdo a criterios estrictos de productividad[38].
En caso de no cumplirse con todas estas exigencias, no se tratará de auténticas prácticas académicas externas, sino de verdaderas relaciones laborales, por concurrir la nota de dependencia prevista por la legislación laboral.
Fijados los criterios de delimitación entre las prácticas académicas externas y una relación laboral que se recogen en la legislación y en la jurisprudencia laboral, cabe plantearse si los mismos son respetados por el Real Decreto 592/2014 cuando establece en su art. 2.3 que "dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral". A tal efecto, debe tenerse en cuenta que las prácticas académicas externas previstas en esta norma se incardinan en lo que podría denominarse como prácticas reguladas o regladas, es decir, entre aquellas prácticas que se encuentran reguladas en una disposición normativa de eficacia general, en las cuales la formación y obtención de experiencia profesional de quien las realiza se presume prima facie. En cualquier caso, a pesar de que nos encontramos ante unas prácticas en las que la finalidad de formación y de obtención de experiencia profesional se presupone por la norma, esta presunción no puede impedir el poder cuestionarse la adecuación de la opción adoptada por la misma.
Con la finalidad de distinguir entre las prácticas académicas externas y una relación laboral, en el próximo apartado se procederá a analizar el régimen jurídico de las prácticas académicas externas previsto en el Real Decreto 592/2014 para ver si del mismo se desprende nítidamente el carácter no laboral de dichas prácticas o si, por el contrario, dicha figura plantea problemas de delimitación con la contratación laboral. Ahora bien, se trata de un análisis meramente apriorístico que parte del diseño elaborado por dicha norma. Nada impide, sin embargo, que al margen del análisis y de las conclusiones que se obtengan de este análisis previo y general, en el día a día se pueda producir un incumplimiento de las previsiones contenidas en dicha norma por parte de las entidades en las que se desarrollan las prácticas académicas de los estudiantes universitarios que pueda suponer que la actividad desarrollada sea susceptible de ser considerada como laboral, dando derecho a quien realiza las prácticas a ser considerado como trabajador a todos los efectos, posibilidad que en todo caso deberá ser ponderada en cada supuesto concreto por los tribunales[39].
En este punto, el control de las prácticas académicas externas por parte de los representantes de los trabajadores puede suponer un instrumento decisivo para garantizar un uso adecuado de las mismas por parte de las empresas. En esta línea, caber valorar muy positivamente iniciativas como la llevada a cabo por el sindicato Comisiones Obreras que ha procedido a elaborar y difundir la Guía sobre prácticas en la empresa para representantes sindicales con la que se pretende "facilitar que nuestros delegados y delegadas sindicales puedan identificar las distintas situaciones por las que una persona en prácticas puede estar en la empresa, ya sea para introducir criterios en la negociación colectiva que permitan diferenciar con claridad las actividades de "prácticas" de aquellas que corresponde realizar en el marco de un contrato laboral, ya sea para informar a los y las jóvenes (dentro y fuera de la empresa) sobre cualquier consulta relacionada con el tema[40]".
Con esta finalidad, diferentes convenios colectivos contemplan la obligación de que el empresario facilite a la representación de los trabajadores determinadas informaciones relacionadas con las prácticas académicas externas que se realizan en la empresa. En esta dirección se encuentra la disposición transitoria tercera del Convenio colectivo estatal de prensa no diaria que prevé que "las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio, se comprometen a informar a la representación de los trabajadores de los convenios de colaboración que tengan suscritos o se firmen con las distintas facultades, escuelas técnicas o centros de formación, con el objetivo de que los estudiantes realicen las pruebas teórico prácticas que se acuerden"[41]. En parecidos términos, el art. 85.3 del Convenio colectivo estatal de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo establece que "el acogimiento de becarios y la realización de prácticas docentes en la empresa se realizará a través de los correspondientes programas de cooperación con centros educativos, conforme a la normativa específica que los posibilita, informando a la representación legal de los trabajadores del número de estudiantes y becarios que al amparo de dicha normativa vengan desarrollando prácticas formativas en la empresa[42]". Con carácter preventivo, el V Convenio colectivo para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria establece en su art. 35 la obligación de las empresas de "informar a la representación sindical de este tipo de contrataciones y situaciones, con anterioridad a que se produzcan, para que pueda participar activamente en el proceso de seguimiento y tutoría que redunde en un mejor aprendizaje de la persona[43]".
