Documento LTM13.052.991

Jurisprudencia

Fecha: 07/06/2018
Número: T 1100102300002017-01134-00
Origen: Corte Suprema de Justicia
Tipo resolución: AUTO
Instancia: SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
Ponente: MARGARITA CABELLO BLANCO
País: Colombia


RESUMEN

CONSIDERACIONES:
1.- La Corte se ha pronunciado sobre la procedencia de la «aclaración» de los fallos a que se contrae el artículo 285 del Código General del Proceso, para lo cual debe cumplirse con los siguientes requisitos: «a) Que se trate de una sentencia (hoy son aclarables los autos); b) Que el motivo de la duda de los conceptos o frases sea verdadero y no simplemente aparente; c) Que dicho motivo de duda sea apreciado y calificado por el juez y no por la parte que pide la aclaración, desde luego que es aquel y no esta quien debe explicar y fijar el sentido de lo expuesto y resuelto en el fallo; d) Que la aclaración incida en las resultas de la sentencia y que no se trate de explicar puntos meramente académicos y especulativos, sin influjo en la decisión; e) Que el solicitante de la aclaración señale de manera concreta los conceptos o frases que considera oscuros, ambiguos o dudosos; f) Que la aclaración no tenga por objeto renovar la controversia sobre la legalidad o juridicidad de las cuestiones resueltas en el fallo, ni buscar explicaciones sobre el modo de cumplirlo». (CSJ STC, 28 jun. 2002, rad. 1207-01; citada en CSJ ATC1677-2014, 2 abr. 2014, rad. 2014-00168-01).

A propósito de este último tópico, abundando, ha puntualizado que no es pertinente el esclarecimiento cuando «el presunto yerro … no se originó por ninguna frase o concepto confuso en la parte resolutiva de la sentencia dictada en este proceso, sino por la interpretación que el funcionario accionado pudo haberle dado a ella, de donde se sigue que el reclamo en particular debe ser propuesto, entonces, ante esa sede judicial, para que se dé cumplimiento a lo ordenado por esta Corporación» (CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 00052-01).

2.- A la par, acerca de la «adición o complementación» de providencias, el artículo 287 del Código General del Proceso estipula que «[c]uando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad».

Esta Corporación tuvo oportunidad de acotar respecto del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, derogado por la trasunta norma, que es aplicable a las decisiones que se adopten en sede de tutela, siempre y cuando, claro está, «se den sus presupuestos» (CSJ ATC, 19 ene. 2007, rad. 00275-01, y 10 may. 2012, rad. 00122-02). Igualmente, ha sostenido que la anotada figura «se encamina a suplir las omisiones de pronunciamiento sobre las cuestiones oportunamente alegadas en el curso de la actuación, y que son desde luego, materia del debate procesal» (CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 02417-00).

3.- De cara a lo motivado y resuelto en la sentencia proferida por esta Corporación, es palmario que dicha decisión, vista estructuralmente, no contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de ser «aclarados», máxime cuando, valga ponerlo de presente, para el tutelista es manifiesto que « la tutela se presentó de forma temprana y que se debe esperar la decisión de la Corte Constitucional de Colombia y por lo tanto se niega la misma» (se subrayó), circunstancia que, de suyo, comporta la denegación de la solicitud de aclaración elevada, por sustracción de materia.

4.- Asimismo, cumple relevar que en tanto que la tutela promovida se estimó «prematura», no se declinó «la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento», por cuanto que la providencia del mismo modo se ocupó de precisar que en virtud de ello «a las presentes cotas no hay lugar a la intervención del juez de amparo», de donde dimana que la presente solicitud, per se, no tiene vocación de prosperidad.

5.- Con todo, ha de señalarse que lo pretendido con la deprecación materia de este pronunciamiento, en últimas, no es que se esclarezca señalamiento alguno del fallo dictado o se complemente tal, sino que se elucide acerca de cuál podría ser la senda a seguir por parte del querellante en torno a la precisa determinación adoptada, solicitud que desborda los límites legales de competencia de la Corte en los que se circunscriben las anteriores figuras jurídicas, máxime cuando es prohibido a los servidores públicos brindar «asesorías» en «asuntos judiciales» conforme al artículo 421 del Código Penal.

6.- Por tanto, dentro de este contexto resulta impertinente las solicitudes deprecadas.

ENCABEZAMIENTO

MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
Radicación n.° 11001-02-30-000-2017-01134-00
(Aprobado en sesión de seis de junio de dos mil dieciocho)
Bogotá, D. C., siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018).