La participación de los representantes de los trabajadores también puede devenir decisiva para garantizar que se cumpla el mandato recogido en el art. 2.3 del Real Decreto 592/2014, según el cual el contenido de las prácticas académicas externas no puede dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo. Con esta previsión se intenta evitar que el empresario sustituya a trabajadores por cuenta ajena por estudiantes en prácticas. En esta dirección, algún convenio colectivo contempla alguna medida dirigida a la consecución de este objetivo. Así, por ejemplo, el Convenio colectivo de empresas de televisiones locales y regionales de Castilla y León prevé en su art. 20 que "la finalidad de estas prácticas será única y exclusivamente con fines formativos y no se recurrirá a estos alumnos para actividades laborales de puestos estructurales (...) queda expresamente prohibida la sustitución de trabajadores, por este tipo de personas, alumnos becarios, que además no podrán exceder de más de tres alumnos en empresas de hasta veinte trabajadores, de cinco en empresas de veintiuno a cincuenta trabajadores, y debiéndose negociar entre la empresa y comité de empresa en aquellas de más de cincuenta trabajadores, en cualquier caso el número de becarios no superará el 20% de la plantilla del departamento en que sean ubicados para su formación". De un modo mucho más modesto, pero en la misma dirección, el Convenio colectivo nacional de prensa no diaria establece que "el número de becarios nunca podrá exceder del diez por ciento de la plantilla de la empresa".
Asimismo, podrían extenderse a estos supuestos algunas experiencias negociales ya existentes en relación con la formación profesional dual cuando la misma no se articula a través del contrato para la formación y el aprendizaje, sino mediante becas. Estas experiencias se dirigirían básicamente a garantizar la finalidad formativa de las becas y los derechos de los estudiantes beneficiarios de las mismas, la compensación económica de las becas, compensaciones para los tutores, deberes de información del empresario, mecanismos de control de la actividad formativa, creación de comisiones específicas de tutela de los intereses del estudiante, compromisos de contratación tras la superación del proceso formativo, etcétera[44].
En esta dirección parece encontrarse el Convenio colectivo nacional de prensa no diaria que regula diferentes aspectos del régimen jurídico de los estudiantes becarios que, sin lugar a dudas, se encuentran dirigidos a garantizar un uso adecuado de esta figura. A tal efecto, el art. 15 del citado convenio, bajo el epígrafe de "estudiantes becarios" contiene las siguientes previsiones:

"Las prácticas que realicen los estudiantes que deseen ampliar sus conocimientos en un medio se regularán según el convenio de colaboración firmado entre la empresa y el centro docente del estudiante o Fundación coordinadora de estas prácticas.
En caso de que dicho convenio no lo regule, estas prácticas no podrán exceder de cinco meses, se realizarán en período lectivo, con una máximo de cinco horas diarias, excluyéndose los horarios nocturnos, fines de semana, festivos y período de vacaciones.
El número de becarios nunca podrá exceder del diez por ciento de la plantilla de la empresa.
Los estudiantes becarios deberán percibir como mínimo, el transporte y las comidas, además de cualquier gasto que genere su tarea en beneficio de la empresa.
La cotización por estos estudiantes será según la legislación vigente".

NOTAS

[1] RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C. y PÉREZ GUERRERO, M.L.: "La regulación de las prácticas universitarias como forma de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo", comunicación presentada a las XXXII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, celebradas en Granada, en noviembre de 2013.
[2] A título de ejemplo, el art. 3 del Convenio colectivo del sector de mediación de seguros privados establece que "quedan, también, excluidos de la aplicación del presente Convenio (...) de forma expresa las siguientes personas y actividades: d) Las personas incorporadas temporalmente como "becarios" a las empresas de mediación, las cuales se regirán por los pactos establecidos entre la entidad o centro que las tutele y el empresario que las reciba". Vid. también, art. 3 del IV Convenio colectivo de trabajo de empresas de televisiones locales y regionales en Castilla y Léon.
[3] En la misma dirección BAVIERA PUIG, I.: "Las prácticas formativas para universitarios..." cit. indica que "pese al definido marco normativo se trata de una figura donde no siempre está clara la línea divisoria entre la legalidad y el fraude, es decir, si realmente nos encontramos ante un auténtica formación o por el contrario se elude la normativa laboral".
[4] Un análisis de diferentes supuestos en MORENO GENÉ, J.: "La nueva regulación de las prácticas..." cit. págs. 14-17. Vid. también, FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: "La Seguridad Social de quienes participan en programas de formación..." cit., BAVIERA PUIG, I.: "Las prácticas formativas para universitarios..." cit., SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: "Formas no laborales de inserción de los jóvenes..." cit. págs. 22 y 23 y PRIETO PADÍN, P.: "Adquisición de competencias profesionales de los estudiantes de formación profesional y universitarios mediante la combinación de experiencia (pre)laboral y formación práctica", en FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. (Dir.) y ÁLVAREZ CUESTA, H.: Empleo juvenil: un reto para Europa, Thomson Reuters - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, págs. 240 y 241.
[5] JUR\2006\262814.
[10] JUR\2009\146459.
[14] JUR\2011\376376.
[15] JUR\2012\175615.
[16] JUR\2013\339039.
[17] JUR\2014\209713.
[19] JUR\2015\124654.
[20] JUR\2015\207077.
[21] PRIETO PADÍN, P.: "Adquisición de competencias profesionales de los estudiantes..." cit. pág. 239, pone de manifesto que "la respuesta lógica y deseada por el legislador sería aquella en virtud de la cual, el juzgador, tras un detallado análisis de los hechos, dictamina que no se ha desvirtuado la naturaleza académica de la relación existente entre las partes".
[22] JUR\2011\266456.
[23] JUR\2012\115703.
[24] JUR\2014\184959.
[25] JUR\2014\242778.
[26] FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: "La Seguridad Social de quienes participan en programas de formación..." cit. indicaba al respecto, si bien, en relación con el anulado Real Decreto 1707/2011 que "con buen criterio se prohíbe que un estudiante ocupe el lugar de otro trabajador en su mismo puesto de trabajo, porque ese puesto requerirá como es lógico del mantenimiento de las condiciones (pericia, experiencia, responsabilidad...) del trabajador sustituido. De modo que si se produjera esa circunstancia, habría que presumir la contratación laboral del estudiante".
[27] A título de ejemplo, vid. el art. 3.5. del Reglamento por el que se regulan las prácticas externas de los estudios de grado, máster y doctorado de la Universidad de León; art. 2 del Reglamento de prácticas académicas externas de la Universidad de Huelva, etcétera.
[28] Sobre los criterios de distinción entre beca y contrato de trabajo vid. AHUMADA VILLALBA, B.: "La beca de formación práctica con prestación de servicios", Relaciones Laborales, 1999-I; ÁLVAREZ CUESTA, H.: "Las nuevas becas (prácticas) no laborales para los jóvenes: ¿obstáculo o trampolín?, en FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. (Dir.) y ÁLVAREZ CUESTA, H. (Coord.) Empleo juvenil: un reto para Europa, Thomson Reuters - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, págs. 270 a 279; BORRAJO DACRUZ, E.: "Becario y contrato de trabajo", Actualidad Laboral, 2004-II; DUQUE GONZÁLEZ, M.: Becas y becarios, Lex Nova Thomson-Reuters, Valladolid, 2012, págs. 47 a 66; FABREGAT MONFORT, G.: "Algunas cuestiones en torno a las becas con prestación de servicios", Aranzadi Social, 2001-V; GARCÍA VALVERDE, M.: "Naturaleza de la relación que une al "supuesto becario" con la universidad", Aranzadi Social, núm. 12, 2005; GONZÁLEZ ORTEGA, S.: "Las becas: ¿Formación, Inserción, Prácticas Profesionales, Trabajo Asalariado?, en CRUZ VILLALÓN, J. (Coord.): Estudios en Homenaje al Profesor José Cabrera Bazán, Tecnos, Madrid, 1999; GOÑI SEIN, J.L.: "Las becas y el encubrimiento de contratos laborales", Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 14, 1983; GOÑI SEIN, J.L.: "La inserción profesional de los jóvenes en la empresa a través de las becas", Relaciones Laborales, 1986-II; HIERRO HIERRO, J.: "Comentario a la S.T.S.J. Comunidad Valenciana. Sala de lo Social de 3 de febrero de 2000", Anuario de la Facultad de Derecho, vol. 19-20, 2001-2002; LÓPEZ GANDÍA, J.: "Jurisprudencia sobre becas y prácticas ante el Estatuto de los Trabajadores", Revista de Derecho Privado, 1981; MARTÍN VALVERDE, A.: "Beca de estudios técnico-prácticos con opción de reingreso en una entidad bancaria", Revista de Política Social, núm. 99, 1973; RODRÍGUEZ CARDO, I.A.: "Criterios de deslinde entre beca y relación laboral: a propósito de la última doctrina judicial", Actualidad Laboral, núm. 19, 2006; RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F.: "Contrato de trabajo: período de prácticas como becario en una empresa (comentario jurisprudencial)", Revista de Política Social, núm. 96, 1972; SELMA PEÑALVA, A.: "Los becarios aparentes. Comentario a la STSJ del País Vasco, de 18 de marzo de 2003 (AS 2003, 2567)", Aranzadi Social, núm. 14, 2003; VILLALBA SALVADOR, B.: "Aspectos jurídicos de los programas o becas para la realización de prácticas profesionales", Actualidad Laboral, núm. 11, 1998.
[29] Vid. FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, O.: "Nuevas normas sobre los becarios y el personal residente sanitario: otra ocasión para la reflexión sobre el "trabajo formativo", Temas Laborales, núm. 74, 2004, pág. 38. Ello no impide, sin embargo, que la relación laboral pueda ser también un marco adecuado para la obtención de formación. Vid. sobre esta cuestión FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, O.: "La relación laboral como ámbito del trabajo formativo", Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 124, 2004.
[30] Vid. STS de 7 de julio de 1998 (RJ\1998\6161), así como la jurisprudencia citada en la misma. En la citada resolución se establece que para que pueda hablarse de beca es necesario que su finalidad, real y efectiva, no simulada, sea la del "perfeccionamiento profesional" del becario, finalidad que debe estar, si no de forma exclusiva, sí con cierta entidad y prevalencia. Vid. también, STS de 13 de junio de 1988 (RJ\1988\5270), de 22 de noviembre de 2005 (RJ\2005\10049), de 4 de abril de 2006 (RJ\2006\2325), de 29 de marzo de 2007 (RJ\2007\3191) y de 29 de mayo de 2008 (RJ\2008\5130). Aunque no entra en el fondo del asunto por falta de contradicción, también resulta de interés la STS de 26 de octubre de 2015 (RJ\2015\5443).
[31] MARTÍN VALVERDE, A.: "Fronteras y «zonas grises» del Derecho del Trabajo en la jurisprudencia actual (1980-2001)", Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 38, 2003, se refiere al "criterio de prevalencia" y DE SOTO BORJA, J.M.: "Becas formativas: ¿Formación complementaria para el becario o relación laboral encubierta?, STSJ de Castilla-La Mancha, de 19 de octubre de 1999 (AS 3724/1999)", Temas Laborales, núm. 54, 2002, pág. 230, a la "teoría del interés predominante". Para un análisis de los diferentes criterios que nos permiten determinar si la utilidad o beneficio principal de la actividad ejercida por quien desarrolla las prácticas académicas externas repercute en este, a través de la obtención de la formación y experiencia profesional o, por el contrario, la obtiene la entidad en la que dichas prácticas tienen lugar, dándose cumplimiento así al presupuesto sustantivo de la ajenidad, vid. MORENO GENÉ, J.: "La nueva regulación de las prácticas..." cit. págs. 19 y 20. Vid. también, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C. y PÉREZ GUERRERO, M.L.: "La regulación de las prácticas..." cit.
[32] Vid. DE VAL TENA, A.L.: "Trabajo en prácticas..." cit. pág. 89. Vid. también, RODRÍGUEZ CARDO, I.A.: "La inclusión en el Sistema de Seguridad Social de los becarios que desarrollan prácticas en empresas: los RRDD 1493/2011 y 1543/2011", Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 99, 2012, págs. 50 y 51.
[33] FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, O.: "Nuevas normas sobre los becarios..." cit. págs. 32 y 33, incluye este criterio entre los factores determinantes de la existencia de beca, considerando determinante de la falsedad de una beca la asignación al becario de "tareas estériles a efectos de su formación", "trabajos distintos de los definidos como trabajo formativo en el marco de la beca de que se trate", "trabajos con asunción de responsabilidades excesivas o cuya realización presupone la plena formación de quien los realiza", etcétera.
[34] Vid. MARTÍN VALVERDE, A.: "Beca de estudios técnico-prácticos..." cit. pág. 263.
[35] Vid. DE SOTO RIOJA, J.M.: "Becas formativas..." cit. pág. 230 y FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, O.: "Nuevas normas sobre los becarios..." cit. pág. 36.
[36] Vid. AHUMADA VILLALBA, B.: "La beca de formación práctica..." cit. La autora considera al respecto que no estaremos en presencia de una beca si no se pone de manifiesto la diferencia de cometido, dedicación, horario o jerarquización entre la realización de las labores propias de la beca y las de otros titulados no sujetos al sistema de becas. En la misma dirección, GOÑI SEIN, J.L.: "La inserción profesional..." cit. considera que "en el caso de que el servicio prestado por el becario resulte ser permanente y esencial para el funcionamiento del centro o empresa; si responde a las necesidades permanentes de la misma y su actividad es normal, habitual y continuada, la concesión de la beca será a todas luces una simulación de un contrato" y DE SOTO RIOJA, J.M.: "Becas formativas..." cit. pág. 228, considera que nos encontramos ante una relación laboral "cuando el becario realice actividades que debieran ser realizadas por otras personas, trabajadores, funcionarios, personal estatutario u otros".
[37] Sobre la distinción entre dependencia laboral y dependencia académica vid. SELMA PEÑALVA, A.: "Los becarios aparentes..." cit. pág. 58 y SELMA PEÑALVA, A.: Los límites del contrato de trabajo en la jurisprudencia española, Tirant Monografías, Valencia, 2007, págs. 363-364. La autora considera al respecto que "durante el desempeño normal y legítimo de una auténtica beca, el beneficiario manifiesta, respecto a la organización en la que se integra (que puede coincidir o no con el sujeto convocante de la beca), una relación de dependencia muy intensa pero muy distinta a la laboral. Es una relación formativa con la organización en cuestión y en particular con el sujeto que normalmente se nombra como "tutor", "director", "supervisor" del trabajo del becario. En el caso de que se haya dado lugar a una auténtica beca la finalidad de las instrucciones recibidas, será sólo orientar la formación del sujeto para que sea lo más completa posible; en cambio, se apreciará fraude si la intensidad de la organización y control de la prestación del sujeto formalmente adjudicatario de la beca llega al extremo de adoptar perfiles de dependencia laboral".
[38] Vid. AHUMADA VILLALBA, B.: "La beca de formación práctica..." cit.
[39] A tal efecto, ÁLVAREZ CORTÉS, J.C.: "La "re-inclusión" en la Seguridad Social..." cit. pág. 218, establecía en relación con el anterior Real Decreto 1707/2011 que "a pesar de la extensa regulación de las prácticas en empresas por estudiantes universitarios (...) puede ocurrir y, de hecho ocurre, que en el tejido productivo que tenemos, donde son mayoritarias las microempresas y pymes, el interés del empresario colaborador cuando solicita un estudiante en prácticas es, pese a quien pese, más que colaborar en la formación de un estudiante universitario, buscar mano de obra "barata" para la realización de las actividades comunes de su empresa. El diseño del "Prácticum" como asignaturas obligatorias de cuya superación depende la obtención del grado universitario y el desinterés del empresariado (a veces temeroso de la Inspección de trabajo) puede llevar consigo que se negocien Convenios de Cooperación Educativa, que tengan un diseño de "proyecto formativo" que mire más hacia los intereses empresariales que hacia los formativos del alumno o, incluso en el supuesto de que el proyecto formativo de la prácticas en empresa esté formalmente bien diseñado, puede ocurrir que una ineficiente tutorización académica (y un silencio del alumno, deseoso de poder engancharse al mercado de trabajo en esa empresa a través de dicha práctica) permitirá que se desfigure bajo la apariencia de una "beca", "bolsa de ayuda a estudios", un contrato de trabajo y, en consecuencia con ello, dará lugar a un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él".
[40] Vid. CC.OO: Aprendices, becarios y trabajo precario...cit. pág. 5.

[41] En la misma dirección, el art. 20 del IV Convenio colectivo de trabajo de empresas de televisiones locales y regionales en Castilla y Léon establece que el objetivo de dicha información no es otro que "los estudiantes (...) realicen las pruebas teórico-prácticas que se acuerden".
[42] Vid. también, art. 44 del I Convenio Colectivo estatal de notarios y personal empleado, art. 84 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo, art. 13-8 del XV Convenio colectivo de la Industria Química, art. 8.11 del Convenio colectivo del sector de Industrias Transformadoras de Plásticos, art. 47 del Convenio colectivo Estatal de Estaciones de Servicio y art. 45 del Convenio colectivo, de ámbito estatal, de Mapfre Grupo Asegurador.
[43] Con la misma finalidad el art. 24 del Convenio colectivo de la Corporación RTVE establece que "Con carácter previo al inicio de las prácticas formativas, se enviará al comité intercentros de CRTVE, comités de empresa y delegados de personal correspondientes la relación de alumnos que realizarán las mismas. En dicha relación se hará constar el convenio de formación concreto del que provienen, destino en donde se realizan las prácticas, duración prevista de las mismas y tutor responsable".
[44] Vid. sobre estas experiencias, MUÑOZ, A.B.: "Buenas prácticas relativas a la formación profesional dual en la negociación colectiva", Revista de Información Laboral, núm. 4, 2014.

BIBLIOGRAFÍA

AAVV: El sistema de becas en la primera inserción y su relación con el empleo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2006.
AHUMADA VILLALBA, B.: "La beca de formación práctica con prestación de servicios", Relaciones Laborales, 1999-I.
ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A.: "Prácticas no laborales en empresas: revisión crítica y comparada de la relación jurídica becario-empresa", comunicación presentada al XXVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Córdoba 2 y 3 de junio de 2016.
ÁLVAREZ CORTÉS, J.C.: "La "re-inclusión" en la Seguridad Social de los estudiantes universitarios en prácticas", Temas Laborales, núm. 122, 2013.
ÁLVAREZ CUESTA, H.: "Las nuevas becas (prácticas) no laborales para los jóvenes: ¿obstáculo o trampolín?, en FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. (Dir.) y ÁLVAREZ CUESTA, H. (Coord.) Empleo juvenil: un reto para Europa, Thomson Reuters - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016.
ÁLVAREZ GIMENO, R.: "La inserción de los jóvenes profesionales cualificados en el mercado de trabajo", en Estrategia Europea, Estado Autonómico y Política de Empleo, XVIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2008.
ARRIETA IDIAKEZ, F.J.: "Las últimas reformas en materia de becas de trabajo", Actualidad Laboral, núm. 3, 2013.
BARBA RAMOS, F.: "La delgada línea entre la inserción y la explotación laboral. La esquizofrénica regulación de las prácticas universitarias", comunicación presentada a las XXXII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Granada, 2013.
BAVIERA PUIG, I.: "Las prácticas formativas para universitarios en el EEES", Aranzadi Social, núm. 2, 2011.
BORRAJO DACRUZ, E.: "Becario y contrato de trabajo", Actualidad Laboral, 2004-II.
CABEZAS ESTEBAN, J.L.: "Reflexiones sobre el seguro escolar", Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 37, 1989.
CC.OO: Aprendices, becarios y trabajo precario. Una guía sobre prácticas en la empresa para representantes sindicales, Madrid, 2015.
COLÀS NEILA, E.: "El estatuto del estudiante y las becas: límites del derecho laboral", en LÓPEZ LÓPEZ, J. (Dir.): Los estatutos de los trabajadores: papel de las normas y la jurisprudencia en su formulación, Lex Nova Thomson-Reuters, Valladolid, 2014.
CRISTÓBAL RONCERO, R.: "Becas y estudiantes en prácticas", Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 113, 2014.
CRUZ VILLALÓN, J.: "Empleo y crisis económica", en GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E. y MOLERO MARAÑÓN, M.L. (Dirs.): Derecho del Trabajo, Constitución y crisis económica. Estudios en homenaje al profesor Fernando Valdés Dal-Ré, Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo-Universidad de Valladolid, Valladolid, 2014.
DE LA CASA QUESADA, S.: "Inserción de universitarios y prácticas: ¿un «festín» de «(falsos) aprendices»?", Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núms. 401-402, 2016.
DE LA PUEBLA PINILLA, A.: "La lenta inclusión de los becarios en el sistema de la Seguridad Social y otras novedades de la Ley 27/2011 (El convenio especial, la enmienda telefónica y la prestación de servicios domésticos a través de empresas", en GARCÍA PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J.R.: "La reforma de la Seguridad Social 2011", Lex Nova, Valladolid, 2011.
DE SOTO BORJA, J.M.: "Becas formativas: ¿Formación complementaria para el becario o relación laboral encubierta?, STSJ de Castilla-La Mancha, de 19 de octubre de 1999 (AS 3724/1999)", Temas Laborales, núm. 54, 2002.
DE VAL TENA, A.L.: "Trabajo en prácticas y prácticas no laborales", Documentación Laboral, núm. 104, 2015.
DUQUE GONZÁLEZ, M.: Becas y becarios, Lex Nova Thomson-Reuters, Valladolid, 2012.
DUQUE GONZÁLEZ, M.: "Análisis actual de la normativa de becarios, formación práctica y contratación de jóvenes", Información Laboral, núm. 2, 2014.
FABREGAT MONFORT, G.: "Algunas cuestiones en torno a las becas con prestación de servicios", Aranzadi Social, 2001-V.
FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, O.: "Nuevas normas sobre los becarios y el personal residente sanitario: otra ocasión para la reflexión sobre el "trabajo formativo", Temas Laborales, núm. 74, 2004.
FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, O.: "La relación laboral como ámbito del trabajo formativo", Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 124, 2004.
FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: "La Seguridad Social de quienes participan en programas de formación, y otras tres figuras cercanas", Revista de Información Laboral, núm. 9, 2012.
GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J.R.: "Las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios: un camino de incertidumbres que exige de nuevos rumbos", Anuario Laboral 2015: doctrina científica, casos prácticos y doctrina administrativa, 2015.
GARCÍA VALVERDE, M.: "Naturaleza de la relación que une al "supuesto becario" con la universidad". Aranzadi Social, núm. 12, 2005.
GONZÁLEZ ORTEGA, S.: "Las becas: ¿Formación, Inserción, Prácticas Profesionales, Trabajo Asalariado?, en CRUZ VILLALÓN, J. (Coord.): Estudios en Homenaje al Profesor José Cabrera Bazán, Tecnos, Madrid, 1999.
GOÑI SEIN, J.L.: "Las becas y el encubrimiento de contratos laborales", Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 14, 1983.
GOÑI SEIN, J.L.: "La inserción profesional de los jóvenes en la empresa a través de las becas", Relaciones Laborales, 1986-II.
GORELLI HERNÁNDEZ, J.: "Las relaciones colectivas en las actividades fronterizas", Ponencia Presentada al Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Córdoba, 2016.
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, M.: "Inclusión en la Seguridad Social de los becarios", Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 837, 2012.
HIERRO HIERRO, J.: "Comentario a la S.T.S.J. Comunidad Valenciana. Sala de lo Social de 3 de febrero de 2000", Anuario de la Facultad de Derecho, vol. 19-20, 2001-2002.
LANTARÓN BARQUÍN, D.: "El régimen especial de la Seguridad Social de los estudiantes, análisis de un régimen jurídico en vías de extinción", Tribuna Social, núm. 83, 1997.
LÓPEZ GANDÍA, J.: "Jurisprudencia sobre becas y prácticas ante el Estatuto de los Trabajadores", Revista de Derecho Privado, 1981.
LÓPEZ SEGURA, N.: "El Seguro Escolar", Aranzadi Social, núm. 13, 2005.
LUQUE PARRA, M. y CALZADA I OLIVERAS, E.: "Seguridad Social de universitarios en prácticas: estado de la cuestión", Aranzadi Social, núm. 10, 2012.
MARTÍN VALVERDE, A.: "Beca de estudios técnico-prácticos con opción de reingreso en una entidad bancaria", Revista de Política Social, núm. 99, 1973.
MARTÍN VALVERDE, A.: "Fronteras y "zonas grises" del Derecho del Trabajo en la jurisprudencia actual (1980-2001)", Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 38, 2003.
MOLINA GARCÍA, M.: "El régimen jurídico de las prácticas no laborales en las empresas", en RAMOS, M. y ROJAS, G. (Coords.): Transformaciones del Estado Social y Derecho del Trabajo. Libro Homenaje al prof. Manuel Álvarez de la Rosa, Ed. Comares, Granada, 2014.
MORENO GENÉ, J.: "Las Seguridad Social de los participantes en programas de formación", Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 345, 2011.
MORENO GENÉ, J.: "La regulación de las prácticas no laborales en empresas en el Real Decreto 1543/2011: ¿un sucedáneo de contrato en prácticas?, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 347, 2012.
MORENO GENÉ, J.: "La nueva regulación de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios: la potenciación de la finalidad formativa y de mejora de la empleabilidad", Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 349, 2012.
MORENO GENÉ, J.: "Los estímulos a la contratación laboral de los jóvenes en el Real Decreto-Ley 4/2013", Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 364, 2013.
MORENO GENÉ, J.: "Las estancias prácticas no laborales en el entorno profesional de los jóvenes y su protección social", en MORENO GENÉ, J. y ROMERO BURILLO, A.M. (Coords.): Empleo juvenil. Entre el desempleo y la precariedad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.
MORENO GENÉ, J.: El contrato para la formación y el aprendizaje y otras figuras afines. El impulso de la cualificación profesional en régimen de alternancia, Atelier, Barcelona, 2015.
MORENO GENÉ, J., PARDELL VEÀ, A. y ROMERO BURILLO, A.: "Las becas de colaboración de los estudiantes universitarios: un conflicto laboral anunciado", Revista de Derecho Social, núm. 9, 2000.
MORENO GENÉ, J. y ROMERO BURILLO, A.M. (Coords.): Empleo juvenil. Entre el desempleo y la precariedad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016

MUÑOZ, A.B.: "Buenas prácticas relativas a la formación profesional dual en la negociación colectiva", Revista de Información Laboral, núm. 4, 2014.
NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, P.: "Las prácticas no laborales en Estados Unidos: (I)legalidad de las prácticas no retribuidas en el sector privado", Temas Laborales, núm. 128, 2015.
NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, P.: "Novedades sobre las prácticas no retribuidas en los Estados Unidos: ¿Un cambio de rumbo en el caso del "Cisne Negro" contra la FOX?", Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 397, 2016.
PRIETO PADÍN, P.: "Adquisición de competencias profesionales de los estudiantes de formación profesional y universitarios mediante la combinación de experiencia (pre)laboral y formación práctica", en FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. (Dir.) y ÁLVAREZ CUESTA, H.: Empleo juvenil: un reto para Europa, Thomson Reuters - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016.
RODRÍGUEZ CARDO, I.A.: "Criterios de deslinde entre beca y relación laboral: a propósito de la última doctrina judicial", Actualidad Laboral, núm. 19, 2006.
RODRÍGUEZ CARDO, I.A.: "La inclusión en el Sistema de Seguridad Social de los becarios que desarrollan prácticas en empresas: los RRDD 1493/2011 y 1543/2011", Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 99, 2012.
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: "Las especialidades de seguridad social de las actividades fronterizas", ponencia presentada al XXVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Las fronteras del derecho del trabajo en el marco comparado europeo: autónomos y becarios, Córdoba, 2 y 3 de junio de 2016.
RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C. y PÉREZ GUERRERO, M.L.: "La regulación de las prácticas universitarias como forma de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo", comunicación presentada a las XXXII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, celebradas en Granada, en noviembre de 2013.
RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F.: "Contrato de trabajo: período de prácticas como becario en una empresa (comentario jurisprudencial)", Revista de Política Social, núm. 96, 1972.
ROMERO BURILLO, A.M.: "La delimitación entre prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios y relación laboral", comunicación presentada al XXVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Córdoba 2 y 3 de junio de 2016.
SÁNCHEZ PÉREZ, J.: "Cuatro razones para declarar la inconstitucionalidad e ilegalidad de la regulación reglamentaria de las prácticas no laborales (RD 1543/2011)", Revista General del Derecho y de la Seguridad Social, núm. 38, 2014.
SÁNCHEZ PÉREZ, J.: "Prácticas no laborales: avances y retrocesos en el derecho del trabajo" en MONEREO PÉREZ, J.L. (Coord.): Retos del Derecho del Trabajo frente al desempleo juvenil, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Sevilla, 2014.
SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: "Formas no laborales de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo", ponencia presentada en las XXXII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Granada, 2013.
SELMA PEÑALVA, A.: "Los becarios aparentes. Comentario a la STSJ del País Vasco, de 18 de marzo de 2003 (AS 2003, 2567)", Aranzadi Social, núm. 14, 2003.
SELMA PEÑALVA, A.: Los límites del contrato de trabajo en la jurisprudencia española, Tirant Monografías, Valencia, 2007.
SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dir.): Políticas sociolaborales, Tecnos, Madrid, 2005.
SEMPERE NAVARRO, A.V.: "La Seguridad Social de los Becarios tras la anulación del Real Decreto 1707/2011" Aranzadi Social, núm. 5, 2013.
TASCÓN LÓPEZ, R.: "Las barreras jurídicas estructurales para el empleo de los jóvenes: inventario de problemas", Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 180, 2015.
TATAY PUCHADES, C.: "La inclusión en el sistema de Seguridad Social de los investigadores y participantes en programas de formación", Revista General del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 29-30, 2012.
TODOLÍ SIGNES, A.: "La compleja e insatisfactoria regulación de la prácticas y las becas de trabajo", Trabajo y Derecho, núm. 6, 2015.
VILLALBA SALVADOR, B.: "Aspectos jurídicos de los programas o becas para la realización de prácticas profesionales", Actualidad Laboral, núm. 11, 1998.

INDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. DEL REAL DECRETO 1497/1981 AL REAL DECRETO 592/2014

III. EL CARÁCTER EXTRALABORAL DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS


IV. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

1. La doble finalidad de formación y de inserción laboral de las prácticas académicas externas
2. Modalidades de prácticas académicas externas
2.1. Prácticas curriculares versus prácticas extracurriculares
2.2. Prácticas desarrolladas en la universidad versus prácticas desarrolladas en entidades colaboradoras
3. Los destinatarios de las prácticas académicas externas y requisitos para su realización
3.1. Los destinatarios de las prácticas académicas externas: los estudiantes universitarios
3.2. Los requisitos para la realización de las prácticas aca-démicas externas.
4. El convenio de cooperación educativa: el proyecto formativo
5. Publicidad y adjudicación de las prácticas externas
6. La delimitación temporal de las prácticas: duración y horarios de realización de las prácticas
7. El "estatuto jurídico" de los estudiantes en prácticas: derechos y deberes
8. La tutorización de las prácticas: designación del tutor y funciones
9. La evaluación y acreditación de las prácticas
9.1. La evaluación de las prácticas
9.2. La acreditación de las prácticas
10. La inserción laboral del participante en las prácticas académicas externas

V. LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
1. La protección social de los estudiantes universitarios que desarrollan prácticas académicas externas tras el Real Decreto 1707/2011
2. La protección social de los estudiantes universitarios que desarrollan prácticas académicas externas tras la STS de 21 de mayo de 2013
3. La protección social de los estudiantes universitarios que desarrollan prácticas académicas externas en el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios
4. El alcance de la protección social dispensada a los estudiantes universitarios que desarrollan prácticas académicas externas tras el Real Decreto 592/2014
4.1. La asimilación de los estudiantes universitarios que desarrollan sus prácticas académicas externas a los trabajadores por cuenta ajena a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social
4.2. Actos de encuadramiento de los estudiantes universitarios que realizan prácticas académicas externas
4.3. La cotización: sujetos, objeto y dinámica de la obligación de cotizar
4.4. La acción protectora dispensada a los estudiantes uni-versitarios que desarrollan las prácticas académicas externas

VI. UN PASO DECIDIDO HACIA LA DIGNIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

VII. BIBLIOGRAFÍA