ANTECEDENTES DE HECHO

El tutelista, mediante escrito obrante en folio 386, solicita, en punto de la sentencia denegatoria dictada al interior del presente asunto el día 24 de mayo del año que avanza, que se proceda a su «aclaración y complementación», habida cuenta que tal «no se pronuncia a cerca de los derechos conculcados tanto de [su] hija como los [suyos] por la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá el día 4 de octubre de 2017, sino que establece que la tutela se presentó de forma temprana y que se debe esperar la decisión de la Corte Constitucional de Colombia y por lo tanto se niega la misma sin resolver la petición de fondo», motivo por el que busca conocer «si luego de conocer la decisión de la […] Corte Constitucional en caso que no sea favorable, ustedes deben ocuparse del estudio de la acción de tutela que nuestra atención ocupa […] o si nuevamente deb[e] presentar tutela, que se interpondría por los mismos hechos y pretensiones que hoy pido conozcan ustedes y si en ese caso procedería nuevamente la tutela para que ustedes conozcan».

CONSIDERACIONES

CONSIDERACIONES
1.- La Corte se ha pronunciado sobre la procedencia de la «aclaración» de los fallos a que se contrae el artículo 285 del Código General del Proceso, para lo cual debe cumplirse con los siguientes requisitos: «a) Que se trate de una sentencia (hoy son aclarables los autos); b) Que el motivo de la duda de los conceptos o frases sea verdadero y no simplemente aparente; c) Que dicho motivo de duda sea apreciado y calificado por el juez y no por la parte que pide la aclaración, desde luego que es aquel y no esta quien debe explicar y fijar el sentido de lo expuesto y resuelto en el fallo; d) Que la aclaración incida en las resultas de la sentencia y que no se trate de explicar puntos meramente académicos y especulativos, sin influjo en la decisión; e) Que el solicitante de la aclaración señale de manera concreta los conceptos o frases que considera oscuros, ambiguos o dudosos; f) Que la aclaración no tenga por objeto renovar la controversia sobre la legalidad o juridicidad de las cuestiones resueltas en el fallo, ni buscar explicaciones sobre el modo de cumplirlo». (CSJ STC, 28 jun. 2002, rad. 1207-01; citada en CSJ ATC1677-2014, 2 abr. 2014, rad. 2014-00168-01).
A propósito de este último tópico, abundando, ha puntualizado que no es pertinente el esclarecimiento cuando «el presunto yerro … no se originó por ninguna frase o concepto confuso en la parte resolutiva de la sentencia dictada en este proceso, sino por la interpretación que el funcionario accionado pudo haberle dado a ella, de donde se sigue que el reclamo en particular debe ser propuesto, entonces, ante esa sede judicial, para que se dé cumplimiento a lo ordenado por esta Corporación» (CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 00052-01).
2.- A la par, acerca de la «adición o complementación» de providencias, el artículo 287 del Código General del Proceso estipula que «[c]uando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad».
Esta Corporación tuvo oportunidad de acotar respecto del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, derogado por la trasunta norma, que es aplicable a las decisiones que se adopten en sede de tutela, siempre y cuando, claro está, «se den sus presupuestos» (CSJ ATC, 19 ene. 2007, rad. 00275-01, y 10 may. 2012, rad. 00122-02). Igualmente, ha sostenido que la anotada figura «se encamina a suplir las omisiones de pronunciamiento sobre las cuestiones oportunamente alegadas en el curso de la actuación, y que son desde luego, materia del debate procesal» (CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 02417-00).
3.- De cara a lo motivado y resuelto en la sentencia proferida por esta Corporación, es palmario que dicha decisión, vista estructuralmente, no contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de ser «aclarados», máxime cuando, valga ponerlo de presente, para el tutelista es manifiesto que « la tutela se presentó de forma temprana y que se debe esperar la decisión de la Corte Constitucional de Colombia y por lo tanto se niega la misma» (se subrayó), circunstancia que, de suyo, comporta la denegación de la solicitud de aclaración elevada, por sustracción de materia.
4.- Asimismo, cumple relevar que en tanto que la tutela promovida se estimó «prematura», no se declinó «la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento», por cuanto que la providencia del mismo modo se ocupó de precisar que en virtud de ello «a las presentes cotas no hay lugar a la intervención del juez de amparo», de donde dimana que la presente solicitud, per se, no tiene vocación de prosperidad.
5.- Con todo, ha de señalarse que lo pretendido con la deprecación materia de este pronunciamiento, en últimas, no es que se esclarezca señalamiento alguno del fallo dictado o se complemente tal, sino que se elucide acerca de cuál podría ser la senda a seguir por parte del querellante en torno a la precisa determinación adoptada, solicitud que desborda los límites legales de competencia de la Corte en los que se circunscriben las anteriores figuras jurídicas, máxime cuando es prohibido a los servidores públicos brindar «asesorías» en «asuntos judiciales» conforme al artículo 421 del Código Penal.
6.- Por tanto, dentro de este contexto resulta impertinente las solicitudes deprecadas.

PUNTO RESOLUTIVO

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema Justicia, Sala de Casación Civil,
1.- Negar por improcedente la petición de aclaración y adición elevada por el gestor, frente al fallo de 24 de mayo de 2018.
2.- Notificar esta decisión a los interesados, en la forma prescrita en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Presidente de Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA